Constitucional - TSPR

La Iglesia y el Tribunal se fueron al campo un día

“Habrá completa separación de la iglesia y el estado”.[1]

Con esas palabras, la Constitución de Puerto Rico enfatiza que, en la interacción entre un estado secular (y la cláusula que prohíbe el “establecimiento de cualquier religión”) y la protección a la libertad de culto, la segunda garantía no debe suponer un sacrificio de la primera. Y viceversa: evitar el establecimiento de “cualquier religión” no debe suponer infracciones a la libertad de culto.

Los tribunales describen este doble mandato (el no-establecimiento y libertad de culto) como un balance: recientemente, cuatro Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteraron que “Existe una tensión entre la cláusula de libertad de culto y la cláusula de establecimiento … que ha impulsado a la jurisprudencia a crear un balance para armonizar su coexistencia”. En el mismo caso, un juez disidente habló del “justo” y “armonioso”  balance entre estos intereses. La gastada imagen de la balanza tiene el impacto (si no el diseño) de presentar la interpretación constitucional como un juego de suma cero, donde la ganancia de un polo supone necesariamente menoscabo del otro; donde adelantar un interés secular, supone decididamente un menoscabo a la libertad de culto. Visto desde esta óptica del balance, se hace más presentable y tentativamente aceptable la idea de que, cuando el Estado propone una norma general aplicable a todos, deben crearse excepciones y acomodos cuando una persona entienda que la norma es contraria a sus creencias religiosas. Así, el acomodo se percibe razonable pues, después de todo, lo importante es lograr ese “fino” balance. El problema quedó así retratado hace unos días en la Sentencia y Opiniones del caso Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Rico – Diócesis de Arecibo v. Secretario de Justicia, 2014 TSPR 86, 14 de julio de 2014, y en la reciente Opinión del Tribunal Supremo federal, Burwell v Hobby Lobby, 573 U. S. ____ (2014), 30 de junio de 2014.

En esta entrada analizo el caso de la Iglesia Católica, la cual se incluye en este enlace y se integra al final del escrito. En una intervención reciente en el programa Puerto Crítico, expuse algunos planteamientos en torno al problema de la separación entre la iglesia y el Estado (se incluye video al final).

Dos observaciones preliminares

Lo primero es que este “trade off” (en muchos renglones del quehacer constitucional) es fabricado y no es necesario concebir como un menoscabo de la libertad religiosa el mero cumplimiento con las normas que son tradicionalmente de aplicación general. Toda ley presentada como neutral tiene un efecto dispar sobre algún grupo (por ejemplo, un impuesto al consumo impacta al pobre más que al rico porque para el rico el valor marginal del un dólar es menor).[2] A menos que estemos dispuestos a realizar acomodos en diversas dimensiones del derecho para atender el impacto dispar de legislación neutral sobre grupos e individuos, necesitaremos una justificación especial para la religión si el derecho va a crear amplios acomodos solamente para aquellos casos en que la libertad de culto se vea afectada por una ley neutral. Y no es suficiente señalar que la libertad de culto es un derecho constitucional. También lo es el derecho a la libertad de expresión pero eso no autoriza a un periodista que tiene prisa por llegar al lugar de la noticia a incumplir la norma que impone un límite de 25 millas por hora en zona escolar. Puesto en las palabras de Scalia “The mere possession of religious convictions which contradict the relevant concerns of a political society does not relieve the citizen from the discharge of political responsibilities.” Employment Division v. Smith, 494 US 872, 879 (1990). Destacar a la religión y ofrecer trato especial y extraordinario, requiere justificación. No obstante, este parece ser el rumbo del estado de derecho en Puerto Rico, si tomamos como base la Sentencia y la Opinión de Conformidad en el caso de la Iglesia Católica.

La segunda observación es que es difícil concebir la idea de un balance a la luz de una tradición que realmente nunca ha aceptado la “completa separación” entre la iglesia y el estado. El preámbulo de nuestra Constitución invoca a “Dios Todopoderoso”, alcaldes decretan periodos de ayuno, la ley declara un día al año como el “Día de la Biblia”, la moneda nos dice que “nosotros” confiamos en dios, un Juez Asociado del Supremo de PR cita a la biblia como apoyo a sus planteamientos. En fin, que la aspiración política y constitucional de impedir que el clamor de dios se desplace a todos los confines del Estado (y con ello evitar que se menoscabe la libertad de culto de creyentes y no creyentes), es sociológicamente inexistente. El balance que se realice por un calibrador inmerso en esta tradición, será todo menos armonioso.

