¿Un triunfo para el sistema constitucional o un triunfo para nuestra democracia?

El verano de 2019 de Puerto Rico será recordado por muchas cosas.  Una de éstas será la forma en que nuestro sistema constitucional superó una de sus más graves crisis. En una semana, del viernes 2 al miércoles 7 de agosto, tuvimos a tres personas distintas en La Fortaleza. Y, salvo por la brutalidad policiaca relacionada con las protestas en las semanas previas al anuncio de renuncia de Ricardo Rosselló, este fue un proceso relativamente pacífico. La transición del poder fue ordenada: luego que la renuncia de Rosselló se hiciera efectiva el 2 de agosto dejando como Secretario de Estado en receso a Pedro Pierluisi, este último juramentó como Gobernador al amparo de una lectura literal de la Constitución que hubiese permitido su ascenso al cargo sin ser confirmado por Cámara y Senado. Posteriormente, el 7 de agosto, el Tribunal Supremo descartó esta interpretación equivocada de la Constitución, resolviendo que un Secretario en Estado nombrado en receso sólo puede ascender al cargo de Gobernador en caso de una vacante permanente luego de haber sido confirmado por Cámara y Senado. Inmediatamente a las 5:00pm del 7 de agosto de 2019, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, juramentó al cargo de Gobernadora según la ley de sucesión vigente. Todo esto sin derramamiento de sangre y sin tanques en las calles. No podemos dejar pasar por desapercibido que esto, de por sí, representa un triunfo para nuestro sistema y cultura constitucional. 

Con su decisión, el Tribunal Supremo evitó la lectura constitucional que hubiese generado un resultado muy indeseable desde el punto de vista democrático: que gobernara a Puerto Rico por el remanente de un cuatrienio una persona avalada sólo por el Gobernador saliente. Si bien evitamos este resultado antidemocrático, la pregunta es si tuvimos una ganancia democrática.  Irónicamente al exigir que Pierluisi fuera confirmado por dos cámaras previo a que se produjera la vacante, la persona que ascendió al puesto sólo había sido confirmada por una—el Senado. Así, al día de hoy, la población puertorriqueña tiene muy poca información sobre las posturas de Vázquez Garced en torno a los asuntos de mayor importancia para el país como, por ejemplo, cómo se relacionará el Gobierno de Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad en vigor y que vendrán, así como toda una variedad de asuntos de política pública que normalmente se debaten vigorosamente en las elecciones. 

Nótese que el entonces Gobernador Rosselló sometió la designación de Vázquez Garced para consentimiento del Senado el 9 de enero de 2017 y se celebró una vista pública el 13 de enero. En palabras del Informe de la Comisión de Nombramientos del Senado, durante esta vista fue “sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo sobre el Departamento de Justicia” (Informe de la Comisión de Nombramiento del Senado del 18 de enero de 2017). El mismo día en que se emitió este Informe, solo nueve días después de someterse la designación al Senado, ese cuerpo otorgó su consentimiento para el cargo de Secretaria de Justicia.[1]

Por esto, aunque parece que prevaleció, como expresó el profesor Álvarez González, “la mejor versión del Derecho”, la realidad es que esta versión no da demasiadas razones para celebrar. Ahora que tenemos este resultado, podemos preguntarnos si había disponible una versión aún mejor— una que resaltara valores democráticos de forma más prominente. 

Durante el debate público previo a la decisión del Tribunal describí tres teorías posibles que estaban disponibles y que personas razonables podían genuinamente sostener.  En otra columna expresé que “[d]os de ellas tienen la ventaja de ser más cónsonas con valores democráticos, por lo que son a mi juicio más atractivas ya que requerirían del consentimiento de representantes electos y electas en algún momento del proceso”.[2] El Tribunal adoptó una de estas dos visiones más democráticas, la que requiere confirmación de dos cámaras previo a ocupar el cargo. Quedó en el aire, sin embargo, una teoría híbrida que recoge atributos de las dos posturas principalmente en conflicto. Es decir, una postura no binaria que no nos obligue a escoger entre, por un lado, un escenario de cero confirmación o, por otro lado, uno de confirmación bicameral completamente consumada antes de que se produzca la vacante formalmente. 

