Mucho se habla en Puerto Rico sobre la soberanía como concepto politico, aunque lejos estamos de llegar a un consenso sobre lo que ello implica desde una perspectiva jurídica. Y es que no se trata de un asunto ligero. La complejidad de las relaciones internacionales y sus actores, unido a la multiplicidad de intereses que permean esas interacciones, tienen un inevitable efecto camaleónico sobre eso que llamamos “soberanía”.
La realidad es que, en materia de política y relaciones internacionales, las posibilidades semánticas pueden ser infinitas. No obstante, al final, poco importan las palabras en estos juegos de poder. Lo realmente determinante son las circunstancias de los gobernados. Sobre este particular, incluyo un enlace a un interesante artículo publicado ayer en la versión electrónica de Foreign Affairs. Como dicen los angloparlantes, “food for thought”.
http://foreignaffairs.com/articles/64872/stephen-d-krasner/who-gets-a-state-and-why?
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Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ha cobrado fuerza la teoría legal sobre los alegados poderes implícitos del Presidente de los Estados Unidos al amparo de la Constitución Federal. En particular, los abogados del Gobierno han defendido el alegado poder del Presidente para no considerar a un detenido como un criminal doméstico ni como un prisionero de guerra, y en la alternativa, crear una tercera categoría en la que ubican a los que han denominado “enemy combatants“.
Lo anterior tiene el efecto de no reconocerle al detenido los derechos constitucionales que de ordinario le cobijan a todo sospechoso o acusado en un procedimiento criminal en los Estados Unidos. Tampoco se le reconocen los derechos que le amparan a todo prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra. Al efecto, esta categoría de “enemy combatants” es una especie de limbo jurídico y muchos de los así clasificados han sido sometidos a métodos de interrogación dignos de una historia de terror. Sobre el particular, incluyo un enlace a un artículo publicado hoy en The New York Times que recopila varias de estas historias.
]]>The twentieth century marked humanity with an unprecedented progress in technology, health and economic development. At the same time, it is sadly remembered for mass scale crimes committed by state officials of instituted governments. The absence of an international institution with the authority and capacity to prosecute those crimes has always been a weakness of international law. By the turn of the century, the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was a major step forward. As a court of last resort, the ICC has the authority to investigate and prosecute international criminals when national courts have failed.
The ICC was conceived as a backstop to local efforts to bring international criminals to justice. Under the principle of “complementarity” codified in the Roman Statute, the ICC will assume jurisdiction only when national courts are unwilling or unable to investigate or prosecute the matter themselves. The ICC has some flaws, though. First, it does not allow for tailored judicial process sensible to the particularities of the specific people involved. Any transitional justice process should take into account these variables. Second, because of its general subject jurisdiction as opposed to the specific subject jurisdiction of special tribunals, the ICC still faces the opposition of some world powers, particularly the US. Third, the Rome Statute limited the matter jurisdiction of the ICC to genocide, war crimes, and crimes against humanity. However, the record shows that not doing so would have probably aborted the whole ICC idea.
Before the born of the ICC, special international criminal courts were appointed to deal with specific international crimes, as was the case of one set up to prosecute the responsible of the Rwanda’s genocide during the 1990s. The International Criminal Tribunal for Rwanda was established by the United Nations Security Council in 1994. The uncertainties related to rules and procedures that followed its establishment added to the general public skepticism. As a consequence of this lack of framework, during the time elapsed until the Security Council adopted its resolution and finally set up the court, hundreds of thousands of people were killed. At the end, more than 800,000 people were killed in Rwanda’s genocide.
Today, fourteen years later, former senior defense official Theoneste Bagosora has been convicted of instigating Rwanda’s 1994 genocide and sentenced to life in prison. Bagosora and two co-defendants were found to have led a committee that plotted the massacre of ethnic Tutsis and moderate Hutus. It is the first time the Rwanda tribunal has convicted anyone of organizing the killings. Along with Bagosora, former military commanders Anatole Nsegiyumva and Alloys Ntabakuze were also found guilty of genocide, crimes against humanity and war crimes, and given life sentences.
Whether the existence of a court or the codification of an act as a crime is a determent for law breakers is a never ending sociological discussion. In any case, no legal institution or proceeding can erase the suffering that comes along with crimes. That does not mean they should not exist.
The ICC, the International Criminal Tribunal for Rwanda and other special international criminal courts have been under fire because of their struggle to impose penalties for major human rights violations the world have witnessed during the last decades. Despite the validity of some of those critiques, it is unfair to measure their success by the number of indicted or convicted international criminals. The mere existence of these international criminal courts is a major accomplishment for the international community and a breakthrough in the development of an international rule of law. Today´s convictions are a huge step towards that direction.
Columna de hoy en El Nuevo Día sobre el tema de la decisión del juez de distrito federal Gustavo Gelpí que declara a Puerto Rico como “territorio incorporado”.
19-Noviembre-2008
Efrén Rivera Ramos
Catedrático de Derecho
¿Territorio incorporado?
Un juez federal de San Juan acaba de declarar que Puerto Rico se ha convertido en territorio incorporado de los Estados Unidos.
La diferencia entre territorios incorporados y no incorporados la estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los “Casos Insulares”, resueltos entre el 1901 y el 1922 para atender asuntos relacionados con los territorios de Puerto Rico, Hawai, Alaska y las Filipinas.
