Se publica hoy una excelente columna por Rubén Colón Morales, sobre el estado de la independencia judicial en Puerto Rico titulada “Moribunda la Independencia Judicial”. Es lectura obligada, y se da en el contexto del reciente rechazo en el Senado de un juez competente por puras razones ideológicas. Concluye Colón Morales:
Y es que desde hace muchos años, y como norma general bajo administraciones gubernamentales PNP y PPD, para que alguien sea juez o jueza tiene necesariamente que mover palas políticas para conseguir ser nominado y confirmado, aunque le sobre talento y capacidad. De una u otra forma, ese candidato a juez o jueza tiene que ser apadrinado por un político de importancia en un bautismo en el cual, lejos de purificarse, tendrá necesariamente que mancharse.
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“Es impostergable adjudicar con la imparcialidad acostumbrada,
pero con eficiencia y sensibilidad hacia las víctimas del crimen.”
Juez Martínez Torres, Los Jueces ante el Crimen
(http://www.elnuevodia.com/voz-losjuecesanteelcrimen-1168791.html)
“Ahora, tenemos que añadir que la imparcialidad debe ser la piedra angular
que guíe nuestros razonamientos, sin importar quiénes son las partes
ni la empatía que sus planteamientos nos provoquen.”
-Juez Martínez Torres, Lozada v. AEE 2012 TSPR 50 en las págs. 50-51
Si un juez debe ser imparcial o nada, mejor que sea nada. “Nada” somos las personas. Es decir, difíciles de reducir a una sola característica o cualidad total y totalizante. Lo cierto es que somos nada de nacimiento y por ello, hemos podido ser una infinidad de cosas desde entonces. Como, por ejemplo, en extremo parcializados. Cosa que podemos evitar en ocasiones. Al momento de adjudicar una controversia, por ejemplo. La cual seguro requiere que adoptemos una infinidad de características y cualidades (sensibilidad, empatía etc) y que por tanto evitemos otras (intolerancia, protagonismo extremo etc). Al menos mientras atendemos la misma.
Y es que aunque una persona bien podría ser juez de carrera, la adjudicación no deja de ser eminentemente situacional. El juez o la jueza entra a dirimir una controversia. Resuelve. Sale. Aparece en otra. Cada cual única en su especial concreción de hechos y partes. Por ende, no se suman controversias a una línea ininterrumpida de adjudicación. Más bien, las adjudicaciones son cortes que hace el juez o jueza en la larga línea de controversias públicas y privadas en la vida de una comunidad. De ahí que el juzgador irrumpa en cada controversia de manera brutal para acabar con ella. Cosa que debe hacer siendo nada. Es decir, albergando la posibilidad de ser una infinidad de cosas (sensible, empático , cauteloso etc.) y evitando ser otras (intolerante, protagónico, en extremo parcializado etc).
La imparcialidad, por tanto, no es ni debe ser el punto de partida único y verdadero para la adjudicación. Al contrario, se adjudica desde la nada; desde la perspectiva del sujeto que repentinamente interviene en los asuntos de otros con la facultad de decidir y resolverlos. Para lo cual, dependiendo del caso, necesitará ser compasivo y/o atento y/o tolerante y/o sensible y/o cauteloso y/o imparcial etc. en distintos grados.
El juez o jueza parte simultáneamente de una multiplicidad de puntos para atender una controversia y cada controversia requiere de puntos de partida particulares a ella. Fungir como juez entonces implica la capacidad de entrar de momento en una situación, reconocerla y asumir las cualidades más apropiadas para atenderla. No se trata por tanto de cómo X o Y situación pueda ser vista por el adjudicador, sino de cómo cada controversia exige del adjudicador una mirada distinta; una forma de ver que surja del mismo caso a verse. Porque la adjudicación, a fin de cuentas, no constituye la forma de ser de los y las jueces. Es simplemente la forma principalísima en que intervienen con nosotros y nosotras en lo personal. La forma en que tocan y/o trastocan nuestros asuntos. En ocasiones con nuestra anuencia. En ocasiones en nuestra contra. Pero siempre en un momento. Y siempre brutal.