Según expuse en ese momento sobre la postura intermedia, “al tratarse de un nombramiento de receso como Secretario de Estado, cuando se produce la vacante la persona asciende al cargo de Gobernador pero –al mismo tiempo—todavía es necesario confirmarle por ambas cámaras (sujeto a que expire el cargo bajo las reglas de nombramientos de receso: si no hay acción al terminar la próxima sesión ordinaria, o –en un estirón interpretativo— la sesión extraordinaria actual). De esta forma se cumple con el requisito de confirmación (brindando la conexión democrática al cargo) y con la directriz constitucional de que al Gobernador le sustituya el Secretario de Estado.” Bajo esta teoría, llegadas las 5:00pm del 2 de agosto de 2019, el Secretario de Estado (en receso) asciende al cargo de Gobernador—dejando vacante el puesto de Secretario de Estado—, pero tiene que ser confirmado por las dos cámaras antes de que expire su nombramiento. Esta solución hubiese puesto presión a la Cámara y al Senado (en este caso al Senado, puesto que la Cámara había realizado un proceso muy apresurado) de realizar un proceso público que permitiera el escrutinio de la persona evaluada en la primera ocasión viable. Como expliqué en la segunda columna, el Senado de Puerto Rico tuvo esta oportunidad en la dimensión política y la desperdició al cerrar el proceso de confirmación para el cargo de Secretario de Estado, toda vez que Pierluisi anunció que renunciaría si el Senado le rechazaba. De este modo, el Senado evadió su deber político, zapateando el asunto a la Rama menos representativa sin asumir el costo político. 

Todas estas preocupaciones fueron discutidas por la Opinión de la Jueza Asociada Pabón Charneco. En ella expuso que “las Ramas Políticas—en una posición acomodaticia y amparadas en términos reglamentarios—[le habían] delegado” el caso “a la “única Rama de Gobierno no elegida por el Pueblo”. Ante estas circunstancias, el Tribunal se vio llamado a resolver un asunto que, para la Jueza Pabón Charneco, debió ser atendido en primera instancia por las Ramas Políticas la cuales, sugirió, se hicieron valer de “excusas” para no hacerlo.[3]

Asimismo, la Jueza Asociada adoptó la teoría intermedia antes descrita. A partir de las 5:00 de la tarde del viernes, 2 de agosto, la “juramentación y ocupación del cargo de Gobernador, así como cualquier determinación tomada por [Pierluisi] en tal función son legítimas.” Al mismo tiempo, para suplir la conexión democrática es necesario cumplir con el requisito de confirmación bicameral. Así, explicó: “la ocupación del cargo de Gobernador por un Secretario de Estado nombrado en receso y que no cuenta con el consejo y consentimiento del Senado, se encuentra limitado al periodo de tiempo que conlleve el examen de su nominación por dicho Cuerpo o al levantarse la sesión legislativa correspondiente”. Esto último se refiere a que el nombramiento se dará por rechazado al final de la sesión ordinaria siguiente (como establece la Constitución) o al final de una sesión extraordinaria convocada para ello, lo que ocurra primero. Cónsono con esto, cuando el Senado de Puerto Rico se reunió el 5 de agosto para considerar el nombramiento, bajo esta teoría había un Gobernador en propiedad (Pierluisi), que debía ser aún confirmado por el Senado en esa sesión—la cual podía durar por un periodo de 20 días (término máximo de una Sesión Extraordinaria)[4] luego de haber comenzado el 1 de agosto a las 11:00am.[5] “Toda vez que el Senado no consideró la nominación del Lcdo. Pedro Pierluisi Urrutia este cesó en sus funciones”, manifestó la Jueza Pabón Charneco en su última oración. 

