Mucho se habla en Puerto Rico sobre la soberanía como concepto politico, aunque lejos estamos de llegar a un consenso sobre lo que ello implica desde una perspectiva jurídica. Y es que no se trata de un asunto ligero. La complejidad de las relaciones internacionales y sus actores, unido a la multiplicidad de intereses que permean esas interacciones, tienen un inevitable efecto camaleónico sobre eso que llamamos “soberanía”.
Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ha cobrado fuerza la teoría legal sobre los alegados poderes implícitos del Presidente de los Estados Unidos al amparo de la Constitución Federal. En particular, los abogados del Gobierno han defendido el alegado poder del Presidente para no considerar a un detenido como un criminal doméstico ni como un prisionero de guerra, y en la alternativa, crear una tercera categoría en la que ubican a los que han denominado “enemy combatants“.
Lo anterior tiene el efecto de no reconocerle al detenido los derechos constitucionales que de ordinario le cobijan a todo sospechoso o acusado en un procedimiento criminal en los Estados Unidos. Tampoco se le reconocen los derechos que le amparan a todo prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra. Al efecto, esta categoría de “enemy combatants” es una especie de limbo jurídico y muchos de los así clasificados han sido sometidos a métodos de interrogación dignos de una historia de terror. Sobre el particular, incluyo un enlace a un artículo publicado hoy en The New York Times que recopila varias de estas historias.
The twentieth century marked humanity with an unprecedented progress in technology, health and economic development. At the same time, it is sadly remembered for mass scale crimes committed by state officials of instituted governments. The absence of an international institution with the authority and capacity to prosecute those crimes has always been a weakness of international law. By the turn of the century, the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was a major step forward. As a court of last resort, the ICC has the authority to investigate and prosecute international criminals when national courts have failed.
Un juez federal de San Juan acaba de declarar que Puerto Rico se ha convertido en territorio incorporado de los Estados Unidos.
La diferencia entre territorios incorporados y no incorporados la estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los “Casos Insulares”, resueltos entre el 1901 y el 1922 para atender asuntos relacionados con los territorios de Puerto Rico, Hawai, Alaska y las Filipinas. Leer más… »
En el beisbol, siempre equivale a una victoria. En la más reciente película de Oliver Stone, se deja al juicio del espectador. Lo que sí queda claro del filme es la visión jurídica de una administración que se ha caracterizado por sus intrépidas interpretaciones del texto constitucional.
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