Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría- Parte IV- Realismo Jurídico (Yara Alma Bonilla)

Yara Alma Bonilla, estudiante de Derecho de segundo año en el curso Teoría General del Derecho

Yara Alma Bonilla, estudiante de Derecho de segundo año en el curso Teoría General del Derecho

Nota Editorial: Esta es la cuarta entrada de la serie El quehacer de la Teoría en la que compartimos el trabajo de tres estudiantes del curso de Teoría General del Derecho (Vea introducción y explicación y los hechos del caso). Esta es la Opinión Disidente en el ejercicio B. Fue preparada por Yara Alma Bonilla y presenta su argumentación a partir del Realismo Jurídico. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.

Opinión disidente emitida por la juez asociada ALMA BONILLA.

El documentalista Olivero Lora solicitó al superintendente de la Policía, José Caldero López, una serie específica de videos que la policía tomó durante el proceso huelgario universitario de los años 2010 y 2011, porque está preparando un documental sobre la huelga estudiantil de esos años en la Universidad de Puerto Rico. Mediante dos cartas dirigidas al Superintendente, con copia al Secretario de Justicia, el 23 de marzo de 2016 y 28 de abril de 2016, respectivamente, Olivero Lora hizo una petición oficial solicitando que se le proveyera acceso al material videográfico grabado en 39 fechas específicas. En particular, solicitó que se diera acceso al material “crudo” o “como fuera grabado originalmente en la memoria digital” de las cámaras utilizadas, tanto para garantizar que la información era “confiable” como “para evitar degradaciones en la imagen”.

El Superintendente no respondió a la solicitud en ninguna de las dos ocasiones. Por su parte, el Secretario de Justicia no hizo acuse de recibo respecto a una ni la otra. Es por esto que Olivero presenta una Petición de mandamus al Tribunal de Primera Instancia, donde alegó:

  1. Que las partes contra las cuales dirige el mandamus “tienen el deber ministerial de entregar la información solicitada”.
  2. Que dado que los documentos y materiales solicitados son recibidos y/o conservados por una dependencia del Estado Libre Asociado, los mismos son públicos y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener copia de estos si lo solicita.
  3. Que el material solicitado es información pública y de alto interés público.
  4. Que esta información no está protegida por alguna forma de confidencialidad o privilegio, ni por las excepciones al derecho de acceso a la información.
  5. Que no existe expectativa alguna de intimidad de parte de las personas que aparecen en las grabaciones, dado que las actividades en que se realizaron los videos fueron públicas y atrajeron interés público significativo, y tuvieron cobertura mediática amplia; y
  6. Que el peticionario había agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información y cumplido con el deber de hacer la solicitud a la parte promovida, sin obtener respuesta, y no habiendo otro remedio adecuado y eficaz en ley, solicitaba al Tribunal que expidiera el mandamus para obtener el acceso al material público solicitado.

El tribunal ordenó al Superintendente “exponer posición” y concedió 5 días para ello, y éste y el Departamento de Justicia, expresaron que su negativa a entregar el material solicitado se debía a razones de seguridad, sin especificar más. Además, indicaron que no existe un derecho absoluto de acceso público al material que el peticionario solicita.

Nos corresponde determinar si procede o no el mandamus solicitado que reconocería el derecho del peticionario a que las autoridades policiacas le provean acceso a los videos solicitados. Disiento de la decisión de la mayoría y otorgaría el mandamus.

En primer lugar, un artículo publicado recientemente sobre el asunto que nos ocupa define el derecho de acceso a la información pública del Estado como “el derecho que tiene toda persona a solicitar y obtener documentos e información del gobierno”.[1] El mismo explica que este derecho “implica ‘la garantía jurídica de que el gobierno habrá de proveer la información que las personas necesitan para conocer lo que hace su gobierno y participar efectivamente los procesos públicos”.[2]

Sin duda, el peticionario está correcto al plantear que “el acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”. En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado en varias ocasiones en torno al tema:

