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De la Resolución Núm. ER-2015-03, la doble vara y la ausencia de argumentos

El 15 de junio de 2015, luego de examinar los hallazgos y recomendaciones del Informe sometido por la Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua (la “Comisión Especial”),[1] el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución para enmendar y eliminar varias disposiciones del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 y el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005.[2] Entre las modificaciones más significativas efectuadas a los Reglamentos de Educación Jurídica Continua se encuentran:

  • La extensión por un año del periodo de cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua;
  • La duplicación del periodo dentro del cual la Junta de Educación Jurídica Continua  enviará un Aviso de Incumplimiento a los abogados y abogadas que no hayan completado los créditos requeridos;
  • La oportunidad de objetar lo establecido en el Aviso de Incumplimiento, así como de cumplir con las horas crédito requeridas y pagar una multa por cumplimiento tardío;
  • La eliminación de la disposición de que el tiempo a acreditar por cursos ofrecidos a distancia no debe exceder de una tercera parte (1/3) del total de horas crédito requeridas; y
  • La inclusión de un listado de entidades que no tendrán que cumplir con los requisitos aplicables a proveedores de cursos de educación jurídica continua.

Estos cambios representan un paso hacia delante en dirección de reformar el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) de cara al futuro. No obstante, la renuencia del Tribunal a acoger una de las recomendaciones de la Comisión Especial provocó un debate enérgico entre aquellos que lo componen— un debate importante que, como muchos otros tantos, pasó desapercibido entre los miembros de la comunidad jurídica y brilló por su ausencia en los medios del País.

El Reglamento de Educación Jurídica Continua vincula a todas las abogadas y los abogados activos admitidos a la práctica de la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, desde el año 2005, el Reglamento del PEJC exime a ciertos profesionales del Derecho de cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. Estas exclusiones recaen sobre aquellos que trabajan en las Juntas y Comisiones designadas por el Tribunal Supremo, los ex jueces y ex juezas de ese foro, y los profesores y profesoras de Derecho, entre otros. Como parte de su informe, la Comisión Especial recomendó eliminar las exclusiones reglamentarias que exoneran a los ex jueces y ex juezas del Tribunal Supremo, por entender que no existe base racional para conceder tal privilegio a ese grupo en particular, con más razón, cuando muchos de ellos practican activamente en los tribunales la profesión legal. Sin embargo, a pesar de lo controversial que es que los ex jueces del Tribunal se dediquen a casos de la práctica privada en su retiro (tema que ha sido objeto de discusión pública en el País), esta recomendación no sobrevivió el análisis de cinco miembros del foro (una de las cuales prefirió no intervenir). Debemos preguntarnos, pues, ¿de dónde surge la negación de dar el paso al frente para acoger esta recomendación? ¿Por qué la falta de voluntad de incorporar una recomendación que no es sino el sentir general auscultado por la Comisión Especial a raíz de la celebración de reuniones y audiencias en diversas regiones judiciales de Puerto Rico? Es decir, el producto de aquellos que componen la comunidad jurídica del País.

En su voto particular de conformidad, el juez asociado Martínez Torres (unido por el juez asociado Feliberti Cintrón) apuntó a los costos que conllevaría la implementación de la medida en momentos en que el presupuesto de la Rama Judicial ha sufrido una drástica reducción. Explicó que eliminar a los ex jueces y ex juezas del Tribunal del grupo de profesionales excluidos de cumplir con los requisitos del PEJC representa un costo de $11,340, pues conlleva reescribir parte del código de software del programa que utiliza el PEJC para monitorear el cumplimiento de los requisitos y las exenciones que el Reglamento concede. El Juez continuó diciendo que, aunque ese gasto pudiera resultar insignificante, en tiempos en que la Rama Judicial ha tenido que cerrar múltiples tribunales alrededor de la Isla por no contar con los fondos para sufragar su operación y reducir beneficios marginales a los empleados, el desembolso de esa cantidad para este asunto no puede ser una prioridad. Razonó que su deber es el de vigilar por la sana administración de la Rama Judicial, así como el de velar por el impacto fiscal de toda medida que pueda aprobarse. Después de todo, dijo, la permanencia de la exoneración, no perjudica a ningún otro abogado.

Por su parte, la jueza asociada Pabón Charneco disintió de parte de la Resolución certificada. En su voto particular, la Jueza tildó de arbitraria, irracional, elitista e injusta la denegación de la exclusión del cumplimiento con los requisitos del PEJC de los ex jueces y ex juezas del Tribunal. Opinó que la decisión de sus compañeros y compañeras solo sirve para ratificar y condonar la creación de una pequeña nobleza, una casta selecta en la profesión legal de Puerto Rico. Puntualizó en el hecho de que a pesar de estar retirados de sus funciones, muchos de los ex miembros del Tribunal continúan practicando activamente la abogacía. Asimismo hizo hincapié en los siguientes tres puntos. El primero de estos es que los miembros del Tribunal gozan de una pensión del cien por ciento de su salario al momento de cesar funciones (la exoneración de los requisitos de educación jurídica continua resulta entonces un privilegio adicional a ese retiro garantizado por nuestro esquema constitucional). El segundo punto es que la exoneración solo cobija a los ex jueces y ex juezas del Tribunal Supremo, diferenciándolos de los demás miembros de la judicatura que han servido a Puerto Rico. En tercer lugar, la Jueza expresó que, a diferencia de los demás grupos exonerados, cuyas exclusiones solo operan durante el término de sus diversos cargos, la exclusión de los ex jueces y ex juezas del Tribunal es vitalicia. En otras palabras, este privilegio no está atado a limitación alguna que no sea la muerte.