Yo por eso prefiero que sean nada, antes de ser imparcial. Porque ante la infinidad de cosas que mi caso personal podría requerir de ellos y ellas, seguro necesitaré que las sean todas en mayor o menor grado. Y nada más.
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Se publica hoy, en la revista 80grados, mi columna “Un tribunal a la defensiva”.
Copio el párrafo inicial y los dos finales, para afincar, exhortando a que lean por allá!
Empieza:
“Tal vez poca gente sabe que un grupo de jueces del Tribunal Supremo está a punto de montar campamento en el Monte del Estado, con rifles, escopetas y planes revolucionarios”
Y termina:
“Con la carga que, se nos dice, ahora tenemos de cultivar la legitimidad del Tribunal Supremo, se nos pide el silencio para protegerla. Se nos pide el silencio para proteger el mito. La deslegitimación del Tribunal en última instancia será culpa nuestra.
Si es que quiere ganarse el respeto que necesita tener de la población, un tribunal no puede estar a la defensiva, repartiendo responsabilidades en todos menos en sí mismo. En cambio, debe construir su propia legitimidad, afirmativamente, mientras nosotros en la política hacemos lo que nos corresponde en una democracia: exigirle, con uñas y con dientes, que se la ganen.”
]]>Hoy se publica en El Nuevo Día una columna de Efrén Rivera Ramos titulada “El Estado de Derecho”. Reflexionando sobre las exigencias de ese requerimiento político, nos permite evaluar nuestra situación política actual. Es lectura obligada. Se copia aquí, íntegramente.
El estado de derecho
Por Efrén Rivera Ramos
Desde Washington hasta Pekín, pasando por prácticamente todas las capitales del mundo, se proclama la necesidad de que se respete el “estado de derecho”. Al reclamo se unen múltiples organismos regionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.
La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la “ley y el orden”. Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.
Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.
La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.
No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.
No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen étnico, condición social, ideas políticas o religiosas y otras de carácter similar.
Pero todavía ello no sería suficiente. Pues la existencia de normas sin la garantía de su cumplimiento constituye, en el mejor de los casos, un deseo sin materialidad y, en el peor, un soberano engaño. Las garantías pueden ser múltiples. En los sistemas jurídicos actuales, se tiende a descansar de forma sustancial en la posibilidad de contar con tribunales imparciales e independientes. A lo que habría que añadir las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a ellos. La garantía mayor, sin embargo, tendría que ser la fiscalización de los diversos sectores de la comunidad.
A la luz de esta noción del estado de derecho, ¿dónde queda Puerto Rico?
Cualquiera que conozca el País tendría que concluir que tenemos problemas serios en este sentido.
Empecemos por la circunstancia de que nuestra condición política nos somete al gobierno de normas en cuya creación no participamos de forma significativa. Sigamos por el hecho de que muchas veces aun aquellas normas forjadas por organismos electos o establecidos por nosotros mismos son generadas mediante procesos atropellados sin deliberación alguna que merezca los apellidos de pública y adecuada. La sujeción de la ley a la Constitución se ha puesto en duda con las interpretaciones cuestionables emanadas del Tribunal Supremo. La arbitrariedad de algunas decisiones legislativas y ejecutivas ha quedado sin remedio. Los cuestionamientos frecuentes sobre la independencia judicial y el cierre del acceso a los tribunales de personas y comunidades afectadas por diversas actuaciones gubernamentales ponen sobre el tapete el asunto de las garantías reales del estado de derecho.
La complacencia no se justifica.
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Los zapatos de un juez son difíciles de llenar. Esa es una traducción directa del inglés que no necesariamente funciona en español, pero se entiende, ¿no? Mi escritura (al menos hasta aquí) denota cierta inseguridad con las palabras ¿o acaso me equivoco? En mi defensa, no es fácil ver el mundo desde la perspectiva de otro. Y menos si la mirada de ese otro se posa sobre los asuntos del mundo con el fin de adjudicar controversias. Por tanto, humildemente pregunto (y suplico): ¿Cómo me sitúo Sr. Juez para mirar desde usted una controversia, sobretodo cuando la misma versa sobre la manera en que usted explica su mirada? Me explico.
