Se publica hoy una excelente columna por Rubén Colón Morales, sobre el estado de la independencia judicial en Puerto Rico titulada “Moribunda la Independencia Judicial”. Es lectura obligada, y se da en el contexto del reciente rechazo en el Senado de un juez competente por puras razones ideológicas. Concluye Colón Morales:

Y es que desde hace muchos años, y como norma general bajo administraciones gubernamentales PNP y PPD, para que alguien sea juez o jueza tiene necesariamente que mover palas políticas para conseguir ser nominado y confirmado, aunque le sobre talento y capacidad. De una u otra forma, ese candidato a juez o jueza tiene que ser apadrinado por un político de importancia en un bautismo en el cual, lejos de purificarse, tendrá necesariamente que mancharse.

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Se publica hoy, en la revista 80grados, mi columna “Un tribunal a la defensiva”.

Copio el párrafo inicial y los dos finales, para afincar, exhortando a que lean por allá!

Empieza:

“Tal vez poca gente sabe que un grupo de jueces del Tribunal Supremo está a punto de montar campamento en el Monte del Estado, con rifles, escopetas y planes revolucionarios”

Y termina:

“Con la carga que, se nos dice, ahora tenemos de cultivar la legitimidad del Tribunal Supremo, se nos pide el silencio para protegerla. Se nos pide el silencio para proteger el mito. La deslegitimación del Tribunal en última instancia será culpa nuestra.

Si es que quiere ganarse el respeto que necesita tener de la población, un tribunal no puede estar a la defensiva, repartiendo responsabilidades en todos menos en sí mismo. En cambio, debe construir su propia legitimidad, afirmativamente, mientras nosotros en la política hacemos lo que nos corresponde en una democracia: exigirle, con uñas y con dientes, que se la ganen.”

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Hoy se publica en El Nuevo Día una columna de Efrén Rivera Ramos titulada “El Estado de Derecho”. Reflexionando sobre las exigencias de ese requerimiento político, nos permite evaluar nuestra situación política actual. Es lectura obligada. Se copia aquí, íntegramente.

El estado de derecho

Por Efrén Rivera Ramos

Desde Washington hasta Pekín, pasando por prácticamente todas las capitales del mundo, se proclama la necesidad de que se respete el “estado de derecho”. Al reclamo se unen múltiples organismos regionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.

La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la “ley y el orden”. Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.

Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.

La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.

No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.

No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen étnico, condición social, ideas políticas o religiosas y otras de carácter similar.

Pero todavía ello no sería suficiente. Pues la existencia de normas sin la garantía de su cumplimiento constituye, en el mejor de los casos, un deseo sin materialidad y, en el peor, un soberano engaño. Las garantías pueden ser múltiples. En los sistemas jurídicos actuales, se tiende a descansar de forma sustancial en la posibilidad de contar con tribunales imparciales e independientes. A lo que habría que añadir las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a ellos. La garantía mayor, sin embargo, tendría que ser la fiscalización de los diversos sectores de la comunidad.

A la luz de esta noción del estado de derecho, ¿dónde queda Puerto Rico?

Cualquiera que conozca el País tendría que concluir que tenemos problemas serios en este sentido.

Empecemos por la circunstancia de que nuestra condición política nos somete al gobierno de normas en cuya creación no participamos de forma significativa. Sigamos por el hecho de que muchas veces aun aquellas normas forjadas por organismos electos o establecidos por nosotros mismos son generadas mediante procesos atropellados sin deliberación alguna que merezca los apellidos de pública y adecuada. La sujeción de la ley a la Constitución se ha puesto en duda con las interpretaciones cuestionables emanadas del Tribunal Supremo. La arbitrariedad de algunas decisiones legislativas y ejecutivas ha quedado sin remedio. Los cuestionamientos frecuentes sobre la independencia judicial y el cierre del acceso a los tribunales de personas y comunidades afectadas por diversas actuaciones gubernamentales ponen sobre el tapete el asunto de las garantías reales del estado de derecho.

La complacencia no se justifica.

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Ya es conocido que el Tribunal Supremo emitió una reciente orden paralizando los procedimientos de Escrutinio General de las pasadas primarias.

La discusión pública está repleta de consideraciones de toda índole; desde una intensa suspicacia en torno a las intenciones de una mayoría del tribunal de maltrecha legitimidad, cuestiones procesales en torno al recurso de Certificación, hasta argumentos jurídicos y constitucionales de envergadura relativos al derecho de libre asociación, el derecho a la intimidad y la secretividad del voto.

Esperaré la decisión que el Tribunal emita para opinar, como corresponda. Pero adelanto una reflexión preliminar sobre un asunto del cual me he expresado en el pasado.

Se dice que cualquier argumento sobre la privacidad de los electores que figuran en la lista de un partido queda renunciada al someterse al proceso electoral primarista. Sin adjudicar los méritos, puede haber razones y argumentos que apoyen la divulgación de la identidad en determinados casos ante la existencia de intereses apremiantes. Igualmente, puede que el remedio solicitado por quienes abogan por la divulgación de identidad pueda lograrse y satisfacerse plenamente sin necesidad de esa divulgación. Habrá que estudiar el problema.

Lo que debe quedar claro, sin embargo, es que hay un argumento en todo este debate que no debe estar disponible o que si se considera, debe evaluarse críticamente. Se dice que al entrar en un colegio electoral primarista el elector que allí entra se identifica públicamente como perteneciente a un partido político y, por ello, en la medida que terceros le han visto entrar a esos colegios, carece de expectativa de intimidad sobre su afiliación política. Se alega esto como una variante del viejo argumento de que “carecemos de una expectativa de intimidad sobre todo aquello que hagamos en público”. Esta noción va atada a la idea complementaria de que sólo podemos tener una expectativa de intimidad con relación a aquello que hacemos en secreto. Hoy día, sin embargo, esta idea no tiene sentido y, a la luz de nuestro mandato constitucional especial para proteger el derecho a la intimidad, debe ser revisada por el Tribunal.

En varios sitios he cuestionado la vigencia de esa premisa, particularmente en un entorno digitalmente interconectado. Y quien haya leído esos trabajos, encontrará esta entrada ya aburrida. Pero la urgencia del asunto merece repetición en estos días.

En una columna reciente en la revista 80grados titulada “Hablar en privado“, reflexionando sobre un planteamiento similar ante el affair Arango, planteé que:

“La frontera entre lo público y lo privado en este contexto (en lenguaje jurídico, a través de los contornos del derecho a la intimidad) para muchos depende de la decisión del sujeto cuya información estamos observando. Si publicas no reclames, se dice. En este sentido, al definir nuestro derecho a la intimidad, el valor primario y políticamente favorecido es la autonomía individual y ello se manifiesta en una noción del derecho a la intimidad que se equipara a secretividad: a lo que decidimos mantener oculto.

