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Ante la crisis, ¿el fin público será privado?: El saldo del P de la C 991 (Fabiola Sosa Baco)

Ante la crisis, ¿el fin público será privado?: El saldo del P de la C 991

Fabiola Sosa Baco

El Art. II, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.

La Ley de 12 de marzo de 1903, conocida como la “Ley de expropiación forzosa”, según enmendada, dispone para que el procedimiento de expropiación forzosa pueda instarse por cualquier organismo público facultado por la legislatura. En ese sentido, la Ley Núm. 81-1991, conocida como la “Ley de municipios autónomos” faculta a los municipios a ejercer el poder de expropiación forzosa por cuenta propia o a través del Gobernador de Puerto Rico.

El 4 de mayo de 2017 se presentó el Proyecto de la Cámara 991 (en adelante, “P de la C 991”), el cual recientemente fue aprobado por ambos cuerpos legislativos. En la Exposición de Motivos la Asamblea Legislativa reconoce que la economía de Puerto Rico va en picada y como consecuencia ha surgido una acelerada emigración de puertorriqueños, y por consiguiente han quedado propiedades abandonadas. En respuesta a ello, con el P de la C 991 la legislatura amplía la autonomía de los municipios en cuanto a los poderes que ejercen dentro de sus respectivos límites territoriales, y viabiliza el procedimiento de expropiación forzosa en contra de los ciudadanos.

La medida autoriza a los municipios a ocupar o demoler la propiedad privada o causar perjuicios en ella, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 9.003 de la Ley 81-1991. El P de la C 991 le añade a la Ley el inciso (1)(b)(v) para autorizar a los municipios a iniciar el procedimiento de expropiación forzosa “[c]uando sea favorable al interés público que las estructuras abandonadas o solares abandonados, yermos o baldíos en las comunidades de todo Puerto Rico, que estén en estado de abandono, constituyendo o no estorbos públicos, sea objeto de expropiación por el municipio donde ubiquen, con el propósito de transferir su titularidad a personas, corporaciones con o sin fines de lucro, desarrolladores, contratistas y cualesquiera otros que tengan un legítimo interés en mantener esas propiedades en condiciones adecuadas. . .”. Asimismo, el P de la C 991 le añade a la Ley el inciso (1)(d) que establece que “el uso para el cual se destina la propiedad a adquirirse mediante la expropiación, la naturaleza o extensión del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno a expropiarse, y la necesidad o lo adecuado del sitio en particular que se expropia, no podrá ser objeto de revisión por los tribunales”.

El desplazamiento y desalojo de las comunidades por parte del gobierno continuará ensanchando la brecha de la desigualdad, con la eterna justificación de la renovación urbana y el desarrollo económico. Tal es el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Kelo v. City of New London, 545 US 469 (2005), en el que la ciudad de New London aprobó un plan de desarrollo, el cual requería expropiar y adquirir ciertas parcelas en donde ubicaban las residencias de personas que se rehusaban a la expropiación forzosa. El fin público alegado por la ciudad era que la planificación y desarrollo de tierras para uso comercial, residencial y recreativo generaría empleos, incrementarían los ingresos contributivos, y a su vez revitalizaría el área. Los peticionarios alegaron que el procedimiento de expropiación forzosa violaba la restricción de uso público impuesta por el Takings Clause de la Quinta Enmienda de la Constitución federal, pues el desarrollo económico no cualificaba como uso público. La Corte Suprema de Estados Unidos expresó “this Court long ago rejected any literal requirement that condemned property be put into use for the general public”, id. en la pág. 479, sino que “it has embraced the broader and more natural interpretation of public use as ‘public purpose’.” Id. en la pág. 480. Es decir, independientemente el proyecto o plan que resulte de la expropiación forzosa no sea para el uso de TODAS y TODOS, bastará que tenga un “propósito público”, lo que podría resultar en un beneficio desigual y en un desplazamiento y desventaja a las comunidades que ya están de por sí en situaciones de desigualdad.

El caso Municipio de Guaynabo v. Adquisición, 180 DPR 206 (2010), es un ejemplo del proceder de un municipio en cuanto a expropiaciones forzosas utilizadas contra comunidades. En este caso el municipio de Guaynabo presentó varias peticiones de expropiación forzosa para adquirir ciertos terrenos en la barriada Mainé. El fin público expresado por el municipio “era adquirir los terrenos para realizar un proyecto público de vivienda de interés social con el fin de renovar y vitalizar las comunidades de Guaynabo”. Pero ese fin fue cuestionado por los vecinos de Mainé. Éstos alegaron que el proyecto de vivienda como fin público era inconstitucional, pues el manual de criterios utilizados para otorgar los subsidios de vivienda negaba sus beneficios a individuos que no son ciudadanos americanos, quienes en su mayoría eran los propietarios de las residencias que se pretendían expropiar y también a quienes no se allanaran en principio a la expropiación. En otras palabras, muchos quedarían sin subsidio de vivienda y a quienes cuestionaran la expropiación también se les excluía, con el resultado de un desplazamiento y desmembramiento de la comunidad para suplir otros intereses.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que “la función judicial es velar por que la expropiación que interesa el Estado ‘contenga elementos de beneficio público y el propósito que se trata de realizar [sea] de carácter público’”. Id. en la pág. 220. Asimismo, esbozó el Supremo que “aunque al Estado le favorezca una presunción prima facie de uso público cuando la Legislatura ha declarado previamente tal finalidad, ello no lo releva de tener que establecer en el tribunal el fin público de la expropiación que interesa”. Id. en la pág. 227. Particularmente, determinó el Supremo que “si la entidad gubernamental que interesa obtener la propiedad de los predios de los demandados incluye en su petición de expropiación una declaración adecuada del fin público al que destinará la propiedad que pretende adquirir y la parte afectada no la cuestiona, la entidad gubernamental habrá satisfecho la carga de establecer el uso público de la expropiación. Si por el contrario, la parte afectada impugna el fin público, recae sobre el ente gubernamental probarlo”. Id. en la pág. 228. No obstante, concluyó el más alto foro judicial que no será necesario celebrar una vista evidenciaría para que el municipio establezca el fin público, sino que basta establecerlo en los documentos presentados ante el tribunal. Id. en la pág. 232. El resultado del caso da muestra de la importancia de que la comunidad pueda participar ANTES de que la acción de expropiación sea presentada ante los tribunales, asunto que queda precisamente quiere eliminarse con el P de la C 991.

Nos parece esencial visibilizar que el innegable resultado de los procedimientos de expropiación forzosa es arrebatarle la vivienda a personas que continuamente quedan desfavorecidas con medidas legislativas como la que aquí discutimos. Lo demás (uso público, justa compensación y el plan o proyecto que finalmente se realice) queda en manos de las ramas de gobierno, que como vimos en la jurisprudencia aquí discutida, de todo es lo más incierto y flexible. De convertirse en Ley el P de la C 991, le tocará a los tribunales determinar si expropiar una propiedad y transferirla a quien pueda mantenerla en condiciones adecuadas es un fin público. A su vez, quizás en algún momento también le toque a la Rama Judicial interpretar quién podría mantener una propiedad privada en “condiciones adecuadas”… Ojalá sea una persona del patio, que al adquirir la propiedad le demuestre al gobierno y a la sociedad que para mejorar la economía y detener la emigración masiva lo que necesitamos es pensar la legislación desde otro foco.

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