Artículos en la Categoría ‘Derechos Humanos’

En la eventualidad que me encuentre en una condición de “estado vegetativo persistente” (según definido en 24 LPRA 3652(d)), declaro por medio de este blog que no deseo ser sometido a tratamiento médico para prolongar artificialmente el momento de mi muerte.

Ya lo dije. Aquí, en ausencia de notario, testigos y otras formalidades que exige la “Ley de Declaración previa de voluntad”, Ley 160 de 2001.

Que ello constituye “prueba clara y convincente” de mi voluntad, no debe estar en duda. Es muy fácil identificar la dirección de IP desde donde se genera esta entrada. Ésta se puede rastrear hasta mi ISP (Time Warner en NY) quien inicialmente no divulgará mi identidad, pero podrá ser obligado luego de una orden judicial siguiendo guías constitucionales diseñadas para salvaguardar mi anonimato y derechos de primera enmienda. Luego de identificada mi cuenta con el ISP, un tribunal podrá determinar que con toda probabilidad estas palabras fueron enunciadas por mí, pues sólo yo tengo acceso a escribir bajo mi nombre en este blog desde esta computadora.

Cualquier disposición legal que impida poner en vigor esta declaración de voluntad es, debo suponer, inconstitucional pues limitaría mi derecho a la intimidad, que es manifestación constitucional de mi autonomía personal y de mi derecho a la dignidad humana. Todo ello, gracias a la Opinión más reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Lozada Tirado v. Tirado Flecha, emitida en el día de ayer, por voz del Juez Presidente Hernández Denton.

La Opinión merece un comentario extenso, propio de Revista Jurídica, que trasciende este espacio. En términos generales, me parece una contribución importante a nuestra jurisprudencia constitucional en materia de derecho a la intimidad. La Opinión recalca el derecho que tenemos los puertorriqueños a que el Estado respete decisiones individuales fundamentales como, en este caso, rechazar tratamiento médico por la razón que sea. Asimismo, llama la atención el énfasis que hace la Jueza Asociada Anabelle Rodríguez sobre nuestro derecho a la intimidad boricua, y el más tímido tratamiento de este aspecto por la Opinión del Tribunal (tal vez por lograr coaliciones que configuren mayoría). Esta diferencia en énfasis refleja un distanciamiento de la doctrina de que, en Puerto Rico, el derecho a la intimidad tiene una “factura más ancha” que su contraparte en la jurisdicción federal. Ya habíamos señalado esta tendencia. Las implicaciones de esto último probablemente se cristalizarán en la próxima oportunidad y en los múltiples temas que tendrá el Nuevo Tribunal en su plato. Desmenucemos algunos aspectos de la Opinión. Leer más… »

Acabo de escuchar al gobernador de nuestro País en una entrevista en el canal 4 en la que justificaba su posición en cuanto a la fianza arguyendo que en nuestro país se abusa mucho del derecho a la fianza porque personas pagan con dinero “ilegal” la fianza. Todavía no entiendo cómo esto constituye un abuso.  Mucho menos veo cómo esto justifica una intervención con el derecho a la fianza. Me parece que si ese es su planteamiento deberíamos comenzar por abogar por exigirle a los estableciemientos que aceptan grandes cantidades de dinero sin conocer el origen de éstas o a los negocios que se crean con grandes sumas de dólares de las cuales se desconoce su proveniencia un desglose que acredite cómo ese dinero fue obtenido o producido.  Dudo que el gobe esté de acuerdo conmigo con esta limitación al derecho de la propiedad. No obstante, me parece más racional bajo la premisa de Fortuño intervenir con el derecho propietario que con el derecho a la fianza. Eso sí, estoy abierto a qué el Honorable Gobernador me explique cuál es la difrencia entre comprar con 50 mil dólares en efectivo un carro en Gómez Hermanos a pagar una fianza con 50 mil pesos.  Me parece que el alegado abuso del derecho de la fianza no es tan abuso como sí lo es el abuso de aquéllos que envalentonados por el alegado poder que les da la elección de la mayoría pretenden limitar y erradicar nuestras libertades civiles.

Ayer, el Gobernador de New Hampshire, frimó una ley para reconocer el matrimonio entre personas de mismo sexo en ese estado. Este es el sexto estado en Estados Unidos y en Nueva York, legislación aprobada por la Cámara, con el apoyo del Gobernador Patterson, aguarda discusión en el Senado. El Gobernador Lynch de New Hampshire, quien se opone personalmente a este matrimonio, da cátedra al reconocer que, por encima de sus preferencias, está el compromiso con una sociedad justa, donde se respete a todos los seres humanos por igual.  Así dijo: “Today, we are standing up for the liberties of same-sex couples by making clear that they will receive the same rights, responsibilities — and respect — under New Hampshire law”. Tal vez algo que nuestra clase política debe aprender.

Ya hemos hablado de eso, así que me abstengo por ahora. Sólo lo anoto aquí, para mantener la cuenta.

