Constitucional - Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría Parte VI-Positivismo y Protesta Anónima (José Coss)

Nota Editorial: En esta nueva ronda de entradas de la serie El quehacer de la Teoría compartimos  varios trabajos de la situación de Hechos A que tiene como tema la protesta en anonimato frente a la seguridad. Esta Opinión fue preparada por José Coss quien presenta su argumentación a partir del Positivismo Jurídico. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.

–O–

José Coss, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho UPR en una actividad del curso Teoría General del Derecho

José Coss, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho UPR en una actividad del curso Teoría General del Derecho

Opinión emitida por el Juez Asociado Señor José Coss.

Hoy nos toca resolver si existe o no un derecho constitucional a la libertad de expresión anónima.

Resolvemos en la afirmativa.

  1. Introducción

Recientemente el Tribunal Superior procesó a las jóvenes Nilda Monterola, Luisa Pérez y al joven Omar Álvarez por obstrucción a la justicia y por el delito recién adoptado por la legislatura sobre el uso de disfraz en lugares públicos. Los jóvenes fueron arrestados junto a más de cien personas que participaban de actividades de protesta en vías públicas portando la popularizada máscara del revolucionario inglés, Guy Fawkes.

La representación legal de las jóvenes ha acudido ante este Tribunal cuestionando la constitucionalidad del Artículo 248 del Código Penal según enmendado, que lee así:

“Artículo 248.- Uso de disfraz en la comisión de delito y en lugares públicos.

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de:

  • Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.
  • Ocultarse, evitar ser arrestado, fugarse o escaparse al ser denunciado, procesado o sentenciado de algún delito.
  • Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en instalaciones públicas o privadas, gubernamentales, educativas o comerciales, instalaciones de salud o en el interior de edificios de gobierno.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

No se configurará este delito cuando:

  • Se trate de un evento festivo de máscaras, entretenimiento, educativo, cultural, artístico o teatral organizado o autorizado por las autoridades competentes.
  • Se trate de un uso bona fide ligado a la realización de alguna actividad deportiva, donde el uso de la máscara cumpla el propósito de asegurar la seguridad física de su usuario u otras personas, o por la naturaleza de la ocupación, empleo o profesión de la actividad deportiva.
  • Se trate de un uso bona fide relacionado a un requisito o motivación de salud, o como parte de una emergencia o simulacro de emergencia que así lo requiera.

(d) Cualquier otra circunstancia donde haya mediado previa dispensa o autorización de las autoridades competentes de la instalación pública educativa, de salud o de gobierno.” [énfasis suplido]

La parte peticionaria llega a este Tribunal por el recurso de certiorari alegando la inconstitucionalidad del Artículo del Código Penal aquí expuesto, fundamentando su argumento en que tal Artículo viola el derecho a la libertad de expresión concedido tanto por la Constitución Federal como por la de Puerto Rico.

Para poder determinar la constitucionalidad del Artículo antes mencionado, debemos estudiar las interpretaciones que ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos de la Constitución Federal, de modo que nos sirvan de guía para llegar a la decisión correcta. Entendemos que el caso ante esta curia, debe atenderse con un estudio minucioso de la Constitución Federal, especialmente de la Primera y la Decimocuarta Enmienda que se traducen en varias secciones del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. De estas se derivan derechos individuales tan importantes como: el derecho a la libertad de expresión, derecho a la libre asociación y de que no se impongan castigos crueles e inusitados. También, debemos analizar la razón por la cual la legislatura decide enmendar nuevamente el Código Penal por tercera vez en menos de una década.

II.

Descansa en nosotros como Tribunal Supremo velar por que las leyes que se apliquen dentro de nuestra jurisdicción sean acorde con la ley suprema, la Constitución. Los peticionarios aquí cuestionan el Artículo 248 por su posible violación a la libertad de expresión concedida por ambas Constituciones que nos vinculan.

El Artículo 248 prohíbe el uso de disfraces en lugares públicos con excepción de las circunstancias propuestas en el tercer párrafo. Esta prohibición se presta para que personas sin el mens rea de cometer ningún delito y con la simple intención de preservar su anonimato sean expuestas a ser procesadas criminalmente.