Imaginemos que esta fuera la norma constitucional vigente y consideremos sus consecuencias para el futuro desde el punto de vista de los principios democráticos: de producirse una vacante del Gobernador habiendo un Secretario de Estado en receso sin confirmar, no sería necesario realizar un proceso de consejo y consentimiento bicameral a toda prisa como ocurrió este verano o, en su defecto, saltar al próximo nivel en la línea de sucesión para escoger a una persona validada sólo por el Senado. En cambio, el país tendría la oportunidad de considerar en voz alta los méritos y trayectoria del nominado y sus posturas sobre los asuntos urgentes del momento en una Sesión Extraordinaria que puede durar hasta 20 días o durante una Ordinaria. Además, la población tendría la oportunidad de examinar cómo los y las representantes en ambas cámaras votan y manejan el asunto. 

Por esto, de las dos opciones que debía escoger el Tribunal (las que requerían confirmación bicameral), la postura híbrida provee más espacio para que se aireen en público las cualidades de la persona nominada y, por tanto, luce más consistente con valores democráticos. Esta interpretación minimiza las oportunidades de que se realice un proceso de evaluación a la carrera o en cuartos oscuros (o, en la versión contemporánea de un cuarto oscuro, un chat). Por esta razón, vale la pena evaluarla seriamente y considerarla en su mejor luz.

Obviamente, esta lectura de la Constitución presenta una serie de problemas que no pueden  ignorarse y que, de no superarse, serían fatales. 

El problema más importante es que existirá un periodo intermedio, pendiente de confirmación o rechazo, en que contaríamos con un Gobernador o Gobernadora que no ha sido electa. Esta es una situación muy riesgosa toda vez que el control de la Rama Ejecutiva implica un poder muy abarcador para el establecimiento de políticas públicas mediante reglamentos y órdenes ejecutivas en áreas centrales a nuestra vida en comunidad (como salud, educación y seguridad), así como el otorgamiento de contratos, entre otras cosas. 

Existen posibles antídotos a esta situación, todos políticos. Por un lado, precisamente por lo intolerable de este periodo antidemocrático, los actores políticos deben estar dirigidos hacia la evaluación pronta de la persona para su confirmación o rechazo.  Es de suponer que la población ejercerá presión para eliminar este estado de situación lo antes posible. Le celeridad con que se lleve a cabo el proceso dependerá de varios factores, incluyendo si la nueva Gobernadora o el nuevo Gobernador convocará a una Sesión Extraordinaria (y si la Asamblea Legislativa puede auto convocarse para estos fines, algo sobre lo cual existen dudas ya que no parece contemplado por el ordenamiento, aunque el Tribunal y sus jueces han emitido pronunciamientos diversos).[6] Es de presumir que cualquier vacilación del Ejecutivo en convocar a una Sesión Extraordinaria podrá ser base para que el parlamento le amenace con el rechazo en la Sesión Ordinaria. Nótese además que, aún si el Gobernador no convoca a una sesión extraordinaria, este periodo intermedio entre sesiones sería relativamente breve, tomando en cuenta que por ley los recesos legislativos son de aproximadamente 7 semanas (salvo los años en que se celebran elecciones generales en que la sesión de agosto a noviembre no ocurre).[7]

Otros antídotos políticos son los convencionales dentro de las Sesiones Ordinarias, con los cuales se puede amenazar al Ejecutivo de no convocarse a una Sesión Extraordinaria con prontitud: el Gobernador o la Gobernadora necesitará de la Rama Legislativa para aprobar legislación, nombramientos y presupuestos. Además, la Asamblea Legislativa puede, sin necesitar la aprobación del Gobernador, aprobar legislación que limite facultades Ejecutivas o que redirija prioridades de política pública siempre que cuente con dos terceras partes de las Cámaras. También existen los mecanismos de investigación y de fiscalización del Ejecutivo por medio de Comisiones Legislativas que pueden operar entre sesiones ordinarias.  Finalmente, está disponible el proceso de residenciamiento dispuesto en el Artículo III, sección 21 de la Constitución para los casos apropiados. 