En su opinión mayoritaria en el caso Lozada v. AEE 2012 TSPR 50, donde el Tribunal desestimó la acción de los demandantes por falta de legitimación activa, usted justifica su decisión de la siguiente forma:
“En tiempo reciente no hemos vacilado en indicar que a “los jueces no nos puede dominar el temor a decidir”, Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 15-16 (2010), incluso “aunque lo que decidamos nunca antes se haya resuelto” Trans- Oceanic Life Insurance Company v. Oracle Corporation, Op. de 24 de febrero de 2012, 2012 T.S.P.R. 34, 2012 J.T.S. 47, 184 D.P.R.__ (2012). Ahora, tenemos que añadir que la imparcialidad debe ser la piedra angular que guíe nuestros razonamientos, sin importar quiénes son las partes ni la empatía que sus planteamientos nos provoquen. Eso implica que si bien nuestras ideas y experiencias influyen en nuestro análisis al momento de adjudicar una controversia, debemos analizar los argumentos de las partes involucradas como lo haría la famosa Dama de la Justicia, con la mayor objetividad que nuestra condición humana nos permita.”*
Debo confesar que a mí sí me domina el temor a escribirle. Es un temor irresuelto, digamos. Como lo podría ser el miedo a la oscuridad. Como lo son todos, considerando que es precisamente la falta de resolución la que mantiene el temor vigente. Nótese, por ejemplo, como opté arriba por plantearle la interrogante en forma de súplica, y con humildad para colmo. Aunque, me pregunto, ¿no será la humildad una cualidad inherente a la súplica? De nuevo, el desasosiego caracteriza mi manejo del lenguaje. ¿O acaso me muestro inseguro en mi expresión con el mero propósito de simpatizarle?
Mentira. El término simpatía, tal y cómo lo acabo de emplear implica una forma de ser que otros (usted) encontrarían atractiva. Y no quiero eso. Yo lo que quiero es que usted simpatice conmigo y viceversa. Es decir, que exista una inclinación afectiva y amistosa entre personas (usted y yo). Eso, curiosamente, es lo que usted indica que no puede ocurrir entre el juzgador y las partes envueltas en una controversia, puesto que la imparcialidad supone ser “la piedra angular que guíe nuestros razonamientos.” El problema es que las piedras angulares no guían. A menos que uno las arroje en una dirección particular. Pero eso no sería muy astuto puesto que la casa de piedra (o de ideas) se desplomaría. ¿O acaso me equivoco?
Perdón. Lo de la piedra angular no fue muy simpático. De hecho, podría dar la impresión de que lo estoy juzgando en lo que concierne su manejo del lenguaje. Y vamos, ¿quién soy yo para juzgar a nadie sobre ese particular? Y menos en este escrito, cuyo fin no es la objetividad, sino la simpatía. Y con simpatía no se puede adjudicar, no importa quiénes sean las partes en controversia. Algo así dice usted en la opinión. Lo único que le llama empatía. Es decir, la capacidad de colocarse en la situación de los demás. O como quien dice, ponerse en los zapatos del otro. Como yo en los suyos, Sr. Juez. Y al hacerlo me doy cuenta de que usted también padece de cierta confusión y/o desasosiego con las palabras, puesto que cuando quiere decir que la imparcialidad es fundamento de la adjudicación la arroja como una piedra cualquiera, erróneamente dictaminando que los y las jueces no deben ponerse en el lugar de las partes que le suplican remedio judicial. Determinación en extremo descabellada, considerando que la capacidad de abstraerse de sí para acoger la perspectiva del otro y mirar desde él o ella los asuntos propios de su mundo debe ser una estrategia valiosísima para lograr la mayor comprensión de esos asuntos; sobre todo si a uno le toca pasar juicio sobre los mismos. Pero, claro, yo no soy juez. Ni simpatizo con ellos.
*Lozada v. AEE 2012 TSPR 50, en las págs. 30-31
]]>Ya es conocido que el Tribunal Supremo emitió una reciente orden paralizando los procedimientos de Escrutinio General de las pasadas primarias.
La discusión pública está repleta de consideraciones de toda índole; desde una intensa suspicacia en torno a las intenciones de una mayoría del tribunal de maltrecha legitimidad, cuestiones procesales en torno al recurso de Certificación, hasta argumentos jurídicos y constitucionales de envergadura relativos al derecho de libre asociación, el derecho a la intimidad y la secretividad del voto.