Iglesia Católica

Este debió ser un caso sencillo. El Estado, por vía del Departamento de Justicia, solicitó a la Diócesis de Arecibo información acerca de investigaciones internas de la Iglesia contra ciertos sacerdotes por conducta sexualmente impropia (investigaciones emanantes de denuncias de feligreses). La pedofilia es ilegal; constituye delito. El Estado tiene el poder de investigar la comisión de delitos y solicitar toda la información razonablemente relevante para esos fines. El derecho provee para eso y establece algunas garantías para evitar el abuso de poder: por ejemplo, intervención judicial si el Estado pide información sobre terceros (o notificación a esos terceros) y protecciones constitucionales a la privacidad y confidencialidad de la información cuando haya expectativa de intimidad, así como otras protecciones constitucionales dirigidas a evitar la persecución política, entre otras. Bajo circunstancias normales, este es un caso rutinario. La institución que ostente esa información (por ejemplo, una corporación), debe ofrecer la misma si el requerimiento no se desvía de los parámetros constitucionales convencionales. Sencillo.

La Iglesia Católica se negó a cooperar con la investigación del Estado dirigida a encausar criminalmente a pederastas. Ante la alegación de la iglesia de que el requerimiento de información violentaba su derecho a la libertad religiosa y su derecho a la intimidad (y el de las víctimas), el Tribunal esencialmente bloqueó buena parte del esfuerzo del Estado en lo que constituye una excepcional “carrera de obstáculos” diseñada únicamente para este tipo de contexto.

Mediante Sentencia (explicada luego por una Opinión de Conformidad), el Tribunal ordena al Departamento de Justicia (bajo la tutela del Tribunal de Primera Instancia) a que brinque las siguientes vallas (algunas de ellas insuperables, otras superables pero elevadas sustancialmente para proteger la libertad de culto de la iglesia— dificultando que el Estado encause criminalmente a pederastas).

Primero. La iglesia debe entregar sin objeción toda la información sobre investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por víctimas que, al momento de la denuncia, eran menores de edad. Solamente esos expedientes.

Segundo. En el caso de víctimas que al momento de la denuncia tenían más de 18 años de edad, el Tribunal activa dos tipos de obstáculos sustanciales: (a) No debe entregarse información que contenga comunicaciones cubiertas bajo el privilegio evidenciario entre un religioso y un creyente. (b) Si no aplica el privilegio, “el tribunal deberá resolver si conforme a la cláusula de libertad de culto, el Estado demostró que no existen medidas menos onerosas para obtener la información que obra en los expedientes de la Diócesis de Arecibo”.

Me detengo aquí por un momento, pues cabe preguntarse ¿Qué tiene que ver la edad del denunciante al momento de la denuncia para fines de la libertad religiosa y el acceso del Estado a información sobre casos de pederastia?

Primero una nota breve sobre el privilegio evidenciario. La Sentencia no establece cómo el TPI debe interpretar la Regla 511 de evidencia, que consagra ese privilegio. La regla establece que “Una religiosa o un religioso, o una persona creyente, sea o no parte en el pleito, tiene el privilegio de rehusar revelar una comunicación penitencial o confidencial o impedir que otra persona la divulgue.”

Todos los jueces parecen estar de acuerdo con la idea de que la comunicación debe darse y permanecer en confidencialidad para que aplique el privilegio: es decir, que si la misma se divulga a terceros, se pierde el privilegio.

