Se publica hoy en 80grados una excelente columna del colega Luis José Torres Asencio, que no pueden dejar de leer sobre otra tendencia preocupante en el Nuevo Tribunal. Esta vez relacionada al uso del recurso de Certificación. Lejos de tratarse de un mero issue técnico-procesal refleja una tendencia a cancelar la posibilidad de madurar controversias judiciales mediante el intercambio entre las partes ante una diversidad de jueces e instancias adjudicativas. En el proceso, el carril expreso al supremo nos priva de un elemento esencial para la solución de controversias de manera justa: la posibilidad de discusión y deliberación amplia.
Dice Luis José:
“La reflexión anterior deja un saldo inquietante: de un momento para acá, el Tribunal Supremo ha aumentado considerablemente el uso del mecanismo de la certificación intrajurisdiccional para preterir el trámite usual de adjudicación de controversias jurídicas a través de los tres niveles de la Rama Judicial, lo ha hecho, usualmente, a petición del Estado, de los partidos políticos de Gobernantes, o de intereses sociopolíticos y económicos de gran poder, y, frecuentemente, lo ha dictaminado sin expresar sus razones para ello. Lo anterior, por supuesto, requiere hacer ciertos matices, relacionados a la dificultad que entraña no tener acceso a estadísticas completas del Tribunal Supremo, y a la necesidad de examinar los méritos de cada certificación expedida por el Tribunal. Sin embargo, tales matices no hacen mella en el hecho de que el Tribunal ha utilizado el recurso con mayor frecuencia que en otros tiempos, y que, en muchas ocasiones, lo ha hecho para sacar el caso de las manos de tribunales que, por las razones que sean, han estado más dispuestos a emitir dictámenes adversos a los intereses que persiguen que su caso llegue al Tribunal Supremo lo antes posible. Así, al certificar estos casos, el Tribunal priva al País de otro beneficio incidental del esquema adjudicativo de tres niveles: que el debate político en la sociedad civil sobre asuntos ante la consideración de los tribunales se nutra del efecto discursivo que tiene que los argumentos de diversas partes sean validados por al menos algún componente de la Rama Judicial.”
No dejen de leer esta reflexion.
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“Licenciado, ¿y me pueden demandar?” Esa probablemente es la pregunta más frecuente que me hacen como abogado. Lo curioso -para los que no son juristas- es que la respuesta siempre es afirmativa. Salvo el cumplimiento con unos requisitos de forma mínimos, nada impide en nuestro ordenamiento jurídico la presentación de una demanda civil. Y cuando hablo de presentar una demanda, me refiero al acto físico de acudir a la Secretaría de un Tribunal de Justicia, presentar un documento escrito titulado Demanda, adherirle los correspondientes sellos y obtener un número de caso que le asigna el propio Tribunal. Completado lo anterior, se satisfacen los requisitos que establece la Regla 2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico e inicia formalmente un pleito, con todo lo que ello supone desde un punto de vista jurídico. Quedarán para otro día la evaluación de la capacidad legal del demandante, la jurisdicción o competencia del tribunal y los méritos mismos de las alegaciones contenidas en la demanda.
Ahora bien, la mera presentación de una demanda tiene unas consecuencias de naturaleza no jurídica, de igual o mayor importancia. Se trata de la percepción pública que se pueda tener sobre determinada persona, natural o jurídica, contra la cual se ha presentado una demanda. Dicho efecto se magnifica dado el desmesurado interés que las controversias jurídicas contenciosas generan en nuestra sociedad, ayudado en gran medida por el protagonismo que los medios de comunicación le atribuyen a éstas y el sensacionalismo que suele rodear su difusión pública.
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando la parte demandada es un funcionario o instrumentalidad pública, responsable de administrar el patrimonio público, y cuyas decisiones tienen un impacto directo en la vida del ciudadano común. En tales casos, el derecho de la prensa a informar libremente, el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública y el derecho de todos a expresar, cuestionar y criticar, son garantías que, a mi juicio, deben fomentarse y celosamente protegerse. El problema surge cuando en el ejercicio de tales derechos se toman las alegaciones de la parte demandante como si fueran hechos objetivos que tendrán una inevitable consecuencia jurídica. Al así actuar, se deja la reputación de un funcionario o instrumentalidad pública al arbitrio de lo alegado por el demandante en su demanda. Eso no llega como sorpresa para aquellos que hemos optado por el servicio público, sobre todo para los que tenemos una formación jurídica. Lo que sí sorprende es la poca rigurosidad y profundidad en el análisis -o falta de éste- de las instituciones no judiciales que pasan juicio sobre tales alegaciones. Ello, a su vez, tiene el inevitable efecto de minar la confianza en la gestión pública, con o sin razón.
Dejo claro que no estoy en contra del ejercicio de los derechos antes mencionados. No puedo estarlo. En una sociedad que reclame o que aspire ser democrática, hay que proteger la capacidad legal de sus ciudadanos para cuestionar las actuaciones gubernamentales y solicitar desagravios cuando así lo entiendan necesario. No obstante, las instituciones llamadas a fiscalizar la gestión pública deben ejercer tal función con el mayor celo y cuidado posible. No podemos exigirle menos. Al no hacerlo, no tan sólo le restan seriedad y credibilidad a su trabajo, sino que desalientan aún más el ingreso de profesionales al servicio público en Puerto Rico y le restan efectividad a un sistema judicial que siempre tiene las puertas abiertas para aquél que tenga a bien, o a mal, presentar una demanda.
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