Según la jurisprudencia que nos compete, la expresión anónima es parte importante de los derechos cobijados por la libertad de expresión. En este sentido, vemos como se expresó el Tribunal Supremo Federal en Talley v. California [1] en el año 1960, refiriéndose a un estatuto de California que requería que cualquier persona que estuviese distribuyendo panfletos pusiera su nombre y dirección en los mismos. El Tribunal encontró que tal estatuto era inconstitucional, explicando que el derecho a la expresión anónima está cobijado en la Primera Enmienda de la Constitución Federal. El Tribunal razonó que no pueden ser válidas las leyes que impiden la discusión pública por miedo a la exposición de la identidad y las posibles represalias. En una opinión concurrente, el juez Harlan explicó que ningún estatuto propuesto podrá ir en contra de lo protegido en la Primera Enmienda, con excepción que el Estado pruebe un interés significativo para imputarle a la ciudadanía tal restricción.

El Tribunal Supremos de los Estados Unidos ratificó lo expresado en Talley v. California, en el 1995 con el caso de McIntyre v. Ohio [2] como bien citó la Jueza Asociada Moros en su opinión. En este caso el Tribunal explicó que: “[A]nonimity allows democratic participation by protecting the unpopular individual against the populace at large. Anonimity exemplifies the purpose of the First Amendment: ‘to protect unpopular individuals from retaliation –and their ideas from suppression- at the hand of an intolerant society”.

En el caso de Edwards v. South Carolina (1963) [3], el Tribunal Supremo Federal resolvió que la libertad de expresión está vinculada a la Primera Enmienda y a su vez protegida por la Decimocuarta Enmienda que no permite que un estado criminalice la expresión pasiva de ideas impopulares. Añadió que: “A statute wich upon its face, and as authoritatively construed, is so vague and indefinite as to permit punishment o political discussion is repugnant to guaranty of liberty contained in the Fourteenh Amendment”.

Tal como vemos que la tendencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que entiende que el anonimato, como parte fundamental de la expresión, es cobijado por la Primera y Decimocuarta Enmienda, también vemos la tendencia de proteger la privacidad de ciertos grupos según su derecho de libre asociación, especialmente si estos grupos llevan ideas impopulares de forma pacífica. [4]

III.

Como ya vimos anteriormente, lo expresado en la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se refleja claramente en la Carta de Derechos provista por la Constitución de Puerto Rico. De estar cobijada la libertad de expresión anónima por la Constitución Federal según la jurisprudencia, sin duda alguna lo estaría en nuestra Constitución. Entendemos entonces que ninguna ley en nuestra jurisdicción podrá limitar el ejercicio de los derechos validados constitucionalmente.

El Artículo 248 del Código Penal estipula en el inciso (c) del primer párrafo que será prohibido alterar la apariencia física al: “Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en instalaciones públicas o privadas, gubernamentales, educativas o comerciales, instalaciones de salud o en el interior de edificios de gobierno” (énfasis suplido). Se entiende que lo aquí estipulado va en contra del derecho de la libertad de expresión anónima que establece el Tribunal Supremo de Estados Unidos. [5] No obstante, ese Tribunal también ha hecho claro que de existir interés apremiante del Estado para justificar una regulación que se dirija contra la libre expresión, la regulación podrá adquirir validez. [6] Veamos.

Para analizar esta situación nos sirve el caso de McIntyre v. Ohio donde el Tribunal estipula que: “When law burdens such speech (core political speech), the Court applies “exacting scrutiny”, upholding the restriction only if its norrowly tailored to serve an overriding state interest”. En este caso el interés de Ohio era prevenir información electoral falsa o difamatoria por partes anónimas. El Tribunal encontró que estas no eran razones de interés apremiante para limitar los derechos constitucionales de expresión.

IV.

