Se publica hoy en 80grados una excelente columna del colega Luis José Torres Asencio, que no pueden dejar de leer sobre otra tendencia preocupante en el Nuevo Tribunal. Esta vez relacionada  al uso del recurso de Certificación. Lejos de tratarse de un mero issue técnico-procesal refleja una tendencia a cancelar la posibilidad de madurar controversias judiciales mediante el intercambio entre las partes ante una diversidad de jueces e instancias adjudicativas. En el proceso, el carril expreso al supremo nos priva de un elemento esencial para la solución de controversias de manera justa: la posibilidad de discusión y deliberación amplia.

Dice Luis José:

“La reflexión anterior deja un saldo inquietante: de un momento para acá, el Tribunal Supremo ha aumentado considerablemente el uso del mecanismo de la certificación intrajurisdiccional para preterir el trámite usual de adjudicación de controversias jurídicas a través de los tres niveles de la Rama Judicial, lo ha hecho, usualmente, a petición del Estado, de los partidos políticos de Gobernantes, o de intereses sociopolíticos y económicos de gran poder, y, frecuentemente, lo ha dictaminado sin expresar sus razones para ello. Lo anterior, por supuesto, requiere hacer ciertos matices, relacionados a la dificultad que entraña no tener acceso a estadísticas completas del Tribunal Supremo, y a la necesidad de examinar los méritos de cada certificación expedida por el Tribunal. Sin embargo, tales matices no hacen mella en el hecho de que el Tribunal ha utilizado el recurso con mayor frecuencia que en otros tiempos, y que, en muchas ocasiones, lo ha hecho para sacar el caso de las manos de tribunales que, por las razones que sean, han estado más dispuestos a emitir dictámenes adversos a los intereses que persiguen que su caso llegue al Tribunal Supremo lo antes posible. Así, al certificar estos casos, el Tribunal priva al País de otro beneficio incidental del esquema adjudicativo de tres niveles: que el debate político en la sociedad civil sobre asuntos ante la consideración de los tribunales se nutra del efecto discursivo que tiene que los argumentos de diversas partes sean validados por al menos algún componente de la Rama Judicial.”

No dejen de leer esta reflexion.

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Se publica hoy una excelente columna por Rubén Colón Morales, sobre el estado de la independencia judicial en Puerto Rico titulada “Moribunda la Independencia Judicial”. Es lectura obligada, y se da en el contexto del reciente rechazo en el Senado de un juez competente por puras razones ideológicas. Concluye Colón Morales:

Y es que desde hace muchos años, y como norma general bajo administraciones gubernamentales PNP y PPD, para que alguien sea juez o jueza tiene necesariamente que mover palas políticas para conseguir ser nominado y confirmado, aunque le sobre talento y capacidad. De una u otra forma, ese candidato a juez o jueza tiene que ser apadrinado por un político de importancia en un bautismo en el cual, lejos de purificarse, tendrá necesariamente que mancharse.

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Se publica hoy, en la revista 80grados, mi columna “Un tribunal a la defensiva”.

Copio el párrafo inicial y los dos finales, para afincar, exhortando a que lean por allá!

Empieza:

“Tal vez poca gente sabe que un grupo de jueces del Tribunal Supremo está a punto de montar campamento en el Monte del Estado, con rifles, escopetas y planes revolucionarios”

Y termina:

“Con la carga que, se nos dice, ahora tenemos de cultivar la legitimidad del Tribunal Supremo, se nos pide el silencio para protegerla. Se nos pide el silencio para proteger el mito. La deslegitimación del Tribunal en última instancia será culpa nuestra.

Si es que quiere ganarse el respeto que necesita tener de la población, un tribunal no puede estar a la defensiva, repartiendo responsabilidades en todos menos en sí mismo. En cambio, debe construir su propia legitimidad, afirmativamente, mientras nosotros en la política hacemos lo que nos corresponde en una democracia: exigirle, con uñas y con dientes, que se la ganen.”