No obstante, si limitamos nuestra concepción del derecho a la intimidad a expectativas de intimidad, secretividad, soledad o a la idea de que no tenemos un derecho constitucional sobre la información que decidimos revelar al público, desatenderíamos algunos de los riesgos más importantes que tecnologías contemporáneas presentan sobre valores políticos que atesoramos. Nociones de privacidad que no reconocen la importancia de estos valores, suelen ignorar problemas causados por tecnologías capaces de recopilar información personal sin interferir con la soledad o secretividad. Este es el caso, por ejemplo, de la recopilación de información de nuestras transacciones (públicas) en internet y fuera del ciberespacio por entidades privadas y el gobierno; así como la recopilación, acumulación y clasificación de esa información con el propósito de crear perfiles públicos o privados. Otro problema que no afecta la secretividad o soledad, es la vigilancia mediante vídeo en lugares públicos (parques, centros comerciales, cajeros automáticos) y, muy relacionado, el uso de tecnología biométrica de identificación facial conectados a estos artefactos. Si pensamos en la intimidad como aquello relacionado a lo que hemos guardado tras alguna barrera y nociones similares, esa vigilancia electrónica no presentaría preocupaciones constitucionales—lo cual confronta algunas de nuestras intuiciones más genuinas.”

Ante de eso, advertí una línea similar en un artículo de revista jurídica titulado “La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública”, 77 Rev. Jur. UPR 45, 48-56, (2008).  En “Privacy in Puerto Rico and The Madman’s Plight: Decisions”,  9 Georgetown J. Gen. & L. 1 (2008), expresé asimismo que no podemos ignorar la conexión entre el derecho a la intimidad, el anonimato y la libertad de expresión:

“Especially in times of ubiquitous surveillance such as these, one must not forget that privacy is not only about the secrecy of information but, more broadly, about controlling the way we define our identities. Therefore, the right to remain anonymous in public spaces is a way to control how we project our identities to others (more precisely, to control if we project our identities). When law and technology limit our ability to control the projection of our identities in public, lack of anonymity may produce chilling effects detrimental to the richness and diversity of public discourse. Democracy may be thus threatened.”

A todo esto debemos añadir la reciente Opinión Concurrente de la Jueza Sonia Sotomayor en United States v. Jones 565 U. S. ____ (2012), un caso relacionado con la protección contra registros y allanamientos irrazonables ante tecnología de rastreo por GPS. Su cuestionamiento de la idea de que es público lo que no ocurra en secreto es cristalino:

“Awareness that the Government may be watching chills associational and expressive freedoms. And the Government’s unrestrained power to assemble data that reveal private aspects of identity is susceptible to abuse. The net result is that GPS monitoring—by making available at a relatively low cost such a substantial quantum of intimate information about any person whom the Government, in its unfettered discretion, chooses to track—may “alter the relationship between citizen and government in a way that is inimical to democratic society.”

I would take these attributes of GPS monitoring into account when considering the existence of a reasonable societal expectation of privacy in the sum of one’s public movements. I would ask whether people reasonably expect that their movements will be recorded and aggregated in a manner that enables the Government to ascertain, more or less at will, their political and religious beliefs, sexual habits, and so on.”

Y, en lo que constituye el golpe de gracia de su planteo:

“More fundamentally, it may be necessary to reconsider the premise that an individual has no reasonable expectation of privacy in information voluntarily disclosed to third parties … This approach is ill suited to the digital age, in which people reveal a great deal of information about themselves to third parties in the course of carrying out mundane tasks. People disclose the phone numbers that they dial or text to their cellular providers; the URLs that they visit and the e-mail addresses with which they correspond to their Internet service providers; and the books, groceries, and medications they purchase to online retailers. Perhaps, as Justice Alito notes, some people may find the “tradeoff” of privacy for convenience “worthwhile,” or come to accept this “diminution of privacy” as “inevitable,” and perhaps not. I for one doubt that people would accept without complaint the warrantless disclosure to the Government of a list of every Web site they had visited in the last week, or month, or year. But whatever the societal expectations, they can attain constitutionally protected status only if our Fourth Amendment jurisprudence ceases to treat secrecy as a prerequisite for privacy. I would not assume that all information voluntarily disclosed to some member of the public for a limited purpose is, for that reason alone, disentitled to Fourth Amendment protection.”

En fin, que aunque puedan haber razones poderosas para divulgar la información (según sea necesario para adelantar un interés apremiante del Estado y siempre que ello sea el medio menos oneroso posible) la premisa, en un mundo digitalmente interconectado, no puede ser que una persona pierda irremediablemente (para todos los fines posibles) su derecho constitucional a la intimidad sólo por el hecho de que un tercero observó públicamente su conducta. En momentos en que Facebook constituye simultáneamente la plaza pública y la sala de nuestra casa (un espacio donde lo público y lo privado se colapsan), resolver lo contrario implicaría socavar profundamente uno de los pilares de nuestro derecho constitucional. Fidelidad a la constitución, en este contexto, implica resaltar los valores políticos que ella encierra frente al embate acelerado de los cambios tecnológicos.

Actualización del 8 de abril de 2011

Algunos me han preguntado qué exactamente contribuiría la reflexión que esbozo, según aplicado al problema de las listas de electores de partidos.  La implicación del planteo es que, si bien terceros pueden ver a un individuo entrar a una caseta identificada, ausente el alcance de nuevas tecnologías esa información se quedaría en el nivel individual del que observó o se extendería tal vez entre redes sociales tradicionales. Pero considerando el alcance potencialmente viral de la información en la internet, la divulgación por ese medio de esa información  trasciende por mucho el chisme de barrio y el conocimiento local, para convertirse en una herramienta muy poderosa de evaluación colectiva sobre los hábitos políticos del elector. Ante esa magnitud, y sabiendo de la posiblemente extraordinaria divulgación de su afiliación política (y las consecuencias que ello acarrearía), un elector que tema ese potencial panóptico digital pensará dos veces antes de participar en un evento electoral fundamental para nuestro proceso político. Tal vez ello no es problemático para el elector fanático que pertenece al “corazón del rollo” y quien alardea de sus preferencias partidistas; pero aquel que se identifica con un partido en un nivel más privado, merece el mismo derecho de participar en primarias que el otro.

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Reflexionando sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la doctrina de legitimación activa, el colega Luis José Torres Asencio publica una gran columna en 80grados, titulada “A las puertas del tribunal“. Junto a la entrada reciente de Érika Fontánez sobre el llamado activismo judicial del Tribunal en años recientes (activismo para cerrar puertas en casos de justicia ambiental), el ensayo de Luis José es crucial para continuar nuestra reflexión sobre el rumbo de nuestro sistema de justicia. Concluye Luis José:

los tribunales han descansado en FundaciónSurfrider para concluir que ambientalistas opuestos a determinado proyecto no tienen legitimación activa para procurar la revisión judicial de su aprobación. Como resultado de lo anterior, luego de más de cuatro décadas en los que las puertas de los tribunales estuvieron generosamente abiertas para ventilar reclamos de comunidades y organizaciones ambientales, el tema de la legitimación activa se ha convertido en el principal obstáculo para examinar las objeciones de estos grupos a las decisiones impugnadas.

No dejen de leerla.

