La Jueza Sonia Sotomayor sigue innovando. En una nota publicada ayer por el NY Times se señala que en una reciente opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos suscrita por Sotomayor (Mohawk Industries, Inc. v. Carpenter No. 08-678), Sotomoyaor utiliza por primera vez en la historia de dicho tribunal el término “undocumented immigrant”. Si bien el vocablo “undocumented” está bien utilizado en el contexto de la referida opinión, la realidad es que el angloparlante norteamericano suele utilizar, en la alternativa, el término “illegal immigrant”. De hecho, la nota periodística señala que este último sí ha sido utilizado por el Tribunal en una docena de casos.

A mi juicio, la distinción entre los términos refleja algo más que una diferencia cultural. Se trata, en el fondo, del juicio valorativo que se hace de la persona que se categoriza como inmigrante y que se describe como “indocumentado” o “ilegal”. El término “indocumentado” conlleva un juicio valorativo del inmigrante distinto al que puede conllevar el término “ilegal”. En el primero se implica que la falta cometida se refiere a un asunto administrativo que podría ser subsanado una vez se complete la “documentación” de la persona. En el segundo se ubica al inmigrante al margen de la ley, y al así hacerlo, se enfatiza la gravedad de la falta cometida, y por ende, en sus consecuencias.

Las palabras en los escritos jurídicos no son meros accidentes. El lenguaje cumple un fin jurídico fundamental en la medida que sirve para construir o destruir identidades, fomentar o desalentar prejuicios, y reproducir la visión de la realidad que el interlocutor quiere presentar. No sabemos si la Jueza Sotomoyor introdujo este nuevo término por inadvertencia cultural o por diseño, pero a juzgar por su probada capacidad intelectual, no sería irrazonable pensar que éste podría ser un esfuerzo por iniciar un proceso de cambio social que ciertamente tomará tiempo y requerirá muchas más sutilezas en el uso del lenguaje.

He vuelto a examinar la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico, 2009 TSPR 154, a ver si puedo entender la lógica jurídica que llevó al resultado ya conocido. Y aunque no he logrado mi objetivo, he tropezado con otro error ortográfico que me permite comentar una importante regla de redacción del idioma español. Se trata de la acentuación de las palabras esdrújulas.

Las palabras esdrújulas son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba. En español, todas las palabras esdrújulas se acentúan. No obstante, en la página 30 del mencionado caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico publicó lo siguiente: “Los aquí peticionarios no poseían una mera expectativa sobre el derecho de protección, sino que estos ostentan un derecho adquirido en virtud de sus respectivos retiros como primeros ejecutivos del país, bajo un estado de derecho especifico.” En este caso, la palabra “específico”, por ser esdrújula, debió estar acentuada en su antepenúltima sílaba. No lo está.

Curiosamente, al igual que en el caso del error que señalé en una entrada anterior, lo trágico del asunto es que el Tribunal aplica la regla de redacción correctamente en situaciones similares. Hay al menos tres ocasiones adicionales en las que usó la palabra “específica” o “específicas”, y las acentuó en su antepenúltima sílaba (véase páginas 57, 64 y 66). Como si fuera poco, el error se produce en una de las oraciones más importantes de la opinión, en la cual se responde a la controversia jurídica que tenía el Tribunal ante sí. Por tanto, es forzoso concluir que la omisión del acento en este caso sólo puede atribuirse a una falta de rigurosoridad en la redacción y revisión del texto antes de su publicación.

A diferencia de los abogados y las abogadas, los tribunales tienen todo el tiempo y todas las prórrogas que necesiten para redactar y revisar sus escritos. Si bien eso no debe ser licencia para que abogados y abogadas incumplan las reglas de redacción en los escritos que producen, ciertamente le impone una responsabilidad mayor a la judicatura que, como ya he señalado, debe ser modelo para el resto de los mortales.

Uno de los errores más comunes en la redacción en español es el uso indistinto de la preposición “a” y de la conjugación verbal “ha” (del verbo “haber”). Así por ejemplo, un principiante en materia de estudios jurídicos suele sustituir la conocida frase “no ha lugar” por “no a lugar”. Falta comprensible cuando se está en plena formación académica. Error inexcusable cuando se trata del tribunal de última instancia en Puerto Rico.

En Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico, 2009 TSPR 154, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó, en la página 26: “El Tribunal Supremo de los Estados Unidos a determinado que, cuando el Congreso enmienda algún estatuto al cual una agencia administrativa le ha impartido una determinada interpretación a algunas de sus partes y el Congreso no intenta modificar esa parte del referido estatuto, la interpretación administrativa adquiere rango de norma vigente.”

