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Cataluny[ñ]a: legalidad v. legitimidad

 

La democracia no es el régimen parlamentario
o el Estado de derecho. Tampoco es un estado
de lo social, el reino del individualismo o
el de las masas. La democracia es, en general,
el modo de subjetivización de la política –si por
política se entiende otra cosa que la organización
de los cuerpos como comunidad y la gestión de
los lugares, poderes y funciones-. Más precisamente,
democracia es el nombre de una interrupción
singular de ese orden de distribución de los cuerpos
en comunidad que se ha propuesto conceptualizar
con el empleo de la noción ampliada de policía. Es el
nombre de lo que viene a interrumpir el buen
funcionamiento de ese orden a través de un
dispositivo singular de subjetivación.
 
(Jaques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía,
BA, Nueva Visión, 1996, pp. 125-126)

 

En plena crisis política, militar y moral durante el patético año 1898, un notable sector de escritores e intelectuales increpó vehementemente a una España que, pese al desastre ocurrido durante la Guerra Hispanoamericana, en la cual terminó de perder todas sus colonias de ultramar, seguía viviendo de un supuesto pasado glorioso e imperial mediante un rancio españolismo que se ahogaba ante una realidad apabullante. Personajes como Pérez Galdós, Clarín o Joaquín Costa fueron portaestandartes de esas críticas a un Estado que continuaba con modelos autoritarios de caciquismos y remembranzas fútiles de un pasado de éxitos militares hace tanto tiempo perdido. Es en este complicado ambiente político que Joan Maragall, desde una Catalunya que había visto crecer significativamente el sector secesionista durante finales del siglo XIX, escribió su famoso poema Oda a Espanya como una pérfida advertencia crítica y contundente al régimen español del desastre del 98. En su última estrofa, la pluma de Maragall apuntaba lo siguiente:

On ets, Espanya? – No et veig enlloc.
No sents la meva veu a’tronadora?
No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya![1]

Esta estrofa de uno de los gestores del movimiento cultural conocido como la Renaixença, y que no se confunda con uno de sus nietos, Pasqual Maragall, quien fuera alcalde de Barcelona durante la década de 1990 y presidente de la Generalitat de Catalunya durante 2003-2006, tiene una vigencia, salvando las distancias, sumamente reveladora en tanto el actual momento político que vive Catalunya y el Gobierno de España. Un momento político que es necesario enmarcarlo en el escenario crítico, aunque no fatalmente agónico, que vive España en estos momentos. Es decir, un país sumergido en las graves consecuencias de una recesión económica, con un desempleo mayor del 23,5% entre adultos y alrededor del 50% entre jóvenes de 25 años o menos, cuyo antídoto para superar la crisis – que es uno de los detonantes políticos en varios sectores – ha sido obedecer canónicamente los dictámenes de la Unión Europea y Alemania como quid pro quo del rescate económico acaecido no tanto tiempo atrás. Así, el panorama económico es de suma dificultad principalmente para los sectores más vulnerables de esa España tan afectada por la crisis financiera de 2008 y los azotes de la tan mentada burbuja inmobiliaria, aunque no así para ese sector ultra minoritario que sigue viendo cómo sus cuentas de bancos ascienden mientras el país – cada vez más desigual – se ha visto casi ante el abismo económico no hace mucho.

Esa respuesta a la crisis, con sus ingrávidos déficits democráticos, ha sido, sin embargo, el principal motor de una serie de reacciones populares y políticas que van desde el 15 M hasta el ascenso vertiginoso y sin parangón alguno en el país de la formación política Podemos, cuyos resultados en la últimas elecciones europeas han sembrado, aunque lo nieguen militantes y dirigentes del bipartidismo español en aparente decadencia, una verdadera amenaza para ese sistema anquilosado e importado de hacer política formal dentro de los linderos de sólo dos partidos tradicionales. El grito de una forma diferente de hacer democracia, que no se oculte entre supuestos consensos de un puñado de privilegiados que acceden a los dos principales partidos políticos (Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE)) es lo que en estos momentos se intenta articular, hasta este instante de forma muy notable, dentro del seno mismo del sistema político español. Sólo con el pasar del tiempo sabremos cuán real se torne esa actual amenaza y promesa política, que ahora mismo sirve como válvula de escape a una amplia frustración colectiva.

