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Sistema Penal, cárceles y confinados

Sistema Penal, cárceles y confinados

Por: Christian Ríos

“[E]l objetivo inmediato no es solamente una cárcel

“mejor” sino también y sobre todo menos cárcel”.

– Alessandro Baratta (1990)

La cárcel, como institución, ha sufrido una serie de cambios a través de la historia. No siempre fue el método de ejecución de pena, sino que antes había sido lugar transitorio hacia la pena y en un momento llego a ser mano de obra gratuita. (Román, 1993) Más tarde, con el surgimiento de la clase burguesa, ocurre una transformación en la visión que se tiene sobre el rol de las cárceles y terminan convirtiéndose en instituciones ideales para el control social, para reformar al individuo transgresor del sistema y para aislar a las personas confinadas del resto de la sociedad. (Foucault, 2002) Las cárceles tienen toda una eficacia política que se enfoca en el control de las poblaciones excedentes, es decir, esas poblaciones, marginadas y excluidas. Las cuales no tienen otro remedio que recurrir a la ilegalidad y al crimen para sobrellevar sus condiciones de vida. Esa eficacia política hoy día se nos ha convertido en una gran problemática fiscal, social y política. Sobretodo fiscal, por las grandes sumas de dinero que se invierten para encerrar personas, y social y política porque cada día privamos de libertad a más y más ciudadanos.

Sin título

Adam Zyglis

El pasado mes de julio, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en el primer presidente en visitar una prisión federal. Según reporta el New York TimesObama pudo dialogar con varios confinados y guardias penales. Tras esto, en una serie de entrevistas, ha ido presentando reformas que él entiende deben formar parte de una transformación al sistema de justicia criminal en los Estados Unidos. Algunos de esos cambios son: reformas al sistema penal para ampliar la discreción de jueces y fiscales sobre la cantidad de años de una sentencia, ampliar los programas de rehabilitación, recreación y educación, procurar por mejores condiciones en las cárceles, ampliar los derechos de confinados y procurar por una reinserción social más eficiente para aquellos que ya han cumplido con su sentencia. Además, puso al centro de la discusión tres aspectos: el porciento tan alarmante de la población penal en los Estados Unidos, las grandes sumas de dinero que se dejan de invertir en educación y trabajos por invertir en cárceles y también el perfil de estas personas en confinamiento. No podemos perder de perspectiva que son jóvenes y las minorías raciales quienes componen el sector de la población confinada más alto. Para tener una idea, en los Estados Unidos, la población confinada se compone de más de 2.3 millones de personas.

A partir de estos eventos, creo que nos corresponde hacernos una serie de interrogantes respecto a nuestro propio sistema de justicia criminal, el sistema carcelario y los derechos de confinados y confinadas en Puerto Rico.

Ordenamiento Jurídico-Penal

En Puerto Rico, por décadas se han privilegiado dos grandes discursos: el de la “Mano Dura” y el de cero tolerancia con el crimen. Estos discursos políticos han dictado todo el desarrollo de nuestro sistema penal. Tres reformas al Código Penal y aun así se sigue privilegiando la fallida política de “Mano Dura”, formándose así un sistema con una alta tendencia a criminalizar conductas, con penas excesivamente altas y un Código Penal pensado únicamente desde los mismo referentes: castigo, retribución y severidad. Tan solo tenemos que dar una lectura a las penas que impone nuestro Código Penal a ciertos delitos para dar cuenta de esto. O, si se quiere, con entrar a una cárcel  y preguntar a confinados  y nos asombraríamos con las penas que se imponen. Las cuales, a su vez, atentan contra los principios de rehabilitación. Se le une a esto, la tendencia de los jueces a imponer penas más altas y la de los fiscales a exigirlas. Igualmente, tenemos un sistema que facilita la proliferación de lo que se conoce como el complejo industrial correccional. Se trata de un sistema que ve en las cárceles el espacio ideal para “proteger” a la sociedad de los supuestos sujetos peligrosos , el control de las poblaciones excedentes y un gran proyecto lucrativo para los inversionistas y capitales privados.