En Trans Ad PR v. Junta de Subastas (2008), se dijo que “en nuestro ordenamiento existe un derecho fundamental al acceso a información pública” y que “[e]ste derecho ha[bía] sido reconocido como corolario de los derechos de libertad de palabra, prensa y asociación, expresamente consagrados en nuestra Constitución”.[3] En Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum (2007) dijimos, “en Puerto Rico existe un derecho general de acceso a la información pública en poder del Estado”,[4] y este derecho surge del Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil que establece que “todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”.[5] Expresamos allí además que “resulta innegable que el acceso a la información constituye un componente importante de una sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del Gobierno”. Finalmente, en Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales (2000), dijimos que “[e]n una sociedad que se gobierna a sí misma, resulta imperativo reconocer al ciudadano común ‘el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujeto sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública’”.[6]

Por lo tanto, no cabe duda de que, en las expresiones del Tribunal, tenemos una trayectoria de reconocer el acceso a la información pública del Estado como un derecho fundamental. Lo cierto es que, dadas expresiones tan claras y patentes como las que hemos citado, este recurso no debería ser necesario. Sin embargo, lo que esta Petición de mandamus, nos demuestra, si queremos reconocerlo, es que el Estado sigue sin hacer manifiesto este derecho y sin darle vida haciendo su ejercicio viable para nuestra ciudadanía. Previo a la presentación de este recurso, sabido era, por las informaciones circuladas en los medios del país en el periodo contemporáneo, que la Policía de Puerto Rico grababa a las personas que asistían a estas manifestaciones y, en el 2010 a preguntas sobre el tema de un reglamento que rigiera la práctica, se informó que “directrices escritas” estaban en “proceso de desarrollo y consulta”.[7] Casi seis años más tarde, evidentemente esa reglamentación –que hubiera incluido naturalmente cómo acceder a la misma– todavía no existe y su necesidad se hace más patente al momento de un ciudadano solicitar acceso al material público. Este hecho haría a cualquier persona de suspicacia normal preguntarse si la Policía tiene la intención de crear el reglamento en algún momento, de proveer el acceso exigido por los derechos ya reconocidos judicialmente.

Esta situación hace muy pertinentes las palabras del teórico Karl Llewellyn, refiriéndose a lo que sucede en los tribunales, respecto a “las reglas y los derechos reales” en comparación con “las reglas y los derechos en papel”. Según Llewellyn, las “reglas reales” son las prácticas de los tribunales y “los derechos reales” son los que tienen probabilidad de que produzcan una acción judicial. En contraste, las “reglas en papel” son lo que solo aparece en los libros y los códigos de derecho; la doctrina escrita, aceptada en un lugar y tiempo dado.[8] Adaptando esos comentarios a a la Rama Ejecutiva representada aquí por la Policía, al analizar la situación planteada por el peticionario, las palabras de Llewellyn parecerían cobrar vida. Continúa así: “[En la vida real,] la medida de la extensión de una ‘regla’, la medida de un derecho, se convierte en lo que se pueda resolver sobre una situación” y “una aseveración precisa de una ‘regla real’ o de un derecho incluye todas las limitaciones procesales respecto a lo que se pueda hacer para abordar [y resolver] la situación”.[9]

Con esto en mente, después de las repetidas expresiones que hemos hecho respecto al derecho fundamental de acceso a la información pública del Estado, ¿se puede decir que exista realmente este derecho en Puerto Rico cuando el intento por ejercerlo encuentra un obstáculo inmediato que hace necesario la intervención del Tribunal?

El compañero juez presidente García Colón expone al final de la parte II de su opinión las circunstancias en que este Tribunal ha determinado que se justifica el reclamo de confidencialidad del Estado, como impedimento para satisfacer un pedido de información pública. Reiteramos y coincidimos con los criterios allí expuestos. Creemos que especialmente el cuarto criterio –que el reclamo de confidencialidad esté justificado porque se trate de la identidad de un confidente– podría ser relevante en este caso. Sin embargo, frente a esa preocupación, debemos tomar en cuenta varios factores de actualidad que apuntan hacia otros intereses que son por lo menos igual de importantes.

Este Tribunal no desconoce que el proceso huelgario estudiantil que comenzó en 2009 y que se manifiesta en diferentes actividades de protesta en el 2010 y 2011, fue una de las primeras reacciones de la ciudadanía puertorriqueña y quizás la más contundente, a acciones del Estado dirigidas a compensar por los embates de la crisis económica mundial que se sumó a una recesión ya existente en Puerto Rico desde antes. Tampoco es ajeno el Tribunal a que el país vive en el presente tiempos de mucho descontento social por la crisis fiscal del gobierno local, crisis que afecta todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país, por sus efectos sobre la ciudadanía y por la imposición de una Junta de Control Fiscal.

