Constitucional

De la Constitución tenemos que poder hablar todxs (Luis José Torres Asencio)

Por: Luis José Torres Asencio

De: It's About Justice

De: It’s About Justice

El estado neoliberal y sus tribunales suspenden las cláusulas de derechos de las constituciones para implementar medidas de austeridad. Esos estados de emergencia y/o excepción se han convertido en parte integral del proyecto neoliberal de transformación del aparato estatal para ponerlo al servicio del capital financiero. A diferencia de muchas otras jurisdicciones, la Constitución de Puerto Rico no contempla expresamente esos mecanismos, pero eso no impidió que se implementara ese modelo en los casos de la Ley 7-2009 y las enmiendas al sistema de retiro de empleadxs del ELA, así como con la declaración de emergencia energética que sirvió de base para dar los permisos para el gasoducto, la incineradora de Arecibo, los molinos de Santa Isabel, y otros proyectos.

De la emergencia, sin embargo, también surgen propuestas desde la izquierda. En la década de los ’30, en varios estados de EE.UU. se aprobaron moratorias a los pagos de hipotecas residenciales. Los bancos impugnaron las de un estado, Minnesota, y un Supremo federal sensible a las políticas de lo común las validó. En tiempos presentes, en jurisdicciones como España los tribunales han adoptado teorías para decretar paralizaciones a desahucios y para alterar los términos de préstamos hipotecarios como respuesta a la crisis.

En Puerto Rico, sin embargo, la crisis sólo hace que la Constitución ceda de un lado. Cuando se intentó argumentar que la crisis requería revisar los términos y condiciones de los préstamos de hipoteca, el Tribunal Supremo se alió con los bancos y dijo que la crisis, esa que no era previsible para el Estado en los casos de la Ley 7 y el sistema de retiro del ELA, era previsible para los deudores hipotecarios. Asuman las consecuencias de sus actos, nos dicen.

Ahora la presente administración, que casi es servil al capital financiero hasta su último día, finalmente ha hecho suya la propuesta de imponer una moratoria al pago de la deuda, luego de que varias personas y grupos, particularmente el PPT, llevaran desde comienzos del cuatrienio planteando su necesidad. Lo hizo mediante un ejercicio legislativo bochornoso y seguramente no de la manera que se proponía desde la izquierda, pero lo hizo.

Sin embargo, ya se comienzan a escuchar voces augurando corta vida a la medida. La Constitución, nos dicen ya lxs constitucionalistas, no permite la moratoria. Y es cierto. El servilismo al capital financiero se pactó en el 1952, a manera de una cláusula que pone la deuda antes que la gente, en orden de prelación de pagos. Eso es lo que seguramente dirá el Tribunal Supremo (el de allá o el de acá) o cualquier otro tribunal al que se le presente una impugnación a la medida.

Podría unx preguntarse: ¿y en qué quedó aquello de justificar la suspensión de cláusulas constitucionales para justificar la imposición de medidas de emergencia ante la crisis? Pues no, nos dirán, es que aquello realmente no era una suspensión de la Constitución, sino una determinación de que los derechos que reconoce la Constitución no daban para proteger los ‘derechos adquiridos’ de esxs empleadxs o para evitar que se interfiriera con sus contratos de empleo (‘menoscabo de obligaciones contractuales’). Pero ese no es el caso aquí, porque la Constitución claramente dispone que esas deudas hay que pagarlas. Y la Constitución es clara, y no deja margen a dudas. Y hay que seguirla, y tal, porque es un documento base, nuestro contrato social, y es de vanguardia. Y si no la seguimos, se nos viene el caos.

Me parece que llevamos años que se nos viene en falta un constitucionalismo crítico, que no sólo cuestione el discurso positivista que caracteriza a nuestros expertos en derecho constitucional (es adrede, el constitucionalismo que incide –o que se le llama a participar– en el debate público, es un boys club), pero que también se permita mirar la Constitución como un entendido político perfectamente mutable, y no como el ‘condicionante’ dialógico que nos vende el liberalismo constitucional democrático. Eso significa reconocer que cuando hablamos de derechos (constitucionales, civiles, humanos, o con cualquier otro apellido), hablamos de política, no de consensos o entendidos lógicos o científicos cerrados a todo debate. En fin, significa repolitizar el discurso de los derechos, y asumirlos como conquistas que siempre van a estar en juego, no importa que las escribamos en un texto para poner en una vitrina en el Capitolio. Y romper con el monopolio discursivo de lxs constitucionalistas. De la Constitución tenemos que poder hablar todxs.

La Constitución no es un documento de bolas y strikes que nos deba hacer sentir amarradxs. Tampoco es una religión o una deidad que requiera nuestra fidelidad, sumisión o el diezmo. Es un texto político. Uno importante, quizás, pero un texto político. La podemos invocar mientras nos sirva, y podemos debatir en torno a cuál es la manera más ‘justa’ –desde nuestras mil y una teorías de la justicia– de interpretarla, pero cuando deje de servirnos, simplemente la reinterpretamos o le damos delete y la rescribimos. Y si lo hacemos, la vida seguirá. Se los prometo.

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