Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría-Parte III- Teoría Integral del Derecho (Ismael Molina Villariño)

foto-clase-teoriaNota Editorial: Esta es la tercera entrada de la serie El quehacer de la Teoría en la que compartimos el trabajo de tres estudiantes del curso de Teoría General del Derecho (Vea introducción y explicación y los hechos del caso). Esta es la Opinión de Conformidad en el ejercicio B. Fue preparada por Ismael Molina Vilariño y presenta su argumentación a partir de la teoría integral del Derecho de Ronald Dworkin. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.

Opinión de conformidad emitida por el juez asociado MOLINA VILLARINO.

“[E]l orden político está subordinado

a los derechos del hombre . . .”.

Const. PR pmlb.

Por vía de un mandamus, acudió ante nuestros tribunales el documentalista Olivero Lora para solicitar de la Policía de Puerto Rico el pietaje que esta grabó durante la lucha estudiantil entre 2009 y 2011. El Estado se opuso al recurso por “razones de seguridad” y el Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó a favor del Estado. La ausencia de normas claras para la adjudicación de esta controversia provocó diferencias, tanto sutiles como radicales, entre los miembros de este panel, lo cual resultó en una escueta sentencia que recogió el único punto sobre el que concurrimos dos de los tres jueces: que erró el tribunal a quo al desestimar por la vía rápida y no evaluar el contenido del pietaje.

Pretendo con esta opinión arrojar luz sobre las razones sustantivas y procesales que deben conducir al Tribunal de Primera Instancia, al que hoy devolvemos el caso, a declarar ha lugar el mandamus.

  1. El peticionario tiene derecho a la información solicitada

El mandamus identifica de manera precisa las fechas y los eventos de los cuales alegadamente la Policía conserva material videográfico, pero no el contenido que estos tienen ni la cantidad de material que existe. No se solicita ningún video en particular, sino todos los videos de esos eventos y esas fechas que hayan sido grabados por agentes y oficiales de la Policía. Su petición se limita a estos actores porque, toda vez que el material solicitado es originado por el Estado, es público, y cualquier ciudadano que lo solicite puede tener acceso a él. Como bien señala el peticionario, “el derecho al acceso a la información sirve de garante de todo régimen que se hace llamar democrático”. Este principio democrático no debe tomarse a la ligera. Desde la primera oración de nuestra Constitución, queda claro que el Pueblo de Puerto Rico se organizó políticamente “sobre una base plenamente democrática”. Const. PR pmbl. Además, el sistema democrático, “aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público”, “es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña”. Id.

Aunque el peticionario también aduce al valor histórico del proyecto cinematográfico que interesa realizar, esto es irrelevante cuando hablamos de un derecho que cualquier ciudadano puede reclamar. Cuando un derecho no está disponible para todos, hay que verificar para quiénes sí lo está. En este caso, el derecho es el mismo para cualquier ciudadano, pues la fuerza de este derecho no se ampara en la autoridad del individuo que lo reclama, sino en la naturaleza pública de la cosa solicitada: un documento público.

Un documento público es todo aquello que resida, se origine o se conserve en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado, incluyendo aquellos producidos de forma electrónica. Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, 3 LPRA § 1001 (2011). “Todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. Cód. Enj. Civ. Art. 409, 32 LPRA § 1781 (2015). Además, existe un derecho constitucional a la información pública, derivado del derecho constitucional a la libertad de expresión. Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 447 (1982). Pero, este derecho no es absoluto; la legislatura tiene autoridad para reglamentarlo, pero actuaría en clara afrenta a los principios mencionados si intentara abolir este derecho. Ninguna reglamentación será válida si convierte el ejercicio del derecho en uno demasiado oneroso. Véase Carlos F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 1015, 1020 (2016).

