Denuncio recurso masivo de la cadena perpetua (Camilo J. Arango Latorre)

Denuncio recurso masivo de la Cadena Perpetua

POR: Camilo J. Arango Latorre,  confinado y estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Desde el año 2014 participa del proyecto UPR para confinadas y confinados.

Le adjudico a un grupito de la clase política de “nuestro país” el exterminio premeditado y sistemático contra miles y miles de puertorriqueñas y puertorriqueños mediante el uso irracional de la Cadena Perpetua. Desde hace décadas centenares y centenares de madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos han sido ejecutados con penas ilógicas que rebasan las expectativas de vida de un ser humano. Así se ha atentado contra las garantías constitucionales sobre la rehabilitación y derechos humanos reconocidos por las naciones del mundo. Como por ejemplo: 

1- En la constitución colonial de Puerto Rico, el Artículo II Carta De Derechos, sección 12 “… castigos crueles e inusitados…” ha quedado sepultado en el terreno del juego político partidista. 

2- De igualmente, el Artículo VI, sección 19 establece un compromiso constitucional en cuanto a la rehabilitación, pero, esto es letra muerta, porque tenemos a personas recluidas en las cárceles con castigos prolongados a pesar de su buena conducta. 

3- También se ahorca el derecho a la vida y a la libertad establecido en el Articulo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque, sencillamente el mismo se reconoce de manera arbitraria. 

Esa Declaración supuestamente “universal” de la ONU expone en su preámbulo lo siguiente: 

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante…” 

Por tanto, permítanme poner en manifiesto que la Cadena Perpetua es un acto de barbarie ultrajante. Entonces, dónde está, por parte de la propia Organización de las Naciones Unidas, el respeto “universal” y efectivo a los derechos y libertades fundamentales, no tan solo del hombre, sino, también, de la mujer. ¿Qué significa el término universal para dicha organización? Lógicamente, se sobreentiende que el término uni viene de uno, por ende lo demás se excluye. 

De hecho, yo fui ejecutado el 10 de octubre de 2010 con una sentencia de 141 años de cárcel al igual que a toda mi familia y amigos. Mis seres queridos sufren la pena inhumana que mi vida en sus sueños lúdicos intenta sobrepasar. Me dieron muerte civil siendo inocente igual que a muchas de mis compañeras y compañeros de dolor perpetuo cuyas inocencias silencian las trompetas de la verduga burguesía. 

¡Gente! La Cadena Perpetua es peor que la pena Capital. Los sufrimientos infinitos de los apaga’os son reflejos de vacíos que denotan la esperanza arrebatada. La pena de muerte te despoja del dolor, a diferencia de la Cadena Perpetua en Puerto Rico la cual te tatúa agonía en la razón. Vivir muriendo de manera infinita en una celda es equivalente a la destrucción colectiva de las relaciones humanas. O sea, el castigo permanente es como estar muerto en vida. Como ustedes muy bien saben las relaciones humanas son el fenómeno central de la vida asociada. 

Las confinadas y confinados con Cadenas Perpetuas solo tenemos en nuestras manos temblorosas las ruinas de relaciones sociales de nuestros seres queridos ¿Acaso un padre confinado no se pierde el desarrollo escolar de su primogénito? Ese niño que sabe que papá está preso, pero su esperanza consistente en que su padre saldrá algún día de la cárcel, pues lo motiva a seguir el camino hacia la fiestita de la escuela ¿Acaso esto no es una tragedia al igual que la destrucción de las relaciones sociales de las víctimas del crimen? La Cadena Perpetua desmantela las relaciones sociales tanto objetivas como subjetivas. En atención, preguntémonos ¿A dónde queremos llegar como sociedad cívica? Fomentar el perdón y fortalecer las relaciones humanas mediante un modelo educativo, no punitivo, debe ser el objetivo. 

Para esto, las legisladoras y legisladores deben concretizar el modelo educativo mediante ley. Fundamentalmente, dicha ley tiene que establecer el requerimiento de acuerdo colaborativo entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y Universidades, para, así, estructurar Grados Asociados y Bachilleratos que sirvan para reinsertar efectivamente a los reclusos(as) a la sociedad. La finalidad de la ley tiene que ser- reinsertar a la persona recluida a la sociedad de acuerdo al concepto revisable que más adelante explicaré. 

De nuevo, tenemos que sustituir el castigo permanente por una pena que mantenga viva la esperanza de libertad. Una pena justa y real que se adapte al derecho. Nuestra pena máxima no debe elogiar el rechazo como así lo hace el delito. 

