Sobre: Proyecto del Senado 1590 que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal (Camilo José Arango Latorre)

DESDE LA INOCENCIA DENUNCIO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL JUICIO POR JURADO-VEREDICTO POR MAYORIA

Camilo José Arango Latorre

Camilo José Arango Latorre

Mi nombre es Camilo José Arango Latorre confinado y estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Desde el año 2014 participo de UPR para confinadas y confinados. Foto tomada en la Universidad de Puerto Rico.

A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia…

Miguel D. Unamuno

La celda que encierra mi inocencia es un acto de barbarie ultrajante. Por tanto, en primera instancia me dirijo a todes las víctimas del crimen en Puerto Rico con el mayor respeto y la más fuerte solidaridad. Quiero que sepan que el silencio privado de libertad igualmente sufre el dolor perpetuo. Ese silencio pobre añora justicia. Por eso, a ustedes les manifiesto que yo también soy una víctima del crimen. Hoy cumplo una sentencia ilógica de 141 años de cárcel siendo inocente. Trágicamente, mi convicción se sostiene en un testimonio perjuro. Peor aún, dicho juramento en falso fue garantizado por un proceso inconstitucional. Un juicio o mecanismo carente de lógica jurídica el cual no garantizó los más altos principios procesales. Llevo 11 años preso en custodia máxima separado de mi familia y amigos. He perdido toda la etapa de los 20 años en los abismos de la cárcel. Como ustedes saben, la edad de los 20 años es fundamental en el desarrollo del ser humano. Entré a la prisión recién cumplido los 21 años y en el presente tengo 32 años. Demás está de poner en manifiesto la tortura infinita que causa una pena injusta la cual te mata la esperanza.

Este acto de barbarie ultrajante que lacera mi vida y la de mi familia fue posible mediante una ley contraria a Derecho. Me refiero al juicio por jurado-veredicto por mayoría, de hecho, mi veredicto fue 9 a 3. Entonces, preguntémonos: ¿Cuál es la gran contradicción de un veredicto por mayoría? ¡Amado pueblo de Puerto Rico! El que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Por esto, es muy importante conocer brevemente los dos aspectos fundamentales que demuestran la infamia y la falta de justicia que caracteriza un veredicto por mayoría.

Primeramente, el contexto histórico en donde se origina la discusión de la ley por mayoría es uno en el cual no se escogía de manera electoral a nuestro gobernante.

{Jesús T. Piñero fue el primer puertorriqueño en asumir la gobernación, nombrado por el presidente de E.E.U.U. 1946-1948 – _En las elecciones de 1940 el nuevo Partido Popular Democrático ganó 10 de los 17 escaños en el Senado, la Presidencia la tuvo Luis Muñoz Marín}.

Dicha discusión sobre el veredicto por mayoría ya se estaba cuajando mucho antes de que el Congreso de los E.E.U.U. autorizara en el 1950 la Convención Constituyente en Puerto Rico. Incluso esta Convención fue electa en 1951, es decir, el maquiavelismo político (Teoría de Maquiavelo, Italia) que aseguró a ojo cerrado los intereses del “Estado” ya estaba en boca de los estrategas políticos más ingeniosos del momento. Intelectuales de alto calibre tales como José Trías Monje y hasta el propio Luis Muñoz Marín fueron los autores o planificadores de las leyes de persecución políticas, entiéndase, la Ley de la Mordaza -1948 y la Ley del Veredicto por mayoría.

En los años de 1943-1947 el pensamiento que constituyó las leyes de persecución política volvió a florecer como el moriviví. En estos cuatro años el líder del Partido Nacionalista, Don Pedro Albizu Campos, no estuvo físicamente en Puerto Rico. Durante este periodo de tiempo sucedieron eventos políticos en los cuales se discutió la utilización de las leyes de la Mordaza y el Veredicto por mayoría. Incluso si se hubiera conocido la opinión del Tribunal Supremo de E.E.U.U. sobre el caso de Braverman, pues a Don Pedro Albizu Campos en el 1951 no se le hubiese podido acusar de 12 casos de conspiración bajo la ley de la mordaza. También, el líder fue sentenciado con otras leyes a cumplir de 72 a 80 años de cárcel. Cabe señalar que cincuenta y cuatro de esos años fueron por las 12 conspiraciones.Por ejemplo, la Ley de la Mordaza fue una copia de la Ley de Smith de E.E.U.U. la cual se usaba para amedrentar a sus propios disidentes. De igual forma, la Ley del Veredicto por mayoría les dio la flexibilización a los fiscales en cuanto a la prueba. En otras palabras, la prueba del ministerio público solo tenía que convencer a la mayoría no a la totalidad del jurado. De modo que, no se requería un rigor mayor en cuanto a la prueba para encauzar a los disidentes. O sea, era el tiempo en el cual se intentó adquirir derecho dentro del marco colonialista, por ende, se estaba montando el artificio político o muñeco que eventualmente en 1952 determinaría la vida de los puertorriqueños: el “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico.

He aquí una breve explicación histórica del primer aspecto que caracteriza al veredicto por mayoría. En otras palabras, el origen de la ley es contrario a los principios de justicia.

