“Es impostergable adjudicar con la imparcialidad acostumbrada,
pero con eficiencia y sensibilidad hacia las víctimas del crimen.”
Juez Martínez Torres, Los Jueces ante el Crimen
(http://www.elnuevodia.com/voz-losjuecesanteelcrimen-1168791.html)

“Ahora, tenemos que añadir que la imparcialidad debe ser la piedra angular
que guíe nuestros razonamientos, sin importar quiénes son las partes
ni la empatía que sus planteamientos nos provoquen.”
-Juez Martínez Torres, Lozada v. AEE 2012 TSPR 50 en las págs. 50-51

Si un juez debe ser imparcial o nada, mejor que sea nada. “Nada” somos las personas. Es decir, difíciles de reducir a una sola característica o cualidad total y totalizante. Lo cierto es que somos nada de nacimiento y por ello, hemos podido ser una infinidad de cosas desde entonces. Como, por ejemplo, en extremo parcializados. Cosa que podemos evitar en ocasiones. Al momento de adjudicar una controversia, por ejemplo. La cual seguro requiere que adoptemos una infinidad de características y cualidades (sensibilidad, empatía etc) y que por tanto evitemos otras (intolerancia, protagonismo extremo etc). Al menos mientras atendemos la misma.

Y es que aunque una persona bien podría ser juez de carrera, la adjudicación no deja de ser eminentemente situacional. El juez o la jueza entra a dirimir una controversia. Resuelve. Sale. Aparece en otra. Cada cual única en su especial concreción de hechos y partes. Por ende, no se suman controversias a una línea ininterrumpida de adjudicación. Más bien, las adjudicaciones son cortes que hace el juez o jueza en la larga línea de controversias públicas y privadas en la vida de una comunidad. De ahí que el juzgador irrumpa en cada controversia de manera brutal para acabar con ella. Cosa que debe hacer siendo nada. Es decir, albergando la posibilidad de ser una infinidad de cosas (sensible, empático , cauteloso etc.) y evitando ser otras (intolerante, protagónico, en extremo parcializado etc).

La imparcialidad, por tanto, no es ni debe ser el punto de partida único y verdadero para la adjudicación. Al contrario, se adjudica desde la nada; desde la perspectiva del sujeto que repentinamente interviene en los asuntos de otros con la facultad de decidir y resolverlos. Para lo cual, dependiendo del caso, necesitará ser compasivo y/o atento y/o tolerante y/o sensible y/o cauteloso y/o imparcial etc. en distintos grados.

El juez o jueza parte simultáneamente de una multiplicidad de puntos para atender una controversia y cada controversia requiere de puntos de partida particulares a ella. Fungir como juez entonces implica la capacidad de entrar de momento en una situación, reconocerla y asumir las cualidades más apropiadas para atenderla. No se trata por tanto de cómo X o Y situación pueda ser vista por el adjudicador, sino de cómo cada controversia exige del adjudicador una mirada distinta; una forma de ver que surja del mismo caso a verse. Porque la adjudicación, a fin de cuentas, no constituye la forma de ser de los y las jueces. Es simplemente la forma principalísima en que intervienen con nosotros y nosotras en lo personal. La forma en que tocan y/o trastocan nuestros asuntos. En ocasiones con nuestra anuencia. En ocasiones en nuestra contra. Pero siempre en un momento. Y siempre brutal.

Yo por eso prefiero que sean nada, antes de ser imparcial. Porque ante la infinidad de cosas que mi caso personal podría requerir de ellos y ellas, seguro necesitaré que las sean todas en mayor o menor grado. Y nada más.

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Se publica hoy, en la revista 80grados, mi columna “Un tribunal a la defensiva”.

Copio el párrafo inicial y los dos finales, para afincar, exhortando a que lean por allá!

Empieza:

“Tal vez poca gente sabe que un grupo de jueces del Tribunal Supremo está a punto de montar campamento en el Monte del Estado, con rifles, escopetas y planes revolucionarios”

Y termina:

“Con la carga que, se nos dice, ahora tenemos de cultivar la legitimidad del Tribunal Supremo, se nos pide el silencio para protegerla. Se nos pide el silencio para proteger el mito. La deslegitimación del Tribunal en última instancia será culpa nuestra.

Si es que quiere ganarse el respeto que necesita tener de la población, un tribunal no puede estar a la defensiva, repartiendo responsabilidades en todos menos en sí mismo. En cambio, debe construir su propia legitimidad, afirmativamente, mientras nosotros en la política hacemos lo que nos corresponde en una democracia: exigirle, con uñas y con dientes, que se la ganen.”

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Hoy se publica en El Nuevo Día una columna de Efrén Rivera Ramos titulada “El Estado de Derecho”. Reflexionando sobre las exigencias de ese requerimiento político, nos permite evaluar nuestra situación política actual. Es lectura obligada. Se copia aquí, íntegramente.

El estado de derecho

Por Efrén Rivera Ramos

Desde Washington hasta Pekín, pasando por prácticamente todas las capitales del mundo, se proclama la necesidad de que se respete el “estado de derecho”. Al reclamo se unen múltiples organismos regionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.

La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la “ley y el orden”. Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.

Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.

La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.

No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.

No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen étnico, condición social, ideas políticas o religiosas y otras de carácter similar.

Pero todavía ello no sería suficiente. Pues la existencia de normas sin la garantía de su cumplimiento constituye, en el mejor de los casos, un deseo sin materialidad y, en el peor, un soberano engaño. Las garantías pueden ser múltiples. En los sistemas jurídicos actuales, se tiende a descansar de forma sustancial en la posibilidad de contar con tribunales imparciales e independientes. A lo que habría que añadir las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a ellos. La garantía mayor, sin embargo, tendría que ser la fiscalización de los diversos sectores de la comunidad.

A la luz de esta noción del estado de derecho, ¿dónde queda Puerto Rico?

Cualquiera que conozca el País tendría que concluir que tenemos problemas serios en este sentido.