Ahora, por vía legislativa, Vermont aprobó el matrimonio entre personas de mismo sexo.  En dos entradas anteriores (1 y 2) me he referido a esta dinámica deliberativa que, en cierta forma, se ha desatado en un mundo post Lawrence v Texas.  Hay que notar el efecto Lawrence sobre el debate público. A pesar de que el Tribunal Supremo explícitamente esquivó el tema del matrimonio (y otros “beneficios sociales” como la adopción) y se limitó al asunto de la prohibición criminal a la sodomía (revocando a Bowers v. Hardwick), sin dudas estableció un nuevo punto de partida desde donde todo debate hoy se sostiene. Ya no es premisa legítima, como pudo haber sido bajo Bowers, concebir a parejas del mismo sexo como parias; criminales sin dignidad ni respeto. Hoy la premisa es otra. Y, aunque ello no se debe sólo a Lawrence, sin dudas hay algo de aquello que nos recordaba Bourdieu:  el poder de nombrar (lo legal y lo ilegal) ayuda a constituir nuestra realidad. El poder de Lawrence no está en lo que resolvió, sino en el mundo discursivo que ayudó a construir.

En una entrada anterior comenté sobre los procesos políticos y judiciales que, en una especie de conversación constitucional, promueven un debate acerca de los derechos civiles de parejas del mismo sexo. Mientras que el Tribunal Supremo de Iowa impulsa la conversación con firmeza en favor de principios básicos de igualdad y justicia–lo que seguramente generará reacciones políticas y judiciales (e intentos de enmiendas constitucionales como en California)–el resto del mundo observa cómo se desenvuelve una lucha que tanto se gana como se pierde pero que, significativamente, es una lucha que ocurre y se sostiene. Son instancias de debate y deliberación pública en que miles de personas se plantean elementos fundamentales a nuestra vida en comunidad.  Ciertamente hay muchas conversaciones que necesitamos y que no sostenemos como país (algunas de las cuales se ensayan en este blog), pero uno de los temas que a veces queda oscurecido entre el reguero de problemas, luchas y reclamos que compiten por la atención del público, es precisamente las condiciones de desigualdad que se perpetúan contra personas por razón de su orientación sexual. Leer más… »

La llamada Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, establece una serie de mecanismos para prevenir y castigar la violencia doméstica en Puerto Rico. Por su texto la ley no establece distinciones por razón de orientación sexual. Explícitamente reconoce protección a personas en una “relación de pareja”, término muy amplio e incluyente que cobija una diversa gama de relaciones, incluyendo una relación entre personas “que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima”. No obstante, en Pueblo v. Leandro Ruiz Martínez (2003), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que las relaciones afectivas reconocidas en la ley se limitan a las sostenidas por personas de sexo distinto. Esta determinación es lamentable: al atribuirle una orientación sexual determinada a un lenguaje neutral, el Tribunal da por sentado que la única concepción imaginable de una relación íntima es la heterosexual y configura una de las exclusiones más burdas en su jurisprudencia. Por esta razón la Ley 54, según interpretada, se abre a un planteamiento constitucional serio. Leer más… »

Luego que el Tribunal Supremo de California declarara que, bajo la constitución de este estado, toda persona tenía derecho a contraer matrimonio independiente del sexo de los contrayentes, la ciudadanía californiana aprobó por referendo una enmienda constitucional para proveer que el matrimonio sólo procederá entre personas de sexo opuesto. Leer más… »

Hace unas semanas, Érika anunció la Vigésimo-primera Lección Inaugural del Recinto de Río Piedras de la UPR, ofrecida por el Dr. Efrén Rivera Ramos, pasado Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  No fue hasta hoy que pude leer la magnífica lección del Dr. Rivera, la cual hago disponible en esta entrada y me imagino estará circulando por la red muy pronto.

Reseñar esta ponencia haría un flaco servicio a la calidad de su prosa y sería un tanto imprudente intervenir con la experiencia de su lector si adelantara lo que Efrén nos plantea. Sí quiero, no obstante, reflexionar muy brevemente en torno a un planteamiento que es central, no sólo a los estudiantes y los demás miembros de la comunidad universitaria con quienes Efrén dialoga, sino a todos nosotros y nosotras… miembros de esta comunidad de gente que llamamos humanidad. Leer más… »

En otro post comenté en torno al derecho a la intimidad relacionado con el control sobre nuestra información personal, especialmente en la era digital. Sin embargo, el derecho a la intimidad protege nuestra facultad de tomar ciertas decisiones importantes; decisiones que son fundamentales porque a través de ellas definimos parte de nuestra identidad. La doctrina constitucional de Estados Unidos clasifica esta modalidad de intimidad bajo el debido proceso de ley sustantivo de la enmienda XIV a la Constitución federal. Nuestra Constitución protege nuestra facultad de tomar estas decisiones íntimas al amparo del derecho a la intimidad y a la dignidad humana en su Artículo II. A través de estas decisiones regimos nuestro destino (individualmente y en relación con otros), decidimos quiénes somos y queremos ser y, por ende, la forma en que nos proponemos vivir. A esos fines, nos recuerda el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Casey (posteriormente reiterado en Lawrence v. Texas): Leer más… »

Hoy resuenan fuertemente las palabras del principal ejecutivo de Sun Microsystems, Scott McNeally, enunciadas hace casi una década: “You have zero privacy…get over it.”

Hemos perdido control, casi total, sobre el uso y destino de nuestra información personal. Ello se debe, en parte, al impacto que tienen ciertos adelantos tecnológicos sobre nuestra vida cotidiana. En la medida en que nos desenvolvemos en un entorno digital, es cada vez más larga la estela de información que trazamos y hacemos disponible a otros. Dejamos un récord permanente de nuestras vidas, distribuido y esparcido por todas partes, listo para ser recopilado y catalogado por aquellos con la tecnología necesaria y por quienes tengan suficientes incentivos para hacerlo. Leer más… »