Lo curioso [y trágico] del texto citado es que en una misma oración se comete el error antes señalado (“a determinado”) y luego se utiliza el vocablo correcto (“ha impartido”). Si bien se trata de un error inconsecuente desde un punto de vista estrictamente jurídico, constituye una falla inaceptable de una institución cuyo producto debe ser modelo de rigurosidad en la redacción de escritos jurídicos.

La autonomía y el grado de indepencia que el ordenamiento jurídico le permite al capital privado, algo que tradicionalmente se ha asociado con su capacidad para generar actividad económica, eventualmente se ha convertido en su propio veneno. Salarios y bonificaciones exorbitantes, ausencia de transparencia en los procesos administrativos, incumplimiento con los deberes de fiducia sobre el capital de terceros y una avaricia que no conoce límites son algunos de los pecados corporativos ya confesados por estos genios del mundo privado en los Estados Unidos. En fin, el colapso de muchos de estos grandes imperios privados, con un costo para los contribuyentes que ya suma cantidades impresentables, ha  hecho repensar los paradigmas existentes en cuanto a la tan mitificada eficiencia del sector privado y la deseabilidad de la intervención del Estado en todo lo relacionado a dicho sector.

Habida cuenta lo anterior, resulta evidente que una de las grandes lecciones de la actual crisis económica mundial -particularmente en los Estados Unidos- es que el Gobierno no debe renunciar a la capacidad de reglamentar, supervisar y revisar las actuaciones del sector privado, sobre todo cuando la actividad empresarial de dicho sector está financiada con dinero público. Así pues, resulta al menos irónico que en Puerto Rico el Gobierno deposita gran parte de sus esperanzas en el sector privado, mientras en los Estados Unidos ocurre lo contrario. Allá, aumenta la desconfianza y se intensifica la regulación. Aquí, hablamos de alianzas y se flexibiliza la supervisión.

Sin tener el beneficio de cualquier enmienda que se haya incorporado al proyecto original, el  P. del S. 469 (Alianzas Público Privadas) resulta particularmente preocupante toda vez que prácticamente elimina la posibilidad de revisar judicialmente las actuaciones gubernamentales dirigidas a comisionar sus responsabilidades al sector privado. Específicamente, dispone el Proyecto que “[e]l solicitante no cualificado o el Proponente no seleccionado tendrá un término jurisdiccional de quince (15) días para presentar un recurso de certiorari, a ser expedido discrecionalmente, en jurisdicción original, al Tribunal Supremo de Puerto Rico.” Más adelante añade que “[n]o procederá ningún otro tipo de demanda, acción, procedimiento o recurso en ningún tribunal que no sea según dispuesto en este Artículo 20…”.

Como dije en una entrada anterior, en una sociedad que reclame o que aspire ser democrática, hay que proteger la capacidad legal de sus ciudadanos para cuestionar las actuaciones gubernamentales y solicitar desagravios cuando así lo entiendan necesario. La gestión pública, sobre todo cuando se encomienda a teceros privados, no debe estar inmune a la revisión judicial. Pretender eliminar o limitar esa posibilidad abona a la desconfianza pública en su Gobierno y crea un desbalance desmedido entre los poderes constitucionales que nos aleja del modelo republicano de gobierno y nos acerca a otros modelos menos democráticos y más despretigiados.

Mucho se habla en Puerto Rico sobre la soberanía como concepto politico, aunque lejos estamos de llegar a un consenso sobre lo que ello implica desde una perspectiva jurídica. Y es que no se trata de un asunto ligero. La complejidad de las relaciones internacionales y sus actores, unido a la multiplicidad de intereses que permean esas interacciones, tienen un inevitable efecto camaleónico sobre eso que llamamos “soberanía”. 

La realidad es que, en materia de política y relaciones internacionales, las posibilidades semánticas pueden ser infinitas. No obstante, al final, poco importan las palabras en estos juegos de poder. Lo realmente determinante son las circunstancias de los gobernados. Sobre este particular, incluyo un enlace a un interesante artículo publicado ayer en la versión electrónica de Foreign Affairs. Como dicen los angloparlantes, “food for thought”. 

http://foreignaffairs.com/articles/64872/stephen-d-krasner/who-gets-a-state-and-why?

En una entrada previa advertía sobre el peligro de la falta de regulación de los mercados financieros y su efecto en el estado de la economía. En ese momento no hubiese podido anticipar la magnitud de la actual crisis financiera, la cual se ha convertido en una bola de nieve donde cada nuevo capítulo supera al anterior. Sobre el particular, en un Editorial publicado ayer por The New York Times, se cuestiona cuál debe ser la función legislativa en este asunto. Específicamente señala:

“Unfortunately, the systemic-risk regulator is more often presented, at least at this early stage of the regulatory reform effort, as an overarching and primary fix for the broken financial system. It is not. Congress must not substitute the quick fix for the hard work of regulatory reform. To do so would squander current public support for re-regulation and would ultimately leave the system vulnerable to a repeat of the same calamities that afflict it today.”

