Las fotos de los médicos que se trasladaron a la República Dominicana para atender a víctimas del terremoto en Haití, son un duro pero elocuente ejemplo de cómo educamos y graduamos profesionales que ignoran completamente la identidad y los valores que caracterizan su rol profesional.

Como en cualquier profesión, el ejercicio competente de la medicina no depende únicamente del conocimiento científico especializado que estos médicos hayan podido adquirir durante su carrera, o de las destrezas quirúrgicas que hayan logrado desarrollar como residentes para aprender a amputarle la pierna a una paciente. Importantes como son, esas dos dimensiones, por sí solas, no bastan para el ejercicio competente de su profesión. Para el ejercicio plenamente competente, resulta también imprescindible comprender y haberse formado una identidad profesional, cónsona con los valores y expectativas que la comunidad tiene de quienes asumen ese rol profesional.

Es por ello que las fotos nos resultan tan ofensivas, porque nos muestran a médicos capaces de prestar servicios de salud en medio de un jolgorio, sin pizca de solidaridad, que se conducen completamente indiferentes e insensibles al dolor y al sufrimiento de sus pacientes, a quienes minimizan y casi tornan invisibles, reduciendo sus cuerpos a una especie de telón de fondo que rellena la escena de la fotografía.

Y ese cuadro nos defrauda, porque esperamos de ellos otro comportamiento, otro tipo de ejercicio, otro ethos. Y nos ofende y defrauda, por muy bien que se haya realizado la cirugía o cualquiera que fuera el servicio médico que se haya prestado.

Y es que, como intento enfatizar siempre en mis cursos de derecho, especialmente en el de Profesión Jurídica, para ser un profesional de excelencia resulta imprescindible saber incorporar al ejercicio de ese rol, las aptitudes y los valores que caracterizan nuestra identidad profesional.

La formación de esa identidad es responsabilidad principalísima de las escuelas profesionales. Lamentablemente sus currículos no atienden adecuadamente este aspecto tan fundamental de la formación de sus alumnos y alumnas. Las fotos que se han publicado son prueba inequívoca de esa deficiencia. Nos presentan a médicos que no tienen ni remota idea de quiénes son cuando se visten con esas batas verdes que llevan puestas.

En NY, una determinación de un panel de jueces acaba de determinar negarle entrada a la profesión legal a un aspirante porque su historial financiero refleja un mal manejo de sus préstamos y responsabilidades financieras. ¿qué tal eso?

Aquí la nota del NYT que incluye comentarios de la Profa. Deborah L. Rhode.

Desde este blog y cónsonos con las razones que nos llevaron a crearlo, hacemos un llamado a los y las compañero(a)s abogados y abogadas que nos visitan, a los y las estudiantes de derecho comprometido(a) con el futuro de una profesión legal comprometida con su país y con los derechos y el acceso a la justicia:

Mañana es un día importante para nuestra identidad profesional, para el futuro de nuestra profesión y para el país. Mañana se reunirán en asamblea extraordinaria miles de abogados y abogadas y futuros profesionales del derecho a dilucidar las implicaciones y líneas de acción ante una actitud a todas luces anti-democrática, chantajista, revanchista,  y arbitraria que ha acometido el Senado y la Cámara de Puerto Rico y los sectores que quieren silenciar a un gremio profesional que ha estado comprometido con la justicia y el reclamo de los derechos en nuestro país por más de un siglo.

La eliminación de la colegiación de los abogados y abogadas en el fondo se trata del modelo de país que buscan quienes pretenden eliminar al Colegio y acallar sus voces, se trata de desarticular la tradición de una profesión firme y que ha sabido poner su gesta y conocimiento siempre para defender de los atropellos contra los más débiles, de defenderlos contra quien sea, libre de ataduras. Las razones que llevan a las sociedades democráticas saludables a optar por la colegiación son de gran peso colectivo, con dimensiones muy serias que los detractores del Colegio no han sabido atender con seriedad. Las razones para proteger o desbancar instituciones como estas no son aquellas a las que han hecho referencia los detractores del Colegio, no se trata de una espuria decision que hace un individuo sobre si le apetece o no matricularse en un club de tiro o tener una membresía en un Spa o en un country club, no se trata meramente de los beneficios que le da el club social a cambio de su membresía. Se trata de una de las profesiones de mayor ingerencia y trascendencia en la vida pública de un país y a eso responde la colegiación.

Los pronunciamientos de esta institución, de este ciudadano político -en el sentido amplio de la palabra- llamado Colegio de Abogados, atañen a la aspiración de contar colectivamente con un sistema democrático saludable, capaz de regular a una profesión sumamente relevante y capaz de que colectivamente vele por el buen funcionamiento del sistema de justicia y el respeto a los derechos cuando el Estado deja de cumplir con sus responsabilidades y embate sin contrapeso contra los derechos individuales y colectivos. Los que critican este rol de la abogacía, del Colegio, tienen una concepción de la profesión muy pobre, deficiente y maltrecha.