Empecemos por la circunstancia de que nuestra condición política nos somete al gobierno de normas en cuya creación no participamos de forma significativa. Sigamos por el hecho de que muchas veces aun aquellas normas forjadas por organismos electos o establecidos por nosotros mismos son generadas mediante procesos atropellados sin deliberación alguna que merezca los apellidos de pública y adecuada. La sujeción de la ley a la Constitución se ha puesto en duda con las interpretaciones cuestionables emanadas del Tribunal Supremo. La arbitrariedad de algunas decisiones legislativas y ejecutivas ha quedado sin remedio. Los cuestionamientos frecuentes sobre la independencia judicial y el cierre del acceso a los tribunales de personas y comunidades afectadas por diversas actuaciones gubernamentales ponen sobre el tapete el asunto de las garantías reales del estado de derecho.

La complacencia no se justifica.

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En muy poco tiempo esta nueva conformación del Tribunal Supremo ha dado al traste con mucha de las interpretaciones legislativas y constitucionales y ha revocado su propia jurisprudencia. En no pocos casos y en menos tiempo que el que nos da para lograr la publicación de un volumen de Revista Jurídica, el Supremo ha cambiado drásticamente jurisprudencia y precedentes que proveían garantías ciudadanas sobre ciertos derechos y políticas públicas adoptadas en ley. Particularmente, en los últimos dos años –y valga señalar su notoriedad- de manera vertiginosa, el nuevo Tribunal ha cerrado de manera sorprendente la entrada a la búsqueda de remedios en los tribunales mediante una hiper-estrechez del concepto “legitimación activa”. Esto, tanto el ámbito administrativo (procesos en las agencias administrativas), como para la presentación de demandas en los tribunales tanto en casos civiles (e.g. revisiones judiciales de determinaciones de agencias, recursos de interdictos) como en casos criminales (e.g. interpretando restrictivamente la protección a las víctimas de violencia doméstica).

Uno de los temas que más sorprende es la forma vertiginosa en que el nuevo Tribunal, de manera activa, ha supra-limitado -tanto en su interpretación del derecho como en su aplicación a los hechos- la doctrina de legitimación activa en casos ambientales. En poco tiempo y muy activamente, más rápido que cualquier proceso legislativo, valga decir, este Tribunal ha tirado por la borda valiosa jurisprudencia que costó años en desarrollar y que ofrecía una serie de garantías a los ciudadanos que buscaban remedios en los tribunales para hacer valer la ley, particularmente, la Ley sobre Política Ambiental (1970, 2004), ley que da vida a la protección constitucional a los recursos naturales (Artículo VI, sección 19).

Los casos en que se busca hacer valer la política pública ambiental establecida en nuestro ordenamiento, hasta hace poco habían tenido una garantía de entrada al Tribunal distinta a la de otros casos. El fundamento de esto siempre fue por dos vías: la protección constitucional (Art. VI, sec. 19), y las disposiciones en la legislación que dispone para los conocidos “pleitos del ciudadano”, establecidos explícitamente por legislación tanto en las leyes ambientales de Estados Unidos como de Puerto Rico. Mucha de la legislación ambiental incluye medidas para que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales a hacer valer la ley. Esta garantía legislativa no surgió de la nada, sino que guarda consigo una política jurídica que tanto el/la congresista de los EEUU como los y las legisladoras en Puerto Rico quisieron promover: que la ciudadanía pudiera hacer valer esta legislación ambiental en su carácter sustantivo y fueran co-fiscalizadores en la implantación de la política pública ambiental, acudiendo a los tribunales para exigir la implantación de la legislación ambiental y garantizar así su cumplimiento. Otra legislación, como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación (1975) estableció además como política pública una amplia participación ciudadana, de modo que los requisitos de interés legítimo y legitimación activa, según dispuesto por la legislación, deben interpretarse liberalmente a favor de la participación y la revisión judicial.

Pero sobre todo, la Ley sobre Política Pública Ambiental había sido interpretada desde los 70 por el Tribunal Supremo en el sentido de que para hacerla valer, el estándar de legitimación activa debía interpretarse liberalmente e incluir como daño incluso aquel posible daño al valor estético que la acción impugnada o exigida pudiera provocar. La Ley sobre Política Ambiental, tiene como fin que la ciudadanía participe y haga valer la ley y su propósito es que se tome en cuenta el impacto ambiental de una actuación del gobierno ANTES de que se tome la decisión y se comprometa el recurso. El incumplimiento con este proceso es de por sí un daño. Así también lo había resuelto el Tribunal Supremo hasta hace poco.

Todo lo anterior lo discutimos al detalle hace muy poco en un volumen completo de la Revista Jurídica del Colegio de Abogados dedicada completamente al tema de la participación ciudadana y el Derecho Ambiental. Puede acceder todo el volumen aquí.

El volumen recoge varios artículos en los que se comenta la legislación, la jurisprudencia y la política jurídica de participación ciudadana y acceso a los tribunales para garantizar la política pública ambiental. Lamentablemente, mucho de esto se ha revocado en solo dos años de activismo y complacencia deslegitimada por parte de este nuevo Tribunal para con las actuaciones de las otras dos Ramas de gobierno. Han abdicado a su función de garantes de los derechos, provisores de los remedios y guardianes del cumplimiento con la ley, negándole entrada a los tribunales a aquellos y aquellas que buscan hacer cumplir el estado de derecho. Habría que ver si su metodología y el aval de estas doctrinas que hoy implantan bajo el palio de la “deferencia”, cambian si las otras dos ramas de gobierno cambiaran. (Es eso lo que se ha demostrado empíricamente en estudios, particularmente uno de la Universidad de Chicago, en el caso de la adjudicación del Juez Thomas del Tribunal Supremo de EEUU, por ejemplo).

Aún así, como podrán ver en el volumen de la Revista del Colegio de Abogados, quienes comentábamos en ese entonces sobre las salvaguardas del ordenamiento jurídico respecto a la participación ciudadana y a la legitimación activa, hacíamos recomendaciones para ampliar estas protecciones a la ciudadanía. Nunca imaginamos que lejos de ampliarlas y en muy poco tiempo, un nuevo Tribunal Supremo pudiera, no solo invalidar lo que ya se había garantizado, ni dejar de interpretar la legislación en su mejor luz (e interpretarla en su peor luz y contrariamente al propósito legislativo), sino explícitamente revocar mediante un conservadurismo pasmoso, sus propios precedentes de manera avasalladora y rápida, aún en contra de lo que sería el margen de interpretación de la legislación. Eso es lo que ha sucedido en los últimos dos años.