Mucho de lo anterior depende de que, en efecto, se pueda convocar a una sesión extraordinaria y que, al terminar la misma, se produzcan los mismos efectos de los nombramientos en receso que no se confirman para el final de la próxima sesión ordinaria; a saber, la expiración del nombramiento.[8] Para esto existe referencia específica en el historial de la Convención Constituyente. El Informe de la Comisión de la Rama Ejecutiva contemplaba inicialmente que los nombramientos en receso “tendrían efectividad hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o extraordinariasiguiente a la fecha de dicho nombramiento.”[9] Durante el debate, se aprobó eliminar la referencia a la sesión extraordinaria,[10] aclarándose que eliminarla “no impide … el que en una sesión extraordinaria el [jefe] ejecutivo esté facultado para mandar, enviar al Senado algún nombramiento que hiciera”.[11] Más específicamente, al cuestionarse sobre esta enmienda, se aclaró que la intención de eliminar esta referencia se hacía para no sugerir que el Ejecutivo estaba obligado a enviar nombramientos en una sesión extraordinaria dando espacio a que el Senado tenga “tiempo suficiente para ver, estudiar el candidato que fuera a ocupar un puesto; pero eso no impide, repetimos, el que en una sesión extraordinaria el [jefe] ejecutivo lo quisiere, dispusiere o quisiere, podría mandar algún nombramiento a una sesión extraordinaria para su confirmación.”[12] De lo anterior se desprende, sin mucho esfuerzo, que en el caso de que un nombramiento de receso sea evaluado en una Sesión Extraordinaria, las mismas reglas de expiración de nombramiento que existen para el fin de la Sesión Ordinaria deben ser aplicables. Para fines de nombramientos de receso, la Convención Constituyente consideró estas dos sesiones como equivalentes, salvo por el hecho de que la celebración de la Extraordinaria dependía de la voluntad del Ejecutivo.  Claro está, si el Tribunal Supremo valida la facultad de las Cámaras para autoconvocarse en un caso como este, se ensancharían grandemente las facultades de las Ramas Políticas para resolver inmediatamente este estado de situación intermedio.[13]

En fin, una situación intermedia como la descrita probablemente sería de breve duración por el corto tiempo entre sesiones y, en todo caso, podría presionarse políticamente para que se convoque a una Sesión Extraordinaria.  La falta de celeridad del Ejecutivo para celebrar esta sesión especial puede ser contrarrestada con la amenaza del rechazo en sesión ordinaria y la amenaza del uso de herramientas legislativas convencionales durante la sesión ordinaria lo cual probablemente dirigirá a los actores políticos a una resolución rápida de este estado de situación. Cualquier sentido de inestabilidad durante este periodo debe verse balanceado por el hecho de que se abriría un proceso eminentemente político y deliberativo público sobre los méritos de un nuevo o una nueva gobernante. 

Otra objeción a esta teoría se dirige más a su componente interpretativo. Puede plantearse que la Constitución no contempla a un Gobernador o Gobernadora en receso o interino (salvo los casos de ausencia transitoria).[14] A esta le llamaré la objeción del “nuevo personaje”; es decir, que por vía interpretativa se estaría creando una nueva figura, una especie de mutante constitucional, hasta ahora invisible en el texto e historial de la Constitución.  Otra forma de plantear la misma objeción es que sería un contrasentido que las Cámaras confirmen a un nominado en receso para un cargo que ya no ocupa (de ahí que el “nuevo personaje” consistiría del “Gobernador en receso” lo cual no se contempla en por el sistema). Propongo, sin embargo, que este “nuevo personaje” sería en realidad una creación de quienes objetan a la teoría híbrida para comunicar la siguiente idea interpretativa: reconocer la figura sería una innovación tan específica que, de haberse deseado, se hubiese dispuesto explícitamente en la Constitución. En este sentido, reconocerla cruzaría impermisiblemente la frontera que debe existir entre un acto de interpretación constitucional propio de los tribunales y uno de enmienda constitucional que no lo es. El Juez Asociado Rivera García rechaza la teoría híbrida expresamente, con un argumento similar. En su Opinión expone que el Gobernador en propiedad es sólo removible mediante el proceso de residenciamiento, por lo que introducir a un Gobernador vulnerable a revocación por otra vía sería contrario al diseño constitucional.[15] Bajo esta tesis, se trataría de un nuevo tipo de Gobernador vulnerable a una especie de residenciamiento de brazos cruzados, pues quedaría rechazado con el solo paso del tiempo al final de una sesión y no mediante el número de votos y causas requeridas para el juicio de residencia que establece la Constitución.