Y es que ese modelo de abogado y abogada comprometido con la justicia, que decide opinar colectivamente sobre temas medulares propios de una sociedad democrática no les gusta, les incomoda porque les trastoca el mundo inamovible de abusos que sustentan sus privilegios y buscan quitar del medio y coartar a quienes cuestionan, critican y se levantan firmes en la defensa de lo justo. Eso y no una cuota de $250 anuales es lo que está en juego. Lo cierto es que quien ya goza de privilegios y tiene la protección del Estado y la violencia de su lado no necesita de instituciones que velen por la democracia y el respeto por los derechos civiles ni mucho menos el acceso de todos y todas a la justicia. Por eso quienes quieren destruir al Colegio no se sienten representados por éste porque nunca han necesitado ni les ha importado el resto del país, no tienen noción de tal y por eso aducen que prefieren pagar una cuota en cualquier otra organización, como si se tratara de un club de golf o de un gimnasio.

Pero el país y los abogados y abogadas que conciben la profesión con una responsabilidad más allá de las fronteras de su patio, sí necesitan de esta institución. El país necesita de esta institución para mitigar los efectos de la concentración de un poder que pone en riesgo una sociedad basada en un estado democrático de derecho, lo necesita ahora y lo necesitará en el futuro y el Colegio ha servido bien a nuestro país en esa dirección.

Mañana en esta Asamblea histórica se trazaran los lineamientos para defender el futuro de la profesión legal en el país y el servicio que ésta presta. No faltes, es un llamado que nos concierne a todos y todas, es un llamado importante que nos compete en el hoy y en el ahora y no podemos dejarlo pasar.

Mañana domingo 25 de octubre a las 10am en el Centro de Bellas Artes de Caguas, hay una cita ineludible.

Editores Derechoalderecho

En una muy lamentable columna en el periódico El Nuevo Día, el colega y compañero Lcdo. Carlos Mondríguez Torres, criticó al presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y a la profesora, y autora en este blog, Érika Fontánez Torres, por asumir una postura crítica en torno a un incidente en que residentes de una urbanización privada solicitaron, y obtuvieron, la paralización por vía judicial de una actividad comercial que era, a la vez, convocada por una organización homosexual.  La crítica, o más bien el cuestionamiento y llamado a la reflexión (¡por más de cinco minutos!), se da porque es en urbanizaciones privilegiadas cerradas, con servidumbres tolerantes sólo a actividades “residenciales”, que se recogen cantidades millonarias en contribuciones para el negocio más lucrativo del país, el negocio político; es en estos recintos de paz familiar, que  las clases de estudiantes (de escuelas privadas, de derecho y medicina) celebran actividades en que recaudan miles de dólares tras cobrar por la admisión. Pero es sólo ante esta actividad por homosexuales y lesbianas que se activa la maquinaria judicial.

Ciertamente, los comentarios vertidos ponen el dedo en una llaga muy cruda. Una llaga de clase y discrimen que, aunque tratemos de tapar el cielo con la mano, sigue infectándose tras su descuido y falta de atención. Es una llaga que, queramos creerlo o no, ya está llena de pus.  Me abstengo de abundar en ese detalle, porque hay otros temas urgentes que hemos tratado en este blog y que, por lo visto, son recurrentes. Me refiero a repetidos llamados por miembros de nuestra profesión para que los abogados nos abstengamos de cuestionar, criticar y, en el proceso, se alega, lacerar la imagen de los tribunales. La versión más reciente la presenta la columna de referencia al decir aquello que me resultó insólito, por no decir absurdo. Dice Mondríguez Torrez:

Los juristas, por disposición de los cánones de ética, debemos abstenernos de cuestionar en la prensa las actuaciones de los jueces, más aun cuando no las conocemos.

Con todo el respeto que se merece el compañero, esa aseveración es esféricamente errada: equivocada desde cualquier punto que se le mire. Los que colaboramos a este blog nos dedicamos, precisamente, a cuestionar, supervisar, comentar y, cuando es necesario, celebrar las actuaciones de los jueces (entre muchas otras cosas). Y para que no quepa duda, e independientemente de veladas intimidaciones con referencias huecas a los cánones de ética, lo seguiremos haciendo tan enérgicamente como nuestro derecho a la libertad de expresión lo permita. Derecho que, aunque nunca es absoluto, es muchísimo más amplio que lo sugerido por la crítica.