Así, el momento que vive hoy el Estado español, aunque no caótico, sí es un momento tan complicado como quizá ninguno a partir de lo que se denominó como la transición y la consecuente aprobación de la Constitución de 1978. Y como es de esperar, porque no es la primera vez en tantos siglos de convivencia conflictiva, Catalunya ha tomado un papel predominante durante estos pasados años en la discusión y opinión pública a partir de una serie de eventos que fueron claves para generar el sentimiento de inconformidad evidente que existe por parte de una mayoría de la ciudadanía (no sólo catalanes ni catalanas) respecto a la relación de esta Comunidad Autónoma con el Gobierno central en Madrid.

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En primer lugar, la confección del Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado tanto por las Cortes Generales – no sin una ardua negociación entre la versión presentada por el Parlament de Catalunya y el texto final aprobado en las Cortes – como por la ciudadanía de Catalunya (aunque con una gran abstención de aproximadamente el 50% de los y las votantes), fue inmediatamente recurrida por el PP, actualmente en el poder, ante el Tribunal Constitucional. Los temas álgidos, sin duda, fueron los de denominar como nación a Catalunya en el cuerpo estatutario, en vez del término nacionalidad como se establece en la Constitución; la puesta en vigor de la política lingüística del Govern (Gobierno de Catalunya) para la preservación del catalá como lengua preferente en las instituciones y medios públicos (así como la política lingüística respecto a los comercios); la existencia de un Consejo de Justicia de Catalunya y ciertas facultades legales y fiscales del Govern, entre otras. Como se ve, son temas, especialmente los que tienen que ver con la identidad de una nación catalana, extremadamente sensibles y que fácilmente pueden traslucir raíces muy hondas en una historia oficial que ha tratado, en múltiples ocasiones a través de siglos, de atenderlos de forma excluyente y represiva.

Recordemos, de hecho, que fue ese mismo PP, bajo la batuta ya entonces del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en una multitudinaria manifestación de adeptos al partido heredero de aquella conformación política llamada Alianza Popular fundada por el ex ministro franquista Manuel Fraga, vociferó tenazmente que “Sólo hay una nación, la española”[2] en boca de quien hoy rige las riendas del Gobierno. Desde ese entonces apareció como elemento contestatario un españolismo a la defensiva, bastante arcaico y muchos y muchas dirían que tan equivocado como siempre, que se ha instaurado desde que llegó el PP al poder como elemento característico de la administración central actual. Es el mismo españolismo – que no es otra cosa que una versión de nacionalismo de corte, en este caso, castellano, principalmente – que se regocijó parcialmente cuando el Tribunal Constitucional, con 6 votos a favor y 4 en contra, invalidó en el 2010 catorce artículos del Estatuto de Autonomía recurrido. Entre los tópicos que declaró inconstitucionales, aunque dejó una parte notable del Estatuto vigente, se encontraban ámbitos identitarios que sin duda iban a repercutir en la política catalana y, por lo tanto, en la española. Ello, frente a los intentos menguados del entonces partido en el poder en España, el PSOE, de retomar algunos de los asuntos invalidados por el Tribunal Constitucional en la propia Constitución española. Lo que nunca ocurrió.

La reacción a esta decisión del Constitucional español fue fulminante por parte de los grupos políticos catalanes y por una creciente sociedad civil catalana ampliamente inconforme con una situación y decisión judicial que en múltiples ocasiones se ha denominado como antidemocrática. Se concibió como un ataque a lo que los editoriales de los principales periódicos catalanes denominaron como “dignidad de Catalunya”; a la democracia efectiva de la población catalana que había votado por un nuevo instrumento legal de relación con el Gobierno central, y como desprecio hacia aquellos elementos identitarios de la nación catalana que fueron sesgados jurídicamente ante el manto de una Constitución que cada vez se hacía más y más pequeña e incómoda para algunos y algunas. Es a partir de este sentimiento de rechazo ampliamente mayoritario a esta decisión que tanto los grupos políticos catalanes como la sociedad civil catalana – sumamente activa durante estos últimos años – incrementaron su disgusto manifiesto ante un Estado de las autonomías que, en múltiples ámbitos como el de financiación y el de reconocimiento de ciertos poderes políticos, cada vez cumplía menos las expectativas de la ciudadanía en Catalunya. Es decir, el modelo de país, de Estado, se quedaba corto, insuficiente, y ante los esfuerzos para encontrar vías políticas y democráticas como lo fue la versión finalmente aprobada por el Estatut de 2006, Catalunya veía cómo desde el estrado del máximo foro constitucional español se invalidaban preceptos claves – ante mucha de la sociedad catalana – para la convivencia entre Catalunya y España.