Esperaré la decisión que el Tribunal emita para opinar, como corresponda. Pero adelanto una reflexión preliminar sobre un asunto del cual me he expresado en el pasado.
Se dice que cualquier argumento sobre la privacidad de los electores que figuran en la lista de un partido queda renunciada al someterse al proceso electoral primarista. Sin adjudicar los méritos, puede haber razones y argumentos que apoyen la divulgación de la identidad en determinados casos ante la existencia de intereses apremiantes. Igualmente, puede que el remedio solicitado por quienes abogan por la divulgación de identidad pueda lograrse y satisfacerse plenamente sin necesidad de esa divulgación. Habrá que estudiar el problema.
Lo que debe quedar claro, sin embargo, es que hay un argumento en todo este debate que no debe estar disponible o que si se considera, debe evaluarse críticamente. Se dice que al entrar en un colegio electoral primarista el elector que allí entra se identifica públicamente como perteneciente a un partido político y, por ello, en la medida que terceros le han visto entrar a esos colegios, carece de expectativa de intimidad sobre su afiliación política. Se alega esto como una variante del viejo argumento de que “carecemos de una expectativa de intimidad sobre todo aquello que hagamos en público”. Esta noción va atada a la idea complementaria de que sólo podemos tener una expectativa de intimidad con relación a aquello que hacemos en secreto. Hoy día, sin embargo, esta idea no tiene sentido y, a la luz de nuestro mandato constitucional especial para proteger el derecho a la intimidad, debe ser revisada por el Tribunal.
En varios sitios he cuestionado la vigencia de esa premisa, particularmente en un entorno digitalmente interconectado. Y quien haya leído esos trabajos, encontrará esta entrada ya aburrida. Pero la urgencia del asunto merece repetición en estos días.
En una columna reciente en la revista 80grados titulada “Hablar en privado“, reflexionando sobre un planteamiento similar ante el affair Arango, planteé que:
“La frontera entre lo público y lo privado en este contexto (en lenguaje jurídico, a través de los contornos del derecho a la intimidad) para muchos depende de la decisión del sujeto cuya información estamos observando. Si publicas no reclames, se dice. En este sentido, al definir nuestro derecho a la intimidad, el valor primario y políticamente favorecido es la autonomía individual y ello se manifiesta en una noción del derecho a la intimidad que se equipara a secretividad: a lo que decidimos mantener oculto.
No obstante, si limitamos nuestra concepción del derecho a la intimidad a expectativas de intimidad, secretividad, soledad o a la idea de que no tenemos un derecho constitucional sobre la información que decidimos revelar al público, desatenderíamos algunos de los riesgos más importantes que tecnologías contemporáneas presentan sobre valores políticos que atesoramos. Nociones de privacidad que no reconocen la importancia de estos valores, suelen ignorar problemas causados por tecnologías capaces de recopilar información personal sin interferir con la soledad o secretividad. Este es el caso, por ejemplo, de la recopilación de información de nuestras transacciones (públicas) en internet y fuera del ciberespacio por entidades privadas y el gobierno; así como la recopilación, acumulación y clasificación de esa información con el propósito de crear perfiles públicos o privados. Otro problema que no afecta la secretividad o soledad, es la vigilancia mediante vídeo en lugares públicos (parques, centros comerciales, cajeros automáticos) y, muy relacionado, el uso de tecnología biométrica de identificación facial conectados a estos artefactos. Si pensamos en la intimidad como aquello relacionado a lo que hemos guardado tras alguna barrera y nociones similares, esa vigilancia electrónica no presentaría preocupaciones constitucionales—lo cual confronta algunas de nuestras intuiciones más genuinas.”