En efecto, lo que ha ocurrido ante nuestros ojos y de manera tan rápida y altamente cuestionable -tanto que nos cuesta todavía creerlo- es que prácticamente se han cerrado las vías para acudir al Tribunal en búsqueda de remedios. Lo hemos llamado antes un Cierre del Tribunal Supremo. (Véase estos otros artículos sobre el particular). No ha hecho falta de mucha actividad legislativa; no ha hecho falta que se generara debate público ni trabajos legislativos para esto, se ha hecho activamente por la vía judicial.

Por eso, entendemos que en su quehacer este Tribunal es eminentemente activista. Actúa rápido y activamente en derogar precedentes históricos (como es el caso Salas Soler de 1974, sobre ‘standing’ en casos ambientales) y lo hace dándole un significado e interpretación a la legislación que da al traste con ella, aún sin acción legislativa que elimine la política pública que la ley y solo la ley establece, y más aún, la Constitución. En ese sentido sí, hablamos de un activismo judicial: uno que cambia el sentido de la ley, de la política pública YA establecida e interpretada, incluso constitucionalmente. Tradicionalmente, se le pone el adjetivo peyorativo de ‘activista’ a aquel y a aquella que reclama sus derechos o llama la atención críticamente sobre algo que entiende incorrecto o injusto. En el caso de la judicatura, tradicionalmente se le había llamado activistas a los jueces de corrientes del realismo jurídico o que se apartaban del formalismo o en otros casos, a aquellos jueces o juezas que, según se decía, intervenían ‘indebidamente’ con los poderes de las otras Ramas de gobierno, imponiendo política pública. Hoy día se sabe que eso que se llama el activismo va en más de una dirección y no solo en ciertos ámbitos a los jueces ‘liberales’ o ‘progresistas’ se les podría llamar ‘activistas’, sino también a aquellos y aquellas que utilizan su poder judicial para hacer avanzar activamente hacia el conservadurismo y que interpretan intencionalmente la ley y el derecho de la manera más rígida y conservadora en detrimento de grupos minoritarios, derechos sociales y acceso ciudadano a la justicia.

El activismo conservador, como es el caso del Supremo en los EEUU en las últimas décadas, se ha dedicado a revocar precedentes establecidos de manera vertiginosa, particularmente en materia de derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos y protecciones de grupos vulnerables que fueron protegidos por vía legislativa la interpretación judicial hace unas décadas. Esto es activismo. Y es que una podría decir que en efecto son jueces activistas los que alteran el Derecho significativamente y sin razones ni fundamentos legítimos, en este caso mediante un activismo conservador (y habría que decir que en algunos casos ultra-conservador y dogmáticamente a favor de enfoques partidistas o religiosos). Cambian sin más aún ese derecho que ha sido por décadas avalado e interpretado por la propia institución a la que pertenecen.

Ya hay varios estudios que analizan el activismo conservador de la Corte Suprema de EEUU, corte que en poco tiempo ha revocado un sinnúmero de precedentes que alteran significativamente los derechos y garantías ciudadanas. Esa Corte, se dice desde ya, se ha activado ideológicamente hacia la derecha. (Sobre esto han reportado el New York Times y Los Angeles Times. Vea algunos artículos aquí y aquí). En su día tendríamos que hacer el mismo tipo de análisis en cuanto a este Tribunal en PR, pero por ahora no hay que andarse con mucho empiricismo para darse cuenta de que el escenario judicial y los precedentes han sido alterados activa y dramáticamente  y en detrimento de la ciudadanía que veía la Rama Judicial como una alternativa para vindicar sus derechos.

La doctrina de standing o legitimación activa es un ejemplo. Sufrider Foundation, decidido hace dos años, así como las últimas sentencias y opiniones sobre el Gasoducto atestiguan de ello (Véase Lozada v. AEE). De 1974 al 2008 podría decirse sin lugar a dudas que al menos en casos ambientales, las vías de apertura a los tribunales para los individuos, ciudadanos y grupos eran mucho más abiertas. Abajo expongo algunos de los pronunciamientos sobre legitimación activa o derecho de intervención de los ciudadanos, en varias opiniones del Tribunal Supremo. En menos de dos años este Tribunal revocó prácticamente todo esto, dejando a los ciudadanos sin entrada al Tribunal, aún en casos que como en el último del Gasoducto se cumplió con los requisitos que tan rigurosamente establecieron en el caso Surfrider. En su aplicación, prácticamente dejaron a los ciudadanos sin forma de probar que cuentan con ‘standing’ para como mínimo tener “su día en corte” y exponer sus argumentos. Esto sin siquiera entrar a los méritos de los reclamos.

No hay duda que estamos ante un gran activismo por parte del Tribunal. Un activismo que busca hacer desaparecer todas las garantías ciudadanas para obtener remedios en derecho, remedios que le ampara el estado de derecho, al menos desde los tribunales.

Cómparese estos pronunciamientos con los actuales en el caso Surfrider y el nuevo de Lozada (Gasoducto). La última opinión de Lozada, emitida por el Juez asociado Martínez Torres, contó con el voto de la mayoría y con las opiniones disidentes de la Jueza asociada Fiol Matta y la Jueza Rodríguez Rodríguez. Como se verá, estos dos casos prácticamente hacen imposible que hasta el ciudadano con más daño o potencial de ser perjudicado por un proyecto, pueda presentar siquiera su argumento y reclamo en los méritos en el Tribunal. Tan pronto contemos con el análisis de estas opiniones lo colgaremos por aquí. Siguen los pronunciamientos del 1974- 2008 sobre legitimación activa en casos ambientales, participación ciudadana en procesos administrativos y lo que se considera como daño irreparable en la Ley sobre Política Pública Ambiental (el incumplimiento con una DIA es de por sí un daño irreparable. Todo esto, repetimos, ha sido revocado por el Tribunal Supremo.