Pero hay otros elementos: debe tratarse de “una religiosa o un religioso”, de “una persona creyente” y de una “comunicación penitencial o confidencial”. Estos tres términos están definidos por la Regla 511 y es de la definición de “comunicación penitencial” que sale el requisito de no divulgación. Ahora bien, vale preguntar si es suficiente el requisito de confidencialidad para inmunizar el contenido. Es decir, si basta que una persona con el sombrero de “religioso” reciba una comunicación (de cualquier tipo, sobre cualquier asunto, en cualquier contexto) por un “creyente” siempre y cuando esa comunicación no sea divulgada a terceras personas. El Juez Martínez Torres (y los otros tres jueces que se unen a su Opinión de Conformidad) así como la Jueza Anabelle Rodríguez en disenso (a quien se le unen Fiol y Oronoz) parecen estar de acuerdo en esta lectura. La Jueza Rodríguez adelanta, sin embargo, que en este caso la información no era confidencial por haberse comunicado a terceros (otras personas de la iglesia involucradas en la investigación), así que no admitiría el privilegio. Me parece, sin embargo, que esta lectura del privilegio es muy estrecha. El Juez Estrella Martínez ofrece una interpretación más razonable. En su disenso, plantea que el privilegio sólo debe estar disponible para cierto tipo de comunicaciones: “el sacramento de la confesión [y] … la consejería espiritual, brindada por una persona religiosa, desempeñándose en tal capacidad”. “La protección”, continúa, “no puede ser tan amplia que extienda el privilegio a todo tipo de comunicación con la persona religiosa” sólo porque se de en confidencialidad. Es decir, para que aplique el privilegio tiene que tratarse de cierto tipo de comunicación. Una denuncia administrativa interna de un feligrés sobre actos potencialmente delictivos de un cura no debe considerarse cubierta. Para un ejemplo extremo, tampoco debe estar cobijada una comunicación entre religioso y creyente en la que el creyente quiere extorsionar al religioso, siempre que se mantenga confidencial. Sencillamente está fuera de la zona de interés del privilegio, aunque se haya dado en confidencialidad y con todas las formalidades. Si ese es el caso, el privilegio cubriría demasiadas comunicaciones sobre cualquier tema, fundamentalmente inmunizando a la Iglesia de indagaciones legítimas del gobierno. Tal vez puede objetarse que este tipo de análisis colocaría a los tribunales en la incómoda posición de pasar juicio sobre prácticas internas de la iglesia (al evaluar si el tema de la comunicación cae dentro del privilegio). Pero a esa objeción caben al menos dos respuestas: (a) ¿No es acaso el privilegio ya, de suyo, una manifestación de un juicio valorativo del Estado sobre las bondades de las comunicaciones entre religiosos y feligreses? Al crear este manto de confidencialidad, el gobierno cruzó el Rubicón.  Y, más importante, (b) ¿acaso ya no están los tribunales inmersos en ese análisis cuando determinan quién es un “religioso” (definido por la Regla con referencia a la “disciplina o práctica de su iglesia”) y quién es un “creyente”? La intervención es inevitable y es resultado del propio privilegio y el rol de los tribunales en la necesaria evaluación de sus contornos.

Pero volviendo a la pregunta anterior: ¿Qué tiene que ver la edad del denunciante al momento de la denuncia para fines de la libertad religiosa y el acceso del Estado a información sobre casos de pederastia? Además, ¿por qué es sólo en casos que el denunciante sea mayor de 18 que se activa un escrutinio judicial severo? La Opinión de Conformidad arroja luz y oscuridad. Resulta que la iglesia tiene un procedimiento interno estableciendo que, cuando el denunciante es menor de edad, la Iglesia motu proprio debe divulgar esa información al Estado. Como la iglesia, por voluntad propia, divulga esa información, se estima que no hay conflicto. En este sentido, el cumplimiento con los requerimientos de información para investigar pederastia es obligatorio para todo el mundo; excepto para la iglesia que puede hacerlo opcional si lo dispone en un procedimiento interno. Como la iglesia, por sus reglamentos, no entrega voluntariamente los expedientes de denunciantes mayores de 18, la mayoría del Tribunal (la Opinión de Conformidad así lo explica y es la única forma de entender la Sentencia) percibe un impacto indebido con la libertad de culto y la libertad religiosa de la Iglesia. Y ese impacto que tiene el requerimiento de información (requerimiento sustentado en el Código Penal y en la investigación convencional de pederastia) con la libertad religiosa de la iglesia (representada por sus procedimientos internos), debe someterse a un escrutinio judicial estricto y severo (lo cual no sería el caso si se tratada de otro tipo de organización no religiosa). Al final, tal parece que cualquier reglamento interno de la iglesia, sobre cualquier asunto (aunque no esté íntimamente relacionado con su doctrina religiosa- como en este caso, optar o no por referir al gobierno potenciales casos de violadores de niños) puede tener el efecto de neutralizar normas convencionales de derecho que de otro modo son aplicables a toda la población.