Por otra parte, es importante mencionar que el principio de proporcionalidad no se ajusta a la Cadena Perpetua. Si partimos de la premisa que el derecho es racional, lógico y coherente, pues nos percatamos que no hay proporción alguna entre una pena de 150 años de cárcel y el hueco existencial respecto a la persona occisa. Por dar un ejemplo, cuando el jurado o magistrado examina un caso de asesinato obviamente es, porque los hechos ya ocurrieron. Es decir, el daño o conflicto está presente. Es algo que, lamentablemente, no se puede cambiar. Por tanto, el fin por el cual se impone la pena no debería constituir una “proporcionalidad” inconsistente entre el castigo y el hueco existencial, sino, la reeducación de la persona sentenciada. Más aún, cuando se entiende que el recluso(a) es producto de la sociedad. 

De forma que, el modelo educativo estaría garantizando el Artículo II, sección 12 de la Carta de Derecho de la Constitución Colonial de Puerto Rico la cual veda la imposición de castigos crueles e inusitados. A su vez, se resuelve el problema de la criminalidad. Tengamos claro que el espíritu constitucional, precisamente, persigue el bien social mediante la rehabilitación de los reclusos(as). Sin embargo, la práctica genera un carácter de ley punitivo el cual desestabiliza la sociedad. Considero que somos sujetos sociales, por ende tenemos responsabilidad sobre las acciones de los demás. 

Además, sé que el proceder mayoritario de la alta curia jurídica es exponer en sus pensamientos de altura o resoluciones de la Cadena Perpetua no mata. Este tipo de pensamiento es reflejo de una pobre discusión filosófica-jurídica-médica sobre el fenómeno de la muerte. La muerte no tan solo es completa, total y absoluta, sino, también gradual. Se trata de un proceso de autoeliminación de las células como respuesta a lecciones físicas o genéticas o a una infección viral si se produce continuamente en muchos tejidos constituye un aspecto esencial para su desarrollo o graduación. Por ejemplo, existe la muerte cerebral y la muerte del cuerpo cavernoso o disfunción eréctil. O sea, la muerte puede ser reducida a una parte del cuerpo. Por tanto, la Cadena Perpetua genera condiciones o patologías mentales que conllevan a la muerte de la personalidad y a estructuras cerebrales entre otros aspectos psíquicos-orgánicos. Así que, lamentablemente, algunos(a) miembros de la alta curia jurídica sigue detallando erróneamente en sus resoluciones que la Cadena Perpetua no mata. En cambio, considero que ese tipo de castigo prolongado es un acto necropolítico y no biopolítico. Así mismo, debo señalar que desde la mordaza, sastres jurídicos como José Trias Monge, han nutrido la Cadena Perpetua. De manera que, ese tipo de castigo prolongado se convirtió en una normalización de la represión estatal ¿Acaso se les olvida que leyes como los castigos prolongados están sustentado en la persecución política? 

La Cadena Perpetua en nada aporta a la sociedad, porque lo que hace es colgar el conflicto. Es decir, dicha pena no tiene un fin social retributivo y legítimo. 

De igual forma, es vital establecer que la ilógica Cadena Perpetua no solamente se constituye por los 99 años de cárcel- violación al Artículo 106 asesinato en primer grado, además se compone por todas las condenas a cumplirse de manera consecutivas. Dicho sea de paso, el Artículo7.03 faculta a las juezas y jueces a duplicar el máximo de las irracionales penas de la Ley de Armas. Por ello, el Estado logra convicciones consistentes en 100, 300 y hasta 1,000 años de cárcel. Yo he tenido compañeros de dolor perpetuo con ese tipo de sentencias irracionales. Esta realidad que el estado de derecho actual propicia es algo totalmente inconcebible, porque afecta directamente a la sociedad. El problema de la Cadena Perpetua no tan solo se trata de un castigo contra la persona que cometió el delito, también el daño repercute sin intermediarios en cada puertorriqueña y puertorriqueño. 

Por eso, hoy escribo no para promulgar la inmunidad del crimen. Hoy escribo para proponer la abolición del régimen irracional de la Cadena Perpetua que tanto afecta a nuestra economía. Para esto, hay que desenmascarar a ese grupito de la clase política que la favorece para satisfacer sus intereses electorales. 