En Puerto Rico no existe una ley uniforme que regule el acceso a la información. Id. La Policía de Puerto Rico tampoco tiene reglamentos, órdenes administrativas o circulares que regulen las grabaciones a manifestantes que la Policía realiza en eventos como los que dan origen a este mandamus. Policía admite que ‘videocarpetea’ sin controles, Centro de Periodismo Investigativo (20 de diciembre de 2010) http://periodismoinvestigativo.com/2010/12/policia-admite-que-videocarpetea-sin-controles/ (última visita 6 de octubre de 2016).[1]

No obstante, como parece por fin reconocer mi hermano Colón García, la ausencia de una norma específica para adjudicar esta controversia no es óbice para que los tribunales apliquen la Ley. Si la ausencia de reglamento fue una de las razones no articuladas del TPI para denegar el pedido, el error de dicho foro es de mayor magnitud que la perceptible a prima facie. Quiero reiterar que los jueces y juezas de este país están obligados a aplicar la Ley. Por supuesto, es imposible que las leyes prevean la totalidad del prisma de posibles controversias de Derecho que puedan surgir entre los ciudadanos, pero para eso los puertorriqueños se aseguraron de garantizar que ciertos derechos individuales y colectivos estuviesen protegidos constitucionalmente.

Aunque la protección de estos derechos es responsabilidad de las tres ramas del gobierno, e incluso de los ciudadanos mismos, las ramas legislativas y ejecutivas son las únicas cuyas faltas pueden ser remediadas (con cierta ligereza) por la rama restante: la judicial. Cuando la rama judicial abandona ese rol (y aún más en instancias en que las otras dos han fallado a su deber de vindicar los derechos del Pueblo), los ciudadanos pueden encontrarse en una situación de indefensión que es inaceptable en un sistema cuya base existencial es la voluntad del Pueblo.

Aunque, para beneficio del Pueblo y de los funcionarios públicos, sería preferible que la Policía contara con un reglamento que limite el uso que puede dar a las grabaciones y la manera en que debe conservar el material que produce, la ausencia de dicho reglamento no oblitera el derecho del ciudadano a reclamar la información pública ni el derecho del Estado a oponerse a revelar cierta información que pueda perjudicar intereses públicos que superen el interés individual. Debe tenerse como norte el principio constitucional del acceso ciudadano a la información pública del Estado, como condición para que estos ejerzan a plenitud su libertad de expresión y su rol democrático en un Estado fundado en la democracia. Era responsabilidad del TPI revisar el pietaje, enfrentarlo a la oposición del Estado a que se entregase y determinar si las razones expuestas por el Estado eran válidas y algunos de los materiales no debían ser entregados, todo esto sin violentar el principio constitucional de acceso expuesto.

Fue también patente el error del TPI al denegar la petición descansando en las “razones de seguridad” que el Estado presentó sin más argumentación o razonamiento que el que esas tres palabras puedan acarrear por su propia fuerza. Toda información puede ser sensitiva por “razones de seguridad” (alegado en un sentido vago como el expresado por el Estado). Permitir al Estado abdicar su responsabilidad con alegaciones como esta le concede demasiada discreción para “decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera del escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía”. Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 447, 489 (1982). Si el Estado tenía objeciones fundadas en, por ejemplo, privilegios, intereses investigativos y asuntos constitucionales sobre protección de la intimidad de algunos sujetos grabados, el Estado debió haberlo expuesto claramente en su oposición y el TPI debió evaluar estos planteamientos a la luz del contenido de las grabaciones. El Estado tiene la carga de probar que satisface alguna razón que le permita oponerse a divulgar una información pública. Véase Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007). Al no hacerlo, erró el Estado (en el manejo de su caso) y el TPI (en el manejo del Derecho). Este error resulta más evidente en el caso ante nos, donde el peticionario presentó argumentos por los cuales entiende que la información solicitada no estaba protegida por confidencialidad o privilegio alguno, y el Estado no fue capaz de rebatirlos.

He esbozado las razones por las cuales la información exigida era, en Ley, exigible, y las razones por las cuales el foro a quo erró tanto en su método adjudicativo como en su apreciación sustantiva de la controversia. Ahora pasaré a discutir el recurso utilizado por el peticionario para reclamar su derecho constitucional.

