Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría-Parte II-Positivismo Jurídico (José J. Colón García)

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José Javier Colón García, estudiante de segundo año de Derecho UPR, argumentando en un debate de teoría jurídica en el curso de Teoría General del Derecho en representación del interés público

Nota Editorial: Esta es la segunda entrada de la serie El quehacer de la Teoría en la que compartimos el trabajo de tres estudiantes del curso de Teoría General del Derecho (Vea introducción y explicación y los hechos del caso). Esta es la Opinión del Tribunal en el ejercicio B. Fue preparada por José Javier Colón García y presenta su argumentación a partir del positivismo jurídico. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.

 

 

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Olivero Lora

 

Peticionario

 

v.

 

Hon. José L. Caldero López, en su capacidad como Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

 

Promovidos

 

 

 

 

Certiorari

 

2016 TSPR 217

 

196 DPR ___

Número del caso: CC-2016-1056

Fecha del caso: 7 de octubre de 2016

Panel:

Hon. José Javier Colón García

Hon. Ismael Antonio Molina Villarino

Hon. Yara I. Alma Bonilla

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2016

El 4 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de mandamus presentada por el peticionario. En la misma, se exigía al Superintendente de la Policía la entrega de ciertos videos tomados por la policía durante el proceso de lucha estudiantil ocurrido entre 2009 a 2011. Luego de evaluar la petición, entendemos que erró el ilustre foro a quo al desestimar la petición sin antes revisar el contenido del material grabado.

Se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y se le ordena revisar in camera el material solicitado dentro de 30 días. Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El juez presidente Colón García y el juez asociado Molina Villarino emitieron sendas opiniones de conformidad. La jueza asociada Alma Bonilla emitió una opinión disidente.

Érika Fontánez Torres

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad del juez presidente COLÓN GARCÍA.

Se nos solicita resolver si procede el recurso de mandamus en una acción instada por un documentalista en contra del Superintendente de la Policía. Mediante este recurso, el peticionario pretende que obliguemos al Superintendente a proveerle acceso a cierto pietaje filmado durante la huelga estudiantil que ocurrió entre el 2009 y 2011 en la Universidad de Puerto Rico.

Específicamente, el peticionario ha solicitado que ¾en virtud del derecho constitucional de todo ciudadano de acceder a información de carácter pública¾ el pietaje que le sea entregado sea el pietaje “crudo”, es decir, que el mismo no haya sido modificado ni editado de manera alguna por la Policía de Puerto Rico previo a su entrega. El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico han expresado su oposición a esta petición, aduciendo que razones de seguridad imposibilitan la entrega del material “en crudo” según solicitado.

Dificulta la resolución de la controversia planteada el hecho de que la Policía de Puerto Rico al presente no haya adoptado un reglamento que regule los procesos relativos a la grabación de videos durante eventos de trascendencia pública, así como el manejo, archivo y acceso a las grabaciones. En ausencia de tal guía, y recayendo sobre el peticionario el peso de la prueba respecto a reclamo, procedemos a enumerar los requisitos que nuestro ordenamiento dispone para la exitosa expedición de un mandamus en lo que respecta la diseminación de documentos públicos.

  1. Requisitos del mandamus

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define el mandamus como sigue:

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.

Sabido es que dicho recurso procede solo cuando la parte demandante logra demostrar que un funcionario público ha incumplido con un deber ministerial y cuando además el ordenamiento actual no provea un remedio adecuado y eficaz. 32 LPRA §3422–23. Hemos destacado en el pasado que entre los factores a considerar como condición para la expedición de un auto de mandamus figuran los siguientes: “el posible impacto que éste pueda tener sobre lo intereses públicos que puedan estar [involucrados];… evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de terceros”. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).

También hemos establecido que para expedir un recurso de mandamus es menester atender si se plantean cuestiones de gran interés público, si la controversia suscitada requiere una solución rápida, y si “el peticionario tiene un interés especial en el derecho que reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano”. Dávila v. Superintendente Elecciones, 82 DPR 264, 274–75 (1960); Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006). Finalmente, y en atención a que el mandamus es un recurso privilegiado, hemos establecido que los tribunales deben pesar todas las circunstancias concurrentes al decidir si deben dictar ese auto. Dávila v. Superintendente General de Elecciones, 82 DPR 264 (1960).

  1. Derecho a la información

Es indiscutible que en nuestro ordenamiento existe un derecho fundamental al acceso a información pública. El Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §1781, dispone que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. En otras palabras, la norma general es que todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a examinar la documentación pública.

Por su parte, el Artículo 1(b) de la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico define documento público de la siguiente forma:

(b) Documento público. – Es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. 3 LPRA § 1001(b).

Tal y como surge de lo anterior, un documento público es el que un organismo estatal recibe en el curso de sus procedimientos y está obligado a preservar. En virtud del derecho a la información pública que rige en nuestro ordenamiento, a todo ciudadano se le garantiza acceso a estos documentos públicos cuando se riñen estos a la descripción expuesta en el estatuto.