Algunos(as) portavoces del poder legislativo y el poder ejecutivo son los autores alegosos que hacen que la legitimidad del sistema judicial puertorriqueño dependa de la percepción de un pueblo engañado. Esos políticos con el populismo punitivo y retrógrado le han dado lengua dura a sus retóricas para satisfacer la sed de venganza de las familias victimizadas como si el dolor ajeno e inexplicable fuera un juego electoral. Las alocuciones de esos personajes de la política partidista han sido energizadas mediante el uso de frases como “mano dura contra el crimen”. Sus ofertas retóricas consistentes en penas de 100, 500 años de cárcel etc, se han hecho ley mediante legislación astuta y cobarde. De esta manera, hemos sido engañados por un discurso politiquero en cuyo tuétano radica el oportunismo. 

¿Cuánto dinero le cuesta al pueblo puertorriqueño y estadounidense mantener a personas recluidas de manera indefinida? ¡Los sobrecostos fiscales se incrementan al triple encontrarse con una persona recluida 10 o 15 años! Cabe señalar, los sobrecostos no solamente se dan en relación a sufragar las necesidades fundamentales de una persona recluida, sino, también en costear los medicamentos que atienden las enfermedades psicológicas y físicas que la Cadena Perpetua provoca. Como por ejemplo, la esquizofrenia la cual se define como “el conjunto de enfermedades psíquicas que se caracterizan por una disociación de la personalidad, y que, en algunos casos pueden llegar a la demencia incurable”. (Norma, Diccionario Lengua Española). Por lo que pregunto ¿Cuánto cuestan los medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos? 

Es más, veamos este silogismo totalmente aceptado: si la Cadena Perpetua provoca esquizofrenia y, por ende esta puede llegar a la demencia incurable ¿Cuál sería el resultado? ¿Acaso estamos ante unas serias lecciones cerebrales? La demencia es un estado de debilidad de las facultades mentales. Se debe a lecciones cerebrales, y generalmente es progresivo e incurable. (Norma, Diccionario Lengua Española). Por esto, establezco que los sobrecostos fiscales se incrementan al triple. 

¡Señoras y señores! Como existe una tendencia a no adjudicarle credibilidad a la persona recluida, pues vean lo que dice la Asociación Estadounidense de Psicología: “A pesar de que el confinamiento extremo hace a las prisiones mas fuertes, los psicólogos, aseguran que los presos sufren problemas de salud mental, como por ejemplo, ansiedad, insomnio, pánico, paranoia y depresión. También, ese tipo de encarcelamiento puede causar un síndrome psiquiátrico específico, caracterizado por alucinaciones visuales y auditivas, control de impulsos disminuido, hipersensibilidad a estímulos externos y la memoria. Además, según Stuart Grassian un psiquiatra consultado por la Public Broadcasting Service (PBS) una red de televisión pública en Estados Unidos, “algunos reclusos pierden la capacidad de mantener un estado de alerta, mientras que otros desarrollan obsesiones.” 

Por consiguiente, estas patologías mentales que la Cadena Perpetua provoca, pues, el Estado las trata por medio del encierro extremo y medicamentos muy costosos. Por ende, los gastos públicos se incrementan de manera exorbitante. 

Si contextualizamos esto respecto a la gran crisis económica actual y sus posteriores agravantes como la pandemia Covid-19, pues, el Estado está incumpliendo con las obligaciones o mandatos constitucionales sobre la rehabilitación y derechos humanos. Cierto es que desde hace décadas el “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico ha incumplido con dichas garantías constitucionales, también con las ordenes impartidas por la Corte Federal de Distrito en el caso Morales Feliciano vs Administración de Corrección. Esta realidad no es tan solo un problema que afecta a los miembros de la población correccional, igualmente repercute en las vidas de cada puertorriqueña y puertorriqueño. 

Más aún, debemos tener claro como sociedad que el periodo de declive económico a causa de la pandemia de Covid-19 se va a reflejar dramáticamente en las cárceles del país. De hecho, por dar un solo ejemplo, el 9 de agosto de 2020 se cumplieron ¡2 semanas! que nosotros los confinados de la institución 292 (la mayoría con Cadena Perpetua) comimos la siguiente porción de alimento: un pan (1), un queso (1) y un (1) paquetito de galletas de soda marca Dux. Mayormente, dicha porción se dio tres veces al día desayuno, almuerzo y cena. Dentro de las dos semanas antes mencionadas, ocurrió en dos o tres días, que sí se garantizó una sola comida caliente. Les invito a que busquen los libros de cocina para que vean los datos. Claro, se supone que la oficialidad detalle dicha información en el “Libro de Novedades”. Por ello, hago alusión de que el pueblo puertorriqueño y pueblo estadounidense pagan (fondos federales) aproximadamente siete dólares por cada porción de alimento. Ahora pregúntense si un pan (1), un queso (1) y un (1) paquetito de galletas de soda cuesta siete dólares ¿Qué ocurre con el resto del dinero? Estamos discutiendo que la población correccional consta aproximadamente de ocho mil quinientas personas. Los invito a que ustedes mismos saquen cuenta. 