Salas Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974)

En esta opinión, la controversia trataba sobre la necesidad o no de preparar una declaración de impacto ambiental previo a la aprobación de un reglamento.  Se trataba de la aprobación de un reglamento para regir la venta, distribución y aplicación comercial de venenos comerciales.  El Secretario de Agricultura había aprobado el reglamento sin antes presentar a la JCA una DIA que discutiera el impacto ambiental que tendría la acción de aprobar dicho reglamento.  El Instituto de Estudio Ambiental Inc. solicitó un mandamus contra el Secretario de Agricultura para que se le ordenara hacer una declaración de impacto ambiental. Se impugnó la capacidad del instituto para instar el mandamus. El TSPR resolvió que el Instituto tenía legitimación activa y ordenó   al Secretario a cumplir con el deber de presentar la DIA ante la JCA. Esto, al amparo de la Ley de Política Pública Ambiental.

¿Quién tiene legitimación activa para hacer valer la Ley PPA?

1.    el pueblo es considerado como parte interesada por tratarse de un interés público, por lo tanto no tiene que tener un interés especial en el resultado del caso.  No es necesario demostrar daño económico, puede tratarse de daños espirituales, estéticos, ambientales.

2.   La LPPA dispone que: “Cualquier ciudadano podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los tribunales de justicia contra ciudadanos particulares basados en daños que sufran por violaciones a esta ley. Esta acción civil de daños y perjuicios es independiente y diferente de los procesos administrativos que se sigan en la Junta. Igualmente cualquier ciudadano afectado por la falta de implementación de esta ley, podrá acudir al Tribunal Superior solamente para solicitar un mandamus, disponiéndose que lo anterior no incluye acciones de daños y perjuicios” (énfasis nuestro).

3.   El Tribunal señala que nuestra Ley de PPA, distinta a la federal (NEPA), dispone para el ejercicio en determinadas circunstancias de una acción pública, por ciudadanos privados “afectado[s] por la falta de implementación de esta ley”.

4.   “Tratándose de cuestiones de interés público, sostiene la mayoría de las autoridades que interpretan preceptos similares al nuestro, que cuando la cuestión envuelta es de interés público y el mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo es considerado como la parte especialmente interesada y el demandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta demostrar que es un ciudadano y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho público”.

5.   El Tribunal resolvió que el Instituto de Estudio Ambiental estaba constituido por personas afectadas por la falta de la implementación de la ley.  (tenían conocimientos sobre plaguicidas)

6.   Al determinar si una parte tiene capacidad para incoar un pleito en alegada protección de una política pública establecida por ley, un Tribunal debe examinar:

(a) el nexo entre el enteres del ciudadano y la acción radicada;

(b) el hecho de que los demandantes puedan representar adecuadamente el interés público y asumir su debida defensa;

(c) si el caso es justiciable o si puede montar a una intervención indebida del poder judicial con el funcionamiento de otra parte del Gobierno;

(d) si la controversia esta madura para decisión; y,

(e) si el litigio en cuestión constituye un medio adecuado para plantear en su debida dimensión y particularidad el problema de que se trate.

García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental (JCA), 142 D.P.R. 532 (1997)

Sobre legitimación activa:

a.    Una persona tendrá legitimación para acudir a los tribunales si cumple con los requisitos siguientes:

(1) que haya sufrido un daño claro y palpable, no abstracto ni hipotético;

(2)cuando existe un nexo causal entre la causa de acción que se ejercita y el daño alegado, y

(3)si la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley.

b.    La doctrina de legitimación activa se interpreta amplia y liberalmente cuando la demanda es contra las agencias y los funcionarios gubernamentales. La persona afectada por una acción gubernamental no tiene que demostrar un daño económico, sino que puede fundamentarse en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o simplemente estéticas.

c.    García Oyola y otros tenían capacidad jurídica para instar el recurso, aún cuando en la moción de reconsideración ante la JCA se identificaron como un grupo de residentes de Arecibo. Los documentos identificaban individualmente, a los miembros del grupo. Su interés respondía a legítimas consideraciones ambientales, estéticas y de salud. Además, el recurso presentado surge al amparo de la LPPA.

Misión Industrial v. JCA (Planta Co-generadora en Guayama), 145  D.P.R. 908 (1998)

1.    Marco constitucional

“El Art. VI, Sec. 19 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, dispone que:

Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrolloy aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad….

Esta disposición no es meramente la expresión de un insigne afán ni constituye tampoco sólo la declaración de un principio general de carácter exhortativo. Se trata, más bien, de un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza que sea contraria a éste. Como bien señala Trías Monge, el informe de la Comisión que redactó la disposición constitucional aludida fue claro y perentorio. Se pretendió con dicha disposición establecer un deber ineludible del Estado”. (cita omitida).

Misión Industrial v. Junta de Planificación (Superacueducto I), 142 D.P.R. 656 (1997)

El incumplimiento con los requisitos de la preparación de una DIA es un daño irreparable porque raras veces los daños ambientales pueden ser compensados.

Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito v. GP Real Property S.E. – 173 DPR 998 (2008)

“La LPAU establece que estos criterios deben aplicarse liberalmente, de manera que se cumpla con la política pública de participación ciudadana y el propósito de brindar servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero y prontitud a la ciudadana.  Todo ello con el resguardo de las garantías básicas del debido proceso de ley.  Id. Véase, Exposición de motivos, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.

En Lugo Rodrguez v. J.P., supra, dispusimos que para reconocer a una persona como parte activa del procedimiento adjudicativo, basta con que la persona tenga un interés legítimo y haya participado activamente en el procedimiento para que ésta sea considerada una parte en el proceso.  En dicha ocasión, definimos que el participante activo es aquel que utiliza los remedios disponibles en aras de
proteger su interés e interviene de forma tal en el proceso que resultara injusto y arbitrario no considerarlo una parte.  Id., en las pgs. 43-44.  Además expresamos lo siguiente:

Es cierto que no estamos en el caso de autos ante un grupo de participantes que
presentaron una solicitud formal de intervención.  Tampoco se trata, sin embargo, de unos participantes que se limitaron a presentar un argumento oral o testimonio durante la vista pública.  Los opositores demostraron interés en el asunto;  comparecieron y declararon en la vista;  sometieron sus ponencias; presentaron réplicas a la moción de reconsideración ante la Junta, y fueron notificados de los escritos de las partes durante el trámite administrativo.