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En muy poco tiempo esta nueva conformación del Tribunal Supremo ha dado al traste con mucha de las interpretaciones legislativas y constitucionales y ha revocado su propia jurisprudencia. En no pocos casos y en menos tiempo que el que nos da para lograr la publicación de un volumen de Revista Jurídica, el Supremo ha cambiado drásticamente jurisprudencia y precedentes que proveían garantías ciudadanas sobre ciertos derechos y políticas públicas adoptadas en ley. Particularmente, en los últimos dos años –y valga señalar su notoriedad- de manera vertiginosa, el nuevo Tribunal ha cerrado de manera sorprendente la entrada a la búsqueda de remedios en los tribunales mediante una hiper-estrechez del concepto “legitimación activa”. Esto, tanto el ámbito administrativo (procesos en las agencias administrativas), como para la presentación de demandas en los tribunales tanto en casos civiles (e.g. revisiones judiciales de determinaciones de agencias, recursos de interdictos) como en casos criminales (e.g. interpretando restrictivamente la protección a las víctimas de violencia doméstica).

Uno de los temas que más sorprende es la forma vertiginosa en que el nuevo Tribunal, de manera activa, ha supra-limitado -tanto en su interpretación del derecho como en su aplicación a los hechos- la doctrina de legitimación activa en casos ambientales. En poco tiempo y muy activamente, más rápido que cualquier proceso legislativo, valga decir, este Tribunal ha tirado por la borda valiosa jurisprudencia que costó años en desarrollar y que ofrecía una serie de garantías a los ciudadanos que buscaban remedios en los tribunales para hacer valer la ley, particularmente, la Ley sobre Política Ambiental (1970, 2004), ley que da vida a la protección constitucional a los recursos naturales (Artículo VI, sección 19).

Los casos en que se busca hacer valer la política pública ambiental establecida en nuestro ordenamiento, hasta hace poco habían tenido una garantía de entrada al Tribunal distinta a la de otros casos. El fundamento de esto siempre fue por dos vías: la protección constitucional (Art. VI, sec. 19), y las disposiciones en la legislación que dispone para los conocidos “pleitos del ciudadano”, establecidos explícitamente por legislación tanto en las leyes ambientales de Estados Unidos como de Puerto Rico. Mucha de la legislación ambiental incluye medidas para que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales a hacer valer la ley. Esta garantía legislativa no surgió de la nada, sino que guarda consigo una política jurídica que tanto el/la congresista de los EEUU como los y las legisladoras en Puerto Rico quisieron promover: que la ciudadanía pudiera hacer valer esta legislación ambiental en su carácter sustantivo y fueran co-fiscalizadores en la implantación de la política pública ambiental, acudiendo a los tribunales para exigir la implantación de la legislación ambiental y garantizar así su cumplimiento. Otra legislación, como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación (1975) estableció además como política pública una amplia participación ciudadana, de modo que los requisitos de interés legítimo y legitimación activa, según dispuesto por la legislación, deben interpretarse liberalmente a favor de la participación y la revisión judicial.

Pero sobre todo, la Ley sobre Política Pública Ambiental había sido interpretada desde los 70 por el Tribunal Supremo en el sentido de que para hacerla valer, el estándar de legitimación activa debía interpretarse liberalmente e incluir como daño incluso aquel posible daño al valor estético que la acción impugnada o exigida pudiera provocar. La Ley sobre Política Ambiental, tiene como fin que la ciudadanía participe y haga valer la ley y su propósito es que se tome en cuenta el impacto ambiental de una actuación del gobierno ANTES de que se tome la decisión y se comprometa el recurso. El incumplimiento con este proceso es de por sí un daño. Así también lo había resuelto el Tribunal Supremo hasta hace poco.

Todo lo anterior lo discutimos al detalle hace muy poco en un volumen completo de la Revista Jurídica del Colegio de Abogados dedicada completamente al tema de la participación ciudadana y el Derecho Ambiental. Puede acceder todo el volumen aquí.

El volumen recoge varios artículos en los que se comenta la legislación, la jurisprudencia y la política jurídica de participación ciudadana y acceso a los tribunales para garantizar la política pública ambiental. Lamentablemente, mucho de esto se ha revocado en solo dos años de activismo y complacencia deslegitimada por parte de este nuevo Tribunal para con las actuaciones de las otras dos Ramas de gobierno. Han abdicado a su función de garantes de los derechos, provisores de los remedios y guardianes del cumplimiento con la ley, negándole entrada a los tribunales a aquellos y aquellas que buscan hacer cumplir el estado de derecho. Habría que ver si su metodología y el aval de estas doctrinas que hoy implantan bajo el palio de la “deferencia”, cambian si las otras dos ramas de gobierno cambiaran. (Es eso lo que se ha demostrado empíricamente en estudios, particularmente uno de la Universidad de Chicago, en el caso de la adjudicación del Juez Thomas del Tribunal Supremo de EEUU, por ejemplo).

Aún así, como podrán ver en el volumen de la Revista del Colegio de Abogados, quienes comentábamos en ese entonces sobre las salvaguardas del ordenamiento jurídico respecto a la participación ciudadana y a la legitimación activa, hacíamos recomendaciones para ampliar estas protecciones a la ciudadanía. Nunca imaginamos que lejos de ampliarlas y en muy poco tiempo, un nuevo Tribunal Supremo pudiera, no solo invalidar lo que ya se había garantizado, ni dejar de interpretar la legislación en su mejor luz (e interpretarla en su peor luz y contrariamente al propósito legislativo), sino explícitamente revocar mediante un conservadurismo pasmoso, sus propios precedentes de manera avasalladora y rápida, aún en contra de lo que sería el margen de interpretación de la legislación. Eso es lo que ha sucedido en los últimos dos años.

En efecto, lo que ha ocurrido ante nuestros ojos y de manera tan rápida y altamente cuestionable -tanto que nos cuesta todavía creerlo- es que prácticamente se han cerrado las vías para acudir al Tribunal en búsqueda de remedios. Lo hemos llamado antes un Cierre del Tribunal Supremo. (Véase estos otros artículos sobre el particular). No ha hecho falta de mucha actividad legislativa; no ha hecho falta que se generara debate público ni trabajos legislativos para esto, se ha hecho activamente por la vía judicial.

Por eso, entendemos que en su quehacer este Tribunal es eminentemente activista. Actúa rápido y activamente en derogar precedentes históricos (como es el caso Salas Soler de 1974, sobre ‘standing’ en casos ambientales) y lo hace dándole un significado e interpretación a la legislación que da al traste con ella, aún sin acción legislativa que elimine la política pública que la ley y solo la ley establece, y más aún, la Constitución. En ese sentido sí, hablamos de un activismo judicial: uno que cambia el sentido de la ley, de la política pública YA establecida e interpretada, incluso constitucionalmente. Tradicionalmente, se le pone el adjetivo peyorativo de ‘activista’ a aquel y a aquella que reclama sus derechos o llama la atención críticamente sobre algo que entiende incorrecto o injusto. En el caso de la judicatura, tradicionalmente se le había llamado activistas a los jueces de corrientes del realismo jurídico o que se apartaban del formalismo o en otros casos, a aquellos jueces o juezas que, según se decía, intervenían ‘indebidamente’ con los poderes de las otras Ramas de gobierno, imponiendo política pública. Hoy día se sabe que eso que se llama el activismo va en más de una dirección y no solo en ciertos ámbitos a los jueces ‘liberales’ o ‘progresistas’ se les podría llamar ‘activistas’, sino también a aquellos y aquellas que utilizan su poder judicial para hacer avanzar activamente hacia el conservadurismo y que interpretan intencionalmente la ley y el derecho de la manera más rígida y conservadora en detrimento de grupos minoritarios, derechos sociales y acceso ciudadano a la justicia.