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Hoy se publica en El Nuevo Día una columna de Efrén Rivera Ramos titulada “El Estado de Derecho”. Reflexionando sobre las exigencias de ese requerimiento político, nos permite evaluar nuestra situación política actual. Es lectura obligada. Se copia aquí, íntegramente.

El estado de derecho

Por Efrén Rivera Ramos

Desde Washington hasta Pekín, pasando por prácticamente todas las capitales del mundo, se proclama la necesidad de que se respete el “estado de derecho”. Al reclamo se unen múltiples organismos regionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.

La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la “ley y el orden”. Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.

Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.

La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.

No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.

No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen étnico, condición social, ideas políticas o religiosas y otras de carácter similar.

Pero todavía ello no sería suficiente. Pues la existencia de normas sin la garantía de su cumplimiento constituye, en el mejor de los casos, un deseo sin materialidad y, en el peor, un soberano engaño. Las garantías pueden ser múltiples. En los sistemas jurídicos actuales, se tiende a descansar de forma sustancial en la posibilidad de contar con tribunales imparciales e independientes. A lo que habría que añadir las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a ellos. La garantía mayor, sin embargo, tendría que ser la fiscalización de los diversos sectores de la comunidad.

A la luz de esta noción del estado de derecho, ¿dónde queda Puerto Rico?

Cualquiera que conozca el País tendría que concluir que tenemos problemas serios en este sentido.

Empecemos por la circunstancia de que nuestra condición política nos somete al gobierno de normas en cuya creación no participamos de forma significativa. Sigamos por el hecho de que muchas veces aun aquellas normas forjadas por organismos electos o establecidos por nosotros mismos son generadas mediante procesos atropellados sin deliberación alguna que merezca los apellidos de pública y adecuada. La sujeción de la ley a la Constitución se ha puesto en duda con las interpretaciones cuestionables emanadas del Tribunal Supremo. La arbitrariedad de algunas decisiones legislativas y ejecutivas ha quedado sin remedio. Los cuestionamientos frecuentes sobre la independencia judicial y el cierre del acceso a los tribunales de personas y comunidades afectadas por diversas actuaciones gubernamentales ponen sobre el tapete el asunto de las garantías reales del estado de derecho.

La complacencia no se justifica.

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Ya es conocido que el Tribunal Supremo emitió una reciente orden paralizando los procedimientos de Escrutinio General de las pasadas primarias.

La discusión pública está repleta de consideraciones de toda índole; desde una intensa suspicacia en torno a las intenciones de una mayoría del tribunal de maltrecha legitimidad, cuestiones procesales en torno al recurso de Certificación, hasta argumentos jurídicos y constitucionales de envergadura relativos al derecho de libre asociación, el derecho a la intimidad y la secretividad del voto.

Esperaré la decisión que el Tribunal emita para opinar, como corresponda. Pero adelanto una reflexión preliminar sobre un asunto del cual me he expresado en el pasado.

Se dice que cualquier argumento sobre la privacidad de los electores que figuran en la lista de un partido queda renunciada al someterse al proceso electoral primarista. Sin adjudicar los méritos, puede haber razones y argumentos que apoyen la divulgación de la identidad en determinados casos ante la existencia de intereses apremiantes. Igualmente, puede que el remedio solicitado por quienes abogan por la divulgación de identidad pueda lograrse y satisfacerse plenamente sin necesidad de esa divulgación. Habrá que estudiar el problema.

Lo que debe quedar claro, sin embargo, es que hay un argumento en todo este debate que no debe estar disponible o que si se considera, debe evaluarse críticamente. Se dice que al entrar en un colegio electoral primarista el elector que allí entra se identifica públicamente como perteneciente a un partido político y, por ello, en la medida que terceros le han visto entrar a esos colegios, carece de expectativa de intimidad sobre su afiliación política. Se alega esto como una variante del viejo argumento de que “carecemos de una expectativa de intimidad sobre todo aquello que hagamos en público”. Esta noción va atada a la idea complementaria de que sólo podemos tener una expectativa de intimidad con relación a aquello que hacemos en secreto. Hoy día, sin embargo, esta idea no tiene sentido y, a la luz de nuestro mandato constitucional especial para proteger el derecho a la intimidad, debe ser revisada por el Tribunal.