Concluimos que los opositores son participantes activos y, por ende, partes en el presente caso. (énfasis nuestro) Id., en la pg. 46.”

El principio de liberalidad que recoge la LPAU al regular el mecanismo de
intervención responde al deber que tienen las agencias administrativas de reconocer y considerar las necesidades de los ciudadanos que pueden ser afectados por el ejercicio de los poderes administrativos delegados.

Las agencias vienen obligadas a facilitar la participación de aquellos ciudadanos cuyos intereses puedan ser afectados por la actuación administrativa, para evitar aplicar su pericia a una información que no refleje la situación real de dichos ciudadanos.

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‎”Ciertamente las instituciones sociales tienen que pretender ser justas, si no son ilegítimas. Decía J. Rawls, muy acertadamente, que de la misma manera que los saberes científicos tienen que pretender verdad (la consigan o no) las instituciones sociales tienen que pretender justicia. Si luego se equivocan tienen que corregir, pero desde luego tienen que pretender justicia porque si no son ilegítimas.”

-Adela Cortina en entrevista hecha por Libros Colgados.

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Although my article “Coloniality, performance and gender: The saga of Lorena Bobbitt” has been published on several occasions, there is one final section of said article that I have failed to publish.  I believe that this failure may have been an act of self-censorship given the conservative atmosphere that looms heavily over debates on our island.  In order to counter the “chilling effects” of the conservative push and as promised and presented in my last post, below is the unpublished section entitled “The (In)Visibility of the Battered Face”:

The evidence of John Wayne’s abusive behavior towards Lorena was profuse throughout the trial. Many witnesses testified that Lorena was frequently beaten and bruised by her husband. Neighbors, co-workers, friends, clients and doctors all had damning testimony concerning John Wayne. ^[1] One of the most harrowing testimonies was from Lynn Acquaviva, a client of Lorena.

It was a very hot day. I’m going to say it was approximately July. Ms. Bobbitt was attired in multiple layers of clothing which I found unusual for the weather, but I didn’t say anything. She was wearing leggings, a tank top or t-shirt. A sort of shirt over that under which you could see the t-shirt. And then a sweater over that.

As she worked on my hands that morning I noticed as she moved around, tossed her head back from side to side to move her hair away, and her sweater and shirts would slide from one side or the other, extensive iridescent royal blue bruising across the top of her skull, down the side of her skull, down her neck, across her chest. As her sweater would move up, and her legging would move up as she sat at the chair, the iridescent royal bruising continued over those parts of her body as well.^[2]

In addition, although the defense did not deploy the term race, there was also testimony regarding racism in the relationship. A co-worker, Margaret McGary, “heard him call her, “stupid,” and say—kind of relate that to being Spanish, and once he said, “You’re lucky that I took you,” or something; “Most men wouldn’t want a foreigner like you.”"^[3] According to Lorena’s testimony, John Wayne implied that a mixed race child would be ugly ^[4], interfered with her application of a green card^[5] and made reference to how no police officer would believe her complaints because of her bad English^[6]. In response to the defense lawyer’s question, “did he talk about your figure?,” Lorena said:

Yes, he said that I’m Spanish, that I don’t have blond hair, I don’t have blue eyes, and I’m too small and skinny, and he want a bigger woman. And he told me that I was Spanish, and I didn’t deserve him. All this was with bad words together. For example, he would say “F” Spanish—I’m sorry, I can’t say it. ^[7]

However, despite the abundant evidence of physical and verbal abuse, the obsession over the reconstruction and recovery of John Wayne’s penis obscured the relationship between his plight and his abusive behavior. The trial lays out the homoerotic fascination with the penile reconstruction saga by showing how so many men, from policemen to doctors, literally and delicately handled the member to ensure its return to its rightful place ^[8].  The world obsessed over the recovery and re-memberment of the appendage when John Wayne, an epitome of White American militaristic manhood, lost his penis at the hands of his “delicate” Latina wife.

Popular media portrayed John Wayne as having “suffered a mutilation that few had previously endured, the cruelest cut, every man’s worst nightmare.”^[9] Initially there was concern over John Wayne’s capacity to urinate, but it quickly honed into the question of the possibility of future erections. “The shock of recognition of the male body’s vulnerability turned from horror into pride as discussions concerning sexual ability came to dominate even the medical discourse on Bobbitt, itself a discourse replete with imagery of virility and potency.”^[10] Howard Stern held a New Year’s Eve Telethon to cover John Wayne’s medical and legal expenses.^[11] The obsession over the recuperation of the member reached its apex with what became the number one porno movie in the US: “Bobbitt: Uncut” (1994). John Wayne shows the world what they have all been waiting to see, but his penis cannot quite keep the erection, undercutting the recovery fantasy of the film.

In the process Lorena’s battered body was blocked from visibility behind the efforts to re-member the towering penis. The photos of the severed penis were heavily sought after in general and frequently shown over the internet in contrast to images of the abuse Lorena had withstood for years. The obsession over the bodily recovery of John Wayne “obfuscates the abuse suffered by Lorena Bobbitt. Masculine dismemberment monopolizes attention, turning it away from the violence done daily to women’s bodies.”^[12]

It is hard to imagine similar efforts to recover a body part of a woman who has been mutilated by a man. Has there ever been a breast rescue mission? Could a severed breast invoke such frantic concern?^[13] John Wayne’s penis, as a fetish of White male imperial power, obviously had much more traction to invoke social concern than a lost breast. It’s not just that it is impossible for society to assimilate the reality of abuse, but for Lorena herself, she could not face the fact of her abuse that pictures of battered women made too graphic for comfort. Before the final cut, Lorena could not countenance looking at photos in a brochure on domestic abuse given to her by Mrs. Jones, a neighbor.