El activismo conservador, como es el caso del Supremo en los EEUU en las últimas décadas, se ha dedicado a revocar precedentes establecidos de manera vertiginosa, particularmente en materia de derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos y protecciones de grupos vulnerables que fueron protegidos por vía legislativa la interpretación judicial hace unas décadas. Esto es activismo. Y es que una podría decir que en efecto son jueces activistas los que alteran el Derecho significativamente y sin razones ni fundamentos legítimos, en este caso mediante un activismo conservador (y habría que decir que en algunos casos ultra-conservador y dogmáticamente a favor de enfoques partidistas o religiosos). Cambian sin más aún ese derecho que ha sido por décadas avalado e interpretado por la propia institución a la que pertenecen.

Ya hay varios estudios que analizan el activismo conservador de la Corte Suprema de EEUU, corte que en poco tiempo ha revocado un sinnúmero de precedentes que alteran significativamente los derechos y garantías ciudadanas. Esa Corte, se dice desde ya, se ha activado ideológicamente hacia la derecha. (Sobre esto han reportado el New York Times y Los Angeles Times. Vea algunos artículos aquí y aquí). En su día tendríamos que hacer el mismo tipo de análisis en cuanto a este Tribunal en PR, pero por ahora no hay que andarse con mucho empiricismo para darse cuenta de que el escenario judicial y los precedentes han sido alterados activa y dramáticamente  y en detrimento de la ciudadanía que veía la Rama Judicial como una alternativa para vindicar sus derechos.

La doctrina de standing o legitimación activa es un ejemplo. Sufrider Foundation, decidido hace dos años, así como las últimas sentencias y opiniones sobre el Gasoducto atestiguan de ello (Véase Lozada v. AEE). De 1974 al 2008 podría decirse sin lugar a dudas que al menos en casos ambientales, las vías de apertura a los tribunales para los individuos, ciudadanos y grupos eran mucho más abiertas. Abajo expongo algunos de los pronunciamientos sobre legitimación activa o derecho de intervención de los ciudadanos, en varias opiniones del Tribunal Supremo. En menos de dos años este Tribunal revocó prácticamente todo esto, dejando a los ciudadanos sin entrada al Tribunal, aún en casos que como en el último del Gasoducto se cumplió con los requisitos que tan rigurosamente establecieron en el caso Surfrider. En su aplicación, prácticamente dejaron a los ciudadanos sin forma de probar que cuentan con ‘standing’ para como mínimo tener “su día en corte” y exponer sus argumentos. Esto sin siquiera entrar a los méritos de los reclamos.

No hay duda que estamos ante un gran activismo por parte del Tribunal. Un activismo que busca hacer desaparecer todas las garantías ciudadanas para obtener remedios en derecho, remedios que le ampara el estado de derecho, al menos desde los tribunales.

Cómparese estos pronunciamientos con los actuales en el caso Surfrider y el nuevo de Lozada (Gasoducto). La última opinión de Lozada, emitida por el Juez asociado Martínez Torres, contó con el voto de la mayoría y con las opiniones disidentes de la Jueza asociada Fiol Matta y la Jueza Rodríguez Rodríguez. Como se verá, estos dos casos prácticamente hacen imposible que hasta el ciudadano con más daño o potencial de ser perjudicado por un proyecto, pueda presentar siquiera su argumento y reclamo en los méritos en el Tribunal. Tan pronto contemos con el análisis de estas opiniones lo colgaremos por aquí. Siguen los pronunciamientos del 1974- 2008 sobre legitimación activa en casos ambientales, participación ciudadana en procesos administrativos y lo que se considera como daño irreparable en la Ley sobre Política Pública Ambiental (el incumplimiento con una DIA es de por sí un daño irreparable. Todo esto, repetimos, ha sido revocado por el Tribunal Supremo.

Salas Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974)

En esta opinión, la controversia trataba sobre la necesidad o no de preparar una declaración de impacto ambiental previo a la aprobación de un reglamento.  Se trataba de la aprobación de un reglamento para regir la venta, distribución y aplicación comercial de venenos comerciales.  El Secretario de Agricultura había aprobado el reglamento sin antes presentar a la JCA una DIA que discutiera el impacto ambiental que tendría la acción de aprobar dicho reglamento.  El Instituto de Estudio Ambiental Inc. solicitó un mandamus contra el Secretario de Agricultura para que se le ordenara hacer una declaración de impacto ambiental. Se impugnó la capacidad del instituto para instar el mandamus. El TSPR resolvió que el Instituto tenía legitimación activa y ordenó   al Secretario a cumplir con el deber de presentar la DIA ante la JCA. Esto, al amparo de la Ley de Política Pública Ambiental.

¿Quién tiene legitimación activa para hacer valer la Ley PPA?

1.    el pueblo es considerado como parte interesada por tratarse de un interés público, por lo tanto no tiene que tener un interés especial en el resultado del caso.  No es necesario demostrar daño económico, puede tratarse de daños espirituales, estéticos, ambientales.

2.   La LPPA dispone que: “Cualquier ciudadano podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los tribunales de justicia contra ciudadanos particulares basados en daños que sufran por violaciones a esta ley. Esta acción civil de daños y perjuicios es independiente y diferente de los procesos administrativos que se sigan en la Junta. Igualmente cualquier ciudadano afectado por la falta de implementación de esta ley, podrá acudir al Tribunal Superior solamente para solicitar un mandamus, disponiéndose que lo anterior no incluye acciones de daños y perjuicios” (énfasis nuestro).

3.   El Tribunal señala que nuestra Ley de PPA, distinta a la federal (NEPA), dispone para el ejercicio en determinadas circunstancias de una acción pública, por ciudadanos privados “afectado[s] por la falta de implementación de esta ley”.

4.   “Tratándose de cuestiones de interés público, sostiene la mayoría de las autoridades que interpretan preceptos similares al nuestro, que cuando la cuestión envuelta es de interés público y el mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo es considerado como la parte especialmente interesada y el demandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta demostrar que es un ciudadano y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho público”.

5.   El Tribunal resolvió que el Instituto de Estudio Ambiental estaba constituido por personas afectadas por la falta de la implementación de la ley.  (tenían conocimientos sobre plaguicidas)

6.   Al determinar si una parte tiene capacidad para incoar un pleito en alegada protección de una política pública establecida por ley, un Tribunal debe examinar:

(a) el nexo entre el enteres del ciudadano y la acción radicada;

(b) el hecho de que los demandantes puedan representar adecuadamente el interés público y asumir su debida defensa;

(c) si el caso es justiciable o si puede montar a una intervención indebida del poder judicial con el funcionamiento de otra parte del Gobierno;

(d) si la controversia esta madura para decisión; y,

(e) si el litigio en cuestión constituye un medio adecuado para plantear en su debida dimensión y particularidad el problema de que se trate.