Pero hay otra forma de conceptualizar esta situación. Un proponente de la teoría híbrida no necesariamente estaría creando nueva figura. Se trataría de un Gobernador que ascendió desde la posición de Secretario de Estado, a quien le falta cumplir un requisito esencial de legitimidad democrática.  Así, si consideramos el escenario descrito no como la creación de un nuevo actor constitucional sino como un estado de situación temporero que es la consecuencia que se deriva de armonizar e integrar dos disposiciones relacionadas (confirmación bicameral y sucesión por Secretario de Estado), entonces la objeción del “nuevo personaje” comienza a perder fuerza.  La realidad es que, a todas luces, el escenario específico de un nombramiento en receso al cargo de Secretario de Estado y que—durante este estatus—se produzca una vacante transitoria, no fue contemplado por la Convención Constituyente.  Ante esta laguna, hay que recurrir al texto constitucional (que requiere tanto la confirmación bicameral, como la sucesión por el Secretario de Estado) y al historial constitucional, pero también a los principios y valores políticos que sirven de sustento al sistema constitucional.  Toda vez que la postura que he catalogado como híbrida ofrece mayores oportunidades de deliberación y legitimación democrática, esta parece superior a una postura que nos obligue saltar al próximo nivel en la línea de sucesión, como hicimos en este verano del 2019. Asimismo, la preocupación por un estado de vulnerabilidad del Ejecutivo ante la pendencia de que se resuelva esta fase intermedia, debe verse más bien como un precio a pagar por procurar un mecanismo de confirmación más democrático (el bicameral).

A todo esto, me queda claro que el Tribunal Supremo consideró mínimamente y descartó la postura intermedia. El Procurador General la presentó como opción muy tímidamente en una nota al calce, mientras citaba mi ensayo en que la expuse como una de varias posibilidades.[16] Pero la Opinión del Tribunal la rechazó al adoptar la norma de que “la juramentación de un Gobernador en propiedad para completar el término para el que otra persona fue elegida, requiere la participación de los legisladores electos, en representación del Pueblo de Puerto Rico.”[17] Es decir, resolvió el Tribunal, la juramentación debe estar precedida de la confirmación bicameral. Asimismo, como se mencionó, la postura fue rechazada explícitamente por la Opinión de Conformidad del Juez Asociado Rivera García.[18]

Como se ha dicho, toda vez que el Senado decidió cerrar la Sesión Extraordinaria sin un voto, el resultado del caso hubiese sido el mismo aun de prevalecer la teoría híbrida, ya que Pierluisi no obtuvo la confirmación antes o después de que se produjera la vacante. Aún así, desde el punto de vista de los valores democráticos tan elocuentemente y correctamente enaltecidos por nueve Opiniones en unanimidad de resultado, cabe preguntarse si en realidad prevaleció “la mejor versión del Derecho” o si pudimos lograr una aún mejor. 


[1]El Nuevo Día, Senado confirma jefaturas de Justicia, Familia y Recursos Naturales, 18 de enero de 2017, https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/senadoconfirmajefaturasdejusticiafamiliayrecursosnaturales-2282413/

[2]Como expuso Alvin Padilla Babilonia, el alegato ante el Tribunal Supremo de Pierluisi erróneamente destacó que propuse su misma teoría. “Nada más lejos de la verdad. El profesor sólo expuso las distintas teorías legales de las partes”. Alvin Padilla Babilonia, El alegato descontextualizado del “gobernador”, El Nuevo Día, 7 de agosto de 2019, página 15.