En varios sitios he cuestionado la vigencia de esa premisa, particularmente en un entorno digitalmente interconectado. Y quien haya leído esos trabajos, encontrará esta entrada ya aburrida. Pero la urgencia del asunto merece repetición en estos días.

En una columna reciente en la revista 80grados titulada “Hablar en privado“, reflexionando sobre un planteamiento similar ante el affair Arango, planteé que:

“La frontera entre lo público y lo privado en este contexto (en lenguaje jurídico, a través de los contornos del derecho a la intimidad) para muchos depende de la decisión del sujeto cuya información estamos observando. Si publicas no reclames, se dice. En este sentido, al definir nuestro derecho a la intimidad, el valor primario y políticamente favorecido es la autonomía individual y ello se manifiesta en una noción del derecho a la intimidad que se equipara a secretividad: a lo que decidimos mantener oculto.

No obstante, si limitamos nuestra concepción del derecho a la intimidad a expectativas de intimidad, secretividad, soledad o a la idea de que no tenemos un derecho constitucional sobre la información que decidimos revelar al público, desatenderíamos algunos de los riesgos más importantes que tecnologías contemporáneas presentan sobre valores políticos que atesoramos. Nociones de privacidad que no reconocen la importancia de estos valores, suelen ignorar problemas causados por tecnologías capaces de recopilar información personal sin interferir con la soledad o secretividad. Este es el caso, por ejemplo, de la recopilación de información de nuestras transacciones (públicas) en internet y fuera del ciberespacio por entidades privadas y el gobierno; así como la recopilación, acumulación y clasificación de esa información con el propósito de crear perfiles públicos o privados. Otro problema que no afecta la secretividad o soledad, es la vigilancia mediante vídeo en lugares públicos (parques, centros comerciales, cajeros automáticos) y, muy relacionado, el uso de tecnología biométrica de identificación facial conectados a estos artefactos. Si pensamos en la intimidad como aquello relacionado a lo que hemos guardado tras alguna barrera y nociones similares, esa vigilancia electrónica no presentaría preocupaciones constitucionales—lo cual confronta algunas de nuestras intuiciones más genuinas.”

Ante de eso, advertí una línea similar en un artículo de revista jurídica titulado “La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública”, 77 Rev. Jur. UPR 45, 48-56, (2008).  En “Privacy in Puerto Rico and The Madman’s Plight: Decisions”,  9 Georgetown J. Gen. & L. 1 (2008), expresé asimismo que no podemos ignorar la conexión entre el derecho a la intimidad, el anonimato y la libertad de expresión:

“Especially in times of ubiquitous surveillance such as these, one must not forget that privacy is not only about the secrecy of information but, more broadly, about controlling the way we define our identities. Therefore, the right to remain anonymous in public spaces is a way to control how we project our identities to others (more precisely, to control if we project our identities). When law and technology limit our ability to control the projection of our identities in public, lack of anonymity may produce chilling effects detrimental to the richness and diversity of public discourse. Democracy may be thus threatened.”

A todo esto debemos añadir la reciente Opinión Concurrente de la Jueza Sonia Sotomayor en United States v. Jones 565 U. S. ____ (2012), un caso relacionado con la protección contra registros y allanamientos irrazonables ante tecnología de rastreo por GPS. Su cuestionamiento de la idea de que es público lo que no ocurra en secreto es cristalino:

“Awareness that the Government may be watching chills associational and expressive freedoms. And the Government’s unrestrained power to assemble data that reveal private aspects of identity is susceptible to abuse. The net result is that GPS monitoring—by making available at a relatively low cost such a substantial quantum of intimate information about any person whom the Government, in its unfettered discretion, chooses to track—may “alter the relationship between citizen and government in a way that is inimical to democratic society.”