García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental (JCA), 142 D.P.R. 532 (1997)

Sobre legitimación activa:

a.    Una persona tendrá legitimación para acudir a los tribunales si cumple con los requisitos siguientes:

(1) que haya sufrido un daño claro y palpable, no abstracto ni hipotético;

(2)cuando existe un nexo causal entre la causa de acción que se ejercita y el daño alegado, y

(3)si la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley.

b.    La doctrina de legitimación activa se interpreta amplia y liberalmente cuando la demanda es contra las agencias y los funcionarios gubernamentales. La persona afectada por una acción gubernamental no tiene que demostrar un daño económico, sino que puede fundamentarse en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o simplemente estéticas.

c.    García Oyola y otros tenían capacidad jurídica para instar el recurso, aún cuando en la moción de reconsideración ante la JCA se identificaron como un grupo de residentes de Arecibo. Los documentos identificaban individualmente, a los miembros del grupo. Su interés respondía a legítimas consideraciones ambientales, estéticas y de salud. Además, el recurso presentado surge al amparo de la LPPA.

Misión Industrial v. JCA (Planta Co-generadora en Guayama), 145  D.P.R. 908 (1998)

1.    Marco constitucional

“El Art. VI, Sec. 19 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, dispone que:

Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrolloy aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad….

Esta disposición no es meramente la expresión de un insigne afán ni constituye tampoco sólo la declaración de un principio general de carácter exhortativo. Se trata, más bien, de un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza que sea contraria a éste. Como bien señala Trías Monge, el informe de la Comisión que redactó la disposición constitucional aludida fue claro y perentorio. Se pretendió con dicha disposición establecer un deber ineludible del Estado”. (cita omitida).

Misión Industrial v. Junta de Planificación (Superacueducto I), 142 D.P.R. 656 (1997)

El incumplimiento con los requisitos de la preparación de una DIA es un daño irreparable porque raras veces los daños ambientales pueden ser compensados.

Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito v. GP Real Property S.E. – 173 DPR 998 (2008)

“La LPAU establece que estos criterios deben aplicarse liberalmente, de manera que se cumpla con la política pública de participación ciudadana y el propósito de brindar servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero y prontitud a la ciudadana.  Todo ello con el resguardo de las garantías básicas del debido proceso de ley.  Id. Véase, Exposición de motivos, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.

En Lugo Rodrguez v. J.P., supra, dispusimos que para reconocer a una persona como parte activa del procedimiento adjudicativo, basta con que la persona tenga un interés legítimo y haya participado activamente en el procedimiento para que ésta sea considerada una parte en el proceso.  En dicha ocasión, definimos que el participante activo es aquel que utiliza los remedios disponibles en aras de
proteger su interés e interviene de forma tal en el proceso que resultara injusto y arbitrario no considerarlo una parte.  Id., en las pgs. 43-44.  Además expresamos lo siguiente:

Es cierto que no estamos en el caso de autos ante un grupo de participantes que
presentaron una solicitud formal de intervención.  Tampoco se trata, sin embargo, de unos participantes que se limitaron a presentar un argumento oral o testimonio durante la vista pública.  Los opositores demostraron interés en el asunto;  comparecieron y declararon en la vista;  sometieron sus ponencias; presentaron réplicas a la moción de reconsideración ante la Junta, y fueron notificados de los escritos de las partes durante el trámite administrativo.

Concluimos que los opositores son participantes activos y, por ende, partes en el presente caso. (énfasis nuestro) Id., en la pg. 46.”

El principio de liberalidad que recoge la LPAU al regular el mecanismo de
intervención responde al deber que tienen las agencias administrativas de reconocer y considerar las necesidades de los ciudadanos que pueden ser afectados por el ejercicio de los poderes administrativos delegados.

Las agencias vienen obligadas a facilitar la participación de aquellos ciudadanos cuyos intereses puedan ser afectados por la actuación administrativa, para evitar aplicar su pericia a una información que no refleje la situación real de dichos ciudadanos.

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Recientemente un juez estatal dictaminó que la falta de juicio por jurado en casos civiles en Puerto Rico es inconstitucional.  Pérez Toledo v. Quiñones Rosario, NSCI 2011-00096 (TPI Fajardo, PR) (Juez Eduardo Estrella Morales).  Según la sentencia, le aplica a Puerto Rico la Séptima Enmienda de la Constitución federal que provee para jurado en casos civiles en el tribunal federal.  La decisión, como veremos, esta claramente errada.

De trasfondo, tenemos que notar que desde que Estados Unidos adquirió a Puerto Rico bajo el Tratado de París, la isla se ha considerado un territorio no incorporado bajo la Constitución federal.  Según los Casos Insulares, existen dos tipos de territorios: los incorporados, y los no incorporados.  Los territorios incorporados gozan de una promesa expresa de estadidad futura de parte del Congreso, y por ende les aplica todos los derechos de la Carta de Derechos federal. Los territorios no incorporados, sin embargo, son territorios sobre los cuales el Congreso no se ha expresado en torno a su futuro político. De la Carta de Derechos, sólo le aplican los derechos fundamentales. El caso emblemático es Balzac (1921), en el cual el Tribunal Supremo determinó que aunque el Congreso le había concedido la ciudadanía americana a los puertorriqueños bajo la Ley Jones de 1917, dicha concesión no era equivalente a una promesa expresa de estadidad. Por ende Puerto Rico continuaba como un territorio no incorporado a que solo le aplicaban los derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo federal, sin embargo, ha determinado que la mayoría de las garantías de la Carta de Derechos son derechos fundamentales que protegen a toda persona, ya sea en un estado o territorio. En Puerto Rico, por ende, existe el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de culto, de prensa, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes, y los derechos que aplican a procesos criminales, tal como el derecho a abogado y juicio por jurado, entre otros.  Nuestra Constitución, además, ofrece protecciones más amplias que la federal, de tal manera que toda persona goza de un doble muro de contención contra el poder estatal. Ya sea por la Constitución de Puerto Rico o la federal, las personas en la isla no carecen de derechos individuales. En términos prácticos, por ende, las distinciones básicas entre territorio y estado se reducen a dos: (a)  la exclusión del territorio del proceso político federal (el voto Presidencial y la elección de representantes al Congreso); y (b) la autoridad que ostenta el Congreso para tratar a Puerto Rico discriminatoriamente en la otorgación de fondos federales, lo que se denomina la falta de paridad.

En el 2008, el juez federal Gustavo Gelpí declaró en Consejo de Salud v. Rullán, USDC-PR Civil No. 06-1269(GAG) que debido a su integración a los Estados Unidos, y el trato del Congreso hacia la isla, Puerto Rico había evolucionado de un territorio no incorporado a un territorio incorporado equivalente a un estado con derecho a paridad en fondos federales. Dicha opinión, sin embargo, no solo constituye un robo democrático en cuanto equivale a imponer la estadidad por fiat judicial,  sino también es claramente contraria a los precedentes jurídicos que requieren una expresión clara de la voluntad del Congreso a esos efectos. Aquí no la hay, y al día de hoy, ningún tribunal apelativo ha convalidado la decisión del juez federal. Su valor como autoridad, por ende,  es limitado y cuestionable.