I went back to the apartment and I tried to just look at it, but I didn’t want to look at it because I saw ugly pictures. I didn’t feel comfortable looking at it, so I put it—I just put them away.^[14]

But after the final rape and before the severance, Lorena recovers her capacity to see the “photos” of violence in her head that she had earlier refused to look at in the brochure.

I get the glass of water [...], trying to calm myself [...] and I saw the knife.

(The witness remains in tears)

I remember many things, things that—I remember a lot of things he said to me; I remember the first time he raped me; I remember when he told me about the syringes to go through my bones and I was going to die [at the abortion clinic].

I remember the put downs that he told me. There was just so many pictures on my head. And they were just pictures there, in my head.

I remember the insults and the bad words that he told me. I remember every time that we had anal sex—anal sex with me. It hurt me, it hurt me.

I remember everything, everything, I remember when he told me about the abortion. I remember everything.^[15]

Felman speaks of the cultural invisibility of the battered face and domestic violence in the O.J. Simpson trial and how the legal process ratified the invisibility of the domestic violence.  The cultural boundaries between seeing and not seeing depend on the limits and exclusions of a frame of reference^[16] that pits the historical trauma of gender (the battered face) against that of race in a competition for visibility. For Felman the legal process in the O.J. Simpson trial made them mutually exclusive and created a “judicial blindness”^[17] that privileged race over gender in the adversarial structure of the trial.^[18]

[...] two traumas-that of race and that of gender-have been set in competition with each other in the adversarial structure of the lawyers’ arguments in such a way as to confuse and radically complicate both the perception of the trauma [...]. Yet, in the adversarial structure of litigation, the two “domestic” traumas (gender, race) also dispute, deny each other’s claims to visibility. Each trauma, in competing for exclusive visibility, at the same time blinds us to the other. The result is that the trial can by no means totalize, or give to see in its totality, the trauma underlying it. The complexity of the traumatic structure of the trial thus effectively prevented the trauma from becoming fully visible, in creating a specific form of judicial blindness that, paradoxically, was part of the legal achievement of the trial.^[19]

One of the jurors in the Simpson trial went so far as to refer “to her judicial experience of looking at the evidence of domestic violence as a “sheer waste of time.” As a key witness to the trial, she therefore testified to the recalcitrant invisibility of the domestic violence, as well as to the jury’s legal and judicial act of looking through the beaten body [...]. [T]he jury did not so much “nullify the evidence” as it nullified its visibility of the face. In other words, the jury used the court’s authority to ratify, indeed, the inherent cultural invisibility of the battered face.”^[20]

In contrast, Lorena’s lawyers were successful in making visible the battered face at the level of the trial.  However, as discussed in other sections of this article, the strategy to make visible the abuse was articulated through a legal portrayal that reified Lorena as belonging to a timeless and unchanging culture locked in the mores of tradition, Catholicism and family values.  The defense embedded Lorena in a space of backwardness and fixity from which she purportedly could only break away by psychotic ruptures of excess and irrationality.^[21] In order for the battered face to become visible, Lorena had to be “tropicalized” by the defense, namely, the defense had to resemantize Lorena as a devout Catholic who fervently believed in family values, marking what Aparicio and Chavez-Silverman call hegemonic “tropicalizations” whereby Latino symbols or cultural productions are mainstreamed within “more normative and dominant values that make them attractive to a dominant American public whose reception reaffirms its dominance over minority cultures. [...]  This whole gamut of themes suggests cultural integration yet also transforms them into objects of consumption rather than social and cultural practices.”^[22] Furthermore, the visibility of Lorena’s battered face for the jury may have also hinged on the defense’s legal strategy of presenting Lorena as the supplicant immigrant and her subservient gendered performance during the trial rather than on the actual battering alone.^[23]

The defense did not explicitly invoke the angle of racial abuse in making visible the battered face, but rather focused on violence related to gender. In this way, testimony of Lorena and her witnesses pertaining to racism seemed to fall under the rubric of gender abuse more generally.  Making visible the battered face was contingent on the privileging of gender abuse at the expense of undercutting the angle of John Wayne’s racist treatment of Lorena. Contrary to the O.J. Simpson trial wherein the privileging of race over gender in the adversarial structure of the trial led to the invisibility of the battered face, in Lorena’s trial the defense tellingly played down the racial dimension and privileged the gendered dimension of abuse in order to make the battered face visible. This strategic subsumption or erasure of race under gender most likely reflects the defense’s concern to avoid being accused of “playing the race card,” which would have subjected them to harsh criticisms in the highly volatile terrain of racial cultural anxieties of the US and undermined the probability of Lorena walking away as a free woman from the trial.  Overall, although the defense’s strategy was successful from a conventional legal standpoint, the indictment of gender violence was an ambivalent indictment insofar it was at the expense of tropicalizing, stereotyping and pathologizing Lorena.

Ultimately, it was in the spectatorial rings beyond the trial that the most transgressive social implications of the cut were detonated. The Bobbitt trial marked moments of schism in many popular appropriations of Lorena’s purported breach as in fact redressive action for past forms of abuse, gendered, racial or colonial in nature. For instance, in Ecuador there were popular reinterpretations of the trial in the context of anti-imperialist struggles against abuses by multinational interests, which could equally apply to counter-hegemonic readings by certain women and minorities in the US who felt vindicated by Lorena’s actions.  The Lorena trial was read as the story of a “First-World man exploiting a Third-World woman,” making Lorena’s cut an “incisive critique of a specific regime of power: phallocracy, phallocentrism, patriarchy in all its forms. As the Lorena Bobbitt for Surgeon General buttons in the U.S. intimated, Lorena’s carving skills were surgical strikes.”^[24]

With her rise to notoriety, Lorena’s body became a performative vehicle that could undermine the very norms projected upon her, enabling subversive parodic misreadings ^[25] and, as a result, Lorena’s location in the social imaginary became one of terminal ambivalence. As a highly volatile figure in the contact zone of the trans-American imaginary, Lorena became the site for the deployment of tropes of Americanness that either revealed the discursive seams of the coloniality of power or subjected her to “tropicalized” reinterpretations of the cut that occluded its radical implications.