Estos intentos de censurar tras la amenaza de la sanción disciplinaria los puso de moda el propio Tribunal Supremo cuando le advirtió, aunque no sancionó, a un anterior Secretario de Justicia por expresar que en Puerto Rico existe una “doble vara” en la administración de la Justicia.  En esa ocasión, reseñada en una entrada anterior, el Tribunal Supremo le “exhortó” al entonces Secretario “a propiciar debates jurídicos de la altura moral e intelectual que se espera de todo abogado, en los que la moderación y la prudencia son la mejor herramienta para evitar ataques injustificados que en el fragor del momento puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.” En ese momento, en este mismo blog (aquí y aquí) fuimos nosotros los que tuvimos que advertirle al Tribunal con todas nuestras fuerzas que ese comportamiento, el comportamiento de censura, es el que no se puede tolerar en una sociedad democrática.

Asimismo, este tema se ha traído a nuestro espacio de Comentarios. Especialmente en aquella ocasión en que el Tribunal Supremo demostró un pobre manejo de fuentes tras descansar en un folleto legal que los estudiantes asumen como una herramienta cruda para pasar (algunos) exámenes (los famosos “Emanuel”) y no como fuente para pautar el derecho del País. En aquel momento critiqué fuertemente al Tribunal y lo repito aquí:

[El] Emanuel se cita por una razón que debe ser completamente ajena a la práctica judicial: pura, simple y burda mediocridad….

El problema aquí es que la mediocridad (escondida detrás del señor Steven Emanuel) aborrece el razonamiento y cancela de entrada la discusión y deliberación. Pensar da mucho trabajo y el uso de formularios mágicos como el Emanuel ahorra ese esfuerzo. Por eso la mediocridad fomenta la vagancia, y la vagancia nos hace olvidar cómo pensar, tornándonos parásitos de la ignorancia.

Luego que algunos lectores se mostraran ofendidos por esta crítica tan elemental, y sugirieran que no estaba cobijada por la libertad de expresión y sujeta a sanciones disciplinarias, tuve esto que decir (lo cual copio aquí con alguna edición contextual):

Muchos … comentarios se refieren a la manera en que se conduce la critica al Tribunal, y sobre ello hemos discutido también la importancia de mantener una discusión vigorosa del desempeño, no sólo del Tribunal Supremo, sino de todas las instituciones políticas de Puerto Rico. Sí, dije política (no político-partidista, que a veces se confunde). La Judicial es una de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico y como alegada garante del imperio de la ley se debe sujetar al proceso político de crítica ciudadana. También comenté algo acerca de eso aquí y cito algo que Érika escribió en ocasión del episodio de la Doble Vara llamando atención al hecho de que, precisamente porque se trata de funcionarios no electos, la vigilancia al Tribunal es apremiante.

La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.

Lo anterior me lleva a resaltar un asunto vinculado a la crítica al Tribunal: las referencias repetidas a sanciones disciplinarias. Francamente me causa mucha tristeza e indignación conocer que colegas de esta comunidad jurídica han aceptado la autocensura como punto de partida para el debate sobre nuestras instituciones. Me preocupa además que ello tenga el efecto de atemperar la crítica de miembros de esta comunidad a sus instituciones, en particular la judicial. Para que quede claro y miembros de este foro no se sientan coartados, en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño. El día que eso ocurra, sencillamente estaríamos en otro Puerto Rico. La legitimidad e imagen de la institución es, hasta cierto punto, secundaria en cuanto a la libertad de expresión concierne. No nos toca a nosotros rehabilitar la imagen de instituciones desgastadas si éstas no ponen de su parte. El respeto y la confianza de la ciudadanía no es gratis, se lo ganan las instituciones a base de su desempeño. El único requisito de deliberación pública es, claro está, el de discusión razonada y seria, de manera que cada cual esté dispuesto a defender sus posturas con argumentos que pueda explicar.

Creo que vale la pena repetir el corazón del planteamiento y la discrepancia fundamental con la columna reseñada: en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño.

Si la crítica sobre los asuntos públicos y gubernamentales hiere la sensibilidad de la Rama Judicial, pues sólo podría concluir, con mucha sorpresa y lástima, que se trata de una institución hipersensible e insegura de lo que hace. Su razón, apego a la ley, a la justicia y a los derechos humanos, es la mejor defensa que tiene esa Rama; es lo que le hace ganar el respeto de la población. Si hace bien ese trabajo, no tiene que preocuparse por su imagen y legitimidad. Después de todo, suficiente poder tiene; creo que puede defenderse solita.

Se alega en la columna que esta actitud crítica ciudadana albergada por la tradición vigorosa de libertad de expresión “no es … lo que debe enseñarse a estudiantes que aspiran a convertirse en juristas”. Se equivoca.  Se equivoca mucho. Somos precisamente los juristas los que no callamos y los que identificamos, dentro de la madeja de rebuscadas leyes y doctrinas, los puntos de fisura; allí donde la ley y la justicia se apartan. Es allí donde apremia la intervención de los abogados, tanto en los alegatos judiciales formales como en la esfera pública más amplia.

