Constitucional - Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría IX (Manuel A. Martin)

Nota Editorial: Esta es la última entrada de la serie El quehacer de la Teoría en la que compartimos el trabajo de estudiantes del curso de Teoría General del Derecho (Vea introducción y explicación y los hechos del caso). Esta es la Opinión concurrente en parte y  disidente en parte en el ejercicio A. Fue preparada por Manuel A. Martin y presenta su argumentación a partir del Formalismo Jurídico pero con pronunciamientos eclécticos.

Manuel A. Martin, estudiante de segundo año del curso Teoría General del Derecho

Manuel A. Martin, estudiante de segundo año del curso Teoría General del Derecho

Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.

–O–

Opinión Concurrente en parte, disidente en parte emitida por el Juez Asociado Martín Méndez

Ante nos acuden vía Certiorari, por los mismos fundamentos, 3 individuos que fueron arrestados el pasado 29 de septiembre, durante una de las más intensas manifestaciones que ha vivido el país en tiempos recientes, por alegada obstrucción a la justicia y violación al artículo 248 del Código Penal por la utilización de máscaras en lugares públicos. Estos tres individuos procesados bajo la más reciente versión al Art 248 del Código Penal, en síntesis, imputan que el Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la sentencia dictada en Primera Instancia, y al no declarar la inconstitucionalidad de la enmienda al Art. 248 por intervenir, obstruir y coartar, en su faz y en su aplicación, su derecho fundamental a la libertad de expresión. En este caso, tendremos una valiosa oportunidad para expresarnos sobre dicha enmienda al Código Penal, a la luz del alcance del derecho a libertad de expresión en Puerto Rico.

Desde que se aprobó PROMESA en el Congreso Federal el pasado 30 de junio, proyecto que impone una Junta de Control Fiscal supeditando los poderes constitucionales de razón de estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las manifestaciones en lugares públicos en contra de la Junta de Control Fiscal y sus propuestas de austeridad han sido cada vez más frecuentes y más intensas. Como consecuencia de estas manifestaciones, se ha visto afectado la ciudadanía al verse interrumpidos muchos comercios y servicios públicos, cogestión vehicular, multitudes de gente, e inclusive daños a la propiedad. Bajo presión de que continuarían en ascenso las manifestaciones y sus consecuencias colaterales, particularmente luego que los manifestantes hicieran un llamado a la juventud universitaria a unirse y portar máscaras durante dichas protestas, cosa que dificulta la identificación de los sujetos, la legislatura se vio obligada de manera expedita a tomar cartas en el asunto, añadiendo, o mejor dicho reviviendo, el inciso (c) del Art 248 del Código Penal, que lee como sigue:

“Incurrirá en delito menos grave, toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de:

(a)…

(b)…

(c) Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en instalaciones públicas o privadas, gubernamentales, educativas o comerciales, instalaciones de salud o en el interior de edificios de gobierno. (énfasis nuestro).

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.”

Precisamente varios días luego de ser aprobada esta enmienda, los tres acusados peticionarios fueron arrestados portando máscaras en la manifestación del pasado 29 de septiembre mientras marchaban, junto a miles de personas, por la avenida Ponce de León en San Juan, en presunta violación a dicho Artículo, hechos sobre los cuales no hay controversia. Por tanto, cabe resolver si dicha disposición del Código Penal les es aplicable, en Derecho, en este tipo de caso; es decir, si portar mascaras durante una manifestación en un lugar público fue la conducta que el legislador quiso penalizar mediante el inciso (c). Para esto, recurrimos al tracto legislativo.

El uso de máscaras es tan antiguo como el propio teatro y su sátira, con una estrecha función de crítica social y expresión cultural importante de las plazas, parques, y demás espacios públicos. Por lo tanto, si el uso de estas no es ajeno a nuestra sociedad, por consiguiente, debe haber algún cambio en el contexto particular en que se utilizan que haya provocado al legislador a legislar…aunque siempre se han utilizado para criticar, cosa que evidentemente no ha cambiado.