Por lo tanto, vemos cómo, en primer lugar, la grave recesión económica que azota a España desde el 2008, y que es fruto de una crisis económica y financiera a nivel mundial, sirvió para hacer emerger unas condiciones propicias para la progresiva inconformidad ciudadana tanto fuera como dentro de Catalunya, especialmente respecto a la gestión gubernamental de la crisis por parte de la administración central. Ante ese escenario, y en segundo lugar, el pacto de Catalunya con el Estado, ese instrumento político y democrático que fija las facultades y competencias de la Comunidad Autónoma en el actual modelo de Estado español, y su declaración parcial de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, para una amplísima cantidad de ciudadanos y ciudadanas en Catalunya – así como para la mayoría de grupos políticos – fue uno de los peores fracasos y atentados contra la democracia en los últimos tiempos. En palabras más coloquiales, se percibió como un gesto paternalista y antidemocrático que le faltó el respeto a la voluntad democrática misma de la ciudadanía en ese ejercicio de autonomía política.

En tercer lugar, y como gota que colmó la copa, el cambio en el Gobierno central, de un PSOE que se había visto abierto al diálogo político, a un PP tan obstinado y terco como ya lo hemos mencionado, produjo un irreparable sentir de impotencia política por parte tanto de los grupos parlamentarios catalanes como de una creciente sociedad civil catalana. Es este tercer elemento el que, unido a los dos ya mencionados, hacen de la política entre Catalunya y el Gobierno de España un verdadero simulacro muy penoso de quehacer político. Es decir, cuando existen unas condiciones muy propicias para la progresiva inconformidad por parte de la ciudadanía y la política catalana, lo menos que puede esperarse de un Gobierno central es la apertura a un diálogo sincero y entre pares con el fin de no detonar aún más la cadena de eventos que pudieran llevar a un desenlace de ruptura política total. Más aún, sabiendo España la importancia económica, política y cultural que representa Catalunya dentro del modelo actual de Estado. No obstante, se ha hecho todo lo contrario.

Es a partir de estos factores, principalmente, y de la falta de apertura y madurez política por parte del Gobierno central de España, que se llegó a un punto en el que los grupos políticos catalanes que siempre habían favorecido el pactismo con el Gobierno de España entendieron que la condiciones para hacer política con Madrid habían desaparecido, no sólo por el suceso del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía de 2006, sino por las posturas conservadoras y antidemocráticas asumidas por la administración del PP. Así las cosas, el tradicional pactismo catalán propiciado contemporáneamente por partidos moderados como CiU (federación política compuesta por Convergència Democràtica de Catalunya (centro-derecha) y Unió Democràtica de Catalunya (democristiano)), no encontró terreno fértil ante la administración central como para retomar la discusión de nuevo sobre aquellas facultades autonómicas que habían sido declaradas inconstitucionales y otras facultades políticas que la sociedad catalana ha solicitado vehementemente tanto en el Parlament como en las calles. Ello ha provocado, no quepa la menor duda, más desarraigo, más disgusto, más inconformidad, más coraje y, cómo no, más ansias de un cambio necesario entre agentes políticos lo suficientemente maduros como para al menos entenderse y no despreciarse mutuamente.

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El impasse que vive actualmente la relación Catalunya y Gobierno central, por ende, es crítica, y el discurso de este último suele estar arraigado férreamente a un ideal de Estado de Derecho que le ata fatalmente las manos a una Catalunya con amplios reclamos de democracia participativa y no meramente formal. Es decir, estamos ante un escenario dicotómico entre la legalidad más ruda, representada por la actitud institucional del Gobierno central y del partido de turno, el PP, aunque con la complicidad de un cada vez más vacío ideológicamente PSOE, y la legitimidad democrática de una ciudadanía y de unos grupos políticos que, hasta ahora, han hecho esfuerzos notorios para poderse expresar en las urnas sobre el futuro político de Catalunya. Ahora bien, ¿qué significa legalidad para los agentes políticos en este impasse?¿Qué significa legitimidad para ellos y ellas?