Además, el segundo aspecto que caracteriza al juicio por jurado-veredicto por mayoría el cual lo hace aún más contrario a derecho es la violación al principio de duda razonable. Uno de los diamantes jurídicos más relevantes de la justicia es el principio de duda razonable ¡Distinguidas Legisladoras y distinguidos Legisladores! Como ustedes bien saben, dicho fundamento teórico garantiza el más alto rigor de la prueba. O sea, el estado debe probar más allá de toda duda razonable, para esto se debe pasar juicio de una prueba robusta.

No obstante, en teoría y praxis el veredicto por mayoría violenta el principio de duda razonable. Por más instrucciones que una jueza o juez le imparta al jurado en cuanto a la duda razonable, pues se acepta un veredicto cargado de duda. Por ejemplo, veredictos como 11 a 1, 10 a 2 y 9 a 3 evidencian la duda. Ustedes saben cuando algún miembro del jurado emite su juicio libre y voluntario lleno de duda es, porque en realidad no le adjudicó credibilidad al testigo o simplemente en términos generales la prueba desfilada no lo convenció. Por lo tanto, si nosotres buscamos el más alto criterio de justicia y por ende una sociedad cívica, justa, pues tenemos que empezar a corregir nuestra estructura procesal. La justicia no se alcanza cuando se tiene una base desequilibrada. Por lo que, en el asunto de epígrafe no se trata de atemperar nuestras leyes a las de una jurisdicción externas, sino, es un problema en la esencia de nuestra propia ley. La lógica jurídica nos demuestra la gran contradicción que guarda un veredicto por mayoría.

Por otra parte, quiero poner en manifiesto las siguientes preguntas: ¿Quién es el responsable de preservar los expedientes criminales en el archivo del Departamento de Justicia? ¿Desde los años 90 de cuánto ha sido el presupuesto asignado al Departamento de Justicia en las respectivas administraciones? ¿Existen empleados que se encarguen de la conservación de los expedientes? ¿Cuánto cobran esos empleados? ¿Cómo es el sistema para preservar los expedientes y las piezas de pruebas?

¡Señoras y Señores! Esa responsabilidad la tiene el propio Departamento de Justicia. Por lo tanto, el ilógico argumento de que “si se aprueba la unanimidad de manera retroactiva será equivalente a que se exonere convictos a falta de expediente y piezas de pruebas” es la patraña más grande en todo este asunto. Por lo cual, un argumento de esta calaña lo que nos quiere decir es que como no fui responsable en la custodia y preservación de expediente y archivos, pues mantengamos a personas presas de manera constitucional.

Sin embargo, lo ilógico de ese argumento no tan solo es la cuestión de la y irresponsabilidad por parte del Departamento de Justicia, sino, también, son muy pocas las personas convictas que hayan tenido veredictos por mayoría desde los años 90, entiendo que la estadística señala a un 5% de los convictos. Es decir, yo como confinado le puedo manifestar que son muy pocos los casos que cumplen con dichos requisitos ¿Acaso se les olvida que las confinadas y confinados somos seres humanos que morimos? ¿Acaso se les olvida el número de muertes masivas por opioides sintéticos en las instituciones penales? La “pandemia” del fentanilo provocó más muertes que en los tiempos del presidio en Río Piedras. ¿Por qué no interpelan al Departamento de Corrección y “Rehabilitación” sobre el número real de muertes? ¿Quién controla lo que entra al penal? ¿Acaso no es el propio Sistema Penal? ¿Dónde están las estadísticas reales de las confinadas y confinados que llevan 20 y hasta 30 años recluidos? ¿Esas personas existen?

Por otro lado, es muy triste escuchar por parte de funcionarios públicos argumentos como, por ejemplo: “Las personas que están presas y son inocentes tiene los recursos legales o mecanismos para solicitar nuevos juicios. La Regla 192.1 es uno de esos recursos”.

¡Señoras y Señores! ¿Ustedes están consientes de lo difícil que es simplemente solicitar una medida como esta? Primero, tienes que tener dinero para contratar un abogado que investigue, consiga la nueva prueba y luego la someta al Tribunal por medio de la Regla 192.1 ¿Qué pasa si esa prueba ya no existe? ¿Qué pasa si la convicción se sostiene de un testimonio perjuro? ¿Qué pasa si la abogada(o) se roba los chavos?

¡Gente! La gran mayoría de las solicitudes por conducto de la Regla 192.1 son denegadas por el Tribunal. Es más, ni tan siquiera se conceden vistas evidenciarias. Como único pudiera ser que las concedan es si la solicitud la hace el Proyecto Inocencia cuyo fundamento para someter una moción a la consideración del Tribunal es prueba de ADN-prueba mitocondrial, ya que, para esto, sí hubo legislación ¿Qué pasa con los casos difíciles en donde no existe prueba de ADN y la convicción se sostiene de un testimonio perjuro? Todo esto no se los dice un teórico de oficina sino, un preso que lo ha vivido.

Por último, con el mayor respeto, no les solicito que jueguen limpio, porque esto no es un juego. La inocencia les solicita justicia, solo justicia.

Érika Fontánez Torres

Érika Fontánez Torres es Catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Derecho civil patrimonial y Teoría General del Derecho. Trabaja temas relacionados al Derecho y la Teoría Social y Política, la Sociología y la Teoría General del Derecho. Ha hecho investigación socio-jurídica aplicada a los temas de Propiedad, Género, Democracia y Medioambiente. Es abogada colaboradora de la Clínica de Asistencia Legal de la misma Escuela. Visita sus blogs y Observando al Derecho: Miradas desde la Teoría Social.