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Mi artículo “Colonialidad, “performance” y género: La saga de Lorena Bobbitt” ha sido publicado en cuatro ocasiones, una publicación en inglés de una versión larga y tres publicaciones en español de una versión más corta. [1] No obstante, queda una sección final titulada “The (In)visibility of the Battered Face” que nunca publiqué. No sé si fue un acto de auto-censura dado el conservadurismo de toda índole que arropa nuestro país, pero me he quedado con la espinita de que no lo publiqué y decidí lanzarlo a través del espacio de Derecho al derecho.

Para contextualizar la sección inédita, aún en inglés, incluyo una introducción en español para facilitar al menos parte de la lectura para aquellos que no dominen bien el inglés.

El Corte Más Cruel  [2]

El 23 de junio de 1993 en Manassas, Virginia, luego de años de abuso verbal y físico que según testimonios culminó en otro episodio de violación marital, Lorena Bobbitt tomó un cuchillo de mesa de mango rojo y ocho pulgadas de largo y le cortó el pene a su esposo y ex-Marine, John Wayne Bobbitt. [3] Se fugó en un carro, llevándose el pene que luego descartó en un área de vegetación, donde fue rescatado por una brigada de rescate policíaco y reenlazado quirúrgicamente al cuerpo de su esposo. John Wayne fue enjuiciado y absuelto de los cargos de violación marital. Enfrentando una posible condena de hasta veinte años por daño doloso, Lorena alegó no recordar el acto e invocó las defensas de incapacidad mental y el Síndrome de la Mujer Maltratada en respuesta al argumento del fiscal de que fue un acto de venganza. Lorena fue juzgada no culpable por razón de incapacidad mental y pasó meramente unos días en un hospital mental antes de ser puesta en libertad. [4]

A través de su corte transgresivo “sentido alrededor del mundo”, [5] Lorena Bobbitt no sólo amputó el órgano que simbolizaba su miseria, sino que logró fama instantánea. La maquinaria globalizada de los medios de comunicación diseminó la infame saga de Bobbitt, apropiada de maneras variadas según ansiedades culturales profundamente enraizadas.

En el artículo exploré cómo diferentes acercamientos teóricos a los aspectos narrativos, performativos y culturales de los juicios, especialmente los juicios famosos, articularon la fascinación del público con la saga de Bobbitt. La versión abreviada en español del artículo contiene tres secciones: La primera sección contextualiza el escenario del caso al explorar la localización de los latinos en el imaginario social americano y trans-americano con un énfasis particular en los debates poscoloniales de la “colonialidad del poder”. La segunda sección explora cómo los análisis narrativos y performativos pueden ofrecer interpretaciones nuevas de los juicios famosos para apreciar mejor sus implicaciones culturales y políticas. La tercera sección analiza las historias presentadas por la defensa y la fiscalía y cómo éstas reinscriben tropos de índole racial y sexual, altamente controvertidos, característicos de la colonialidad del poder. [6] La versión larga en inglés contiene, además de las secciones mencionadas, una cuarta sección que analiza el “performance” de Lorena en el juicio desde la perspectiva de la performatividad de género teorizada por Judith Butler y discute la estrategia legal de presentar a Lorena como la inmigrante suplicante. [7] La quinta y última sección es la que ha permanecido inédita, la cual analiza los niveles variables de (in)visibilidad del rostro maltratado de Lorena en los múltiples anillos de espectadores que participaron de la saga de Bobbitt (por ejemplo, las maquinarias mediáticas, el juicio y las audiencias internacionales) y hace hincapié en la ambivalencia terminal de la localización de Lorena en el imaginario social trans-americano.

Luego de esta introducción, mi próximo “post” será precisamente dicha sección inédita titulada “The (In)Visibility of the Battered Face”.

Notas al Calce

[1] La publicación larga en inglés se titula “Performance, Literary and Cultural Studies in the Courtroom and Beyond: The Bobbitt Saga” y fue publicada en la Revista Jurídica del Colegio de Abogados de Puerto Rico (2008). Las tres publicaciones en español son de una versión más sintetizada y fueron en la Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja (2011) (http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulo_esp.php?ided=6&idsec=11&art=98); en la antología, impresa y digital, Derecho, género e igualdad: Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas del Centre Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona (2010) (http://centreantigona.uab.cat/docs/VOL1.pdf); y, en ocasión del Encuentro Académico Latinoamericano: Justicia, Género y Sexualidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2010) fue seleccionado para una publicación digital (http://www.redalas.net/images/stories/actividades/ponencias-encuentro/ChloeGeoras.pdf).

[2] The Unkindest Cut of All: Enough Already, U.S. News & World Report, 31 de enero de 1994, a la página 14.

[3] En lo sucesivo Lorena Bobbitt será abreviada como “Lorena” y John Wayne Bobbitt como “John Wayne”.

[4] Pasajes del juicio en este artículo fueron publicados por PETER KANE, THE BOBBITT CASE: TRANSCRIPTS OF THE SEX TRIAL THAT SHOCKED THE WORLD (Pinnacle Books, 1994). En lo sucesivo será abreviado como “Transcripción”.

[5] Rush Limbaugh, No Tears for Lorena, Newsweek, 24 de diciembre de 1994, a la página 56.

[6] Pueden leer la versión en español que contiene las mencionadas tres secciones en los enlaces provistas en la nota al calce [1].

[7] Esta cuarta sección sólo está disponible en la versión impresa del artículo en inglés, mencionada en la nota al calce [1].

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El colega abogado y profesor, Luis José Torres Asencio, publica una columna en la revista digital 80grados titulada “¿Por qué los pobres tienen que acudir al tribunal?“. En ella, Luis José reflexiona críticamente en torno al problema del acceso a la justicia por las clases económicamente necesitadas, y el rol del sistema judicial (tanto en lo procesal pero, más importante, en lo sustantivo) para atajar el problema. Aquí una cita breve para que salgan corriendo a 80grados para acceder a esta lectura obligada.