La recién aprobada enmienda al Art. 248 del Código Penal que, en resumen, tipifica como delito el uso de máscaras en lugares del espacio público, fue aprobada por descarga, con breves y limitadas vistas públicas. Pero el lenguaje de la enmienda tampoco es nuevo a nuestro ordenamiento, pues es muy similar a los Art. 247 y 248 incluidos originalmente en el Código Penal del 2012. Sin embargo, apenas un año luego, el Art. 247 es omitido por la ley núm. 124 de 23 de octubre de 2013 sin explicación alguna…Mientras, la Ley núm. 246, del 26 de diciembre de 2014 eliminó el inciso (c) del primer párrafo y el segundo y tercer párrafo del Art. 248, sin tampoco mencionar la razón de este cambio. Ahora nuevamente se reviven estas disposiciones, creadas y desechadas dentro de los últimos 3 años. Por más que intentemos ser fieles a la tradición, la legislatura no nos deja mucho con que trabajar.

Ante un historial legislativo tan errático y carente de motivos, es difícil concebir cual era la última intención del legislador, si alguna, al revivir esta disposición, aparte de satisfacer los intereses peculiares que le presionaron su expedita aprobación. Dicha enmienda, al parecer, responde, no a que el país pensara que las máscaras son feas, poco estéticas, o incluso paganas o inmorales, sino porque en tiempos recientes hemos visto un auge de usos nuevos y creativos para las mismas que han incomodado a algunos sectores, particularmente, a la prensa privada y a los comercios, quienes queriendo mitigar sus pérdidas económicas, han movilizado cuantiosos recursos para cabildear en la legislatura la penalización de estos nuevos usos de máscaras, históricamente inofensivas. Así, esperando disuadir a los manifestantes que, sin la protección del anonimato, supuestamente estarían menos dispuestos a manifestar.

III.

Realizando un análisis textual de la ley, el Art 248 se enfrenta con varios problemas al Derecho Penal sustantivo. Primero, que la Ley contiene lenguaje ambiguo. De esencial relevancia a nuestra controversia es, ¿qué quiere decir el inciso (c) con instalaciones públicas o privadas? Instalaciones públicas, ¿se refiere a edificios públicos de gobierno, como un tribunal o una agencia administrativa, o también incluye lugares públicos abiertos, como caminos, plazas, parques, calles, aceras y paseos? No tendría mucho sentido incluir los segundos, pues entonces también enfrentaría serios problemas constitucionales de primer orden, puesto que estos son los foros por excelencia cuando se trata de la libertad de expresión.

Segundo, catalogar al Art 248 como un delito menos grave, como lo fue en sus versiones anteriores, donde no le cobijan protecciones constitucionales al acusado como derecho a representación legal entre otros, mientras que apareja una pena fija de 3 años, trae preocupaciones constitucionales de castigos crueles e inusitados. Esto, pues el propio Código Penal dispone que los delitos menos graves son aquellos que conllevan hasta un máximo de seis meses de reclusión.

Por lo tanto, una sanción tan desproporcional no se justifica para un delito menos grave, y no puede acarrear una pena de 3 años como si fuese un delito grave. Ante la ambigüedad sobre si el legislador quiso que este delito fuera uno menos grave, o uno que conlleve pena fija de 3años, interpretaremos esta ambigüedad a favor de los acusados como delitos menos graves.

Tercero, la legislatura aprueba esta ley a sabiendas que a quienes perjudicaría mayormente es a un grupo de jóvenes estudiantes, por lo tanto, en su implementación, podría interpretarse como una actuación caprichosa del Estado que desproporcionalmente afectaría a este grupo en especial.

Cuarto, piquetear y protestar en sí, ciertamente no es un delito. El mens rea, o intención especifica de causar mal a otros, que es lo que el código penal busca penalizar y prevenir, es distinto a la intención legitima que albergan unos manifestantes al expresar su disgusto con el estado actual de cosas que desean cambiar. Lo que hace que su conducta sea considerada como delictiva e ilegal, ¿es el hecho que portaron una máscara, y que, sin la máscara, eso mismo que hicieron, de lo contrario, no sería ilegal? Absurdo e inconstitucional. Esto tendría el efecto de convertir un piquete de empleados a un patrono en sus instalaciones, o al frente en la calle, en uno automáticamente delictivo, por el mero hecho de estos portar máscaras.