En su voto particular, el juez asociado Kolthoff Caraballo se pronunció brevemente sobre la preservación de la exoneración. El Juez coincidió con la Comisión Especial en que la exclusión vitalicia es irracional, y disintió en cuanto a la preservación de la misma. Explicó que el Derecho es cambiante y demanda el estudio constante de sus arcanos. Por tanto, por mucho que conozcamos el Derecho, siempre existe espacio para conocer más, para aprender más. Asimismo, el Juez vaciló con la idea de que la exclusión solo responde al interés de incentivar un servicio prácticamente ad honorem al Pueblo. En su opinión, otra razón podría atribuirse a la creencia de que los pasados integrantes del Foro saben tanto que nada pueden aprender en los cursos de educación jurídica continua o, peor aún, que no fue suficiente el privilegio que les concediera el Pueblo de Puerto Rico de haber servido desde el máximo recinto del Derecho puertorriqueño. Al final, el Juez insistió que los ex jueces y ex juezas del Tribunal deberían cumplir con todos los requisitos, tal y como lo hacen los demás ex miembros de la clase judicial.

Finalmente, la jueza asociada Oronoz Rodríguez hizo referencia al tema en su voto particular de conformidad. Si bien dedicó gran parte de su voto a discutir su sentir respecto al arte de expresar el desacuerdo, la Jueza aprovechó la oportunidad para describir el asunto de la exención de los ex jueces y ex juezas como una mera deferencia hacia los ocho ex jueces y una ex Jueza Presidenta del Tribunal. Como explicación para mantener la exoneración, añadió que no cree que la exención, en términos prácticos, cause mayores estragos en la profesión legal.

Ahora bien, quizás sea cierto que esta reyerta dio lugar a un proceso de discusión saludable en el seno del más alto foro del País. Quizás también sea cierto que se trata de un episodio más en la serie de trifulcas absurdas entre los jueces y juezas que lo componen. Sin embargo, más allá de las reservas que pueda tener con el intento mismo de obligar a educarse al que no quiere hacerlo, me quedo corta de imaginación para encontrar una explicación que justifique que un juez o jueza del Tribunal, aún cuando practique el Derecho con posterioridad a su retiro, esté exento o exenta de cumplir de por vida con el PEJC. Me pregunto: ¿Por qué si todos los y las profesionales del Derecho tienen que pasar el mismo examen de reválida, dominar y manejar las mismas leyes y el mismo ordenamiento, no se le exige a los ex jueces y ex juezas la misma preparación y los mismos requisitos educativos, independientemente del puesto que una vez desempeñaron? ¿Acaso lo que se está asumiendo es que los ex jueces y ex juezas del Tribunal son más responsables y se auto-instruyen en su retiro por la única razón de la naturaleza del título que ostentaron? ¿Estaremos olvidándonos de los errores crasos que cometieron en sus decisiones? Si no se instruyeron mientras sirvieron al Pueblo, ¿por qué asumir que se instruyen una vez dejan de hacerlo? ¿O es que para el Tribunal, al menos en lo que respecta a este tema, la igualdad a la que aspiramos no comienza por la casa?

Por ahora, coloco sobre el tapete lo que aconteció hace poco más de dos meses, y discuto algunas de las cuestiones que este tema entraña como punto de partida para la discusión. Como estudiante y futura profesional del Derecho, lo que me queda son preguntas y no respuestas, un vacío de razones para exceptuar de por vida a los pasados componentes de la Curia de cumplir con las horas crédito que se le exigen a los demás. Lo que me queda es una muestra más de la forma en que los miembros del Tribunal perciben su rol como jueces, y una exoneración sin base racional que justifique la permanencia de tal excepción en nuestro ordenamiento. ¿Existirá esa razón? Al menos los jueces y juezas no me la han dado. Ni la manipulación de la realidad económica de la Isla, ni el hecho de que este asunto no acarree implicaciones transcendentales en la práctica y profesión legal de Puerto Rico, me bastan como razón para justificar la doble vara. Y es que si para justificar pequeñas decisiones como estas, utilizan este tipo de pretextos, ¿cómo debemos esperar que justifiquen lógica, convincente y jurídicamente sus decisiones más importantes?

Votos Particulares: Resolución Núm. ER-2015-03

[1] La Comisión Especial tuvo a su cargo la encomienda de realizar una investigación profunda y completa sobre el funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua durante los años de su operación y sobre la aplicación y el manejo del Reglamento de Educación Jurídica Continua. In Re: Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua, 184 DPR 538, 539 (2012).

[2] Al amparo de su poder inherente para regular el ejercicio de la profesión de la abogacía y establecer los requisitos para dicha admisión, el Tribunal Supremo enmendó específicamente las Reglas 2, 3(a), 3(b), 6(a), 8(d), 9(a) y 9(b) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, así como las Reglas 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. Respecto a este último Reglamento, también eliminó las Reglas 39, 40 y 41.

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