En adición al debate sobre los derechos individuales, es preocupante que la legislatura haya enmendado nuevamente el Código Penal, siendo esta la tercera vez en a penas seis años. El derecho se debe forjar para perdurar un tiempo razonable y no es prudente modificar las leyes con tanta frecuencia pues no se permite el tiempo necesario para que pasen por un proceso de aceptación o refutación de la sociedad. Para colmo, la enmienda efectuada revive casi de forma intacta el Artículo 248 derogado del Código Penal del 2012.

Además, es preciso notar la falta de meditación por parte de la legislatura, quien hizo una enmienda que resulta contradictoria en ciertos aspectos, haciendo de ella una norma vaga que se presta para interpretaciones subjetivas. En el primer párrafo del Artículo 248 se estipula que el delito se considerará uno menos grave, pero el segundo párrafo le adjudica una sanción de reclusión de termino fijo de (3) años. Parece que el colmo de la prisa en el bolígrafo del legislador e hizo que éste omitiera la última frase del párrafo dos del derogado Artículo 248 del 2012 “Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de (3) años, cuando el delito cometido e intentado fuera de naturaleza grave”. Esta pequeña omisión podría levantar un cuestionamiento constitucional partiendo del Artículo II §12 de la Constitución de Puerto Rico y de la Octava Enmienda de la Constitución Federal, respecto a la prohibición de castigos crueles e inusitados.

Respecto al cuestionamiento constitucional que trae la parte peticionaria, debemos aplicar el derecho vigente a los hechos. Nos consta que los individuos aquí acusados y procesados participaron de una manifestación, portando una máscara. Lo que no nos hace claro la parte peticionaria es el la intención de los individuos al usar la máscara, aunque por el contexto se puede deducir que no era para la comisión de algún delito. De igual modo, se entiende que los individuos ejercían su derecho a la libertad de expresión de forma anónima, así como lo avala la jurisprudencia ya discutida. No obstante, los actos de estos individuos violaron lo estipulado en el Código Penal actual.

Ante el cuestionamiento sobre la constitucionalidad del Artículo 248, entendemos que la jurisprudencia ha establecido unos requisitos que deben satisfacer las normas perjudiciales al derecho de la libertad de expresión, para obtener validez. (1) ¿la norma propuesta está estrechamente dirigida a alcanzar su objetivo? (2) ¿ésta adelanta un interés gubernamental significativo? (3) ¿Se dejan abiertas alternativas para la expresión? Sobre el primer requisito, se debe entender que el objetivo de la legislatura es criminalizar el uso de las máscaras en lugares públicos. No obstante, la legislatura no especifica bajo que condiciones se trata de un crimen menos grave y bajo cuales se trata de uno grave. Esta ambigüedad es conflictiva, pero se le debe dar mayor peso a la respuesta del segundo requisito. Al acudir ante esta curia, la representación legal del gobierno compareció defendiendo la constitucionalidad de la enmienda al Código Penal, fundamentando su argumento en que el gobierno tiene razones apremiantes para prohibir y penalizar el uso de máscaras. No obstante, estas razones no son desglosadas de ninguna forma, por lo que hace incomprensible el argumento del gobierno. El tercer requisito debe ser contestado en la negativa, ya que las excepciones propuestas en el tercer párrafo del Artículo 248 del Código Penal, violentaría el derecho a la libre expresión pues dilataría el acto de expresión anónima.

Para poder adjudicar como válida una norma que restringe el derecho constitucional a la libre expresión el gobierno debe presentar un interés significativo y justificado. Los derechos constitucionales son del rango más alto en nuestro sistema jurídico por lo que no podemos reducirlos ni limitarlos si el gobierno no responde a un interés apremiante.

Por lo expresado, entiendo que el caso debe ser resuelto a favor de los peticionarios y consecuentemente ponerlos en libertad de inmediato.

[1] Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960) en la pág. 537-38.

[2] McIntyre v. Ohio Elections Comm’n. 514 U.S. 334 (1995), en la pág. 342.

[3] Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963)

[4] Véase Edwards id., NAACP v. Alabama ex rel Patterson, 357 U.S. 449 (1958)

[5] Véase Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960) y McIntyre v. Ohio Elections Comm’n. 514 U.S. 334 (1995)

[6] McIntyre id.

 

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