Primeramente, el Gobierno central ha asumido un discurso, a mi entender totalmente errado, en el que equipara un modelo de Estado en específico con lo que es democracia, en clave de lo que se denomina democracia formal. Esto es, que subsume – y por tanto vacía de contenido y potencialidades – el quehacer democrático al estricto cumplimiento de la ley dentro de un Estado de derecho. Fuera de los linderos de esa concepción de Estado de derecho – que es una concepción conservadora y extremadamente limitante – la gestión democrática y política no tiene cabida, aún cuando sea mayoritaria, pacífica y bien articulada. Para la mayoría de grupos políticos catalanes, así como para un notable sector de la ciudadanía en Catalunya, la democracia no se agota dentro de los límites de una interpretación de Estado de derecho tan limitante como limitadora, sino que trasciende como quehacer político que legitima o no ese mismo Estado de derecho. Esto, con el fin de justificar ser escuchados y escuchadas, ser tomados en cuenta en tanto responsables de su futuro político como nación – he ahí la reticencia febril de denominar nación a Catalunya por parte de los sectores más españolistas. Y es evidente que, si hemos aprendido algo de la relación democracia y derecho hasta ahora, lleguemos forzosamente a la conclusión de que el derecho y el ejercicio del mismo siempre ha de ser legitimado por la ciudadanía que se ve afectada por éste.

El día en que un sector notable de la ciudadanía no avale el estricto cumplimiento del Estado de derecho, y si no es plausible enmendarlo según los canales políticos fijados por el propio Estado (ya sea por déficit democrático, trabas burocráticas excesivas o razones que sean de mayor peso como el respeto a los derechos humanos, por ejemplo), la circunstancia se vuelve propicia para la desobediencia civil, que en el caso de Catalunya, de hecho, todavía ni ha sucedido. Hasta este preciso instante, y pensando, a mi entender muy maduramente, en una mayor legitimidad ante la comunidad internacional, que es a la que se enfrentaría un hipotético Estado de Catalunya en un futuro de haber voluntad política para ello, el ámbito político catalán ha utilizado los mecanismos legales plausibles – aunque no los más óptimos a nivel estatal – para adelantar lo que es consecuencia de los tres factores sociales, económicos y políticos antes mencionados: una consulta ciudadana sobre el futuro político de Catalunya. No son los mecanismos que desea el Gobierno central en Madrid, que se traducirían en conformarse con el statu quo y luchar ante unos órganos parlamentarios que hasta ahora han sido realmente inefectivos para las pretensiones políticas y democráticas de sectores de Catalunya, pero sí son mecanismos legales amparados en la legitimidad que le proporciona la ciudadanía de Catalunya representada en el Parlament.

El modelo de autonomías, como ya mencioné, está liquidado para muchos y muchas, particularmente en Catalunya, y la vía de una reforma constitucional para enmendarlo es tan complicada, difícil e improbable que no aguanta la voluntad popular de un cambio para Catalunya. Es por ello que desde septiembre de 2012, luego de una muy concurrida Diada (día nacional de Catalunya que casualmente conmemora la caída de Barcelona por parte de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión de 1714, y que se ha repetido en 2013 y 2014 con una cantidad realmente impactante de personas a favor del derecho a decidir), el Parlament aprobó celebrar un referéndum de autodeterminación – término que cambió hace tiempo – con 84 votos a favor, 21 en contra y 25 abstenciones (miembros del Partit Socialista de Catalunya). Unido al rechazo del Gobierno central respecto al pacto fiscal ofrecido por el Govern durante ese momento, ese mismo año se anunciaron elecciones anticipadas al Parlament, en las cuales CiU obtuvo la mayoría de los votos – con un programa de gobierno que contemplaba el entonces denominado referéndum de autodeterminación – y el President Artur Mas fue investido con el apoyo en aquel entonces de Esquerra Republicana de Catalunya. La reacción por parte del Gobierno central fue y ha sido exactamente la misma: el rechazo continuo a la voluntad popular de Catalunya expresada en las propias votaciones y en el quehacer de sus representantes.