Población Penal

Como suele suceder en nuestro país existe una gran deficiencia de datos y estadísticas sobre instituciones del gobierno, eso incluye el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La información más actualizada que usaremos es de 2013. Para esta fecha, la población confinada, aproximadamente, se componía de 12, 117 personas. Estos datos son de hace dos años, esto debe haber cambiado, no obstante, nos da una idea del problema de sobrepoblación en nuestras cárceles. Esta problemática la confirmó el propio secretario de Corrección y Rehabilitación, José R. Negrón Fernández, en el año 2013 en entrevista con El Nuevo Día. Para esta fecha, el perfil de los confinados y confinadas demostraba que en su mayoría son desertores escolares, desempleados, provenientes sectores empobrecidos, usuarios de sustancias controladas y reincidentes. La tasa de reincidencia para ese año era de 53.2%. La mayoría de los delitos eran por delitos contra la vida, la propiedad y sustancias controladas. Los jóvenes varones son el mayor grupo de personas confinadas. Las mujeres confinadas para el año 2013 formaban el 3% de la población penal y tienen retos mayores en cuanto a rehabilitación y reintegración a la comunidad luego de cumplir sentencia. A esto se le añade que muchas de ellas son madres solteras y jefas de hogar, que quizás eran la fuente mayor de ingreso en el hogar y que al entrar en prisión se les imposibilita proveer para sus hijos e hijas.

Pero más allá de presentar un perfil sobre la población penal, quiero llamar la atención en cuanto a como como la población penal muchas veces se organiza como cualquier otro grupo político e incide en los procesos políticos. Al interior de las cárceles existen organizaciones las cuales ejercen una doble función. Estas organizaciones, por un lado, proveen protección entre los mismos confinados al interior de la prisión, y, por otro lado, en el exterior, mediante familiares y grupos de apoyo, se movilizan para reclamar derechos como cualquier otro grupo político lo hace. Cabe mencionar la participación de la Asociación Pro Derechos del Confinado (Los Ñeta), que han tenido participación en: el caso Morales Feliciano, en las veces que se ha intentado quitar el derecho a la fianza, en los intentos por quitarles el derecho al voto a los confinados y cuando se han visto amenazados los programas de confinados, por ejemplo, de las bonificaciones. Este tipo de organización y movilización dan cuenta de que estos siguen siendo ciudadanos y ciudadanas que como cualquier asociación de vecinos, grupo estudiantil, consejo o junta, recurren a la organización y a la movilización ciudadana para denunciar atropellos y reclamar necesidades y derechos ante el Estado.

Derechos de Confinados

Respecto a los derechos de confinados en Puerto Rico, no podemos decir que somos un país maduro en esta materia, pero afortunadamente hemos tenido pequeños avances. No podemos olvidar que las personas que entran a las cárceles no pierden su estatus de ciudadanos, ni de seres humanos garantes de ciertos derechos esenciales como lo es una vida digna. Al decir de la profesora Madeline Román (2015):

No obstante, hace mucho tiempo ya que el saber criminológico orientado por los derechos humanos ha concedido a que el confinado disfruta de todos los derechos constitucionales de que disfruta la población no confinada con excepción de aquellos derechos que son incompatibles con su condición de confinamiento (el derecho constitucional al libre movimiento, por ejemplo).

El caso Morales Feliciano, un pleito de clases radicado en el 1979, es a mi modo de ver, la primera acción concreta por parte de la población confinada para reclamar sus derechos. Se alegaba en este pleito que debido a las condiciones infrahumanas que se vivían en las cárceles en aquel momento se les estaba violando ciertos derechos constitucionales y derechos humanos. El caso, que aun el año pasado todavía estaba en tribunales, permitió ciertos avances en cuanto a mejorar servicios en las cárceles, infraestructura de las instituciones y otras áreas del funcionamiento correccional. Estas pequeña victorias que se alcanzaron fueron el producto de una serie de denuncias por parte de grupos que se formaron dentro de la población penal y grupos de familiares al exterior.

Los programas como el de Confinados Universitarios, que inicio el querido profesor Fernando Picó, el programa artesanal, el de desarrollo agrícola y otros programas, forman parte del conjunto de condiciones que deben procurarse para el bienestar de una persona confinada. Estos facilitan la rehabilitación y disminuyen los efectos nocivos y deshumanizantes de las instituciones carcelarias. Además, nuestra Constitución garantiza el derecho a la rehabilitación.

Las bonificaciones y los limitados programas de desvíos, caen dentro de esos avances en cuanto a derechos de la población confinada. Otro avance es el que nuestros confinados y confinadas tengan el derecho al voto. Es decir, el hecho de que retengan el derecho que tienen como ciudadanos y ciudadanas que son, que se afectan por cualquier determinación o curso de política publica que seleccione el Gobierno, es un logro. Aun con todo esto, queda mucho por hacer. Por ejemplo, debemos buscar  alternativas a la prisión, introducir la justicia restaurativa, las visitas conyugales y comenzar a derrumbar esa muralla entre cárceles y sociedad. Al final del día es un problema de todos y todas.