I would take these attributes of GPS monitoring into account when considering the existence of a reasonable societal expectation of privacy in the sum of one’s public movements. I would ask whether people reasonably expect that their movements will be recorded and aggregated in a manner that enables the Government to ascertain, more or less at will, their political and religious beliefs, sexual habits, and so on.”

Y, en lo que constituye el golpe de gracia de su planteo:

“More fundamentally, it may be necessary to reconsider the premise that an individual has no reasonable expectation of privacy in information voluntarily disclosed to third parties … This approach is ill suited to the digital age, in which people reveal a great deal of information about themselves to third parties in the course of carrying out mundane tasks. People disclose the phone numbers that they dial or text to their cellular providers; the URLs that they visit and the e-mail addresses with which they correspond to their Internet service providers; and the books, groceries, and medications they purchase to online retailers. Perhaps, as Justice Alito notes, some people may find the “tradeoff” of privacy for convenience “worthwhile,” or come to accept this “diminution of privacy” as “inevitable,” and perhaps not. I for one doubt that people would accept without complaint the warrantless disclosure to the Government of a list of every Web site they had visited in the last week, or month, or year. But whatever the societal expectations, they can attain constitutionally protected status only if our Fourth Amendment jurisprudence ceases to treat secrecy as a prerequisite for privacy. I would not assume that all information voluntarily disclosed to some member of the public for a limited purpose is, for that reason alone, disentitled to Fourth Amendment protection.”

En fin, que aunque puedan haber razones poderosas para divulgar la información (según sea necesario para adelantar un interés apremiante del Estado y siempre que ello sea el medio menos oneroso posible) la premisa, en un mundo digitalmente interconectado, no puede ser que una persona pierda irremediablemente (para todos los fines posibles) su derecho constitucional a la intimidad sólo por el hecho de que un tercero observó públicamente su conducta. En momentos en que Facebook constituye simultáneamente la plaza pública y la sala de nuestra casa (un espacio donde lo público y lo privado se colapsan), resolver lo contrario implicaría socavar profundamente uno de los pilares de nuestro derecho constitucional. Fidelidad a la constitución, en este contexto, implica resaltar los valores políticos que ella encierra frente al embate acelerado de los cambios tecnológicos.

Actualización del 8 de abril de 2011

Algunos me han preguntado qué exactamente contribuiría la reflexión que esbozo, según aplicado al problema de las listas de electores de partidos.  La implicación del planteo es que, si bien terceros pueden ver a un individuo entrar a una caseta identificada, ausente el alcance de nuevas tecnologías esa información se quedaría en el nivel individual del que observó o se extendería tal vez entre redes sociales tradicionales. Pero considerando el alcance potencialmente viral de la información en la internet, la divulgación por ese medio de esa información  trasciende por mucho el chisme de barrio y el conocimiento local, para convertirse en una herramienta muy poderosa de evaluación colectiva sobre los hábitos políticos del elector. Ante esa magnitud, y sabiendo de la posiblemente extraordinaria divulgación de su afiliación política (y las consecuencias que ello acarrearía), un elector que tema ese potencial panóptico digital pensará dos veces antes de participar en un evento electoral fundamental para nuestro proceso político. Tal vez ello no es problemático para el elector fanático que pertenece al “corazón del rollo” y quien alardea de sus preferencias partidistas; pero aquel que se identifica con un partido en un nivel más privado, merece el mismo derecho de participar en primarias que el otro.

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Reflexionando sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la doctrina de legitimación activa, el colega Luis José Torres Asencio publica una gran columna en 80grados, titulada “A las puertas del tribunal“. Junto a la entrada reciente de Érika Fontánez sobre el llamado activismo judicial del Tribunal en años recientes (activismo para cerrar puertas en casos de justicia ambiental), el ensayo de Luis José es crucial para continuar nuestra reflexión sobre el rumbo de nuestro sistema de justicia. Concluye Luis José:

los tribunales han descansado en FundaciónSurfrider para concluir que ambientalistas opuestos a determinado proyecto no tienen legitimación activa para procurar la revisión judicial de su aprobación. Como resultado de lo anterior, luego de más de cuatro décadas en los que las puertas de los tribunales estuvieron generosamente abiertas para ventilar reclamos de comunidades y organizaciones ambientales, el tema de la legitimación activa se ha convertido en el principal obstáculo para examinar las objeciones de estos grupos a las decisiones impugnadas.