[3]“Tampoco usaremos como excusa estar en receso o el breve tiempo con el que contamos para claudicar nuestros deberes”. Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada Pabón Charneco, páginas 1 y 20

[4]Const Art II, sec 10

[5]Microjuris, Gobernador convoca a la Asamblea Legislativa a Sesión Extraordinaria para atender nombramiento de Secretario de Estado,https://aldia.microjuris.com/2019/07/31/documento-gobernador-convoca-a-la-asamblea-legislativa-a-sesion-extraordinaria-para-atender-nombramiento-de-secretario-de-estado/

[6]El Tribunal parece haber cerrado esta puerta en Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, n. 4 (1990) (“Como regla general, la Asamblea Legislativa sólo puede reunirse en sesión extraordinaria cuando la convoque el Gobernador. Puede reunirse sin necesidad de convocatoria únicamente para celebrar juicios de residencia o para ratificar o rechazar una proclamación de ley marcial. Véase Const. P.ER. Art III., § 21 y Art. IV, § 4.” (énfasis suplido).

No obstante, en Nieves Huertas v. García Padilla, 2013 TSPR 106, res. el 7 de octubre de 2013, mediante Sentencia sin Opinión suscrita por cuatro jueces, con tres Votos Particulares de no intervención y dos jueces no interviniendo, se dictaminó que el texto constitucional “no menoscaba la facultad de un Cuerpo de la otra Rama de Gobierno para auto convocarse, en una fecha que no conflija con la convocatoria del Ejecutivo, para descargar… los deberes ministeriales dispuestos por la propia Constitución, como es el consentir a las nominaciones de determinados funcionarios públicos.” Además, esa Sentencia expresa que:

“Las disposiciones antes mencionadas revelan claramente que el poder de nombramiento de estos funcionarios públicos está compartido. Por un lado, el Gobernador nomina al funcionario, pero su nombramiento requiere el aval del Senado. Igualmente, resalta que, tanto el Gobernador como el Presidente del Senado tienen la facultad de convocar para la celebración de una sesión extraordinaria. Claro está, este proceder responde a la facultad inherente de ese cuerpo legislativo y el carácter continuo durante el término de su mandato. La única limitación que se impone es que cuando el Gobernador ejerce su facultad para convocar una sesión extraordinaria solamente se podrán atender aquellos asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el Gobernador envíe en el curso de la sesión. Por su parte, durante una sesión extraordinaria convocada por el Presidente del Senado se podrán atender aquellos nombramientos enviados por el Gobernador.”  

Nótese que estas últimas expresiones no constituyen derecho vigente toda vez que fueron emitidas mediante Sentencia y sin contar con la mayoría actual del Tribunal. 

[7]La Ley número 9 del 1954, 2 L.P.R.A. § 1a, según enmendada, establece lo siguiente sobre las sesiones y los términos de los recesos legislativos: 

“Las sesiones ordinarias anuales de la Asamblea Legislativa comenzarán, la primera, el segundo lunes de enero de cada año y terminará el 30 de junio del mismo año. La segunda comenzará el tercer lunes de agosto y terminará el martes previo al tercer jueves del mes de noviembre… Disponiéndose, que en los años que corresponda celebrar elecciones generales, no se reunirá la Asamblea Legislativa para celebrar la segunda sesión ordinaria.”

[8]Art IV § 4 (“El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.”) 

[9]4 Diario de Sesiones pág. 2602

[10]3 Diario de Sesiones  pág. 1852

[11]3 Diario de Sesiones pág. 1853

[12]3 Diario de Sesiones 1854.

[13]Véase supra nota 6. 

[14]Art IV, § 8 (“Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Gobierno que se determine por ley.”)

[15]Opinión de Conformidad del Juez Asociado Rivera García, página 26.

[16]Alegato del Gobierno de Puerto Rico, página 6, nota al calce 11. 

[17]Opinión del Tribunal, página 24. 

[18]Opinión de Conformidad del Juez Asociado Rivera García, página 26.

Hiram Meléndez Juarbe

Hiram es Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico donde enseña derecho constitucional, derechos de autor, derecho a la intimidad y tecnología, derecho de ciberespacio, teoría del derecho y seminarios en derecho constitucional y el ciberespacio. Es fundador de la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad de la Escuela de Derecho así como co-fundador y co-director legal de Creative Commons Puerto Rico. Hiram es egresado de la Escuela de Derecho de la UPR (JD 2000), de Harvard University (LL.M. 2002) y de New York University (LL.M. 2008, JSD 2013). Visita su página académica www.elplandehiram.org. Algunos derechos reservados.