Esta dimensión del caso merece reflexión detenida.  En la opinión antes citada de Scalia (el caso de Smith de 1990) el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que, conforme a la Primera Enmienda, no se puede exigir una excepción, acomodo o trato especial  para evitar el cumplimiento con una ley neutral de aplicación general, por el mero hecho de que esa ley neutral tiene un efecto incidental sobre la libertad religiosa. Luego de esa decisión, el Congreso aprobó (limitado a leyes federales) el Religious Freedom Restoration Act (RFRA) para contrarrestar el efecto de Smith, de modo que el gobierno federal se autoimpone la obligación de brindar acomodos si una ley general y neutral representa un impacto sustancial a la libertad religiosa (a menos que no haya medios menos onerosos). Sobre esta ley (RFRA) es que versó el sonado caso de Hobbby Lobby.[3]

El caso de Smith y RFRA representan visiones dispares en torno a cómo resolver el reclamo de una persona religiosa cuyas creencias se ven afectadas por una ley neutral y generalmente aplicable. Como Smith interpreta la Constitución federal, nada impide que Puerto Rico (o algún estado) se autolimite (por ley o jurisprudencialmente) escogiendo la ruta de RFRA. La realidad es que nuestra jurisprudencia es ambigua en este respecto. La última expresión sobre el particular, Lozada Tirado v Flecha, 2010 TSPR 9 dice, por un lado, que:

“el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que ‘una ley que sea neutral y de aplicabilidad general no tiene que estar justificada por un interés gubernamental apremiante aun cuando tenga el efecto incidental de imponer una carga sobre una práctica religiosa particular,”.

 Mientras que, por otro, dice:

“No obstante, ante reclamos de que una norma neutral y de aplicabilidad general afecta una práctica religiosa particular, aun cuando la ley sea constitucional de su faz podría ser necesario que el Estado realice alguna concesión para acomodar la práctica afectada.”

El primer enunciado reitera le norma de Smith, mientras que el segundo, aunque no adopta el criterio estricto de RFRA, indica la necesidad de acomodos en ciertos casos (no definidos) aun ante una ley neutral. Como el primer enunciado descarta el escrutinio estricto, el segundo podría sugerir algún criterio intermedio (como el aplicable a leyes neutrales que impactan incidentalmente la libertad de expresión).[4] La jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo no es del todo consistente.

Poniendo a un lado las sutilezas de la casuística, la realidad es que la Sentencia (y la Opinión de Conformidad) adopta constitucionalmente el criterio de RFRA: exige, para requerimientos de información producto de denuncias de mayores de 18 años (y por tanto en conflicto con las normas internas de la iglesia), un escrutinio estricto (y para esto la Opinión de Conformidad cita a Hobby Lobby, con aparente intención de constitucionalizarle). Lo determinante, pues, para saber si el Estado puede obtener información relevante para esclarecer delitos es si la iglesia está de acuerdo (en sus reglamentos, si los tiene) con el requerimiento de información. Si no está de acuerdo, se activa el escrutinio estricto de RFRA.

[Enmienda del 3 de noviembre de 2014. Cabe señalar que el propio TSPR ha establecido (y yo he operado bajo ese entendido) que RFRA no es aplicable a PR del mismo modo que no lo es a los estados. El TSEU en Boerne v Flores resolvió en 1997 que RFRA no tenía validez contra los Estados porque el Congreso no tenía autoridad para ello bajo la Enmienda XIV  (Véase Lozada, supra, nota al calce 10: “el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que lo establecido en dicha ley federal no podía aplicarse a las leyes estatales al amparo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal, por lo que sólo las leyes federales estaban sujetas a las disposiciones del R.F.R.A.”). No obstante, la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 ajustó el texto de RFRA para hacerla compatible con Boerne, eliminando las referencias de RFRA a los Estados, pero dejó la referencia a Puerto Rico. Por eso, la definición de “covered entity” en RFRA hoy es “the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and each territory and possession of the United States”. La pregunta es, entonces, si el Congreso puede hacer aplicable RFRA a Puerto Rico bajo otros poderes, no bajo la Enmienda XIV, como por ejemplo la Cláusula Territorial. Véase Art 4, sec, párrafo 2 Const. EEUU.  Otra pregunta sería, en un caso como el aquí discutido, si el proceder del TSPR es correcto bajo los criterios de RFRA. El resto de este ensayo procede bajo la premisa de que RFRA no aplica a PR, pues esa es el entendido bajo el que actúa el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Agradezco al profesor Efrén Rivera por traer a mi atención este asunto.]