Ante de eso, advertí una línea similar en un artículo de revista jurídica titulado “La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública”, 77 Rev. Jur. UPR 45, 48-56, (2008). En “Privacy in Puerto 
Rico and The Madman’s Plight: Decisions”, 9 Georgetown J. Gen. & L. 1 (2008), expresé asimismo que no podemos ignorar la conexión entre el derecho a la intimidad, el anonimato y la libertad de expresión:
“Especially in times of ubiquitous surveillance such as these, one must not forget that privacy is not only about the secrecy of information but, more broadly, about controlling the way we define our identities. Therefore, the right to remain anonymous in public spaces is a way to control how we project our identities to others (more precisely, to control if we project our identities). When law and technology limit our ability to control the projection of our identities in public, lack of anonymity may produce chilling effects detrimental to the richness and diversity of public discourse. Democracy may be thus threatened.”
A todo esto debemos añadir la reciente Opinión Concurrente de la Jueza Sonia Sotomayor en United States v. Jones 565 U. S. ____ (2012), un caso relacionado con la protección contra registros y allanamientos irrazonables ante tecnología de rastreo por GPS. Su cuestionamiento de la idea de que es público lo que no ocurra en secreto es cristalino:
“Awareness that the Government may be watching chills associational and expressive freedoms. And the Government’s unrestrained power to assemble data that reveal private aspects of identity is susceptible to abuse. The net result is that GPS monitoring—by making available at a relatively low cost such a substantial quantum of intimate information about any person whom the Government, in its unfettered discretion, chooses to track—may “alter the relationship between citizen and government in a way that is inimical to democratic society.”
I would take these attributes of GPS monitoring into account when considering the existence of a reasonable societal expectation of privacy in the sum of one’s public movements. I would ask whether people reasonably expect that their movements will be recorded and aggregated in a manner that enables the Government to ascertain, more or less at will, their political and religious beliefs, sexual habits, and so on.”
Y, en lo que constituye el golpe de gracia de su planteo:
“More fundamentally, it may be necessary to reconsider the premise that an individual has no reasonable expectation of privacy in information voluntarily disclosed to third parties … This approach is ill suited to the digital age, in which people reveal a great deal of information about themselves to third parties in the course of carrying out mundane tasks. People disclose the phone numbers that they dial or text to their cellular providers; the URLs that they visit and the e-mail addresses with which they correspond to their Internet service providers; and the books, groceries, and medications they purchase to online retailers. Perhaps, as Justice Alito notes, some people may find the “tradeoff” of privacy for convenience “worthwhile,” or come to accept this “diminution of privacy” as “inevitable,” and perhaps not. I for one doubt that people would accept without complaint the warrantless disclosure to the Government of a list of every Web site they had visited in the last week, or month, or year. But whatever the societal expectations, they can attain constitutionally protected status only if our Fourth Amendment jurisprudence ceases to treat secrecy as a prerequisite for privacy. I would not assume that all information voluntarily disclosed to some member of the public for a limited purpose is, for that reason alone, disentitled to Fourth Amendment protection.”
En fin, que aunque puedan haber razones poderosas para divulgar la información (según sea necesario para adelantar un interés apremiante del Estado y siempre que ello sea el medio menos oneroso posible) la premisa, en un mundo digitalmente interconectado, no puede ser que una persona pierda irremediablemente (para todos los fines posibles) su derecho constitucional a la intimidad sólo por el hecho de que un tercero observó públicamente su conducta. En momentos en que Facebook constituye simultáneamente la plaza pública y la sala de nuestra casa (un espacio donde lo público y lo privado se colapsan), resolver lo contrario implicaría socavar profundamente uno de los pilares de nuestro derecho constitucional. Fidelidad a la constitución, en este contexto, implica resaltar los valores políticos que ella encierra frente al embate acelerado de los cambios tecnológicos.
Actualización del 8 de abril de 2011
Algunos me han preguntado qué exactamente contribuiría la reflexión que esbozo, según aplicado al problema de las listas de electores de partidos. La implicación del planteo es que, si bien terceros pueden ver a un individuo entrar a una caseta identificada, ausente el alcance de nuevas tecnologías esa información se quedaría en el nivel individual del que observó o se extendería tal vez entre redes sociales tradicionales. Pero considerando el alcance potencialmente viral de la información en la internet, la divulgación por ese medio de esa información trasciende por mucho el chisme de barrio y el conocimiento local, para convertirse en una herramienta muy poderosa de evaluación colectiva sobre los hábitos políticos del elector. Ante esa magnitud, y sabiendo de la posiblemente extraordinaria divulgación de su afiliación política (y las consecuencias que ello acarrearía), un elector que tema ese potencial panóptico digital pensará dos veces antes de participar en un evento electoral fundamental para nuestro proceso político. Tal vez ello no es problemático para el elector fanático que pertenece al “corazón del rollo” y quien alardea de sus preferencias partidistas; pero aquel que se identifica con un partido en un nivel más privado, merece el mismo derecho de participar en primarias que el otro.