¡Recapaciten! En la actualidad tenemos a una gran parte de nuestros(as) niños(as) sin escuelas a causa de los temblores del área sur, mientras mantenemos a centenares de personas presas de manera indefinida, aún cuando varias de esas personas están preparadas intelectualmente y enriquecidas de experiencia para demostrarle al mundo que tienen el conocimiento para aportar a la reconstrucción de Puerto Rico. 

Por otro lado, muchas veces se critica de manera injusta al Departamento de Corrección y Rehabilitación respecto a su ineficacia en aras de la rehabilitación. De manera que, en nuestro juicio crítico obviamos a la lógica astuta de las legisladoras y legisladores los cuales han mantenido el régimen irracional de la Cadena Perpetua. Pienso que ya es hora de revestir la ley penal para hacer un camino real de justicia y razón. 

Oportunamente, ese camino real de justicia y razón es inconsecuente con unos de los grandes escollos sociales que nutre a la Cadena Perpetua. Me refiero al famoso peñasco el Artículo 7.03. Este fenómeno ilógico consiste en otorgarle a las juezas y jueces la facultad de duplicar las penas de la ley de arma. Sea demostrado que dicho Artículo 7.03 solo opera como aditivo inconstitucional al castigo cruel e inusitado ¡Recapaciten! ¿Qué ha hecho la Comisión de lo Jurídico en el Capitolio, solo gastar la luz de energía eléctrica o bailar con empleados fantasmas la salsa de Junior González y Larry Harlow “Me robaron la cartera”? 

Recordemos que el Articulo 5.04, con uso, de la Ley de Armas no bonifica y su pena máxima es de 10 años de cárcel. Imagínense ustedes si se duplica la pena a 20 años no bonificable por disposición del Artículo 7.03, el resultado es devastador. Hoy día tenemos a cientos y cientos de personas recluidas con Cadenas Perpetuas que no bonifican hasta que cumplan los 20 anos de la ley de armas, para luego seguir cumpliendo los anos del Artículo 5.15 de la ley de arma y, posteriormente, los 99 años por el Artículo 106 de asesinato. 

Así mismo, ustedes deben saber y tenerlo bien claro en la conciencia que la totalidad de las personas confinadas en Puerto Rico son pobres. Esto se lo aseguro, porque he vivido gran parte de mis 33 años de vida en la cárcel. Las personas confinadas en Puerto Rico, mayormente, provienen de sectores hundidos en la extrema pobreza. Me refiero a gente de barrio, residenciales públicos y urbanizaciones de clase media ¿La clase media está hundida en la pobreza? Por tanto, ¿contra quiénes las legisladoras y legisladores están legislando leyes que son aditivos inconstitucionales para castigos crueles e inusitados? ¿Acaso el Artículo 7.03 es una herramienta para encarcelar y duplicarle las penas a los pobres? ¿Ese Artículo 7.03 es auspiciado por el gobierno federal? ¿Esto es un negocio? 

¡Señoras y señores! Vivimos en un archipiélago en el cual no tenemos fábrica de producción de armas. Todas las armas que entran a Puerto Rico son importadas ¡Gente! Vivimos en una ¡colonia! cuyas costas están controladas por los ¡federales! ¿Quiénes son los personajes que llenan nuestras calles de armas? ¿Cómo se llama la persona que le suple las armas a la policía de Puerto Rico durante décadas? Muchos(as) podrán decir: “lo hace de manera legal.” 

Quizás sí, pero ¡recapaciten! ¿Cuánto de esas armas que entran de manera “legal” terminan siendo ilegales? ¿Cuántas manzanas podridas son consideradas intocables? 

Por lo tanto, el imperante ciclo de las armas, únicamente, afecta a los pobres. Seamos claros, las legisladoras y legisladores de Puerto Rico han fomentado esta cruel realidad con el Artículo 7.03. Es más, pregunto ¿La aplicación del Artículo 7.03 es para casos de terrorismo extremo o para, cuanto, chamaco(a) de barrio y residencial público se le acuse de delito? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad del Artículo 7.03? Les aseguro que se trata de un escollo social, una artimaña contra los pobres, un diamante en el cofre de la Cadena Perpetua. 