No dejen de leerla.

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Este jueves 15 de marzo, a las 4:00pm en la Escuela de Derecho de la UPR,  el Profesor Jason Mazzone, de Brooklyn Law School, dictará una conferencia sobre  los problemas centrales que enfrenta el régimen actual de derechos de autor y las reformas necesarias para atenderlos. No pierdas esta oportunidad única de conversar con una de las autoridades emergentes más relevantes en el tema. Invita la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad.

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Ya está disponible el vídeo de la actividad celebrada ayer en el Colegio de Abogados en torno a los acontecimientos recientes en la Rama Judicial. Con la participación de los profesores Efrén Rivera ramos, Carlos Ramos y Carlos Gorrín, el evento demuestra que hay una sociedad civil viva, activa y reflexiva.

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Cualquier intento por desenredar el caos en que está sumido el Tribunal Supremo debe comenzar por entender el tipo de problema que le subyace. Y es que al Tribunal no le aqueja un dolama meramente jurídico-técnico sobre la distribución de poderes entre el Pleno del Tribunal y su Juez Presidente. Aunque es una dimensión importante, no es la única.

Si fuéramos a definir el problema como uno exclusivamente legal tendríamos una conversación parecida a la siguiente: La Constitución de Puerto Rico establece que el Juez Presidente “dirigirá la administración de los tribunales”, pero a la vez dispone que el Tribunal en su totalidad “adoptará reglas para la administración de los tribunales”. Toda vez que la Constitución configura una especie de división de tareas, una de reglamentación y otra de administración, se nos plantea hoy una controversia constitucional: si las “Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes” creadas por el Tribunal (al amparo de su poder de reglamentación) interfieren con los poderes de administración del Juez Presidente. En el proceso, seguiría la conversación, debemos interpretar el significado de la facultad que tiene el Presidente de “dirigir” la administración de los tribunales. Contestar esa pregunta, requeriría del arsenal hermenéutico y analítico convencional que enseñamos en las facultades de derecho: un análisis del texto de la Constitución, su historia, objetivos, etc. El problema, se dice, es que estamos ante una situación curiosa: como es el Tribunal Supremo (su mayoría) quien tiene la última palabra sobre la interpretación de la Constitución, nada impide que esa mayoría interprete restrictivamente los poderes administrativos del Presidente mientras que, a la vez, se agrande los suyos sin posibilidad de solicitar revisión ante foro superior alguno. Eso, se dice, constituye una “crisis constitucional”.

Pero en realidad no es extraño que una mayoría de jueces del Supremo tenga la facultad de dibujar los contornos de su propio poder. Lo hace todo el tiempo, como cuando evalúa si un caso es “justiciable” (si puede ser evaluado por el Poder Judicial) sobre la base de criterios de su propio diseño o, de otro lado, cuando se atribuye “poderes inherentes” para reglamentar la profesión de la abogacía. Las otras Ramas tienen prerrogativas similares. Cada Cámara legislativa, dispone la Constitución, “será el único juez de la capacidad legal de sus miembros” y sobre esa base tiene amplias facultades atinentes a su membresía; facultades que son prácticamente inapelables ante tribunales. Asimismo, el Poder Ejecutivo, dice la Constitución, “se ejercerá por un Gobernador”, pero no especifica cómo y hasta dónde el Gobernador puede “ejercer” ese poder—muchos límites se encuentran en la misma Constitución (el mismo articulado dispone poderes específicos  de éste, la reserva de facultades a otras Ramas, y la Carta de Derechos, por ejemplo). Pero en la generalidad de los casos, el Poder Ejecutivo define sus poderes mediante Órdenes Ejecutivas, cargadas implícita o explícitamente de la interpretación que él mismo pueda hacer de sus propias prerrogativas. Nada nuevo ahí.  Es decir, que es parte de la cotidianidad constitucional que las Ramas consideren y decidan sobre la extensión de sus propias facultades, en ocasiones teniendo la palabra final y sin posibilidad real de revisión ulterior.