El jueves pasado tuvimos el cierre del año académico 2008-09 del Programa Pro Bono. Contamos con casa llena: estudiantes, facultad, ciudadanos y grupos de las comunidades servidas, padres y madres; la actividad fue una muy especial, digna para celebrar un año de muchos logros, de disciplina, rigor, alegrías. Fue una noche maravillosa. Contamos con el licenciado Charles Hey, director de Servicios Legales, quien se dirigió al público para esbozar los problemas estructurales que confronta nuestra sociedad y que justifican la importancia de una profesión comprometida con el acceso a la justicia y de programas pro bono como el nuestro. Como acto de apertura los y las estudiantes hicieron una obra de teatro espectacular en la que escenificaron lo que NO es Pro bono. Recibieron vítores del público!. También, escuchamos de primera mano los testimonios de estudiantes  y miembros de la comunidad que compartieron sus experiencias en el Programa Pro Bono. Finalmente, como acto de clausura contamos con Guillermo, poeta y estudiante de Derecho, quien leyó su poema Lamento de concepción y luego se dirigió al público con un texto-discurso extraordinario que transcribo abajo. Su acto dejó a todos y todas solemnes, maravillados y en completa reflexión. Grande la actividad! Especial toda…

Mis felicitaciones a los y las estudiantes por un año fenomenal y un trabajo excepcional, verdaderamente excepcional. El Programa Pro bono es suyo, es su experiencia!.
…

“Quisiera decir algo sobre la distancia. La distancia vista no como la imposibilidad de coincidir sino como el rechazo de ciertas proximidades a favor de un hacinamiento espiritual, simbólico. Empiezo con el poema para precisar el punto de partida, para decir que en mi caso al menos, parto de un hacinamiento de clase/ raza/ tribu; de una distancia cifrada en el control de acceso, lo cual implica que soy capaz únicamente de reconocer a aquellos que residen o tienen vínculos previos con mi lugar en el mundo.
La Escuela de Derecho cabe en mi definición de lugar y llego a ella por tradición, privilegio heredado, por el transcurso normal del tiempo. La Escuela es mi lugar porque no se me resiste. Porque mi presencia aquí no requiere salvaguardas, explicaciones, ni es producto de historias de superación o cuentos tristes con moralejas. Yo simplemente pertenezco a la Escuela y esa pertenencia nunca ha sido motivo de sospecha.

Para mi el Proyecto Pro Bono es una manera de sospechar de mi presencia aquí. Es una invitación a la reflexión y auto-crítica mediante el trabajo con personas, comunidades con quienes no he podido compartir una cotidianidad porque sus lugares en el mundo no tienen acceso al mío; porque mi lugar en el mundo desplaza sus lugares aceleradamente; porque la permanencia y relevancia de mi lugar exige que los suyos sean espurios, fáciles de desdibujar, para trazarlos de nuevo, cada vez más lejos de mi.

Yo quisiera decir algo sobre la distancia y hablar del Proyecto Pro Bono como una manera de hacer efectivo el deseo de estudiantes aquí de adoptar una ética de proximidad para con aquellas comunidades marginales, invisibles, impensables y entrar de lleno en una serie de actos de contacto y cooperación con ellas para el bien común, el bien total. Digo actos de contacto porque quiero hacer hincapié en la voluntad de búsqueda de estos estudiantes, en el esfuerzo por reconocer al otro en otros términos, siendo los términos otros formulaciones ajenas al estudio tradicional (desentendido) del Derecho.

Quiero hablar de la voluntad de estos estudiantes como futuros profesionales y usar términos como ternura y cooperación, y decir que existe la posibilidad de transformar el estudio y la práctica del Derecho mediante la voluntad de nuestros y nuestras estudiantes aquí.

El Proyecto Pro Bono es el reconocimiento oficial de la Escuela de esas posibilidades. Es la manera en que la Escuela invierte en el potencial de ternura de su comunidad, para que sus miembros alteren la composición, el sentir y el pensar de esta Institución académica para que no quede desfigurada a causa del hacinamiento de clase, raza o tribu. Para que mi presencia aquí, por ejemplo, siempre sea motivo de sospecha.