El tribunal estatal, no obstante, descansó en la decisión del Juez Gelpí  para concluir que a Puerto Rico le aplicaba la Séptima Enmienda como si fuese un estado. Pero aún siendo así, sobre lo que no hay duda es que ya desde Minneapolis & St. Louis RR v. Bombolis, 241 U.S. 21 (1916) el Tribunal Supremo federal  estableció que la Séptima Enmienda no obliga a los estados. Dicha decisión fue ratificada por el Primer Circuito tan reciente como en Rivera v. Centro Médico de Turabo, 575 F.3d 10 (1st Cir. 2009). La Constitución sencillamente no reconoce como un derecho fundamental la necesidad de un jurado en pleitos civiles monetarios entre partes privadas. La razón es que estos pleitos, contrario a los procesos criminales,  no involucran la perdida de libertad o la posibilidad de cárcel.  En resumen, cada estado esta libre para decidir si desea adoptar el jurado civil no por obligación constitucional, sino como cuestión de política pública; o sea, por legislación. Por ende, aunque a Puerto Rico se considerase equivalente a un estado federal, según el Juez Gelpí, el derecho a un juicio por jurado en casos civiles no aplica ni a los propios estados de la federación. La decisión del tribunal estatal, en fin, es un error garrafal de lectura constitucional.

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Asunto: Hombre de 58 años mató a su hijo de 8 de un balazo mientras dormía y procedió a quitarse la vida. Esto, luego de agredir a su esposa y madre del niño.
Otros detalles relevantes: La mujer es cadete de la policía. Huyó de la casa con su hijo mayor. Dejó al chiquillo durmiendo. Intentó buscar ayuda. No funcionó.
Dictamen: El hombre es un cobarde. El niño nunca tiene la culpa. La mujer es responsable por ambas víctimas.
La controversia en este caso no versa sobre los hechos materiales, sino sobre la victimología. Son tres y no son iguales. Primeramente, el niño: No merecía morir. Punto. En segundo plano, el hombre, quien no suponía morir así: cobardemente, de su propia mano, libre de un posible acto justiciero. Finalmente, la mujer, quien los sobrevive y es marcada por la victimización de ambos. Me explico.
Es fácil interpretar la matanza del niño a manos del padre agresor como una manera de castigar (ejemplarmente) a la madre. Castigarla, quizás, por lo que fuera el motivo de su ira en el momento y principalísimamente, por la presunción equivocada de que la misma no se extendería a sus hijos. Al menos no a ese. Al menos no de esa forma. De ahí que se discuta hoy acerca del buen o mal juicio de la mujer al dejar al chiquillo durmiendo y huir. Más aún, que se cuestione su decisión de mantenerse y mantener a sus hijos en el marco de una relación abusiva.
Dichos debates, cuestionamientos y críticas, en vez de contribuir a la discusión seria sobre la violencia de género, facilitan la aparición discursiva de una co-autora del delito de asesinato que debe responder por el niño en tanto debió haber prevenido la muerte del inocente a manos de un cobarde suicida. Prevenirla no solo al momento del delito, sino “desde un principio.” El problema, claro, es que es difícil precisar exactamente cuándo la vida del niño entró en peligro, o cuándo ella debió salirse de una “mala” relación, o cuándo “trabajar la relación desde adentro” la transformó en una “masoquista” o en una “mujer sin dignidad” o “con la autoestima baja” etc.
Peor aún, la ausencia del verdadero y único autor del delito agudiza este aparente afán de responsabilizar a la mujer por el carácter y las consecuencias de la relación abusiva en que se encontraba inmersa. Se podría argumentar, incluso, que el suicidio opera en este contexto como un suceso interruptor en la cadena de la causalidad. Al menos en la cadena ideológica. Es decir, si el asesinato del niño funge como castigo de la madre, el suicidio representa la absolución del padre. Al hacerlo, dicho actor puede ser casi inmediatamente despachado como cobarde o como loco, sin mayores indagaciones en torno a su responsabilidad como autor de hecho (y sujeto ideológico), mientras que la mujer queda aquí para responder por un hijo y un esposo muertos. Ahora bien, esto no implica una segunda victimización de la mujer, a ser sumada a la violencia sufrida dentro de los contornos de su relación con el difunto. Más bien se trata de la consecuencia lógica, perversa de esa cadena de causalidad que origina no de los hechos, sino del “dictamen” del caso.
Asunto: Hombre mató a su hijo para castigar a la mujer y fue absuelto.
Otros detalles relevantes: La mujer intentó buscar ayuda. No funcionó.
Dictamen: La mujer es culpable.
La controversia versa sobre la manera en que atendemos las múltiples víctimas y sus respectivas victimizaciones en esta tragedia. En particular, la única víctima aquí que es total sin ser perfecta. Imperfección que radica en no poder alegar inocencia ni cobardía. En ser simplemente una más. De las de todos los días.

(Basta ya)

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Cualquier intento por desenredar el caos en que está sumido el Tribunal Supremo debe comenzar por entender el tipo de problema que le subyace. Y es que al Tribunal no le aqueja un dolama meramente jurídico-técnico sobre la distribución de poderes entre el Pleno del Tribunal y su Juez Presidente. Aunque es una dimensión importante, no es la única.

Si fuéramos a definir el problema como uno exclusivamente legal tendríamos una conversación parecida a la siguiente: La Constitución de Puerto Rico establece que el Juez Presidente “dirigirá la administración de los tribunales”, pero a la vez dispone que el Tribunal en su totalidad “adoptará reglas para la administración de los tribunales”. Toda vez que la Constitución configura una especie de división de tareas, una de reglamentación y otra de administración, se nos plantea hoy una controversia constitucional: si las “Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes” creadas por el Tribunal (al amparo de su poder de reglamentación) interfieren con los poderes de administración del Juez Presidente. En el proceso, seguiría la conversación, debemos interpretar el significado de la facultad que tiene el Presidente de “dirigir” la administración de los tribunales. Contestar esa pregunta, requeriría del arsenal hermenéutico y analítico convencional que enseñamos en las facultades de derecho: un análisis del texto de la Constitución, su historia, objetivos, etc. El problema, se dice, es que estamos ante una situación curiosa: como es el Tribunal Supremo (su mayoría) quien tiene la última palabra sobre la interpretación de la Constitución, nada impide que esa mayoría interprete restrictivamente los poderes administrativos del Presidente mientras que, a la vez, se agrande los suyos sin posibilidad de solicitar revisión ante foro superior alguno. Eso, se dice, constituye una “crisis constitucional”.