Entonces, si el auto agrandamiento de poderes es un asunto jurídico relativamente familiar (que puede o no ser constitucionalmente problemático, pero no necesariamente alarmante) ¿vale la pena tan siquiera hablar de crisis?  Por supuesto que sí, pues la problemática del Tribunal no tiene que ver exclusivamente con interpretación constitucional, aunque sin duda es una dimensión central del problema. Fundamentalmente se trata de una crisis política que toca la esencia de nuestra convivencia democrática, oprimiendo al corazón de nuestro sistema político.  Y como tal debemos tratarla.

La dimensión política de la crisis

El contexto inmediato en que se da la controversia es importante: en medio de imputaciones públicas contra el Juez Presidente, Federico Hernández Denton, sobre el uso de recursos de la Rama Judicial para fines personales, se desatan sendas investigaciones por el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Es respuesta, Hernández Denton, por vía de la Oficina de Administración de Tribunales, comenzó una investigación más amplia sobre el uso de recursos de la Rama por sus jueces, no limitada a las imputaciones contra el Juez Presidente. En un inusual intercambio por comunicados de prensa, la mayoría del Tribunal tildó la acción de Hernández Denton como “altamente sospechosa e inoportuna” y, eventualmente, emitió una Resolución creando las mencionadas Reglas para investigaciones independientes, las cuales imponen el consentimiento de dos terceras partes del Tribunal (en la práctica unanimidad de jueces del bloque de nuevo nombramiento) para todo tipo de pesquisa sobre el uso de fondos de la Rama Judicial. A la vez desautorizó, so pena de desacato, la iniciada por la OAT porque, entre otras cosas, supuestamente podría interferir con las investigaciones del Senado y Justicia contra Hernández Denton; pero, simultáneamente, comenzó su propia investigación sobre los mismos hechos.

Nadie duda la intención y origen de estas movidas. La elite del país que hoy está en el poder lleva décadas resintiendo el control del Tribunal Supremo por jueces nombrados por administraciones del PPD.  La oportunidad de asentarse en el Poder Judicial finalmente se dio este cuatrienio. Primero ocupando tres vacantes que venían del cuatrienio de Acevedo Vilá (y que no se pudieron llenar durante el periodo de “gobierno compartido”), luego una cuarta silla dejada por el retiro del Juez Asociado Efraín Rivera Pérez y, finalmente, como si tener cuatro de siete puestos no fuera suficiente, el aumento en la composición del Tribunal por dos jueces, solicitado por los mismos Jueces recién nombrados.  La fiebre por acaparar el poder en todas las esferas posibles llegó al Tribunal para quedarse. Resta, únicamente, la codiciada posición de Juez Presidente quien administra la Rama Judicial y, con ello, el botín que representa un presupuesto millonario.

Pero aunque este contexto es elocuente, no es suficiente para entender la dimensión política de esta crisis.  Los acontecimientos recientes deben verse, además, tomando en cuenta el consistente ejercicio del poder tosco por parte de la Mayoría del Tribunal Supremo. Poder que se manifiesta, principalmente, en su trayectoria durante los pasados tres años.

