Artículos en la Categoría ‘Procedimiento Crimnal’

En días recientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su decisión 4-3 en el caso Pueblo v. Díaz Medina, 2009 TSPR 138.

Determinó que someter “equipaje a un examen de olfato canino con el propósito de detectar sustancias controladas, por un can entrenado para tal fin” no constituye un “registro” para fines constitucionales y, por tanto, puede realizarse sin orden judicial previa pues no activa la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. El Tribunal no se equivoca, hasta donde veo, en su interpretación de la jurisprudencia federal. Demostró fidelidad a la misma, resolvió consistente con esa normativa y así lo fundamentó extensamente.  El problema es, precisamente, ese.  Vemos a un Tribunal muy dispuesto a seguir al pie de la letra, mecánicamente, una doctrina judicial que nos aplica sólo de modo persuasivo sin demostrar la imaginación necesaria para pensar en un derecho a la intimidad de conformidad con las aspiraciones constitucionales plasmadas en nuestra Carta de Derechos. En el proceso, una de las salvaguardas más importantes para un sistema democrático, fue socavada. “Representa”, dijo el Juez Presidente al final de su disenso, “un retroceso histórico en el desarrollo de vanguardia del derecho a la intimidad en nuestra jurisdicción”.

Son muchas razones por las que esta decisión es importante, no sólo por los aspectos caninos novedosos. Fundamentalmente, el caso plantea el alcance del derecho a la intimidad en Puerto Rico, en el contexto de la protección contra registros irrazonables, y consolida una tendencia minimalista en su interpretación con implicaciones muy severas para otras dimensiones del derecho a la intimidad. Asimismo, el caso apunta a la forma en que nuestro Tribunal Supremo atiende el reto que imponen adelantos tecnológicos a derechos constitucionales. Veamos por qué.

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Acabo de escuchar al gobernador de nuestro País en una entrevista en el canal 4 en la que justificaba su posición en cuanto a la fianza arguyendo que en nuestro país se abusa mucho del derecho a la fianza porque personas pagan con dinero “ilegal” la fianza. Todavía no entiendo cómo esto constituye un abuso.  Mucho menos veo cómo esto justifica una intervención con el derecho a la fianza. Me parece que si ese es su planteamiento deberíamos comenzar por abogar por exigirle a los estableciemientos que aceptan grandes cantidades de dinero sin conocer el origen de éstas o a los negocios que se crean con grandes sumas de dólares de las cuales se desconoce su proveniencia un desglose que acredite cómo ese dinero fue obtenido o producido.  Dudo que el gobe esté de acuerdo conmigo con esta limitación al derecho de la propiedad. No obstante, me parece más racional bajo la premisa de Fortuño intervenir con el derecho propietario que con el derecho a la fianza. Eso sí, estoy abierto a qué el Honorable Gobernador me explique cuál es la difrencia entre comprar con 50 mil dólares en efectivo un carro en Gómez Hermanos a pagar una fianza con 50 mil pesos.  Me parece que el alegado abuso del derecho de la fianza no es tan abuso como sí lo es el abuso de aquéllos que envalentonados por el alegado poder que les da la elección de la mayoría pretenden limitar y erradicar nuestras libertades civiles.

Hoy sale publicada esta entrevista en El Nuevo Día en la que la jueza Sonia Vélez, directora de la Oficina de la Administración de Tribunales, discute varios asuntos importantes respecto al tema recurrente de la limitación o eliminación al derecho constitucional a la fianza. Además, la Jueza trae otras consideraciones, como por ejemplo, el tema del rol de los jueces, la independencia judicial, la presunción de inocencia, la sociedad represiva y entre líneas, el tema del acceso a la justicia.

Me parece que la entrevista da pie para comentar algunas citas con el fin de profundizar sobre algunos de estos temas. Aquí la dejo con miras a continuar la discusión, que parece que nos competerá bastante en estos tiempos. Leer más… »

Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ha cobrado fuerza la teoría legal sobre los alegados poderes implícitos del Presidente de los Estados Unidos al amparo de la Constitución Federal. En particular, los abogados del Gobierno han defendido el alegado poder del Presidente para no considerar a un detenido como un criminal doméstico ni como un prisionero de guerra, y en la alternativa, crear una tercera categoría en la que ubican a los que han denominado “enemy combatants“.

Lo anterior tiene el efecto de no reconocerle al detenido los derechos constitucionales que de ordinario le cobijan a todo sospechoso o acusado en un procedimiento criminal en los Estados Unidos. Tampoco se le reconocen los derechos que le amparan a todo prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra. Al efecto, esta categoría de “enemy combatants” es una especie de limbo jurídico y muchos de los así clasificados han sido sometidos a métodos de interrogación dignos de una historia de terror. Sobre el particular, incluyo un enlace a un artículo publicado hoy en The New York Times que recopila varias de estas historias. 

http://www.nytimes.com/2009/03/15/opinion/15danner.html