Lo que he intentado en este breve escrito es ver dónde nos encontramos en cuanto al fenómeno carcelario y a dónde nos estamos moviendo en cuanto a materia de derechos de confinados y confinadas. Las sociedades democráticas deben atender prioritariamente estos asuntos, porque las cárceles no solo inciden en el desarrollo moral y físico de una persona, sino que atentan contra el derecho más valorado en nuestras sociedades: la libertad. Una sociedad que incrementa a paso acelerado su población confinada tiene muchas interrogantes que hacerse y muchas problemáticas por atender. No debemos estar llenando nuestras cárceles, sino como dice Baratta (1990): trabajar por mejores cárceles y menos cárceles. Mejores porque debemos velar que las instituciones carcelarias garanticen derechos fundamentales y que no propicien condiciones deshumanizantes que atenten contra el derecho a una vida digna; y, menos cárceles, porque el proyecto abolicionista de cárceles debe ser el norte al cual aspire cualquier sociedad que se llame justa y democrática.

Referencias:

ACLU. Prisoners’ Rights. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: https://www.aclu.org/issues/prisoners-rights.

Baker, P. (2015). Obama, in Oklahoma, Takes Reform Message to the Prison Cell Block. The New York Times.   Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://mobile.nytimes.com/2015/07/17/us/obama-el-reno-oklahoma-prison.html?referrer&_r=1.

Baratta, A. (1990). Resocialización o control social. Ponencia presentada en el seminario “Criminología crítica y sistema penal”, organizado por Comisión Andina Juristas y la Comisión Episcopal de Acción Social, en Lima, del 17 al 21 de Septiembre de 1990.

Blog Crimen en Puerto Rico. Las Carceles llenas. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://crimenenpuertorico.blogspot.com/2012/12/las-carceles-llenas.html.

Cohen, M. (2015). How for-profit prisons have become the biggest lobby no one is talking about. The Washington Post. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/04/28/how-for-profit-prisons-have-become-the-biggest-lobby-no-one-is-talking-about/.

En The Economist. Jailhouse nation. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://www.economist.com/news/leaders/21654619-how-make-americas-penal-system-less-punitive-and-more-effective-jailhouse-nation.

En The New York Times. For Prisoners, a Path to Society. Recuperado el 10 de ago. de 15 de http://mobile.nytimes.com/2015/08/01/opinion/for-prisoners-a-path-to-society.html?action=click&pgtype=Homepage&module=opinion-c-col-left-region&region=opinion-c-col-left-region&WT.nav=opinion-c-col-left-region&_r=0&referrer=.

En El Nuevo Día. (2013). Corrección reitera que podría quedarse sin espacios en el 2016. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/correccionreiteraquepodriaquedarsesinespaciosenel2016-1511059/.

En El Nuevo Día. (2013). Mujeres con dos cadenas. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/mujerescondoscondenas-1590905/.

Foucault, M. (2002). Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentinas. Traducción de Aurelio Garzón del Camino.

LoBianco, T. (2015). President Barack Obama makes historic trip to prison, pushes reform. CNN. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://edition.cnn.com/2015/07/16/politics/obama-oklahoma-federal-prison-visit/.

O.R. (2015). President Obama for the prisoners. The Economist. Recuperado el 10 de ago. de 2015 de: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2015/07/criminal-justice-reform.

Román, M. (1993). Estado y Criminalidad en Puerto Rico. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.

Ssociólogos. El origen y las funciones de la cárcel. Recuperado el 10 de ago. de 15 de: http://ssociologos.com/2015/07/28/el-origen-y-las-funciones-de-la-carcel/.

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  • Armando L Meléndez Rivera

    El sistema penal, las cárceles y los confinados son temas los cuales el gobierno, las Agencias Gubernamentales y las entidades jurídicas, deben darle un mayor énfasis al que le dan en este momento. Los sistemas penales, en especial el de Puerto Rico, tienen una problemática evidente, como nos explica el compañero Christian Ríos en esta publicación. Cuando comencé a leerla recordé una discusión que se suscitó durante una de mis clases de Derecho Penal Sustantivo.

