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Transparencia al son de la Junta de Control Fiscal (Jorge Maldonado Bestard)

Reseña de la Conferencia: screenshot_20161020-1123116 de octubre de 2016

Teatro, Facultad de Derecho Universidad Interamericana

Panelistas: Prof. Efrén Rivera Ramos, Lcda. Eva Prados Rodríguez y Joel Cintrón Arbasetti

 Por: Jorge Maldonado Bestard, estudiante de derecho del Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

La actividad fue organizada en forma de un panel en el cual los tres participantes presentaron una ponencia sobre un tema específico relacionado a la transparencia y la Junta de Control Fiscal (JCF), creada en virtud de la Ley PROMESA. Luego de finalizar las ponencias, los panelistas recibieron y contestaron preguntas. Los temas que cada panelista presentó fueron: Los retos de transparencia en Puerto Rico y las complicaciones que trae la ley PROMESA; los retos de transparencia desde la sociedad civil y la auditoria de la deuda pública; los retos de transparencia desde el periodismo y los intentos de comunicación con la JCF Estos temas fueron presentados por el Prof. Rivera Ramos, Lcda. Prados Rodríguez y el Sr. Cintrón Arbasetti, respectivamente.

El primer panelista, el Prof. Efrén Rivera Ramos trajo a colación dos aspectos muy importantes previo a su exposición sobre los aspectos jurídicos de la ley PROMESA. Primero, la JCF ha sido un ataque a las aspiraciones democráticas de Puerto Rico. Segundo, en Puerto Rico han habido varias reacciones a este hecho, algunos plantean un rechazo y otros lo aceptan, pero independientemente de que posición tomemos debemos llegar un punto de encuentro de que por lo menos haya una total transparencia de parte de la JCF. Esta breve introducción explica la razón de por qué se convocó la conferencia. En cuanto al tema del aspecto jurídico de la Ley, se enfocó en contestar las siguientes preguntas: ¿Qué dice PROMESA sobre transparencia? El Prof. Rivera Ramos expuso su análisis de la siguiente forma:

¿Qué dice PROMESA sobre que documentos van a ser públicos?

  • Los reglamentos internos de la Junta
  • Los regalos, herencias o legados que reciba la Junta (como grupo)
  • Los hallazgos sobre las prácticas de divulgación y compra venta en relación a la compra de bonos
  • Los contratos ejecutados por agencias públicas
  • Las peticiones de reestructuración radicadas por la JCF en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico
  • Informes de Proyectos Críticos

¿Qué dice PROMESA sobre lo que va a ser confidencial?

  • Las sesiones ejecutivas
  • Los informes de los acuerdos contributivos que el gobierno de Puerto Rico ha otorgado

¿Qué es lo que no sabemos qué va a ser público o confidencial?

  • Datos sobre los presupuestos
  • Datos oficiales de las agencias públicas
  • Contratos de la JCF
  • Certificaciones de reestructuración
  • Información requerida a auspiciadores de proyectos críticos
  • Reportes sobre la deuda
  • Salario del director y de la JCF
  • El presupuesto de la JCF

La segunda panelista fue la licenciada Eva Prados y en su ponencia se enfocó en cómo algunos sectores de la sociedad civil han enfrentado los retos de la transparencia en relación a la JCF. Comenzó su participación definiendo lo que es la transparencia de la siguiente forma: “La transparencia no es un fin, es una herramienta para una participación pública y la rendición de cuentas”. Luego le relató al público el esfuerzo que está haciendo el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, organización en que la panelista funge como coordinadora. El fin de esta organización es crear presión para que se audite la deuda pública. La razón de por qué se constituyó ese cuerpo es como contestación a la JCF que está compuesta por personas privadas que no son electos y que tampoco representan a un sector social que pueda ser afectado por sus decisiones. Otro argumento que la licenciada presentó a favor de auditar la deuda es que esto es un ejercicio básico para procurar la verdad. Para finalizar su exposición, informó que el comité especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las reestructuraciones de deuda soberana aprobó una lista de nueve principios para estos tipos de procesos.

  1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.
  2. El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de reestablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.
  3. El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.
  4. El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.
  5. El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.
  6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.
  7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.
  8. El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.
  9. La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.

El tercer panelista, Joel Cintrón Arbasetti, relató sus experiencias en cuanto a la transparencia en Puerto Rico y los intentos de comunicación con la JCF. Como parte de su trabajo en el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el panelista intentó buscar la información de contacto de las personas que componen la JCF y se dio cuenta que esto no se encuentra en los documentos que se han hecho públicos sobre la misma. La primera persona que intentó contactar fue a Carlos García llamando a su oficina en BayBoston Capital, pero a pesar de dejar varios mensajes con la recepcionista nunca devolvió la llamada. Luego de enviarle un email a Carlos García, le contestó que no le puede dar una entrevista hasta que se apruebe un reglamento sobre el tema. Una de las pocas oportunidades que ha tenido el periodismo de comunicarse con algún miembro del JCF fue la conferencia de prensa que ofreció José Carrión III. El conferenciante expuso que la secretividad de los trabajos de la JCF no solo se limita a esta. Expuso que los primeros dos documentos que le entregó el gobierno de Puerto Rico a la JCF no los publicó ni el gobierno ni la JCF, se consiguieron a través de NotiCel.

Los panelistas de esta actividad fueron muy diligentes al exponer los distintos retos que crea la ley PROMESA y esto se reflejó con las preguntas del público que reflejaban preocupación sobre las implicaciones de esta Ley e iban dirigidas a lo que la ciudadanía puede hacer. Los temas planteados en la conferencia no fueron solo dirigidos a informar al público sino también a crear consciencia y a motivarlos a crear las respuestas a los retos planteados. En fin, la actividad además de estar bien organizada y de traer a los recursos indicados para exponer los temas planteados, logró sus objetivos de informar y crear consciencia.

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