Constitucional - Educación Jurídica - Teoría

El quehacer de la Teoría VIII- Transnormativismo y protesta (Miliette Reyes)

Nota Editorial: En esta nueva ronda de entradas de la serie El quehacer de la Teoría compartimos varios trabajos de la situación de Hechos A que tiene como tema la protesta en anonimato frente a la seguridad. Esta Opinión fue preparada por Miliette Reyes quien presenta su argumentación a partir del Transnormativismo Jurídico. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.trs

–O–

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Reyes García.

Estamos de acuerdo con el resultado de la opinión mayoritaria a los efectos de que se declarara inconstitucional la enmienda al artículo 248 del Código Penal que tipifica como delito menos grave y a su vez establece pena fija de reclusión de 3 años, entre otras disposiciones, el uso de máscaras o disfraces en lugares públicos. En un manifiesto e indebido  ensanchamiento del tipo previamente enmendado bajo la Ley 246-2014 del Código Penal, aprobado bajo la Ley 146-2012, se pretendió resucitar algunos incisos ilegítimos, los que oportunamente habían sido descartados por el propio legislador en un digno reconocimiento del perjuicio que dichos incisos imponían, y en definitivo imponen, al fundamentalísimo derecho a la libertad de expresión.

I

Los peticionarios acuden a este foro mediante recurso de certificación, que faculta a este tribunal para intervenir en casos donde “se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial”. P.I.P. v. E.L.A et al., 186 DPR 1, 14 (2012). Resulta incuestionable que el conflicto traído a nuestra consideración cumple tanto con la primera como con la segunda condición. Respecto a la primera, nunca hemos tenido  ante nuestra consideración la encomienda de interpretar el alcance que tiene el derecho a la libre expresión y la reunión pacífica de forma anónima. Const. E.L.A., art. II, sec. 4. Por otra parte no existe duda de que el asunto en cuestión es uno del más alto interés público puesto que, como hemos expresado anteriormente, “Entre las libertades individuales, la libertad de expresión es probablemente la más esencial, una vez garantizado el derecho a la vida y a la libertad física.” Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754, 767 (2002).

II

El contexto en el que ocurren los hechos que llevan al Estado a codificar estatutos criminales que proscriben el uso de cualquier máscara o disfraz en lugares públicos tiene su génesis en las manifestaciones ciudadanas y los actos de protesta pacífica que se han estado llevando a cabo por un tiempo desde que el Presidente de los Estados Unidos firmara y aprobara la ley PROMESA y se estableciera una junta federal de control fiscal a Puerto Rico. Grupos de manifestantes han peticionado públicamente a los jóvenes del país, que se unan a los reclamos que dichos ciudadanos consideran necesarios para ejercer presión y detener el impacto que las políticas y órdenes de la  Junta puedan tener en diferentes aspectos que afectan la calidad de vida de los puertorriqueños y que, según ellos genuinamente estiman, son los jóvenes entre la edad de 18 a 25 años los que sufrirán el mayor embate.

La publicidad de las invitaciones ha sido tal, que tomamos conocimiento judicial de hechos adjudicativos, bajo la regla 201 de las de evidencia, referido al hecho incontrovertido de que los manifestantes en cuestión han organizado el uso de una distintiva careta de ‘Guy Fawkes’, símbolo mundialmente reconocido y usado para caracterizar el sujeto que en un sistema democrático de derecho, usa el poder que le confiere la Constitución de pedir la reparación de agravios de parte del Estado. Todo esto generó tal efervescencia social y político-económica que se cabildeó intensamente la aprobación del nuevo artículo 248 como mecanismo consecuencialista y coercitiva, intentando minimizar los inconvenientes que pueden surgir en la cotidianidad de las actividades normales en los lugares de protesta. Se han producido múltiples arrestos, particularmente en una marcha en la Ave. Ponce de León, por lo cual fueron procesados en tribunal a quo, los peticionarios mencionados en la opinión de la compañera Jueza Moros.