Todo comienza desde el saque: con procesos de nombramiento y confirmación que apuntan a una imposición burda carente de la discusión mínima necesaria para que la población evalúe la idoneidad y capacidad de los aspirantes.[1] Internamente, cualquier posibilidad de discusión y colaboración colegiada en el seno del Tribunal se disipó rápidamente: vemos a una Mayoría híper-consciente de su poder agrandando sus facultades internas frente al Juez Presidente (por ejemplo, concentrando en la Mayoría la asignación de casos[2] y, con la ayuda de la Asamblea Legislativa, asumiendo mayor control en la asignación de jueces durante el proceso electoral).[3] Asimismo, le vemos tomando decisiones fundamentales a la Rama cual caucus político, a espaldas de los Jueces en minoría (como fue con el aumento en la composición del Tribunal,[4] y en esta crisis, desautorizando al Juez Presidente mientras se encontraba fuera del país y sin contar con las Juezas Rodríguez y Fiol).  A ello se le suma una actitud institucional violenta y prepotente en su proceder diario, tal como en este caso amenazando con desacato a la Directora de la OAT ante lo que entendieron fue un reto a su autoridad autoimpuesta. Violencia que se percibe en un Juez Asociado a quien no le faltan excusas para recordarnos que está allí como resultado “del mandato del Pueblo expresado … en las urnas”,[5] que con evidente desprecio acusa a la voz disidente de tener “una mente prejuiciada o de escasa cultura jurídica”[6] y que en sus Opiniones intenta ridiculizar las críticas provenientes de la sociedad civil.[7] Y hay otro Juez que sin tapujos dice que se concibe a sí mismo como miembro de una “Nueva Mayoría”, club de filosofía jurídica (e ¿ideológica?) unísono.[8]

Pero ahí no queda la cosa. El devenir de este Tribunal ha estado marcado por un fuerte aliento de arbitrariedad al no justificar convincentemente (jurídica o lógicamente) sus decisiones más importantes. Por ejemplo, todavía estamos esperando explicaciones sobre porqué los ex gobernadores tienen un derecho constitucional “adquirido” a sus escoltas, pero los empleados públicos despedidos por la Ley 7 no tienen semejante derecho a sus empleos;[9] o qué justifica su sugerencia de que todas los colegiaciones compulsorias son inconstitucionales (prominentemente la del Colegio de Abogados), contrario a la jurisprudencia constitucional;[10] tampoco percibiremos como jurídica la construcción de excepciones adicionales a la ley de violencia doméstica por razones morales o religiosas (similar a otros casos del Tribunal en la pasada década);[11] o limitaciones artificiales a la libertad de expresión por razones jurídicamente inconcebibles;[12] y el propio aumento de jueces con razones deconstruibles con una increíble facilidad.[13]  El episodio reciente no está exento de lo anterior: usar su poder de “reglamentación” para establecer que la Mayoría aprobará decisiones investigativas particulares, instruir a la OAT que asigne recursos para su propia investigación, y regañando a la Directora por comenzar la propia, es equivalente a auto delegarse funciones de administración que es precisamente lo que ordena la Constitución debe estar concentrado en el Juez Presidente. Todo ello so pretexto de solidificar la “confianza de la ciudadanía” en la Rama Judicial.

Hay que enfatizar: si se tratara únicamente de quién tiene más votos ahí acabaría la discusión. Pero el poder público ha de ejercerse legítimamente, o no se ejerce. Ello incluye, crucialmente, el empleo de razones públicas de modo que, quien quede afectado por ese poder, le perciba como aceptable aún desde el disenso. Y esa legitimidad sufre si quien detenta la fuerza nos asume receptores pasivos de un poder cuya única referencia de autoridad es tautológica, el poder mismo. Que tengamos recuerdo de similar uso de poder en el pasado, nada dice de su validez hoy. En ello se juega nada menos que el carácter de una comunidad democrática. Como señalara el profesor Efrén Rivera Ramos reflexionando en torno a la solicitud de aumento en jueces:

El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder.[14]

Estamos pues ante un tipo de ejercicio del poder candente donde el tema jurídico sobre qué constituye “administrar” la Rama toma un segundo plano. Y es precisamente el ejercicio de ese poder por el Supremo, ignorando su rol constitucional, lo que resalta la dimensión política del conflicto.