Por tanto, nuestra opinión de que se debería conceder este mandamus toma en cuenta que la falta de acceso por parte de la ciudadanía a la información pública, combinada con actuaciones de parte de la Policía que aluden y recuerdan a abusos previos de parte del Estado en la recopilación de información sobre los ciudadanos, abona a un ambiente de sospecha que mina la salud de nuestra democracia.

Los abusos previos se dilucidaron en nuestros tribunales en los años de la década del ’80. En Noriega v. Gobernador (1988), el Tribunal Supremo reiteró las declaraciones del Tribunal Superior de San Juan: “[L]a práctica de levantar expedientes, carpetas, listas, ficheros, etc. de personas, agrupaciones y organizaciones, única y exclusivamente por motivo de las creencias políticas e ideológicas de éstas, sin que se tenga prueba real que vincule a esas personas con la comisión o intento de comisión de un delito, es ilegal e inconstitucional por infringir los derechos de libertad de palabra, de asociación y de intimidad, y por constituir una afrenta a la dignidad del ser humano [….] [D]icha práctica es totalmente ajena a nuestro sistema democrático de gobierno”.[10] El Estado en ese caso admitió que esta práctica era ilegal y aceptó y prometió descontinuarla.[11]

A la altura del 2016, este Tribunal no debe tener ningún reparo con equiparar las grabaciones en formato digital hechas en los llamados teléfonos inteligentes y cámaras digitales, recursos de la tecnología actual, con las técnicas de recopilación de información de hace 30 y 40 años de los que se hablaba en el caso de las infames carpetas en 1988. En este sentido, en el mismo artículo aludido antes se define el “documento público” y la “información pública” como “aquellos que se crean, conservan o residen en cualquier agencia o entidad del Gobierno”[12] y entre las definiciones más amplias propuestas está la de la Organización de Estados Americanos: “el derecho de acceso a la información se refiere a toda información significante […] incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio”.[13]

A su vez, la interpretación de este tribunal en 1988 de la ilegalidad e inconstitucionalidad de abrir estos expedientes giraba en torno a la ausencia de prueba real alguna que vinculara a las personas sobre quienes se abría el expediente con algún delito o el intento de cometer un delito. Ese mismo criterio aplicaría a los manifestantes grabados en los videos solicitados: las grabaciones no estaban vinculadas a delitos concretos o intentos de cometerlos, dado que manifestarse en contra de decisiones del Estado no es un delito bajo nuestro ordenamiento.

Por ende, ordenar el acceso de un documentalista a las grabaciones realizadas contribuye y es cónsono con mantener un ambiente de transparencia que fomente la participación ciudadana y mantenga la salud de la democracia en que vivimos.

Para concluir y regresando al artículo de Ramos Hernández, el acceso a la información pública del Estado es vital para la participación política en una democracia moderna.[14] “El derecho de acceso a la información pública del Estado […] representa una de las múltiples manifestaciones de poder al interior del campo jurídico” y “[p]ermitir una cultura de secretividad por parte del Estado nos invita “a la arbitrariedad, la mala administración, la indiferencia gubernamental, la irresponsabilidad pública y la corrupción”.[15]

Yara I. Alma Bonilla

Juez Asociada

[1] Carlos F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 1015, 1018 (2016).

[2] Id., citando a Espacios Abiertos, Transparencia y derecho a la información.

[3] 174 DPR 56, 67.

[4] 170 DPR 582, 590.

[5] 32 LPRA §1781.

[6] 152 DPR 161, 175, reiterando lo dicho en Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).

[7] Centro de periodismo investigativo “Policía admite que ‘vídeocarpetea’ sin controles” 20 de diciembre de 2010.

[8] Karl Llewellyn, A Realistic Jurisprudence – The Next Step, en Dennis Patterson, Philosophy of Law and Legal Theory, p.30 (traducción de la autora).

[9] Id.

[10] 122 DPR 650, 655.

[11] Id. p. 657.

[12] Carlos F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 1015, 1023 (2016).

[13] Id.

[14] Id., p. 1016.

[15] Id., p. 1016, citando a Efrén Rivera Ramos, La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67, 69 (1975).

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