De una parte, resulta [al menos] curioso cómo una sociedad que gusta de regular cada detalle de la vida del que nada tiene, se resiste a regular al que todo tiene. De otra, llama la atención que el legislador actúa, se proyecta y se visualiza a sí mismo como un reparador de crisis que fustiga y adjudica culpas, y no como el arquitecto de una política pública coherente, comprensiva e inclusiva que facilite la gestión pública y privada, pero sin dejar de ser sensible a sus constituyentes. En ese sentido, el producto legislativo se convierte en la medicina que se toma para enfrentar la crisis, no en la vitamina que evita su ocurrencia.

Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ha cobrado fuerza la teoría legal sobre los alegados poderes implícitos del Presidente de los Estados Unidos al amparo de la Constitución Federal. En particular, los abogados del Gobierno han defendido el alegado poder del Presidente para no considerar a un detenido como un criminal doméstico ni como un prisionero de guerra, y en la alternativa, crear una tercera categoría en la que ubican a los que han denominado “enemy combatants“.

Lo anterior tiene el efecto de no reconocerle al detenido los derechos constitucionales que de ordinario le cobijan a todo sospechoso o acusado en un procedimiento criminal en los Estados Unidos. Tampoco se le reconocen los derechos que le amparan a todo prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra. Al efecto, esta categoría de “enemy combatants” es una especie de limbo jurídico y muchos de los así clasificados han sido sometidos a métodos de interrogación dignos de una historia de terror. Sobre el particular, incluyo un enlace a un artículo publicado hoy en The New York Times que recopila varias de estas historias. 

http://www.nytimes.com/2009/03/15/opinion/15danner.html

En mi entrada previa comentaba sobre el principio de la autonomía universitaria contenido en las leyes que dan origen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y su valor como pacto social entre el Estado y su Universidad. En el día de ayer, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), mediante la cual, entre otras cosas, quedó enmendada la Ley Número 2 de 20 de enero de 1966 a los fines de reducir y limitar la base presupuestaria sobre la cual opera la fórmula que calcula los fondos que son asignados al presupuesto de la Universidad.

La Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 establece el método de financiamiento para la Universidad de Puerto Rico. A través de la referida legislación, se destina a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente. Así, en 1966, se fijó la manera en que el Estado le proveería los recursos a la Universidad de Puerto Rico para facilitar su funcionamiento y expansión.

La autonomía fiscal que la Ley 2 le concede a la Universidad de Puerto Rico ha constituido un elemento fundamental para asegurar y mantener la excelencia académica y el desarrollo de la agenda universitaria libre de las transacciones políticas que son propias de los procesos presupuestarios ordinarios. Y es que el esquema de las fórmulas presupuestarias (también usado para asignar recursos a la rama judicial y a los municipios) lo que pretende es evitar que los procesos presupuestarios (inherentemente políticos) sean usados para premiar o castigar a las instituciones, según se quiera en cada caso y momento histórico. De otra parte, al usar valores porcentuales y no absolutos, se garantiza que las instituciones que se benefician de este esquema puedan crecer en los tiempos de ‘vacas gordas’ y tengan que hacer ajustes fiscales en los tiempos de ‘vacas flacas’.

Ahora bien, el nuevo esquema cambia las reglas de juego. En síntesis, la enmienda aprobada ayer tiene dos elementos que inciden en el financiamiento de la Universidad.

Primero, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que están destinados al Fondo de Interés Apremiante. Es decir, la merma en los ingresos de la Universidad por este concepto equivaldrá al 9.60% de 2.75% del total de 7.00% del IVU.

Segundo, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad todos los recaudos que surjan de las imposiciones que establece la propia Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico. Si bien se trata de nuevos recaudos que no estaban previamente contabilizados en la base presupuestaria de la Universidad, el efecto práctico es que menoscaba el crecimiento natural de dicha base presupuestaria.

Es imposible precisar en estos momentos el alcance del impacto que la legislación aprobada ayer tendrá en las finanzas de la Universidad. Menos difícil resulta pensar que esta acción legislativa –perfectamente legítima desde un punto de vista estrictamente legal- es un duro golpe al principio de la autonomía fiscal de la Universidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico durante cuarenta y tres años.