Soluciones políticas

En esta discusión se siente un grado pasmoso de silencio, particularmente de abogados y abogadas. Las razones pueden ser diversas. Por un lado, muchos abogados (quienes, por su entrenamiento, deberían estar especialmente capacitados para evaluar al Tribunal) pueden verse en una posición paradójica: precisamente porque conocen (o perciben) las deficiencias crasas del Poder Judicial, pueden estar cohibiéndose por temor a ver perjudicados aquellos casos que llevan a ese foro o, peor aún, porque equivocadamente piensan que los poderes disciplinarios del Tribunal superan los dictámenes de la Primera Enmienda. De otro lado, muchos abogados están convencidos de que mantener la legitimidad de la Rama Judicial es responsabilidad de todos (y de ellos especialmente) y de ahí emana una idea, equivocada, de que resulta inapropiado expresarse duramente contra la institución y sus jueces. Lo primero recae sobre la consciencia de cada abogado y abogada. Sobre lo segundo vale la pena recalcar que la legitimidad del Tribunal no viene de gratis y que le toca principalmente a sus componentes ganársela. Además, si de la legitimidad del foro se tratara, hay que preguntarse primero si al día de hoy queda alguna legitimidad que rescatar. Llamados públicos a que las partes conversen pausadamente para limar asperezas por el bien de la institución, aunque bien intencionados, ya están tarde. La institución está deslegitimada. Y la participación de las Ramas políticas en ese proceso de deslegitimación, en lo que incluyo al propio Tribunal, es evidente para cualquier observador razonable.

A veces se escuchan voces señalando que “los populares” hacían lo mismo como si de política partidista se tratara. Ese argumento no se contesta porque nada contribuye. Lo que sí tiene agarre es una reserva a que la crítica en este contexto vaya acompañada por (o sea percibida como) una defensa implícita a la trayectoria del Tribunal Supremo en los últimos años o incluso al Juez Presidente como individuo.  Pero uno puede ser un duro crítico del Tribunal Supremo antes del copo y aún así ver las diferencias marcadas entre este “Nuevo Tribunal” y los predecesores. La forma en que se ejerce el poder es un asunto sustantivo importante. Y uno puede cuestionar aquel ejercicio de poder burdo y distinguirle de aquel ejercicio de poder que, aunque nos opongamos a otros aspectos sustantivos fundamentales, garantiza posibilidades de conversación social con esas estructuras. Subrayar las diferencias entre uno y el otro no es equivalente a restaurar el “viejo orden”, que mucho tendría que transformar, pero sí rescatar aquellos aspectos en la estructura política y jurídica que son esenciales para hacer posible esa transformación.

Pero si algo tiene de razón la anterior preocupación es que subraya un aspecto fundamentalmente problemático en la tradición política que rodea al Tribunal. Por décadas llevamos atrapados en un paradigma que concibe a los Jueces como si pertenecieran a bloques ideológicos fijos. Ese es el problema político de fondo y trasciende al conflicto actual, a los personajes involucrados y a la Mayoría coyuntural. El proceso político (y la cultura política) le ha fallado a la institución progresivamente y nos hemos acostumbrados a pensar, tal vez irreversiblemente, que esa forma ideológica (principalmente político-partidista) de ver a los miembros del Tribunal es correcta.

Ante todo esto, el momento exige una interacción ciudadana crítica con la Constitución que nos permita reflexionar sobre una salida permanente a esta imagen que rodea al Tribunal Supremo. Y para eso hay que pensar en soluciones radicales que permitan comenzar de nuevo, con una plana de Juezas y Jueces capaces de ganar el respeto de la población puertorriqueña, y procesos de selección que garanticen a un Tribunal poblado por gente del más alto calibre y, sobre todo, sentido de justicia.

Sólo una enmienda constitucional que declare vacantes (en etapas) todas las posiciones vigentes, dará ocasión genuina para la reestructuración necesaria. Ello sólo es viable si viene acompañado con un compromiso político por garantizar un proceso social inclusivo y deliberativo para determinar los criterios mínimos del cargo así como las personas particulares. Por diseño constitucional todo proceso de enmienda requiere el más alto nivel de participación pública, voluntad política y consenso; y esa es la razón fundamental por la que sería el mecanismo adecuado. Tal vez por ahí encontraremos salida a la crisis política que tenemos de frente.

* Columna publicada en Claridad el 7 de febrero de 2012.

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