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2013 se anunció por parte de los cinco partidos catalanes que apoyan el ejercicio de expresión democrática sobre el futuro de Catalunya, que se celebraría un referéndum – aunque luego el término mutara al de consulta por razones legales y estratégicas – el 9 de noviembre de 2014 con dos preguntas cuya confección, en términos democráticos, dio mucho que desear. Dicho de otra manera, se pudo haber sido más inclusivo y, por ende, más democrático a la hora de plantear posibles preguntas para esa importante cita. Pero bueno, al final las preguntas fueron y son: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. Aparte de la confección en cámara de las preguntas, es evidente que las mismas son abiertas e incluyen múltiples posibilidades en las cuales está, sin duda alguna, el que Catalunya se quede tal como está dentro del modelo autonómico español. Hay, notablemente, una opción que también resulta interesante, aunque poco discutida como posibilidad por parte de los medios, y es la de votar sí a la primera pregunta y no a la segunda. Es decir, perfectamente se puede desear que Catalunya sea un Estado en una relación, por ejemplo, federal o confederal con el resto de Autonomías/Estados de una hipotética España federalizada.

He aquí donde el Gobierno central hace gala de su falta de quehacer y madurez política. Ante un escenario como tal, en el cual la mayoría de los y las catalanas entienden que deben ser escuchados pacífica y democráticamente sobre su futuro político, la respuesta del Gobierno y de los altos representantes del PP ha sido exactamente la misma desde que se discutía el propio Estatuto de Autonomía de 2006, si no antes: un rechazo continuo al diálogo político entre pares y el prejuicio peligroso hacia las determinaciones de los órganos políticos catalanes y la sociedad catalana misma. Este era el momento para entablar un diálogo en el que las partes estuvieran ávidas a ser convencidas por el otro o la otra. Este era el momento que requería una madurez democrática necesaria como para atender un fenómeno político mediante vías políticas y no jurídicas y de desprecio institucional. Las mayorías populares, especialmente cuando ostentan reclamos políticos debidamente articulados, no son siervos endebles que deben ser acorralados por pastores con ínfulas de líderes. Las mayorías populares deben ser escuchadas para saber de primera mano qué sienten, qué desean y qué opinan sobe temas tan neurálgicos como el propio futuro político de la comunidad. La democracia no se impone a martillazos y a desprecios vacuos, sino que se realiza y gestiona paso a paso con todos los mecanismos posibles para auscultar el sentir de la población concernida. ¿Podría decir lo contrario un demócrata? Esto fue lo que aquí no se avaló, lo que se rechazó, y he ahí el enorme error del Gobierno, contrario a lo realizado por el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Escocia recientemente.

Así las cosas, el Gobierno central, y por más contradictorio que parezca, en nombre de la democracia detuvo el proceso ante los tribunales. Dicho de otro modo, en vez de hacer política durante un fenómeno que requería y requiere de política, rebajó el mismo a una mera controversia jurídica que debía ser atendida por el Tribunal Constitucional, que sin duda alguna decidirá en contra de la Ley de Consultas de Catalunya de 26 de septiembre de 2014 (aprobada con un 80% de votos a favor en el Parlament, incluyendo al Partit Socialista de Catalunya). Efectivamente, el Tribunal Constitucional paralizó cautelarmente la consulta pautada para el 9 de noviembre en lo que, meses más tardes, decidirá la constitucionalidad de partes de la misma (aunque las decisiones del Tribunal Constitucional suelen durar años, es posible que veamos en menos de un año una decisión respecto a esta controversia). Así, el Gobierno central y su presidente, Mariano Rajoy, pretenden obstaculizar cualquier acto político y democrático de manifestación popular que incida sobre el futuro político de Catalunya, bajo la premisa de que el futuro político de Catalunya lo decide toda la ciudadanía del Estado español bajo el principio constitucional de indivisibilidad de la nación española y el principio de igualdad entre ciudadanos, principalmente. Esto se comprobó lamentablemente cuando el Gobierno recurrió el proceso participativo alterno que el Govern convocó para el 9N con el fin de respetar la paralización de la consulta originalmente aprobada por la mayoría del pueblo catalán. El Tribunal Constitucional, como era previsible, suspendió cautelarmente el proceso alternativo y las autoridades del Estado han activado sus mecanismos jurídicos y policiales por si miembros del Govern colaboran con el proceso de participación ciudadana. El Govern, por su parte, ha decidido al frente del proceso democrático convocado para el 9N, el cual reconocen que no tendría la validez jurídica que podría tener un referéndum a esos efectos, pero sí una incuestionable validez política.