Yo quisiera decir que el Proyecto Pro Bono responde a lo que llaman una “ética hiperbólica” de la proximidad en la medida en que utiliza el Derecho para provocar el contacto afectivo entre múltiples y contrarios lugares en el mundo. Porque ante la aparente imposibilidad de este tipo de contacto, apuesta a un imposible mayor; a una cotidianidad plena, donde todos y todas coinciden”.
-Guillermo Rebollo-Gil (San Juan, 1979)
7 de mayo de 2009
Escuela de Derecho
Universidad de Puerto Rico

Guillermo Rebollo-Gil nos envía esta columna/reflexión sobre un tema absolutamente necesario de discutir y que no debemos pasar por alto: los motivos y el acceso al estudio del Derecho, tema de relevancia no solo para la academia y la profesión sino para el país entero porque repercute directamente en su sistema de Justicia y en sus instituciones. Guillermo lanza el reto de pensar y dialogar sostenidamente -aunque incomode- ‘con genuino interés’ sobre los motivos de nuestra presencia en el mundo del Derecho. Aquí va: (pueden accederla también en su blog Empty lots).

Same Same

Cabe preguntarse qué hacer con el estudio del Derecho cuando la conversación gira alrededor de motivos y acceso. Cuando la intención es extender el alcance y con él, las posibilidades de determinado espacio académico para que “los mismos” no sean el todo (ni los muchos).

Los mismos, en este contexto, siendo aquellos/as para quienes la carrera en Derecho más que alternativa viable, es privilegio implícito de clase y por ende, decisión anti-crítica, casual. Lo cual explica porque tantos/as de mis compañeras/os comienzan y terminan su discurso del por qué estudiar Derecho con a) Porque la profesión paga (y/o papi me la paga), b) Porque no puedo ver sangre, c) Porque uno puede hacer lo que quiera con el grado y yo quiero vender casas/ indulgencias/ favores políticos, d) Porque mi padre es juez (personal favorite).

Estas razones son problemáticas no sólo por cuestiones morales, sino porque fallan en provocar un acercamiento a la disciplina que fomente discusiones rigurosas de la materia. Porque las mismas denotan el desinterés craso de quienes poseen tan libre acceso a los medios de conocimiento, que estos son vistos como ritos molestosos, inconvenientes a soportar para asumir el estatus y recibir los beneficios que otorga la profesión.

La pregunta por los motivos entonces aburre, confunde, o resulta impropia para estos futuros practicantes. No obstante, las aulas permanecen repletas con muchachas/os muy bien preparados académicamente sin manera de explicar su presencia allí con claridad, concentración o compromiso.

Hablo de mi por supuesto, y de otros/as. Y no pretendo hacer generalizaciones injustas. Para el que se pique y ya. Eso basta. Pero lo cierto es que procede picarse y discutir el tema con genuino interés y cuestionar nuestra presencia en la Escuela como parte de un diálogo sostenido y coherente sobre los motivos detrás del exceso de acceso para aquellos con tan tristes articulaciones del por qué.

La semana pasada salió publicado este artículo en el NYT sobre el status de la poesía (en EEUU), más bien sobre qué significa y porqué se considera a un/una poeta un/una Gran (con letra mayúscula) poeta. Entre los cuestionamientos que se lanzaban estaba el de si hoy día podía hablarse de la existencia de Grandes poetas, cuáles son las caractéristicas que debían tener, cuán dificil era precisar el concepto grandeza en tanto la posmodernidad arrancó la posibilidad de precisar conceptos como Verdad, Justicia, Grandeza. Pero el punto principal era echarle un vistazo al estado de la poesía contemporánea.

Mientras lo leía se me ocurrió que esa introspectiva, ese análisis tan importante, no debía ser exclusivo del mundo de la poesía y que tal vez por aquí podíamos embarcarnos en hacer algo así que nos permitiera indagar sobre lo que entendemos es un/una Gran abogado/a.

El semestre pasado la Profa. A. Matanzo y yo comentabamos la peli To Kill a Mockingbird, y cómo ésta reflejaba una identidad del Gran abogado. ¿Sería hoy día Gregory Peck, el abogado que en aquel contexto defendió a un negro acusado de violación, el ideal del Gran abogado o consideramos al (a la) Gran abogado(a) otra cosa?, ¿lejos, cerca de aquel ideal?. ¿O quizás no tenemos ya un ideal de un(una) Gran abogado(a)?

Los invito a que hagamos un modesto ejercicio tipo ‘sondeo’ sobre el mundo de la abogacía hoy, sobre la identidad del abogado y la abogada, sobre lo que en el hoy y en el ahora concebiríamos un/a Gran (con letra mayúscula) abogado/a.

Las preguntas serían, ¿Qué caracterísiticas conforman hoy a un/una Gran abogado/a? ¿Qué tendría este(a) para que lo consideraras como tal? (se trata de ese(a) abogado(a) que tú dices, es grandiosa(o), espectacular, yo quiero ser como ella/el, en mi vida profesional). ¿los/las hay?

anda, anímense, ¿qué piensan?…

La semana pasada fue la juramentación de nuevos abogados y abogadas, cosa que nos lleno de mucha alegría y aprovecho para nuevamente felicitar a los nuevos profesionales del derecho en nuestro país.