El razonamiento de la Opinión de Conformidad de Martínez Torres para llegar a la conclusión de que aplica un escrutinio estricto es simplista y carece de rigor analítico básico. Además, sorprende que otros tres jueces la endosen con tanto descuido.  La Opinión plantea que, como el sub poena va dirigido a obtener información sobre procesos internos de la iglesia, en ese momento dejó de ser “de aplicación general” y, por eso, no aplica la norma de Smith. Increíble. La multa a un cura por exceder el límite de velocidad también va dirigida a una persona religiosa; pero la ley subyacente (la ley de tránsito) es neutral y de aplicación general en el sentido constitucional. Así ocurre con el código penal, la prohibición de abuso sexual de menores y los poderes básicos del Departamento de Justicia. Que en el momento de su aplicación tenga que particularizarse, no desviste a la ley de su aplicabilidad general.

La inminente constitucionalización de RFRA en Puerto Rico es alarmante. En este sentido, cabe preguntar si los jueces están preocupados por los acomodos a organizaciones fundamentalmente religiosas o si, además, extenderán su razonamiento  a organizaciones no religiosas (con o sin fines de lucro, o a individuos). Así, por ejemplo, consideremos la Ley número 22 del 2013, la cual prohíbe el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo privado. Actualmente dicha ley tiene una excepción para organizaciones religiosas que incluye a: “iglesias o congregaciones religiosas, organizaciones, sociedades, instituciones, así como a ninguna entidad, corporación con o sin fines de lucro, organización comunitaria de base de fe, institución educativa, ofrecimientos académicos, provisión de servicios o asociación vinculada a una Iglesia o congregación religiosa, y cuyos credos, dogmas o requisitos ocupacionales estén en clara contradicción con los intereses protegidos por esta Ley.” Consideré esta excepción en otro escrito.

Si los vientos soplan en la dirección que apunto, sólo es cuestión de tiempo para que el dueño de una empresa privada reclame su derecho constitucional a despedir (o no contratar) a un empleado por razón de su orientación sexual. Lo hará planteando que su libertad de culto se ve afectada por esta ley anti discrimen. Luego de eso, sólo será cuestión de tiempo para que un ateo se niegue a brindar servicios a personas religiosas. Más adelante, habrá que cuestionarse si el cumplimiento de leyes anti discrimen es puramente opcional y, finalmente, preguntaremos dónde quedan las aspiraciones del derecho de proveer bases de convivencia social a diferencia de simples aspiraciones para juntar a una masa cruda de preferencias individuales.

Tal vez en este caso el Estado puede demostrar que no hay medios menos onerosos para obtener la información que no sea por medio del sub poena. Pero esta posibilidad es dudosa para la Opinión de Conformidad pues en ella se sugiere que puede obtenerse la información a través de una “investigación de campo rigurosa” acudiendo a las “parroquias donde trabajan los sacerdotes para realizar allí entrevistas a diferentes personas”; entrevistas que, según su interpretación del privilegio, estarían seguramente proscritas.

Pero esto no termina aquí. Dije que esta era una carrera de obstáculos. Aun si el Estado demuestra que no hay medios menos onerosos para obtener la información, quedan otras vallas que superar.

Tercero. Si se supera un escrutinio judicial estricto, el próximo obstáculo proviene desde el derecho a la intimidad.

Aprecio el derecho a la intimidad, he escrito mucho sobre el tema y he propuesto su extensión a la luz de nuevas tecnologías.[5]  Por esta razón, celebro que nuestro sistema de derecho contiene salvaguardas vigorosas para proteger la intimidad y la información privada. La protección principal es la intervención judicial. Así, los registros y allanamientos se presumen irrazonables si no van precedidos por una evaluación judicial. Y, en el caso de información personal de terceras personas, cuando el estado solicita la misma a quien tiene esa información se activa con garras la garantía constitucional (por ejemplo, cuando el Estado solicita información a un banco o a la compañía de teléfonos sobre sus clientes, el Tribunal Supremo no ha dudado en ser riguroso). Esta es una virtud de nuestra Constitución, a diferencia de la federal. Pero en estos casos, el derecho a la intimidad no impide que el Estado haga su trabajo y encause criminalmente a pederastas y otros criminales. En estos casos, cuando el Estado solicita información sobre individuos a una entidad que la guarda, se requiere que el Estado acuda al tribunal antes de solicitarla o que se notifique a la persona para darle la oportunidad a que objete ante un tribunal. Pero al final, la decisión es del tribunal. Y es el tribunal quien tiene que considerar si la solicitud de información es razonable, si es abusiva y si es pertinente a alguna investigación legítima del Estado. Asimismo, el Departamento de Justicia tiene protocolos para manejar información confidencial y los tribunales también tienen mecanismos para el examen y disposición de documentos sensitivos de manera que se proteja la confidencialidad de información en casos apropiados (ver por ejemplo, López Tristani v Maldonado, 2006 TSPR 143)