Pero en realidad no es extraño que una mayoría de jueces del Supremo tenga la facultad de dibujar los contornos de su propio poder. Lo hace todo el tiempo, como cuando evalúa si un caso es “justiciable” (si puede ser evaluado por el Poder Judicial) sobre la base de criterios de su propio diseño o, de otro lado, cuando se atribuye “poderes inherentes” para reglamentar la profesión de la abogacía. Las otras Ramas tienen prerrogativas similares. Cada Cámara legislativa, dispone la Constitución, “será el único juez de la capacidad legal de sus miembros” y sobre esa base tiene amplias facultades atinentes a su membresía; facultades que son prácticamente inapelables ante tribunales. Asimismo, el Poder Ejecutivo, dice la Constitución, “se ejercerá por un Gobernador”, pero no especifica cómo y hasta dónde el Gobernador puede “ejercer” ese poder—muchos límites se encuentran en la misma Constitución (el mismo articulado dispone poderes específicos  de éste, la reserva de facultades a otras Ramas, y la Carta de Derechos, por ejemplo). Pero en la generalidad de los casos, el Poder Ejecutivo define sus poderes mediante Órdenes Ejecutivas, cargadas implícita o explícitamente de la interpretación que él mismo pueda hacer de sus propias prerrogativas. Nada nuevo ahí.  Es decir, que es parte de la cotidianidad constitucional que las Ramas consideren y decidan sobre la extensión de sus propias facultades, en ocasiones teniendo la palabra final y sin posibilidad real de revisión ulterior.

Entonces, si el auto agrandamiento de poderes es un asunto jurídico relativamente familiar (que puede o no ser constitucionalmente problemático, pero no necesariamente alarmante) ¿vale la pena tan siquiera hablar de crisis?  Por supuesto que sí, pues la problemática del Tribunal no tiene que ver exclusivamente con interpretación constitucional, aunque sin duda es una dimensión central del problema. Fundamentalmente se trata de una crisis política que toca la esencia de nuestra convivencia democrática, oprimiendo al corazón de nuestro sistema político.  Y como tal debemos tratarla.

La dimensión política de la crisis

El contexto inmediato en que se da la controversia es importante: en medio de imputaciones públicas contra el Juez Presidente, Federico Hernández Denton, sobre el uso de recursos de la Rama Judicial para fines personales, se desatan sendas investigaciones por el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Es respuesta, Hernández Denton, por vía de la Oficina de Administración de Tribunales, comenzó una investigación más amplia sobre el uso de recursos de la Rama por sus jueces, no limitada a las imputaciones contra el Juez Presidente. En un inusual intercambio por comunicados de prensa, la mayoría del Tribunal tildó la acción de Hernández Denton como “altamente sospechosa e inoportuna” y, eventualmente, emitió una Resolución creando las mencionadas Reglas para investigaciones independientes, las cuales imponen el consentimiento de dos terceras partes del Tribunal (en la práctica unanimidad de jueces del bloque de nuevo nombramiento) para todo tipo de pesquisa sobre el uso de fondos de la Rama Judicial. A la vez desautorizó, so pena de desacato, la iniciada por la OAT porque, entre otras cosas, supuestamente podría interferir con las investigaciones del Senado y Justicia contra Hernández Denton; pero, simultáneamente, comenzó su propia investigación sobre los mismos hechos.

Nadie duda la intención y origen de estas movidas. La elite del país que hoy está en el poder lleva décadas resintiendo el control del Tribunal Supremo por jueces nombrados por administraciones del PPD.  La oportunidad de asentarse en el Poder Judicial finalmente se dio este cuatrienio. Primero ocupando tres vacantes que venían del cuatrienio de Acevedo Vilá (y que no se pudieron llenar durante el periodo de “gobierno compartido”), luego una cuarta silla dejada por el retiro del Juez Asociado Efraín Rivera Pérez y, finalmente, como si tener cuatro de siete puestos no fuera suficiente, el aumento en la composición del Tribunal por dos jueces, solicitado por los mismos Jueces recién nombrados.  La fiebre por acaparar el poder en todas las esferas posibles llegó al Tribunal para quedarse. Resta, únicamente, la codiciada posición de Juez Presidente quien administra la Rama Judicial y, con ello, el botín que representa un presupuesto millonario.

Pero aunque este contexto es elocuente, no es suficiente para entender la dimensión política de esta crisis.  Los acontecimientos recientes deben verse, además, tomando en cuenta el consistente ejercicio del poder tosco por parte de la Mayoría del Tribunal Supremo. Poder que se manifiesta, principalmente, en su trayectoria durante los pasados tres años.

Todo comienza desde el saque: con procesos de nombramiento y confirmación que apuntan a una imposición burda carente de la discusión mínima necesaria para que la población evalúe la idoneidad y capacidad de los aspirantes.[1] Internamente, cualquier posibilidad de discusión y colaboración colegiada en el seno del Tribunal se disipó rápidamente: vemos a una Mayoría híper-consciente de su poder agrandando sus facultades internas frente al Juez Presidente (por ejemplo, concentrando en la Mayoría la asignación de casos[2] y, con la ayuda de la Asamblea Legislativa, asumiendo mayor control en la asignación de jueces durante el proceso electoral).[3] Asimismo, le vemos tomando decisiones fundamentales a la Rama cual caucus político, a espaldas de los Jueces en minoría (como fue con el aumento en la composición del Tribunal,[4] y en esta crisis, desautorizando al Juez Presidente mientras se encontraba fuera del país y sin contar con las Juezas Rodríguez y Fiol).  A ello se le suma una actitud institucional violenta y prepotente en su proceder diario, tal como en este caso amenazando con desacato a la Directora de la OAT ante lo que entendieron fue un reto a su autoridad autoimpuesta. Violencia que se percibe en un Juez Asociado a quien no le faltan excusas para recordarnos que está allí como resultado “del mandato del Pueblo expresado … en las urnas”,[5] que con evidente desprecio acusa a la voz disidente de tener “una mente prejuiciada o de escasa cultura jurídica”[6] y que en sus Opiniones intenta ridiculizar las críticas provenientes de la sociedad civil.[7] Y hay otro Juez que sin tapujos dice que se concibe a sí mismo como miembro de una “Nueva Mayoría”, club de filosofía jurídica (e ¿ideológica?) unísono.[8]

Pero ahí no queda la cosa. El devenir de este Tribunal ha estado marcado por un fuerte aliento de arbitrariedad al no justificar convincentemente (jurídica o lógicamente) sus decisiones más importantes. Por ejemplo, todavía estamos esperando explicaciones sobre porqué los ex gobernadores tienen un derecho constitucional “adquirido” a sus escoltas, pero los empleados públicos despedidos por la Ley 7 no tienen semejante derecho a sus empleos;[9] o qué justifica su sugerencia de que todas los colegiaciones compulsorias son inconstitucionales (prominentemente la del Colegio de Abogados), contrario a la jurisprudencia constitucional;[10] tampoco percibiremos como jurídica la construcción de excepciones adicionales a la ley de violencia doméstica por razones morales o religiosas (similar a otros casos del Tribunal en la pasada década);[11] o limitaciones artificiales a la libertad de expresión por razones jurídicamente inconcebibles;[12] y el propio aumento de jueces con razones deconstruibles con una increíble facilidad.[13]  El episodio reciente no está exento de lo anterior: usar su poder de “reglamentación” para establecer que la Mayoría aprobará decisiones investigativas particulares, instruir a la OAT que asigne recursos para su propia investigación, y regañando a la Directora por comenzar la propia, es equivalente a auto delegarse funciones de administración que es precisamente lo que ordena la Constitución debe estar concentrado en el Juez Presidente. Todo ello so pretexto de solidificar la “confianza de la ciudadanía” en la Rama Judicial.