Así que, ante todo lo mencionado, propongo la revisión inmediata del Código Penal para sustituir la Cadena Perpetua por una pena de 20 años revisable para el delito de asesinato de primer grado y 15 años revisable para el delito de asesinato de segundo grado. 

El concepto “revisable” consiste así: cuando la persona recluida cumpla la mitad de los 20 años, o sea 10 años de cárcel va a tener derecho a que su libertad se considere. Es importante establecer que los 10 años no son bonificables. 

Para que la persona recluida sea considerada tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

1- La persona recluida no puede tener dos o más querellas de nivel I de severidad, tampoco nivel II con o sin agravante. 

2- La persona recluida tiene que cumplir con todas las terapias psicosociales y grados universitarios (Grado Asociado o Bachillerato) que el Departamento de Corrección y Rehabilitación disponga en sus respectivas instituciones dentro de los recursos disponibles. 

3- La persona recluida tiene que cumplir con una evaluación favorable por parte del psiquiátra, psicólogo y técnico(a) socio penal de la institución. 

4- La persona debe tener informe favorable redactados por los oficiales correccionales. Los oficiales correccionales tienen que rendir informes trimestralmente y de manera detallada sobre el buen o mal comportamiento de la persona recluida. 

Luego de ese proceso evaluativo la técnica(o) sociopenal rendirá un informe final a la Junta Libertad bajo Palabra del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicho organismo tendrá la autoridad de aprobar o desaprobar la salida de la persona recluida. Si fuera el caso de que la persona no cumpla con los requisitos antes mencionados se expone a cumplir el resto de la sentencia para un máximo de 20 años de cárcel para el delito de asesinato en primer grado y 15 años para el delito de segundo grado. 

Los acusados que lleguen a un preacuerdo con el ministerio público tendrán una pena fija de 12 anos naturales. En este tipo de caso preacordado, pues la culpa tiene que ser aceptada por parte del acusado antes de la vista preliminar. 

Otro aspecto penal es el asesinato contra personas vulnerables: 

Las personas que cometan el delito de asesinato en primer grado contra niños(as), personas discapacitadas y/o envejecientes tendrán que cumplir 20 años de cárcel de manera natural. O sea, no bonificable y sin posibilidad de salir antes bajo palabra. 

Estos tipos de casos contra personas vulnerables tendrán una pena fija de 15 años naturales, cuando se llegue a un preacuerdo con el ministerio público. Es decir, esos acusados que acepten la culpa antes de la vista preliminar tendrán una pena fija de 15 anos naturales. En definitiva, el concepto “revisable” no aplica en esos casos contra personas vulnerables. Tampoco dicho concepto aplica a las personas que vuelvan a reincidir. Es decir, los reincidentes tendrán que cumplir las respectivas penas de manera natural. 

De modo que, si se deroga la Cadena Perpetua y sus aditivos inconstitucionales (Artículo 5.04 de la ley de arma, Artículo 7.03, entre otros), el Estado estaría cumpliendo con los derechos humanos y mandatos constitucionales siguientes: 

1- Articulo II Carta De Derechos, sección 7 Derecho a la vida, a la libertad… el cual establece: “…No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales…” 

2- Artículo II Carta De Derechos, sección 12 …el cual establece: “…No se impondrán castigos crueles he inusitados…” 

3- Artículo VI Disposiciones Generales, sección 19, el cual expone: “…reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los recursos disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para ser posible su rehabilitación moral y social.” 

Por último, considero que el recurso masivo de la Cadena Perpetua se deshumaniza mediante la destrucción el pilar máximo del ser humano el cual es la esperanza. Esta denuncia con el mayor de los respetos reconoce y admira a las personas caídas por el peso insolente de la Cadena Perpetua. 

En memoria de nuestro compañero de estudio José Dávila que para el Estado, técnicamente, falleció en el fiel cumplimiento de la Cadena Perpetua, pero para nosotros, teóricamente, vuela alto en el cielo de la libertad. 

La justicia no te quita la esperanza, porque si lo hiciera dejaría de ser. 

Érika Fontánez Torres

Érika Fontánez Torres es Catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Derecho civil patrimonial y Teoría General del Derecho. Trabaja temas relacionados al Derecho y la Teoría Social y Política, la Sociología y la Teoría General del Derecho. Ha hecho investigación socio-jurídica aplicada a los temas de Propiedad, Género, Democracia y Medioambiente. Es abogada colaboradora de la Clínica de Asistencia Legal de la misma Escuela. Visita sus blogs y Observando al Derecho: Miradas desde la Teoría Social.