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¿Por qué tomó esta vía el gobierno?¿Por qué no hace política ante un tema eminentemente político?¿Por qué prefirió la mirada técnica hiper-jurídica para vaciar de contenido político los actos que planificaban desde Catalunya para que la ciudadanía se expresara? A mi entender, por un miedo irrefrenable a la posibilidad, muy cercana y cada vez más, con los costes y beneficios que ello conlleve para las partes, de una hipotética aceptación mayoritaria de la independencia para Catalunya, lo que podría repercutir en un futuro en la posible independencia también de País Vasco. Contrario al proceso político en Reino Unido y Escocia, en el que Reino Unido – ante los reclamos legítimos de una mayoría parlamentaria escocesa – pactó y participó activamente como agente político en una consulta que finalizó con la victoria, de hecho, de la posición defendida por Inglaterra, el Estado español, aferrándose a la débil premisa de indivisibilidad de España – que tanto tiempo lleva dominando el discurso político español no sólo desde este periodo constitucional – no se ha atrevido a aprovechar esta oportunidad para fortalecer una democracia formal no sólo muy joven todavía, y por ende bastante inmadura tal como la manejan lo líderes del bipartidismo, sino en continua amenaza de ruptura.

El miedo a ver la gorgona de la independencia ganar en unas elecciones por una mayoría de la ciudadanía en Catalunya, lo que daría una legitimación muy fuerte al acto mismo de declaración de independencia, unilateral o bilateralmente, paraliza los pasos detenidos de una democracia que se reta cada día desde y fuera de Catalunya. Ese miedo, esa paralización, ese desprecio por la voluntad mayoritaria del otro es en gran medida lo que enciende cada vez más un sentimiento fulminante de cambio lo antes posible por parte del pueblo catalán. Esa postura recalcitrante de inflexión no se la merecen, de hecho, ni los y las catalanas, ni el resto de ciudadanos y ciudadanas bajo el Estado español. Esto, pues si en algún momento se dan las condiciones adecuadas para que el pueblo catalán se exprese, y decida en gran medida apostar por la independencia ante la decrepitud y pusilanimidad de las relaciones entre Catalunya y el Gobierno de España, no habrá quién pueda detener una declaración de independencia mediante un proceso pacífico y participativo como el que vislumbran muchos y muchas en estos momentos. No habrá ejército ni Guardia Civil que pueda contener un reclamo mayoritario, en pleno siglo XXI, de autonomía política a partir del ejercicio de la soberanía popular. Por ende, al Estado sólo le quedaba y le queda dialogar sinceramente, entrar en el ruedo político sin los prejuicios habituales que saltan por los poros cada vez que se les reprende a los y las catalanas por intentar ser escuchados mediante votación.

¿Cómo se impone una democracia? Como ya se dijo, un modelo de Estado no es el equivalente a la democracia. Esa democracia que pretenden imponer desde el Gobierno central es la aniquilación misma de una posibilidad democrática. Es una contradicción en los términos la imposición de una democracia, más aún cuando se ha equiparado democracia al cumplimiento formal de un Estado de derecho en específico. ¿Eso quiere decir que en la democracia no se obedezcan las normas? Claro que no, ello sería caer en una peligrosa falacia. Claro que las normas aprobadas mediante un proceso democrático deben ser obedecidas de ordinario. Pensar lo contrario sería absurdo. Sin embargo, este no es el caso del impasse actual entre Catalunya y el Gobierno en Madrid. En este caso – en el que todavía no se ha desobedecido absolutamente nada, de hecho – la facticidad del Derecho español se tambalea irremediablemente con un quehacer político paralizado entre el Govern y el Gobierno central. Ello puede llegar a quebrar la legitimidad concedida por los ciudadanos y ciudadanas catalanas a las normas españolas en un momento en el que se desea el reconocimiento de un poder democrático mayor para Catalunya.