Hay que enfatizar: si se tratara únicamente de quién tiene más votos ahí acabaría la discusión. Pero el poder público ha de ejercerse legítimamente, o no se ejerce. Ello incluye, crucialmente, el empleo de razones públicas de modo que, quien quede afectado por ese poder, le perciba como aceptable aún desde el disenso. Y esa legitimidad sufre si quien detenta la fuerza nos asume receptores pasivos de un poder cuya única referencia de autoridad es tautológica, el poder mismo. Que tengamos recuerdo de similar uso de poder en el pasado, nada dice de su validez hoy. En ello se juega nada menos que el carácter de una comunidad democrática. Como señalara el profesor Efrén Rivera Ramos reflexionando en torno a la solicitud de aumento en jueces:

El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder.[14]

Estamos pues ante un tipo de ejercicio del poder candente donde el tema jurídico sobre qué constituye “administrar” la Rama toma un segundo plano. Y es precisamente el ejercicio de ese poder por el Supremo, ignorando su rol constitucional, lo que resalta la dimensión política del conflicto.

Soluciones políticas

En esta discusión se siente un grado pasmoso de silencio, particularmente de abogados y abogadas. Las razones pueden ser diversas. Por un lado, muchos abogados (quienes, por su entrenamiento, deberían estar especialmente capacitados para evaluar al Tribunal) pueden verse en una posición paradójica: precisamente porque conocen (o perciben) las deficiencias crasas del Poder Judicial, pueden estar cohibiéndose por temor a ver perjudicados aquellos casos que llevan a ese foro o, peor aún, porque equivocadamente piensan que los poderes disciplinarios del Tribunal superan los dictámenes de la Primera Enmienda. De otro lado, muchos abogados están convencidos de que mantener la legitimidad de la Rama Judicial es responsabilidad de todos (y de ellos especialmente) y de ahí emana una idea, equivocada, de que resulta inapropiado expresarse duramente contra la institución y sus jueces. Lo primero recae sobre la consciencia de cada abogado y abogada. Sobre lo segundo vale la pena recalcar que la legitimidad del Tribunal no viene de gratis y que le toca principalmente a sus componentes ganársela. Además, si de la legitimidad del foro se tratara, hay que preguntarse primero si al día de hoy queda alguna legitimidad que rescatar. Llamados públicos a que las partes conversen pausadamente para limar asperezas por el bien de la institución, aunque bien intencionados, ya están tarde. La institución está deslegitimada. Y la participación de las Ramas políticas en ese proceso de deslegitimación, en lo que incluyo al propio Tribunal, es evidente para cualquier observador razonable.

A veces se escuchan voces señalando que “los populares” hacían lo mismo como si de política partidista se tratara. Ese argumento no se contesta porque nada contribuye. Lo que sí tiene agarre es una reserva a que la crítica en este contexto vaya acompañada por (o sea percibida como) una defensa implícita a la trayectoria del Tribunal Supremo en los últimos años o incluso al Juez Presidente como individuo.  Pero uno puede ser un duro crítico del Tribunal Supremo antes del copo y aún así ver las diferencias marcadas entre este “Nuevo Tribunal” y los predecesores. La forma en que se ejerce el poder es un asunto sustantivo importante. Y uno puede cuestionar aquel ejercicio de poder burdo y distinguirle de aquel ejercicio de poder que, aunque nos opongamos a otros aspectos sustantivos fundamentales, garantiza posibilidades de conversación social con esas estructuras. Subrayar las diferencias entre uno y el otro no es equivalente a restaurar el “viejo orden”, que mucho tendría que transformar, pero sí rescatar aquellos aspectos en la estructura política y jurídica que son esenciales para hacer posible esa transformación.

Pero si algo tiene de razón la anterior preocupación es que subraya un aspecto fundamentalmente problemático en la tradición política que rodea al Tribunal. Por décadas llevamos atrapados en un paradigma que concibe a los Jueces como si pertenecieran a bloques ideológicos fijos. Ese es el problema político de fondo y trasciende al conflicto actual, a los personajes involucrados y a la Mayoría coyuntural. El proceso político (y la cultura política) le ha fallado a la institución progresivamente y nos hemos acostumbrados a pensar, tal vez irreversiblemente, que esa forma ideológica (principalmente político-partidista) de ver a los miembros del Tribunal es correcta.

Ante todo esto, el momento exige una interacción ciudadana crítica con la Constitución que nos permita reflexionar sobre una salida permanente a esta imagen que rodea al Tribunal Supremo. Y para eso hay que pensar en soluciones radicales que permitan comenzar de nuevo, con una plana de Juezas y Jueces capaces de ganar el respeto de la población puertorriqueña, y procesos de selección que garanticen a un Tribunal poblado por gente del más alto calibre y, sobre todo, sentido de justicia.

Sólo una enmienda constitucional que declare vacantes (en etapas) todas las posiciones vigentes, dará ocasión genuina para la reestructuración necesaria. Ello sólo es viable si viene acompañado con un compromiso político por garantizar un proceso social inclusivo y deliberativo para determinar los criterios mínimos del cargo así como las personas particulares. Por diseño constitucional todo proceso de enmienda requiere el más alto nivel de participación pública, voluntad política y consenso; y esa es la razón fundamental por la que sería el mecanismo adecuado. Tal vez por ahí encontraremos salida a la crisis política que tenemos de frente.

* Columna publicada en Claridad el 7 de febrero de 2012.

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La controversia que rodea al Tribunal Supremo de Puerto Rico está comenzando a generar una robusta opinión pública reflexiva en torno al rol de la judicatura en una democracia y en torno a nuestro rol como sociedad civil.  Los abogados y abogadas de Puerto Rico hasta ahora se han mantenido en silencio relativo ante la crisis, con algunas (muy valiosas) excepciones.

Recopilo aquí, y seguiré añadiendo sobre la marcha, aquellas opiniones jurídicas más relevantes. Sugerencias sobre columnas a añadir son bienvenidas:

• Efrén Rivera Ramos, El Conflicto Constitucional, El Nuevo Día 3 de febrero de 2012

• Érika Fontánez, La debacle está en otro lugar, no en la Constitución, Poder Espacio y Ambiente, 5 de febrero 2012

• Hiram Sánchez Martínez, Un tribunal hecho trizas, El Nuevo Día, 7 de febrero de 2012

• Hiram Meléndez Juarbe, Crisis política y el Tribunal Supremo, Claridad, 7 de febrero de 2012

• Efrén Rivera, Carlos Ramos, Carlos Gorrín: Conversatorio sobre Crisis Constitucional, CAPR, 8 de febrero 2012

• Mayra Montero, Ácida, El Nuevo Día, 12 de febrero 2012

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