    El Artículo 11 del Código Penal de Puerto Rico dispone que “[l]a pena o medida de seguridad que se imponga no podrá atentar contra la dignidad humana.” Además, este artículo establece, en sus objetivos generales de la imposición de penas, que una de las cosas que se busca lograr es “[l]a rehabilitación social y moral del convicto.” Este artículo del Código Penal llamó mi atención, pues no entiendo cómo se puede imponer una pena o castigo a una persona, sin violarle el derecho a la dignidad humana. Muchos sabemos que a diario el sistema judicial de nuestro país juzga y sentencia a personas con penas muy altas. Gran parte de las penas que se imponen en los casos penales, un ser humano promedio no llega a cumplirlas. Muchas son humanamente imposibles, como por ejemplo: una pena consecutiva de 150 años por el efecto del concurso de delitos cometidos por una persona. También existe otra problemática, y es que aunque sean menos largas las penas impuestas, por circunstancias como las condiciones de las cárceles: fallas de seguridad, la alta incidencia de violencia dentro de estas instituciones, las condiciones de salud y los tratamientos deficientes recibidos, entre otras cosas, las personas que entran a recibir una “rehabilitación justa” nunca salen de ahí.

    La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable”. Si reflexionamos sobre esto, “dignidad” es lo que es digno, y “digno”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es lo que es merecedor de algo. Considero que la Carta de Derechos lo define claramente al establecer que “todos somos iguales ante la ley”. A mi entender, al momento de imponerle una pena a un ser humano, ya se le está violando la dignidad humana, porque aunque todos los que cometan delitos deberán ser juzgados de la misma forma para imponérsele lo “justo merecido”, no podemos olvidar que en la práctica el “justo merecido” varía dependiendo el juzgador, sea juez o jurado, el fiscal y en muchas ocasiones de la capacidad económica
    del acusado, que pueda o no costear una buena defensa. Esto causa que ese “justo merecido” se convierta en algo relativo.

    Por otra parte, debemos pensar en el tema de la rehabilitación. ¿Acaso no se supone que los confinados se rehabiliten y puedan salir a la libre comunidad y ser personas funcionales y “de bien”? ¿Cómo podrá rehabilitarse una persona que se le impone una pena lo suficientemente alta como para salir de la cárcel a una edad avanzada y con pocas posibilidades de ser útil en la sociedad? ¿Cómo podrá rehabilitarse una persona, que aunque no recibió una pena muy alta, cumplió su pena, salió de la cárcel y tiene su “record” dañado de por vida, causándole esto prejuicios sociales, los cuales no le permitirán conseguir un empleo digno en la sociedad? Luego nos preguntamos por qué las estadísticas de reincidencia
    van en ascenso. La respuesta es que muchas de estas personas, que por circunstancias sociales y personales delinquen y al ser penalizados no se les da la oportunidad de rehabilitarse, más al salir a la libre comunidad lo más accesible para sobrevivir y mantenerse es obtener un empleo en el “bajo mundo”, volver a reincidir es la única alternativa que tienen. No pretendo generalizar ni buscar una justificación a las conductas delictivas, solo les invito a reflexionar sobre el tema, y a que comprendamos que este problema es uno que nos debería importar a todos, en especial a nosotros los estudiantes de Derecho que somos los que más cerca estaremos, ejerciendo puestos de servicio y procurando un mayor acceso a la justicia. Entiendo que debemos trabajar unidos con este tema, ya que es algo que nos corresponde como sociedad. Como menciona nuestro compañero Christian en su escrito, hacen falta menos cárceles y que estas sean mejores. Además, considero que se debe reformar el sistema penal y/o buscar otros métodos de rehabilitación que sí funcionen. La rehabilitación en pocas
    ocasiones se consigue en la práctica como se pretende lograr en teoría.

  • Christian Ríos Vallejo

    Armando palabras muy acertadas. Traes a la discusión dos asuntos centrales. Por un lado las paradojas de las leyes en materia de Derecho Penal y por otro las contradicciones de un sistema que dice rehabilitar y “ayudar” al individuo a no volver a delinquir, cuando sabemos que no es así. Al salir de las cárceles regresan a una vida llena de dificultades económicas, sociales, familiares que lxs llevan a reincidir, como bien dices, porque el sistema no les facilita una reinserción eficiente. En cuanto al Código Penal estoy de acuerdo contigo que la contradicción mayor es ver cuales son las funciones de las penas y ver más adelante el número de penas. Las penas más altas no son la solución para reducir la criminalidad, ni le son beneficiosas para una sana rehabilitación a una persona que ingresa al sistema de cárceles. De que rehabilitación podemos hablar si tienes a una persona que al entrar en prisión lo único que tiene en mente es: “Aquí tengo que estar por 99 años”. Coincido en que la solución es una reforma RADICAL al sistema penal y buscar alternativas al encierro y confinamiento masivo de ciudadanos que delinquen.