Y ante la falta de legitimidad por parte de la ciudadanía de Catalunya respecto a determinadas normas que impiden la participación democrática del pueblo catalán sobre su futuro político, es legítimo pensar que, en los términos pacíficos y democráticos que se han planteado, la desobediencia civil es una alternativa legítima para cortar el nudo gordiano. El Govern catalán, al momento de escribir estas palabras, parece no encontrarse decidido a dar ese paso, y ser más cauteloso y utilizar estrategias que, sin duda, podrían restarle adeptos al movimiento ciudadano, así como afectar detrimentalmente la unidad de partidos que existía hasta hace unas semanas atrás. No obstante, lo cierto es que lo que ha sucedido no se resuelve ni se resolverá adjudicando una controversia constitucional ni encerrándose en una caja fuerte ante el miedo de una posible independencia de la que ha sido la locomotora económica de España por tanto tiempo. Tampoco se resuelve advirtiéndoles de forma paternal a la ciudadanía catalana que en 1978 refrendaron mayoritariamente la aprobación de la Constitución y, por ello, se vincularon voluntariamente a la misma. Eso sucedió, sin duda.

El fenómeno actual, sin embargo, no requiere la puesta en marcha de todos los poderes del Estado para defender una interpretación específica de la Constitución, sino un diálogo político que no le requiera al otro abandonar sus pretensiones políticas como condición previa a poder sentarse y deliberar políticamente. No es con el Derecho penal con el que deben amenazar a los y las catalanas, con la cárcel y con el reproche y estigma social, por ayudar en un proceso de votación ciudadana, literalmente, sino con argumentos políticos mínimamente racionales y convincentes. Esto, porque cuando parte de un Estado entiende que no es viable continuar bajo los estrictos límites del Estado de derecho, y lo articula políticamente de manera efectiva, no hay quien lo parece si no es con la violencia, y me parece que ésta está descartada (o debería estarlo, aunque no pocos piensen lo contrario) en el contexto ibérico desde hace un tiempo atrás. La respuesta del Estado, en su función policial, lamentablemente, ha sido repetir patéticamente el mismo estribillo de “ley y orden” y “Estado de derecho” (en su carácter meramente formal) que suele acompañar los discursos más recalcitrantes de nuestra política contemporánea.

El día que, previo a unas votaciones populares en Catalunya la ciudadanía prefiera la secesión respecto del Estado español, entonces ahí no habrá quién pueda dialogar ya para preservar esa idea de España a la que tantos y tantas se aferran desde el Gobierno central en Madrid, ni mucho menos para transformarla en una posibilidad política más justa y plausible para ambas partes. En ese momento la ciudadanía catalana asumirá los riesgos que implica una declaración de independencia, de darse el caso, con las posibles trabas que ello acarree a nivel internacional y económico, pero ello les compete, en mi opinión, a los y las catalanas en este contexto dado. Lo contrario sería decir que posiblemente el futuro político de Catalunya debe ser decido por toda la ciudadanía española en contra de la voluntad mayoritaria de la propia Comunidad Autónoma. Ese escenario, en democracia, sería crípticamente desolador.

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Por último, es preciso mencionar que este fenómeno político que sucede actualmente en Catalunya no es un resquicio de afirmación histórica ni una mero debate historiográfico para el reconocimiento de derechos históricos, como lo suelen plantear algunos medios de comunicación fuera de Catalunya. Claro que la producción historiográfica en Catalunya – que es muy grande, de hecho – ha realizado una revisión historiográfica de la nación catalana con el fin de hacer visible lo que una historiografía españolista reprimió por tanto tiempo e interpretó de una manera muy acomodaticia (la misma historia que se sigue enseñando en gran partes de España, lo que provoca otro impasse comunicativo). No olvidemos que este trabajo historiográfico, al igual que la propia lengua y la mayoría de las instituciones catalanas, estuvieron prohibidas en pleno siglo XX como parte del régimen franquista, sin contar los estragos del absolutismo borbónico desde principios del siglo XVIII. Posteriormente, es a partir de la instauración de la democracia formal que se multiplica la actividad historiográfica con el fin de hacer visible lo que tantas veces fue acallado, despreciado y reprimido. Esa labor es más que legítima en una sociedad que surge del aparato represor de una dictadura. Cualquier incorrección historiográfica, sin embargo, deberá ser rebatida dentro de la historiografía misma, pero con argumentos de peso, no con prejuicios a partir de la historiografía oficial y única durante tantos años.