Comienza un nuevo año y con éste una nueva Asamblea Legislativa. Entre los proyectos que he podido revisar, destaca de manera particular el P. del S. 30, mediante el cual se pretende aumentar de 13 a 31 el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Merece varios comentarios.

Primero, el más obvio. En tiempos de estrechez económica y ante el reiterado mensaje del Ejecutivo de buscar un Gobierno más pequeño, el Legislador presenta un proyecto para duplicar el tamaño de una estructura pública, sin identificar las fuentes que financiarán ese incremento monumental de un organismo directivo que no presta un servicio directo a la comunidad. Más sentido tendría, por ejemplo, una legislación que redujera el número de sus miembros de 13 a 11.

Segundo, como cuestión de administración pública, una Junta de 31 miembros es algo cerca de inmanejable. Lejos de facilitar la gestión pública, la complica.

Tercero, este asunto no ha sido evaluado ni recomendado por ninguno de los múltiples organismos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha sido recomendado por ninguno de los organismos llamados a auditar la Universidad. Como cuestión de hecho, es contrario a todos los estudios, recomendacioes y esfuerzos de los últimos años, dirigidos todos a reducir la burocracia y el gasto operacional de la Universidad. En cualquier caso, en deferencia a la comunidad universitaria, un cambio de esta naturaleza tiene que surgir de la propia Universidad como una recomendación al Legislador, no a la inversa.

Las Leyes Número 1 y 2 de 20 de enero de 1966 establecen la estructura orgánica de la Universidad de Puerto Rico, fundamentadas ambas en el principio de no intervención política en los asuntos universitarios. Estas leyes implican un pacto social mediante el cual el Estado le reconoce a la Universidad un amplio margen de autonomía administrativa y fiscal. Ese pacto social no es perfecto, pero ha funcionado muy bien para Puerto Rico. Procede entonces fortalecerlo, no debilitarlo.

The twentieth century marked humanity with an unprecedented progress in technology, health and economic development. At the same time, it is sadly remembered for mass scale crimes committed by state officials of instituted governments. The absence of an international institution with the authority and capacity to prosecute those crimes has always been a weakness of international law. By the turn of the century, the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was a major step forward. As a court of last resort, the ICC has the authority to investigate and prosecute international criminals when national courts have failed.

The ICC was conceived as a backstop to local efforts to bring international criminals to justice. Under the principle of “complementarity” codified in the Roman Statute, the ICC will assume jurisdiction only when national courts are unwilling or unable to investigate or prosecute the matter themselves. The ICC has some flaws, though. First, it does not allow for tailored judicial process sensible to the particularities of the specific people involved. Any transitional justice process should take into account these variables. Second, because of its general subject jurisdiction as opposed to the specific subject jurisdiction of special tribunals, the ICC still faces the opposition of some world powers, particularly the US. Third, the Rome Statute limited the matter jurisdiction of the ICC to genocide, war crimes, and crimes against humanity. However, the record shows that not doing so would have probably aborted the whole ICC idea.  

Before the born of the ICC, special international criminal courts were appointed to deal with specific international crimes, as was the case of one set up to prosecute the responsible of the Rwanda’s genocide during the 1990s. The International Criminal Tribunal for Rwanda was established by the United Nations Security Council in 1994. The uncertainties related to rules and procedures that followed its establishment added to the general public skepticism. As a consequence of this lack of framework, during the time elapsed until the Security Council adopted its resolution and finally set up the court, hundreds of thousands of people were killed. At the end, more than 800,000 people were killed in Rwanda’s genocide. 

Today, fourteen years later, former senior defense official Theoneste Bagosora has been convicted of instigating Rwanda’s 1994 genocide and sentenced to life in prison. Bagosora and two co-defendants were found to have led a committee that plotted the massacre of ethnic Tutsis and moderate Hutus. It is the first time the Rwanda tribunal has convicted anyone of organizing the killings. Along with Bagosora, former military commanders Anatole Nsegiyumva and Alloys Ntabakuze were also found guilty of genocide, crimes against humanity and war crimes, and given life sentences.

Whether the existence of a court or the codification of an act as a crime is a determent for law breakers is a never ending sociological discussion. In any case, no legal institution or proceeding can erase the suffering that comes along with crimes. That does not mean they should not exist.

The ICC, the International Criminal Tribunal for Rwanda and other special international criminal courts have been under fire because of their struggle to impose penalties for major human rights violations the world have witnessed during the last decades. Despite the validity of some of those critiques, it is unfair to measure their success by the number of indicted or convicted international criminals. The mere existence of these international criminal courts is a major accomplishment for the international community and a breakthrough in the development of an international rule of law. Today´s convictions are a huge step towards that direction.