2. El recurso de mandamus fue el adecuado para vindicar el derecho violentado

El auto de mandamus está definido en los artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §§ 3421-3422 (2015). Es un recurso altamente privilegiado para requerir el cumplimiento de algún acto que esté dentro de los deberes de la persona o entidad a quien se le exige. El auto no confiere autoridad y la parte a quien obliga debe tener la facultad de poder cumplirlo. Puede dictarse por el Tribunal Supremo o el TPI. Jurisprudencialmente, hemos interpretado que el peticionario de un mandamus debe demostrar que un funcionario público incumplió con un deber ministerial, o sea, un deber impuesto por la Ley que no admita ejercicio de discreción. Pero, el deber ministerial no tiene que ser expreso. Si el deber surge o no de la Ley es un asunto sujeto a interpretación judicial que no depende exclusivamente de la letra del estatuto. AMPR v. Srio. Educación, 178 DPR 253, 264 (2010).

El Superintendente de la Policía y el Secretario de Justicia tenían el deber de entregar la información solicitada. Cuando un ciudadano exige información que es pública y que está disponible, cualquier funcionario que obstaculice la gestión ciudadana está mancillando la democracia que fundamenta nuestra organización política. No podemos permitir que los derechos se vindiquen cuando al funcionario le plazca. El deber principal de estos funcionarios es respetar los principios encarnados en nuestra Constitución; su lealtad principal es hacia la Ley.

Olivero Lora, un ciudadano conocedor de sus derechos, tuvo que presentar un mandamus porque el Estado ignoró sus peticiones anteriores. Esto es inaceptable. Y debemos ser conscientes de que tal práctica tiene un efecto desproporcionalmente violento sobre aquellos sectores que no conocen sus derechos.

Contrario a lo que sostiene mi hermano Colón García, los criterios de gran interés público y pronta resolución para la expedición de un mandamus solo son pertinentes cuando este Tribunal considera asumir competencia original sobre el recurso. Véase Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 275 (1960). El principio general es que todo funcionario tiene que cumplir con sus deberes, y esto es exigible con independencia del interés que el público tenga en el asunto o de la urgencia que el asunto acarree. Lo único que esos criterios determinarán es cuáles vías tiene el peticionario disponible para exigir aquello a lo que tiene derecho. El proceso se asemeja al del triage en los hospitales, donde se asigna a los pacientes el turno que tendrán para ser atendidos según la gravedad de su condición. Debe quedar claro que el derecho del paciente a ser atendido no se ve afectado si su condición es crítica o menos crítica; solo se afecta el turno que tendrá en la lista de pacientes. Análogamente, si los peticionarios tienen razón en Ley para exigir una información particular, su pedido no puede ser denegado por consideraciones de la premura o interés público que tenga el pedido. Si la información solicitada es pública, todo ciudadano tiene derecho a accederla por el mero hecho de ser ciudadano. Poco importa el uso que quiera darle a la información o la urgencia que tenga para accederla.

  • Conclusión

Finalmente, opino que el Estado no fue temerario al oponerse, pero contribuyó a alargar innecesariamente el proceso al presentar su opinión de manera infundada. El hambre se unió a la necesidad y el TPI falló en contra del peticionario. El acceso a la información pública y disponible no debe convertirse en una odisea que requiera la ayuda de abogados y la presentación de escritos extensos y repletos de argumentos jurídicos. Mientras no cambie la cultura de secretividad que demostraron tener la Policía, el Estado y el TPI en el manejo de la solicitud de Olivero Lora caso, nuestra democracia tendrá cada vez menos demos.

Ismael Antonio Molina Villarino

Juez Asociado

 
[1]
Como señala el artículo del Centro de Periodismo Investigativo, esta práctica de la Policía pudiera ser contraria a la norma que este Tribunal expuso hace muchos años prohibiendo que la Policía mantenga expedientes de ciudadanos por motivos ideológicos y no por motivos para creer que estos cometieron algún delito.

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