Muy a mi pesar, no pude asistir a la juramentación y compartir la alegría del momento, sobre todo con mis exalumnos. No obstante, como siempre ocurre, una hace la pregunta de cómo estuvo ese momento, que tal pasó el día, cómo se sintieron los nuevos abogados y abogadas y qué significado tuvo la ceremonia.

Mucha alegría, gran satisfacción, luego de muchos sacrificios y de historias, de anécdotas y de empeños.

Ahora bien, no quiero dejar pasar que no fueron pocos los que describiendome la ceremonia, aludieron a lo que -a mi modo de ver y de los que me lo comentaron- fue un asunto, como mínimo, muy penoso respecto a que en el discurso de bienvenida se hicieron excesivas menciones especiales de algunos de los juramentados por razón de parentesco, afinidad de clase, amistad personal con los jueces desde niños y niñas, etc. (Y, debo aclarar, que la mayoría de quienes me lo comentaron, no vieron con malos ojos (todo lo contrario, sino como normal) que se felicitara a la Jueza asociada por la juramentación de su hija, cosa que es de esperarse por tratrase de la alegría que una misma Jueza asociada pueda -como es natural- sentir por la ocasión).

Me refiero a las aparentemente constantes alusiones a fulanos y fulanas por ser ¨hijos de X¨, en contraposición al resto que no parecían destacarse, por ser hijos de nadie. Como mínimo doloroso, y lo digo luego de haber experimentado en carne propia o presenciado en más de una ocasión esa mala práctica de distinguir en función de abolengo o consanguinidad. Arrastramos malas prácticas, prácticas perniciosas, pero lo insostenible es que las normalicen quienes deben velar, como mínimo, por la apariencia de igualdad; es terrible, nefasto. Repito, no estuve allí y no puedo dar fe de lo dicho, pero como mínimo me gustaría llamar la atención -de manera muy sensible y sincera- al grave daño que produce esto a la institución que imparte justicia y a sus componentes (los abogados y abogadas son parte de, por supuesto). No debe ser tradición, no debe convertirse en tal, más aún, debe eliminarse de la faz de nuestra cotidianidad, sobre todo por parte de quienes representan nuestras instituciones. No debemos normalizar ni tolerar esa práctica de constantemente enfatizar el origen y abolengo de ciertos miembros en detrimento de otros, invisibilizando al resto. Con esta práctica se instauran en nuestras prácticas culturales e institucionales graves daños: (1) con esos señalamientos se hacen invisibles (con todo lo que eso conlleva) al resto que no cuentan con algún grado de  afinidad o vínculo que recalcar; (2) se pierde la apariencia de neutralidad y de que todos y todas, independiente de su origen, condición social, clase, etc. tenemos el mismo valor y vamos a ser tratados iguales; el ideal del igualitarismo está en juego; (3) se normalizan en nuestro país las distinciones por sanguinidad, origen de clase, amistad de quienes están en posiciones de poder; (3) se fomentan los malestares y las diferencias totalmente injustificadas, sembrando una barrera entre unos y otros. Veo un gran daño y peligro en que se normalice esa práctica. Lacera demasiadas cosas valiosas sin las cuales no podremos continuar y por consiguiente acrecienta nuestros problemas y mantiene las inequidades.

Pero en fin, me apesadumbró bastante lo que escuché una y otra vez, sobre todo cuando el señalamiento provenía de familiares que ni siquiera están vinculados de alguna forma con la profesión y a quienes esos comentarios les causó asombro y desilusión. Lamentablemente, se que este tipo de comentarios  (en el fondo a veces no son necesariamente conscientemente mal intencionados, sino como dije, normalizados), se multiplican en diferentes lugares y escenarios de nuestro país y mucho en nuestra profesión, incluyendo la academia (no es poco común que te pregunten ¿y tú, eres hijo de quien?).

Y bueno, la razón del post, es que hoy, a más de una semana de la juramentación, recibí esta reflexión sobre el tema, de alguien que pidió no ser revelado, por razones obvias. Aquí la pongo, consciente de que en nuestra sociedad lamentablemente este tipo de cosas es dificil expresarlas abiertamente (lo que habla muy mal de nosotros como sociedad) por miedo a represalias (no faltaba más), pero la cualgo aquí convencida de la necesidad de que -para que nuestro país mejore hacia la verdadera igualdad y hacia una democracia robusta y un sistema de derecho igualitario con instituciones verdaderamente igualitarias- hace falta que se discutan abiertamente estas cosas, lanzar la buena crítica y tan necesaria crítica y reafirmar el deseo de lograr mayores garantías de que somos individuos con libertades constitucionales. El silencio, cuando es producto del miedo, es síntoma de enfermedad perniciosa, de enfermedad terminal y, debo decir -con la mejor de las intenciones- que deseamos poder curarnos y crecer. Por eso aquí va esto:

¿Supremo desprecio?