No obstante, la articulación política del llamado derecho a decidir no se basa, en la mayoría de los casos, en la búsqueda de un esencialismo nacionalista o una vuelta a la Renaixença romántica. El reclamo mayoritario es de corte eminentemente democrático y participativo. La articulación de ese reclamo, de esa prerrogativa de soberanía popular a partir de la pertenencia a una nación, es con miras y apunta hacia el futuro, a la construcción de un nuevo Estado y de un modelo diferentes de autogobierno. Eso es lo que se percibe en la articulación política del reclamo del derecho a decidir – algo que también es muy compartido por muchos ciudadanos y ciudadanas en el resto de España, pero de una manera diferente -. Es el reclamo, como he tratado de exponer, de quien percibe que se ha intentado demasiado, pero se ha conseguido muy poco o casi nada, y por ende ya es hora de que en democracia el Estado perciba lo que siente la ciudadanía catalana. ¿Acaso alguien puede estar en contra de ello, y ser un demócrata en serio?

Pues sí, son muchos y muchas quienes se muestran en contra todos los días, principalmente mediante los principales medios de comunicación escrita, radial y televisiva con sede en Madrid, con unas argumentaciones sumamente pobres y violentas (con un lenguaje bastante castrense, de hecho) en contra de los esfuerzos ciudadanos en Catalunya para poder votar. Ese mundo paralelo de opinión pública que existe en Madrid y que existe en Catalunya es parte de la falta de canales comunicativos que hay tanto por parte de los representantes del Estado como por parte de unos medios de comunicación en masa. Todas las ideologías son susceptibles de fanatismos, eso es obvio. No obstante, lo que he podido percibir durante estos años en los medios de comunicación es que mientras hay un amplio sector del pueblo de Catalunya que intenta articular, fundamentar y deliberar sobre un proceso democrático, pacífico y participativo en el que pueda hacerse expresar sobre su futuro político, y que lo hacen de diferentes formas políticas, existe una ofensiva iracunda y extremadamente ofensiva y agresiva, literalmente, por parte de muchos de los medios y comunicadores de prensa en Madrid, principalmente, con el fin de devaluar y despreciar cualquier intento de la comunidad catalana por hacerse escuchar en las urnas. No son todos los medios, pero son demasiados. Tampoco mi intención es idealizar el espectro político catalán, pero en general he visto mucho más una fundamentación racional y política del derecho a decidir que, por ejemplo, argumentos “anti-españolistas” como suelen mencionar algunos medios fuera de Catalunya.

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Por lo tanto, este proceso no es un llanto de victimismo, como también se ha denominado por otros sectores de la sociedad española, ni una añoranza romántica de volver al Canigó catalán como Estado nación independiente bordado de esteladas y con Els Segadors a flor de piel, sino un esfuerzo mínimamente democrático de participación ciudadana para ser escuchada, independientemente del resultado del ejercicio de votación que finalmente se realice. Fue una gran oportunidad para el Estado español de crecerse como democracia madura, como democracia diferente, como democracia viva y activa, y no como mera democracia formal al servicio de un Estado de derecho cuya legitimidad cada vez más pierde aplomo por parte de la ciudadanía. Ahora es una gran oportunidad para Catalunya de probar si en realidad es lo suficientemente madura políticamente como para tomar las decisiones que sean más correctas y se adhieran al sentimiento mayoritario popular en un ámbito tan medular. Ya volvió a ocurrir aquello que Maragall poetizó respecto a los oídos sordos de una España que sigue viviendo, por más tiempo que haya pasado, en un pasado glorioso todavía refrendado por el españolismo tan criticado a finales del siglo XIX. Aquella voz atronadora que no oye España, la misma que utiliza una lengua diferente que pretende ni entender después de tanto tiempo, es la que hoy se escucha con una vehemencia nada despreciable como oportunidad de cambio, de diferencia, de democracia.

[1] Joan Maragall, Oda a Espanya (1898). La traducción al castellano es la siguiente:

¿Dónde estás, España? – no te veo en ninguna parte.

¿No oyes mi voz atronadora?
¿No entiendes esta lengua que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a entender a tus hijos?

¡Adiós, España!

[2]http://elpais.com/diario/2005/12/04/espana/1133650801_850215.html

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