Sin embargo, el derecho a la información pública no es absoluto; pueden existir intereses apremiantes del Estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad. Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 24 (2000). Este Tribunal ha expresado que un reclamo de confidencialidad por parte del Estado está justificado cuando 1) una ley así lo declara, 2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos, 3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros, 4) se trate de la identidad de un confidente, o 5) sea información oficial conforme a la Regla 31 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV.

III. Procedencia del mandamus y

derecho a la información pública

No hay duda de que los videos grabados por la Policía de Puerto Rico constituyen documentos públicos; existen dentro de la definición del estatuto. Tampoco resulta controversial admitir que el peticionario está legitimado para requerirlos por el mero hecho de ser un ciudadano.

Pero, ¿cuál exactamente es el deber ministerial que origina la expedición del auto de mandamus en el caso de autos? Recordemos que este Tribunal ha definido reiteradamente a un deber ministerial como “un deber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o imperativo”. Pagán v. Tower, 35 DPR 1 (1926) (énfasis suplido). Recordemos también que, aun en presencia de dicho deber ministerial, si la expedición de un mandamus agrede un interés público, tal como lo sería la intromisión en las prerrogativas del Ejecutivo o la seguridad de terceros, la expedición del mismo no procede.

El recurso instado no satisface estos requerimientos debido a la naturaleza del pietaje solicitado. En particular, la especificación de que se entregue la totalidad de los videos tomados durante los sucesos mencionados “en crudo” podría poner en peligro la vida de los agentes encubiertos de la Policía que efectuaron dichas grabaciones. No es descabellado presumir que personas intensamente involucradas en la huelga puedan inferir, a partir de ciertas tomas y ángulos, o de sus propias grabaciones, la identidad de alguna de estas personas, particularmente si la voz de estos agentes forma parte de la grabación entregada. Se trata en últimas instancias de un asunto de prueba a ser dirimido por el Tribunal de Primera Instancia; tal determinación no nos compete en el presente, pues no hemos tenido acceso a las grabaciones solicitadas sino meramente a los escritos apelativos.

Ciertamente, el Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar del todo la reclamación del peticionario e ignorar las bases estatutarias y jurisprudenciales que sustentan dicho reclamo. Sin embargo, el proveer acceso irrestricto a grabaciones efectuadas por agentes del orden público es un supuesto previsto tanto por los requisitos que establece el estatuto de mandamus como por nuestra jurisprudencia relativa a los límites del derecho a la información; ambos demuestran que tal recurso no procede y tal derecho no es absoluto si en su consecución se vulneran intereses públicos de alta jerarquía. Claramente, la seguridad y el bienestar de los policías que ponen su vida en peligro al fungir como agentes encubiertos constituyen un interés público de dicha naturaleza. El estatuto y nuestra jurisprudencia prevén su protección.

Por lo tanto, resolvemos que, aun presumiendo la existencia de un deber ministerial de parte del Superintendente de la Policía de permitir acceso a documentos públicos bajo su control, la naturaleza del documento solicitado sí admite un ejercicio de discreción en su diseminación, dado que la publicación de estos videos podría ocasionar que se revelen las identidades de agentes encubiertos.

Estoy de acuerdo con mis compañeros en que ciertamente el derecho no prevé todo cuadro fáctico. Sin embargo, aún dentro de casos difíciles, es menester operar dentro de ciertos límites. En particular, es de fundamental importancia que nuestra decisión esté circunscrita al texto de la norma, pues solo así se evita darle rienda suelta a la arbitrariedad decisional latente dentro de la voluntad individual de los jueces. Ciertamente, cuando existe más de una solución legal a un problema, el juez goza de cierta discreción en el proceso de escoger la alternativa más razonable. Afortunadamente, en lo que respecta el presente caso tanto nuestra jurisprudencia como el lenguaje del estatuto que define el recurso solicitado contemplan excepciones las cuales podrían muy bien cobijar algunos o gran parte del pietaje solicitado, por lo cual lo que resta es sencillamente verificar si cada video individual cumple con el estándar establecido, el cual resulta diáfanamente claro.

Decir lo contrario equivaldría a crear jurisprudencialmente un derecho absoluto a la información pública e ignorar la norma clara tal y como se encuentra plasmada en los estatutos discutidos; esto es, en efecto, el riesgo de apartarse concertadamente del texto del estatuto, y un riesgo que hoy, afortunadamente, hemos logrado esquivar. Cabe recalcar que, aunque la falta de un reglamento registrado en el Departamento de Estado respecto a estos hechos particulares complica la tarea de los jueces que hoy los analizan, nuestro derecho positivo basta para disponer de la presente controversia, pues las figuras que hoy discutimos en nuestra opinión, además de ser harta conocidas en el campo jurídico, han sido objeto de un amplio y eficaz tratamiento ¾tanto estatutariamente como jurisprudencialmente.

Por todo lo anteriormente expuesto, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de procedimientos ulteriores conforme a lo dispuesto en la presente opinión.

José Javier Colón García

Juez Presidente

 

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