No obstante los problemas de la ley, nuestra función revisora como tribunal constitucional no comprehende la evaluación de la sabiduría, prudencia o eficacia de nuestros legisladores, por tanto, ante nuestro arraigado principio de separación de poderes, y de pesos y contrapesos, como juez asociado tampoco puedo intentar legislar, pues esa función no nos corresponde.

IV.

Sabido es que el cambio en el derecho se logra en la legislatura cuando los ciudadanos presionan a sus representantes para aprobar o derogar leyes, aunque no siempre los representantes responden a la multitud de sus electores tanto como las veces que responden a la multitud del caudal de unos pocos entes pudientes, que ni tan siquiera votan por ser entes creados por propia ficción jurídica. No obstante, la ley sigue siendo la discreción, prerrogativa e intención del legislador, por más o menos sabio que haya sido. Aunque no podemos legislar por el legislador, de lo contrario, sí podemos, y como único, tenemos que escudarnos con el sentido de la Constitución, de tal manera que los puertorriqueños queramos seguir constituidos.

Según reza la Sección IV, Artículo II de nuestra Constitución, “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.”

Sin duda, son tiempos difíciles en Puerto Rico para reevaluar el alcance de la libertad de expresión, incluyendo el derecho a expresar agravios y suplicarle reparos al estado. El balance que apremia el país y que ahora que esta curia debe sopesar con altura y premura, es el balance delicado que el estado debe hacer como política pública, entre la ley y el orden que una nación civilizada requiere para progresar con estabilidad, y aquellos Derechos tan Fundamentales como la libertad de expresión, que, sin cierto grado de reconocimiento de ellos, ninguna sociedad progresista sería capaz de constituirse por consentimiento en su ausencia. En tiempos donde el destino de los pueblos se enfrenta los agudos vientos de cambio, y los derechos fundamentales de sus ciudadanos quedan suspensos en el aire del azar, corresponde a los más altos árbitros de la constitución izar sus principios, y dirigir la ciudadanía a puerto seguro.

En este caso en particular, ante la ambigüedad del Art 248 y el errático tracto legislativo, la legislatura evidentemente no sabe a quién hacerle caso, si a la ciudadanía quien, con la imposición de PROMESA, presencia la evaporación de su democracia y de su contrato social que la obligaba a obligarla, o si a los servicios y comercios que ni votan por su condición de ficción jurídica, pero afectados y movilizados por la indignación de aquellos que insisten aun tener derecho a votar y consentir, y por tanto, retirar su consentimiento al manejo de su destino colectivo, para imponer ley y orden. ¿Pero, de qué nos vale una democracia con derecho al voto, pero sin derecho a disentir, denunciar injusticia, retirar el consentimiento, y expresar las frustraciones que sufre la ciudadanía entre las elecciones?

Presumamos que el legislador no quiso, de la noche a la mañana, convertir en delito, un acto básico del ejercicio de la participación ciudadana, que sin ella, no seriamos capaces de desear querer parte de este contrato social por la onerosidad de sus términos que tienden a contradecir su propia esencia. Por lo tanto, el legislador, motivado por las preocupaciones de los daños a la propiedad y vandalismo sufrido por los comercios, quiso darle un significado muy particular a esta ley, y en un contexto de ciudadanos que sin razón o motivo legítimo mayor que la intención de causar mal, deciden hacer actos específicos contra entidades públicos y privadas, más severos que simplemente obstruir o dificultar sus operaciones. De lo contrario, sería castigar la libertad de expresión. Aunque la ambigüedad de la ley hace que su fricción con el derecho a la libertad de expresión sea mayor, el alcance de este derecho fundamental, con o sin máscaras, siempre deberá interpretarse de tal manera que cualquier uso, aplicación, o interpretación válida del Articulo 248 tendrá que ser cónsona con la interpretación del derecho fundamental de manera que salvaguardamos este derecho fundamental, mientras evitamos legislar. De esta manera, confirmamos la constitucionalidad de esta ley, pero que al utilizarse, tendrá que tener en cuenta estos principios.

Se confirma la sentencia en cuanto a la constitucionalidad de la ley, mientras que se revoca la sentencia de los acusados ordenando su liberación inmediata.

Enfáticamente Suscribe,

Hon. Manuel A Martín Méndez

 

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