III

Procedemos a exponer las consideraciones que deben ser observadas en el análisis del conflicto al que nos enfrentamos en esta ocasión. Entendemos que no es nuestra función la de contemplar los motivos, razonables o no, que llevan a los manifestantes a protestar contra el Estado. Es de todos sabido que vivimos en una sociedad en constante cambio y que las concepciones de lo que es inherente a los derechos individuales de hoy día, no son necesariamente las mismas concepciones que tuvieron los padres fundadores, que “por tratarse de un derecho fundamental, la garantía de libertad de expresión y prensa de la Constitución federal aplica en Puerto Rico. Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922).

Es el concepto del principio que subyace la norma escrita, independiente del tiempo y contexto en que se redacta, lo que trasciende y debe ser antepuesto a cualquier otra norma, que expresado por voz de un distinguido ex Juez Asociado de este tribunal, decía que “los derechos fundamentales, pues, son parte de la Constitución. Como tal tienen la más elevada jerarquía entre las leyes del país. Están investidos de una enorme protección e inviolabilidad legal. (Fusté, Jaime B., Derechos Fundamentales y Responsabilidades Cívicas (2007)).

Es por ese rango constitucional, y por los principios que fundamentan estos derechos individuales, que nos vemos en la obligación de hacer un análisis que nos permita comprender la envergadura de la ley a la que se enfrentan, para así aplicar el tratamiento que proceda en derecho.

A.

Entrar a discutir asuntos del principio de legalidad en el derecho penal efectivamente nos puede brindar los argumentos necesarios para determinar si la ley impugnada en este reclamo adolece de vaguedad o de amplitud excesiva. Como bien lo mencionara la jueza en su opinión, cualesquiera fueran las razones para que ello ocurriera (lo que entendemos no tiene relevancia sustancial), la redacción del estatuto y sus incisos contienen premisas ambiguas y confusas. El propio título del artículo contiene una conjunción que puede ser objeto de confusión para un ciudadano de entendimiento promedio, al igual que no está claro establecer en el tipo que se trata de un delito menos grave, e imponer en el mismo estatuto una pena fija de 3 años. Precisamente también podemos ver en esto último que puede ser atacada bajo el principio de proporcionalidad de la pena, que evidentemente no concuerda con la levedad del acto que restringe. Podrían algunos incisos interpretarse como que son discriminatorios y selectivos, e incluso tenemos el fundamento mayor, el que va a la médula del mismo derecho fundamental y sus protecciones contra el Estado, y es que se le ha impuesto una obligación negativa al gobierno de no hacer leyes que menoscaben los derechos inalienables del ser humano.

B.

El gobierno en defensa de la constitucionalidad del estatuto aduce que existen intereses apremiantes para imponer limitaciones a la libre expresión en el contexto de las máscaras, alegando peligrosidad y en adición el de proteger a la población de posibles inconvenientes en la disrupción de sus quehaceres normales del diario vivir, al cruzarse con una manifestación. También conocemos de las razones “apremiantes” de índole económica que subyacen al fundamento. Somos de la idea que nuestra función no nos requiere ni nos permite intervenir ni mucho menos armonizar conflictos de índole política, como la que atañe a este caso. Es responsabilidad de las ramas políticas del gobierno crear política pública y lidiar con este tipo de situaciones que están fuera de las normas y principios que nosotros interpretamos y aplicamos. Sin embargo debemos, por lo mismo, más allá de buscar dentro de la ley retada, que no prevalecerá jamás sobre los principios de libertad de expresión y de reunión pacífica, ver sobre lo que hemos expresado en el pasado, a los efectos de que “ambos derechos son fundamentales para la consecución y el ejercicio de la libertad de conciencia”.  Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979).

Nos corresponde recordar que, como hemos expresado anteriormente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por consiguiente, puede “subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia pública lo requieran”. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968).

“Los derechos y deberes de los seres humanos no constituyen usualmente imperios de fronteras precisas e inmutables. Chocan a menudo entre sí, por el contrario, e importa definir sus lindes y efectos acomodos, situación, conforme a los postulados y valores de una sociedad cambiante.” E.L.A. v. Hermandad de Empleados 104 D.P.R. 436 (1975).  La propia Carta de Derechos decreta que no “entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Const. E.L.A., art. II, sec. 19.