En una recién celebrada ceremonia de juramentación de abogados y abogadas, luego de los llamados de rigor y de la consabida juramentación en masa… comenzaron los discursos. Discursos, recursos pomposos que anuncian una alegada gran labor, a pesar de la ironía de la doble vara, de la que no se habla y de la que se prohíbe hablar. Pregúntele a Juan del Pueblo, cuánto se tardan en resolver su caso y luego, a favor de quien se resuelve el mismo. Doble vara que, a fin de cuentas, hace su entrada y se adueña de todo espacio público de la judicial pero no juiciosa rama, especialmente cuando se dispone del poder de la convocatoria que implica oídos forzados y audiencia cautiva. Apropiada felicitación a la hija de una de las integrantes del Alto Foro. Sin embargo, disonante letanía de castas amigas, conocidos desde la fecundación y emparentados por el “glamour” de clase, las imágenes, los escenarios y revistas faranduleras, desde el área turística hasta las montañas.. y todo eso, en medio y ante la multitud anónima, la mayoría, la masa. Una masa que, aunque también está integrada por hijas e hijos de alguien, son parte del colectivo anónimo que se juramenta con la vara de los cánones de ética profesional y su obligación de prestar servicios pro bono, además de que, como funcionarios del tribunal, se les recuerda que deben hacer propio y defender el conveniente argumento de la independencia judicial. ¿Le aplicarán estos deberes a “los hijos e hijas de”?

¿Cómo se sentirán los cientos de padres, madres y familiares de la masa ignorada, a pesar de que con toda probabilidad fue el hijo o la hija de uno de estos quien logró la puntuación más alta de la reválida o el promedio más alto en cada una de sus escuelas de procedencia? ¿Por qué no se destacan estos? ¿Cómo se sentirán las personas que juramentaron en una ceremonia en la que, independientemente de los méritos, se destaca o distingue el vínculo familiar o de amistad con alguno de los integrantes del Supremo? Se trata después de todo de la primera ceremonia o acto oficial que abre el umbral a la práctica de una de las profesiones más nobles, la de abogado o abogada.

Desde otro punto de vista, es la bienvenida al sistema de las dos varas, la de “los hijos e hijas de” y la de los hijos e hijas de la masa. ¡Cuanta razón tenía el Ex Secretario de Justicia cuando señaló que estamos en un sistema de doble vara! Claro, no solamente para los acusados y los que buscan reivindicar sus derechos, sino también para los que se inician en la práctica de la profesión.

Es necesario reevaluar el propósito de estas ceremonias. Después de todo allá, fuera de los ojos de la masa, todos “los hijos e hijas de” tendrán su espacio de celebrar juntos, sin necesidad de establecer distinciones tan disonantes en una ceremonia en la que la mayoría es la masa. ¿Hasta cuándo debe la masa permanecer silente y sentada ante tal atropello? Otro escenario es posible. ¿Qué pasaría si la masa abandona el salón? Es probable que no hayan suficientes alguaciles para frenar la masa que un día se levante después de juramentar, abandone la ceremonia  y deje solos al Foro con “los hijos e hijas de” para que queden sus imágenes grabadas a perpetuidad en algún diario dominguero o sabatino, codiciada y planeada exposición de la “nobleza” suprema.

¿POR QUÉ SÓCRATES DEBIÓ INTEGRAR EL SERVICIO PRO-BONO A LA DISCUSIÓN DEL CASO?: TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA

(Lo que exponemos a continuación son partes de un artículo que próximamente aparecerá publicado en la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico)

La facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se mantiene siempre atenta y dispuesta a renovar su programa de estudios con el objetivo de atemperar la oferta académica a las exigencias y necesidades de los tiempos, para así brindar a sus alumnos las mejores y más diversas oportunidades de formación y adiestramiento.  A tenor con dicha política, en mayo de 2007 la Escuela de Derecho incorporó al programa académico un nuevo ofrecimiento bajo el nombre de “El Programa Pro Bono de la Universidad de Puerto Rico”.

Con la introducción de esta  iniciativa, la Escuela se propuso enriquecer el currículo conducente al grado de Juris Doctor, incorporando de forma aún más estructurada y visible que hasta el presente, la dimensión del servicio público como componente esencial de la formación profesional de los abogados y abogadas.

Al concluir el primer año del programa Pro Bono UPR la suma de las aportaciones que profesores, estudiantes y colaboradores habían logrado era  verdaderamente impresionante. Ciento cincuenta estudiantes participaron activamente en el programa y contaron con la supervisión y guía de un total de nueve mentores académicos y de otros catorce profesores y profesoras y abogados y abogadas que colaboraron en varios de los proyectos.  Los estudiantes brindaron un total agregado de 2,245 horas de servicio.