Ninguno de estos mecanismos para balancear el interés del Estado de encausar pederastas y el derecho a la intimidad de las víctimas fueron suficientes para el Tribunal. En cambio, la Sentencia dispone que, primero, debe notificarse a las víctimas y, segundo, si estas objetan (lo cual muchas probablemente harán para no revivir el abuso) el Estado nunca podrá obtener esa información. En un contexto como este, nunca antes se había visto que el derecho a la intimidad fuera un obstáculo insuperable (mediante un poder de veto) al interés legítimo del Estado poner en vigor la ley penal.

Cuarto. El último obstáculo, uno de los insuperables, se refiere a información sobre “cómo la Iglesia Católica y/o las personas que atendieron estos asuntos resolvieron los mismos”. La Sentencia dispone que, sencillamente, el Estado está impedido de obtener esa información. El razonamiento parece ser que constituye una interferencia per se con la libertad religiosa que el Estado indague en torno a los procedimientos internos de una entidad religiosa. Lo que pasa dentro en una  iglesia, queda dentro de la iglesia. Ello, aun cuando el Estado tenga base razonable para pensar (o incluso, puede ser, cuando el Estado tenga evidencia) que la organización religiosa encubrió actos delictivos. Los jueces en Conformidad parecen ofendidos ante la mera sugerencia de que es al menos posible que la Iglesia Católica encubrió actos delictivos de sus sacerdotes. Cabe señalar que un informe reciente de las Naciones Unidas encontró que “Well-known child sexual abusers have been transferred from parish to parish or to other countries in an attempt by the Church to cover-up such crimes.”[6] Así que no parece irrazonable que el Estado quiera indagar sobre esta posibilidad en Puerto Rico.

No obstante, los jueces que suscriben la Opinión de Conformidad dan por adjudicado el punto: “De acuerdo al derecho penal, ‘para incurrir en el delito de encubrimiento debe mediar la intención específica de ayudar al autor de un delito a eludir la acción de la justicia’. Eso no es lo que sucede en este caso.” ¿Cómo lo saben? Supongo que por fe.

 

 

 

Notas al calce

[1] El texto del Artículo II, sección 3, de nuestra Constitución lee: “No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado”.

[2] Jonathan Aldred, Incommesurability and Monetary Valuation, 82 Law and Economics, No. 2 (mayo 2006), pp. 141-161.

[3] Discutí esta opinión junto a Luis José Torres Asencio en el episodio 18.2 de Pensando el Derecho, http://derechoalderecho.org/2014/07/31/episodio-18-2-hobby-lobby-y-town-of-greece/

[4] United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968). Cabe señalar que en caso de Lozada, supra, el Tribunal utilizó un escrutinio más severo para una ley neutral de aplicación general que imponía “una carga sobre la práctica religiosa” de una persona, por lo que era necesario que el Estado realizara un acomodo. No queda claro si la obligación de acomodo es ante cualquier “carga” o si ésta debe er sustancial; tampoco queda claro cuál es el peso de este fundamento en esa decisión pues es un sustento subsidiario a la opinión.

[5] El Derecho a la Intimidad, Nuevas Tecnologías y la Jurisprudencia  del Juez Hernández Denton: Lo Público de lo Público, 83 Revista Jurídica UPR ___ (2014) (por publicarse); Privacy in Puerto Rico and The Madman’s Plight: Decisions,  9 Georgetown J. Gen. & L. 1 (2008); La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública,  77 Rev. Jur. UPR  45 (2008).

[6] United Nations, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of the Holy See, 25 February 2014, CRC/C/V A T/CO/2, disponible en http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

 

 

 

 

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