C.

Existe una dicotomía del orden público como valor – se usa para limitar los derechos individuales y a su vez para garantizar su ejercicio adecuado. Meros disturbios pasajeros no son suficientes para imponer limitaciones a la libre expresión. “El ejercicio de la libertad de expresión es una función humana de profundo contenido espiritual.” Aponte v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 294 (1971).

Si en la dicotomía del orden público la aseveración de que dicho valor se da en función del derecho fundamental, la interpretación es a los efectos de que los principios del primero van a la médula del propio Derecho, por lo que no vemos manera de que se justifique coartar la libertad. “El uso y ejercicio de todos los derechos fundamentales debe ser tan normal, tan frecuente y tan natural como caminar o respirar.” (Fusté  (2007) supra.) “La prohibición de su ejercicio tiene pues que obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de evitar inconvenientes triviales.” Rodríguez v. Srio, supra. El TSEU ha expresado que:

“[t]hese are not insignificant burdens on individual rights … they must be weighed carefully against the interests which [the Legislature] has sought to promote by this legislation.” Buckley v. Valeo, 424 US 1, 25 (1976)

D.

Hablemos de la doctrina tripartita de los foros públicos. Se ha traído de la jurisprudencia federal, doctrina acerca de los límites que tiene el Congreso (o la legislatura) a la hora de determinar lo que son lugares públicos y cuáles serán los escrutinios pertinentes al análisis de constitucionalidad. En caso de que hubiera categorías sospechosas,  el Estado tiene el peso de la prueba para demostrar que la clasificación responde a un interés estatal apremiante y que ésta es necesaria para promover ese interés, es decir, que  no existe un medio menos oneroso para adelantar o alcanzar tal interés. Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 133 (1991).

No es permisible la regulación del contenido de la expresión, de lo contrario constituiría censura previa. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002). Cuando una actuación gubernamental esté diseñada para afectar el contenido de la expresión, deberá someterse a un escrutinio judicial estricto. Lo anterior implica que la restricción a la actividad expresiva no se sostendrá, a no ser que el gobierno pueda justificar que su acción está estrechamente diseñada para alcanzar un interés público apremiante y que tal actuación es necesaria para alcanzar dicho interés. U.P.R. v. Laborde Torres Y Otros 180 D.P.R. 253 (2010). Las máscaras en este caso representan la expresión y el mensaje que pretenden llevar los manifestantes. Prohibir el uso de las mismas sería censurar ilegítimamente un derecho tan fundamentalísimo, lo que consideramos inaceptable bajo nuestro estado de derecho democrático, sería una injusticia decidir de otra manera. “Bajo nuestro ordenamiento jurídico, las calles son bienes de uso público y forros públicos a los efectos del ejercicio a la libertad de expresión.” Caquías Mendoza v. Asoc. de Residentes de Mansiones de Río Piedras, Inc., 134 D.P.R. 181 (1993). “Las calles, aceras y parques son lugares que por excelencia se han considerado foros públicos tradicionales…”. Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 515 (1939). Dicho esto, tampoco es permisible bajo nuestros escrutinios más estrictos, que se juegue con la libertad, en donde mayormente garantizada está, en los foros públicos tradicionales por naturaleza.

IV

Concluimos que a pesar de que existen asuntos triviales que de una u otra manera nos pueden dar pista de la ilegitimidad del artículo 248 del Código Penal aquí impugnado, el asunto recae únicamente en mirar cuáles son las disposiciones legales en pugna, identificarlas por su jerarquía, y en el caso de que sea un choque de principios fundamentales de derechos individuales inalienables e inherentes, debemos establecer un balance de intereses para determinar el que prevalecerá. De lo contrario, no estaremos cumpliendo con nuestra misión y deber de proteger al pueblo que confía en nosotros, como juzgado supremo, y nuestras responsabilidades dimanantes  de la propia ley magna que nos brinda ese poder, La Constitución.

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