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FORO: Ambiente en Riesgo: Crisis de Acceso y Estrategias para la Defensa de los Recursos Naturales
Las últimas decisiones del Tribunal Supremo sobre temas ambientales han cerrado las puertas para que la ciudadanía pueda recurrir a los tribunales a reclamar la defensa y protección de los recursos naturales. La llamada crisis de acceso agrava la crisis de legitimidad del más alto foro judicial del País que sigue limitando la posibilidad de que grupos marginados reciban el remedio y protección adecuados. Entonces, surge la pregunta, cada vez más válida y pertinente, sobre la idoneidad del foro judicial para canalizar las luchas ambientales.
Se trata de un asunto urgente. El medioambiente puertorriqueño se encuentra amenazado y exige ser atendido. Sin embargo, públicamente no se habla lo suficiente del tema ambiental. Entendemos que hace falta crear espacios de discusión, desde donde se puedan trazar estrategias y alternativas concretas para la defensa ambiental. Ejemplos y razones para pensar juntos sobran: la amenaza todavía latente del gasoducto, el acceso a la playa y la protección del balneario de Isla Verde, la preservación del Karso, el CEN, la extracción de arenas en Loíza y Piñones, el incinerador en Arecibo y el mal llamado “ecoturismo” en Culebra.
Con el interés de crear una discusión más amplia sobre la actualidad de las luchas ambientales, la llamada crisis de acceso a los tribunales y sobre distintas propuestas legislativas, jurídicas y comunitarias, las compañeras y compañeros de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico – Sección Ambiental- y el Colegio de Abogados de Puerto Rico invitan al foro/conversatorio:
“Ambiente en Riesgo: Crisis de Acceso y Estrategias para la Defensa de los Recursos Naturales”
Miércoles 11 abril 2010
6pm
Colegio de Abogados de PR- Sede en Miramar
Panelistas:
-Carmen Guerrero Pérez- Planificadora y Asesora de Grupos Comunitarios y Ambientalistas
-Carmen Yulín Cruz Soto- Candidata a la Alcadía de San Juan por el Partido Popular Democrático
-William Vázquez Irizarry-Catedrático Asociado Escuela de Derecho UPR (Experto en Derecho Administrativo)
En este episodio Hiram Meléndez Juarbe conversa con Jason Mazzone, profesor de Brooklyn Law School, sobre su reciente libro “Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law” (Stanford University Press), los problemas centrales que enfrenta el régimen actual de derechos de autor y las reformas necesarias para atenderlos.
También nos encuentras en iTunes donde te puedes suscribir
Pensando el Derecho” es producido por Alberto Meléndez y está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Puerto Rico (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/. Música por Revolution Void, “Effects of Elevation”, disponible en http://www.jamendo.com/en/album/2225
]]>Reflexionando sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la doctrina de legitimación activa, el colega Luis José Torres Asencio publica una gran columna en 80grados, titulada “A las puertas del tribunal“. Junto a la entrada reciente de Érika Fontánez sobre el llamado activismo judicial del Tribunal en años recientes (activismo para cerrar puertas en casos de justicia ambiental), el ensayo de Luis José es crucial para continuar nuestra reflexión sobre el rumbo de nuestro sistema de justicia. Concluye Luis José:
]]>los tribunales han descansado en FundaciónSurfrider para concluir que ambientalistas opuestos a determinado proyecto no tienen legitimación activa para procurar la revisión judicial de su aprobación. Como resultado de lo anterior, luego de más de cuatro décadas en los que las puertas de los tribunales estuvieron generosamente abiertas para ventilar reclamos de comunidades y organizaciones ambientales, el tema de la legitimación activa se ha convertido en el principal obstáculo para examinar las objeciones de estos grupos a las decisiones impugnadas.