Dictaminó entonces el tribunal que a Puerto Rico debía considerársele territorio no incorporado, que significa que “pertenece a, -pero no es parte de-, los Estados Unidos”. Como tal, no se le extienden todas las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos.
En 1922 en el caso de Balzac v. Porto Rico, el Tribunal determinó que ni siquiera la concesión de la ciudadanía estadounidense había efectuado la incorporación jurídica de nuestro país a los Estados Unidos.
En su opinión reciente, el juez Gustavo A. Gelpí dice cosas acertadas. Por ejemplo, que los “Casos Insulares” se basaron en una ideología racista e imperial. Que su razonamiento ha sido criticado duramente. Y que Puerto Rico se ha ido pareciendo cada vez más a un estado de la Unión. Todo eso es innegable.
Sin embargo, su decisión llega a una conclusión encontrada con lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Balzac. En ese caso, el Tribunal resolvió que la incorporación de un territorio es un acto político que le corresponde sólo al Congreso. Añadió que esa intención del Congreso debe hacerse constar expresamente. Ello es así porque la incorporación significa poner al territorio en camino hacia la estadidad. Y esa es claramente una decisión política. En fin, que los tribunales no pueden meramente inferir de las actuaciones del Congreso y del Ejecutivo a lo largo del tiempo que el territorio ha sido incorporado. Eso es justamente lo que nuestro juez acaba de hacer, al concluir que los lazos entre Puerto Rico y los Estados Unidos se han desarrollado de tal forma que han tenido el efecto constitucional de incorporar a Puerto Rico.
El juez se apoya en una oración del caso Boumedienne v. Bush, resuelto en junio pasado por el Tribunal Supremo para atender la situación de los detenidos en Guantánamo. La oración reza así: “… muy bien puede ser que con el tiempo los lazos entre los Estados Unidos y cualquiera de sus territorios no incorporados se fortalezcan en modos que tengan significado constitucional”.
La citada expresión aparece en el texto de la opinión mayoritaria del caso Boumedienne después de que el juez ponente en ese caso ha reiterado la doctrina de Balzac y los demás “Casos Insulares”. De modo que no podría afirmarse razonablemente que esa sola oración tiene el efecto de invalidar lo resuelto expresamente en Balzac. Además, la aseveración era innecesaria para resolver la cuestión que el tribunal de Boumedienne tenía ante sí. Debe, pues, considerársele lo que los abogados llaman “dicta”, es decir, cosas que se dicen en una opinión que no constituyen en rigor parte del fundamento de lo que el tribunal resuelve.
Para concluir de forma jurídicamente sostenible que Puerto Rico ha sido incorporado constitucionalmente a Estados Unidos con el paso del tiempo, sin una declaración expresa del Congreso a esos efectos, el Tribunal Supremo tendría que revocar el caso de Balzac, cosa que no ha sucedido todavía.
Aclarado, pues, el asunto jurídico.
Desde el punto de vista político y humano se entiende que los compatriotas que favorecen la estadidad para Puerto Rico se muestren impacientes por la falta de acción del Congreso y el Ejecutivo estadounidenses en esa dirección. Igual desasosiego sienten los que creen en la independencia o en otras formas de soberanía.
El reclamo que debe hacerse es que el Congreso y el Presidente actúen sobre la condición política de Puerto Rico a la mayor brevedad. Se evitaría así el cultivo de falsas ilusiones. De unos y de otros.
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En el beisbol, siempre equivale a una victoria. En la más reciente película de Oliver Stone, se deja al juicio del espectador. Lo que sí queda claro del filme es la visión jurídica de una administración que se ha caracterizado por sus intrépidas interpretaciones del texto constitucional.
Sin ánimo de querer arruinar la expectativa de aquellos que no han visto la película, a continuación me limito a mencionar tres asuntos jurídicos que, a mi juicio, se trabajan muy bien en esta producción. Primero, la intervención divina como un cuarto poder constitucional, o quizás, como un poder supra constitucional. Segundo, el Derecho internacional como un obstáculo al ejercicio del poder hegemónico de los Estados Unidos. Tercero, la liberal interpretación del poder ejecutivo sobre los alegados poderes constitucionales implícitos del Presidente.
De otra parte, otros dos asuntos llaman particularmente la atención. Primero, la brevísima referencia que se hace a la controversial elección presidencial del año 2000. Segundo, el contraste de carácter y personalidad entre las tres mujeres más cercanas e influyentes en la vida del Presidente.
Igual que su título, el final de la película es otra metáfora alusiva al beisbol. Los que hayan jugado alguna vez este juego saben lo frustrante que es lo que sucede en esa última escena. Sin revelar los detalles de su contenido, me parece que se trata de un legítimo esfuerzo por limitarse a presentar unos hechos históricos y delegar en el público el juicio sobre el legado de este complicado personaje. Al reflexionar sobre lo que a la postre le sucede a nuestro protagonista, y en un acto de enorme generosidad de parte del director, el final de la película evoca lo que uno de los candidatos a suceder a nuestro personaje dijo en referencia al otro candidato: “It’s not that he doesn’t care. It’s just that he doesn’t get it”.
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