Si la Rama Judicial interesa dar prioridad a la solución de problemas de acceso a la Justicia en Puerto Rico, debe comenzar con mirarse frente a un espejo. ¿Contribuyen o combaten los tribunales los problemas de desigualdad que impiden que la premisa subyacente de nuestro sistema adversarial de Justicia –la relativa igualdad entre las partes– se materialice? La contestación me parece evidente. Podría comenzar, pues, dicha Rama, con la revisión de sus políticas y dictámenes, de manera que se convierta en un verdadero gestor del acceso a la Justicia. De lo contrario, los y las pobres podrán seguir caminando por los pasillos del Ritz, digo, del Tribunal, pero seguirán sin tener acceso genuino a sus salas.

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El colega Efrén Rivera Ramos publicó en días recientes su perceptiva columna, Poderes Salvajes, en el periódico EL Nuevo Día; con una radiografía atinada sobre el estatus crítico de algunas democracias constitucionales, incluyendo la nuestra. Con el permiso de Efrén, la reproducimos aquí en su totalidad.

Poderes Salvajes

¿En qué consiste la crisis actual de las democracias constitucionales? El destacado jurista italiano Luigi Ferrajoli ensaya una respuesta convincente en un libro recién publicado con el provocador título “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional”.

Pensado como una reflexión sobre la situación política italiana bajo el régimen de Silvio Berlusconi, la obra rebasa las fronteras de ese país.

Aporta pistas iluminadoras para entender lo que sucede en otros, como el nuestro.

El núcleo del argumento gira en torno a la proposición de que las democracias liberales existentes enfrentan un deterioro progresivo de los valores constitucionales.

Ese proceso se manifiesta, sobre todo, en el ejercicio cada vez más acentuado de parte de los gobernantes de lo que el autor llama “poderes salvajes”. Se trata de poderes que se esgrimen sin los límites que el estado constitucional de derecho pretendía imponer a los gobiernos, bien por vía del mecanismo de la separación de poderes o por medio del establecimiento de garantías de los derechos fundamentales. Esa circunstancia, según el autor, es el resultado de una compleja madeja de factores que convergen para debilitar la democracia por arriba y por abajo.

Por arriba, es decir, desde la más alta dirigencia política, ese asalto a la democracia constitucional se refleja, entre otras cosas, en la idea del jefe como encarnación de la voluntad popular (lo que es particularmente cierto en Italia) y en una desenfocada teoría que equipara la democracia con la simple voluntad de la mayoría (o más bien del partido que gana las elecciones).

Se pretende justificar todo tipo de imposiciones al resto de la sociedad aduciendo que lo que dispone el jefe político máximo, avalado por la mayoría partidaria, constituye la voluntad del pueblo soberano, aunque con ello se vulneren derechos y principios básicos consagrados en la Constitución.

Otros factores disolventes emanados desde la cúspide del poder incluyen la confusión de intereses privados, especialmente económicos, con los poderes públicos; la identificación ilegítima del partido político con el gobierno; y el control de la información pública por los grandes consorcios económicos y por el partido mayoritario.

Desde abajo, es decir, desde la perspectiva de los gobernados, también asoman indicios antidemocráticos perturbadores.

Uno es el resultado del intento de uniformar la opinión pública, creando un pensamiento único en perjuicio de los valores del pluralismo político. Ello va acompañado de campañas para desacreditar a los discrepantes y los diferentes con el propósito de crear un “enemigo” común contra el que las “mayorías” puedan volcar sus frustraciones y prejuicios.

En esa esfera, la crisis también se materializa en una despolitización masiva de la población, a la que se induce a valorar los asuntos públicos solo en función de intereses personales.

El apoyo al partido político se gestiona, entonces, en vistas a lo que su victoria pueda representar en términos de recompensas a sus seguidores, ya sea por vía de contratos, empleos u otros beneficios de los que se excluye a los perdedores.

El interés público se disuelve en la ganancia puramente privada.

La crisis de la democracia es también una crisis de la participación política, entre cuyos ingredientes hay que contar la creciente enajenación de las burocracias de los partidos políticos de su base. Esta se convierte solo en avaladora sin criterio propio de los programas y candidatos que propone la cúpula.

A lo anterior se suma un ambiente saturado de manipulación de la información, desde el propio estado y desde los medios de comunicación principales, y una decadencia palpable de la moral pública.

Todos esos desarrollos no solo propician el ejercicio de poderes salvajes por quienes gobiernan, sino que ponen en jaque la promesa que las democracias constitucionales procuraron realizar, sobre todo después de las experiencias totalitarias del siglo XX.

Para Ferrajoli, que reflexiona a partir del recuerdo del fascismo italiano, no estamos lejos de volver a esa condición si no se reforman radicalmente los sistemas democráticos vigentes.

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Les remito a la excelente columna del colega y amigo Luis José Torres Asencio, Si nos Cierran Las Calles…, publicada en la revista digital 80grados. Con una reflexión muy acertada en torno a la clausura paulatina de los espacios de deliberación pública  tan necesarios para una democracia, Luis José nos advierte:

El escenario actual no admite dudas: cada día nos alejamos más del ideal de la democracia. Se nos va la democracia de las instituciones de Gobierno: los tribunales, las agencias, la Asamblea Legislativa. Se nos va de los discursos de derechos: nos los recortan, nos excluyen, particularmente a las mujeres, a la comunidad lgbtti, a los/as extranjeros/as, a las minorías raciales, y a los/as pobres. Se nos va de la calle: nos las cierran, nos desplazan. El País es cada vez menos nuestro.

Sin embargo,nos alienta: “Si nos cierran las calles… hacemos nuevos caminos. Y, mientras lo hacemos, no nos olvidemos de ser inclusivos, y de incorporar modelos verdaderamente participativos y deliberativos. Sólo así marcharemos hacia la democratización de nuestro País.” Así, les dejo el enlace, para que se tomen unos minutos para reflexionar sobre el estado de la democracia boricua con Luis José.

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