Constitucional - Procedimiento Civil - Tribunales

La vulneración fáctica del derecho de defensa en la litigación pasiva (Por Christian de la Calle Pelaez)

Cuando vine a Puerto Rico y empecé a conocer el sistema puertorriqueño y por ende, el sistema norteamericano, noté que había diferencias sustanciales (más de las que imaginaba) entre el sistema tradicionalmente civilista europeo y el sistema del common law.

Hablando en clave procesal respecto a esas diferencias, la radicación de una demanda supone el pago de 90 dólares ante un tribunal superior y 60 ante uno municipal, cosa que es totalmente normal porque iniciar un proceso de cualquier índole siempre tiene un coste. El momento en que me di cuenta de algo que, bajo mi punto de vista, es una total vulneración de derechos civiles es que la contestación a la demanda también supone un coste para el demandado, que encima es el mismo que el que asume el demandante.
Atendiendo a la legislación, podemos observar que en la Sección 7ª del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico (relativo a la Carta de Derechos) y en la 5ª y la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se reconoce el derecho a un debido proceso de ley (The Due Process of Law). En España, el artículo 24 de la Constitución hace referencia a la tutela judicial efectiva, ergo, reconoce el derecho a la asistencia letrada como elemento fundamental del derecho a la defensa que asiste a todos los ciudadanos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En Puerto Rico, ya hemos comentado las disposiciones constitucionales estatales y federales pero también se reconoce este derecho en el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cabe destacar que las Reglas de Procedimiento Civil no hacen referencia a esta circunstancia.
Doctrinalmente, el debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal. Respecto a la sustantiva hay que decir que el propio nombre lo indica, toda persona tiene derecho a un debido proceso de ley, pero en la vertiente procesal hay que destacar que se derivan una serie de garantías procesales, entre ellas, el derecho de defensa.
La contestación a una demanda supone el ejercicio del derecho de defensa en tanto el demandado ha recibido una demanda cuyo titular ha decidido libremente interponer ante el organismo judicial correspondiente (con lo que ya asume consciente y voluntariamente el pago de esa tasa). Pero si ese demandado, que presumiendo iuris tantum que no tiene culpa de que el demandante quiera pleitear contra él, no puede pagar esa tasa, mi pregunta es… ¿Cómo se puede defender?
Existe la posibilidad de que un demandado no pague esa tasa pero debe ser alguien con plena insolvencia (por ejemplo, un indigente); no obstante en la tabla de Derechos Arancelarios actualizada por la Rama Judicial, a 30 de agosto de 2015, sólo se especifica como excepción al pago los casos de expropiación forzosa. En referencia a lo anterior, quedará al arbitrio del juez (puesto que la legislación no especifica lo contrario) el análisis de la situación económica del litigante por lo que, la exención de ese pago, será una decisión puramente discrecional; hecho que dota de poca seguridad jurídica a este derecho y su ejercicio si tenemos en cuenta que se trata de un derecho fundamental de la carta de derechos.
Pero si se diera el supuesto de que se trata de una persona que necesita ese dinero para sobrevivir ese mes hasta recibir su sueldo y se encuentra con una demanda en su contra… ¿Debe pagar esa cantidad además de los honorarios de su abogado? Porque en esa segunda cuestión viene mi segunda sorpresa: y es que en un litigio sin importar quien gane o pierda, cada uno asume el coste de pagar a su abogado (salvo casos de temeridad manifiesta).
Volvamos al supuesto inicial. Ese demandado en una situación económica débil se encuentra con una demanda y además debe buscarse un abogado. Teniendo en cuenta que los abogados facturan su trabajo por horas, imaginemos que este procedimiento se alarga en el tiempo: ¿Quién debe asumir el coste de ese abogado? ¿El que gana o el que pierde? Se supone que el que gana es el que tiene razón en los hechos y en el derecho por lo que, ¿por qué debe perder dinero?
Una vez cuestionada la vertiente ética de la situación y dejando en el aire preguntas sobre si se trata de una situación justa o injusta, ¿puede tratarse de una violación constitucional de las disposiciones que garantizan el Due Process of Law? Expertos constitucionalistas sostienen que no se trata de una medida inconstitucional y que de todos modos, es una situación sobre la cual no existen casos conocidos o por lo menos es una duda que en este país nadie se ha planteado.
El hecho de que el demandado deba pagar para defenderse quizás se deba a que se trata de una medida disuasoria para la población. En otras palabras, cualquier persona se lo pensará dos veces antes de llevar a cabo según qué conducta, ya que si es demandado sabe que perderá dinero en un pleito. Ésta es la única forma en que creo que el Tribunal Supremo preferiría no valorar el tema que nos atañe, ya que esos mismos expertos dudan encarecidamente que el Alto Tribunal vaya a pronunciarse en alguna ocasión sobre este tema y su posible inconstitucionalidad. Pero en ese caso, y recuperando la reflexión del párrafo anterior. ¿Se trata de una medida justa y garantista de derechos? Y si así fuera. ¿Debería decidirlo el Tribunal Supremo? Esta decisión sería demasiado arbitraria para algo plasmado en las Cartas de Derechos.
En suma, quisiera dejar constancia de que esta medida parece inconstitucional al amparo de que el derecho de defensa es un derecho civil fundamental. Como tal, asiste a todos los ciudadanos por igual y así lo recogen la Constitución Estatal de Puerto Rico, la Constitución Federal de los Estados Unidos y numerosa legislación internacional. Más allá de la posible utilidad utópica como elemento disuasorio de conductas antijurídicas, no deja de ser un ataque directo a las garantías constitucionales. Con todo ello pienso que se trata de una medida injusta, que va en contra de los valores constitucionales y que produce una gran inseguridad jurídica al tratarse de una decisión arbitraria sobre un derecho fundamental, lo que constituye una vulneración fáctica del derecho de defensa en la litigación pasiva.

*El autor de este escrito está en su cuarto año del Grado en Derecho en la Universitat de Barcelona y actualmente se encuentra completando un año de estudios en la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico, en el programa de doble titulación.

PrintFriendlyFacebookTwitterStumbleUponMySpaceBlogger PostLinkedInDeliciousShare/Bookmark