Más importante aún que las cifras antes esbozadas, las oportunidades formativas que se ofrecieron a través de las experiencias de servicio estimularon en los alumnos la voluntad y disposición hacia el servicio público, integrando a ello la capacitación y formación profesional, sin tener que esperar al curso clínico en su último año de estudios. Se pudo fomentar así el estudio y la acción en torno a la causa del acceso a la justicia.

El gran reto que ahora confrontamos es mantener este tipo de ofrecimiento en el programa de estudios y ampliarlo para beneficio de futuros estudiantes y profesores de derecho. Dicha encomienda no es sólo de las escuelas de derecho, pues necesariamente tiene que compartirse con las principales instituciones jurídicas y con la profesión legal en general.

Desde el escenario universitario, para que estos programas proliferen y se sostengan resulta indispensable que un mayor número de profesores y profesoras se incorporen a la iniciativa, sirviendo de mentores y colaboradores de los proyectos. Ello es importante por la legitimación que la participación activa de los docentes le brinda al ofrecimiento. Además, la intervención de los profesores y profesoras garantiza la óptima vinculación de la experiencia aleccionadora del servicio pro bono al proceso de aprendizaje, aprovechándola en todo lo que vale para lograr un mejor entendimiento y más crítico examen del ordenamiento y su funcionamiento. 

La participación en este tipo de proyecto le ofrece a docentes e investigadores una oportunidad extraordinaria de enriquecer y ampliar el foco de sus investigaciones, dotándolas de una mayor vigencia y pertinencia tanto para el sistema jurídico, como para la comunidad en general.

Finalmente, las escuelas de derecho tienen que comenzar a evaluar cuán efectivos resultan sus programas de estudios en la formación de los valores profesionales. Hasta ahora el avalúo del aprendizaje del egresado se ha concentrado en constatar el conocimiento especializado adquirido y el desempeño competente de las destrezas propias del ejercicio profesional. En dicho esquema, sin embargo, encontramos poco, si algún énfasis, en medir cuán efectivos hemos sido en inculcar el sentido de responsabilidad social que forma parte de nuestra misión.

Ahora bien, aunque los esfuerzos de las instituciones educativas son importantísimos, por sí solos no son suficientes. Sólo mediante el empeño conjunto y la acción concertada de todas las instituciones jurídicas concernidas, será posible que comencemos a cerrar “… the shameful gap between our rethorical commitments and daily practices concerning access to justice.” (Deborah Rhode)

Sin ello, resulta altamente improbable que logremos institucionalizar, de forma más efectiva y equitativa, la prestación de los servicios legales pro bono que debemos proveer los abogados y las abogadas del país.

…funcionarios de gobierno!!. Hace un tiempo comentamos en un post de poderyambiente sobre la proliferación en Puerto Rico de los SLAPPs (Strategic lawsuits against public participation).  Se trata de la más reciente respuesta de sectores que en una sociedad altamente litigiosa aprovecha ese contexto para demandar por libelo y calumnia a comunidades y activistas que denuncian actos contrarios al interés público y posibles actos de corrupción como la otorgación de permisos contrarios a los reglamentos y legislación. En la mayoría de los casos se trata de proyectos costosos que inciden negativamente sobre las comunidades de pocos recursos económicos. También señalamos como en varios estados como en California han logrado legislación para evitar estas demandas frívolas que buscan amedrentar a los ciudadanos que ejercen sus derechos de libertad de expresión y de participación ciudadana.

Pero el asunto no es tanto si las demandas presentadas prosperan en los tribunales o no, sino que mediante la presentación de la demanda hacen que los ciudadanos tengan que incurrir en gastos de abogados, tiempo y recursos en defenderse de estas demandas y logran que otros ciudadanos por temor a lo mismo no ejerzan sus derechos de participación.

Ahora bien, el más reciente caso de este tipo es el de Paseo caribe contra el Gobernador, el Secretario de Justicia y el Secretario de Recursos Naturales. La compañía, los ha demandado en daños por $38 millones de dólares por supuestamente los daños que le provocaron al llevar a cabo el proceso administrativo que culminó en los tribunales. El Centro de periodismo investigativo nos ofrece más detalles. Otra nueva forma de amedrentar, esta vez a los funcionarios públicos de que éstos hagan lo que tienen que hacer para representar a quien tienen que representar en estos casos, al interés público.

Esta práctica de los SLAPPs me parece que hay que condenarla firmemente porque atenta sobre valores en extremos importantes en nuestra sociedad y también habrá en su momento que empezar a cuestionar la responsabilidad ética de los profesionales,abogados y abogadas que presentan este tipo de demandas frivolas contra los ciudadanos con el solo fin de amedrentarlos para que cesen en el reclamo de sus derechos. Estamos estudiando a fondo los SLAPPs y pronto les tendremos más información al respecto.