Como es sabido, ante la Cámara de Representantes se encuentra sometido el P del S 238, que establece mecanismos específicos para atajar el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Uno de los argumentos que se ha utilizado en el debate público por sus oponentes  es que la llamada Cláusula de Supremacía en el artículo 26 del P del S 238 tiene el efecto de modificar el régimen de derecho de familia puertorriqueño, particularmente para establecer el matrimonio entre personas de mismo sexo.  No obstante ese argumento, debe quedar claro que ese no es –bajo ningún criterio jurídico razonable– el alcance de dicha disposición en el P del S 238. El Artículo 26 del proyecto es absolutamente claro y no tiene la extensión que se le ha querido imputar.

Dicho Artículo establece que:

“Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato.” (énfasis añadido)

Tras un examen integral del P del S 238, resulta evidente que dicha cláusula no tiene el efecto ni la intención de declarar inválidas disposiciones del Código Civil de Puerto Rico relativas al derecho de familia como sería el régimen matrimonial. Mucho menos tiene el alcance de revertir el ordenamiento jurídico matrimonial para exigir el matrimonio entre personas del mismo sexo o asuntos similares.

La llamada Cláusula de Supremacía es simplemente un mecanismo para instruir a los Tribunales en cuanto a cómo interpretar la nueva ley de ser aprobada y cómo ésta debe relacionarse con otras leyes y reglamentos sobre el mismo asunto; es decir aquellos asuntos específicamente atendidos por el P del S 238.   Es importante recalcar que en ninguna instancia el P del S 238 regula las relaciones familiares ni atiende asuntos pertinentes al derecho de familia. Su alcance se circunscribe principalmente a lo relacionado con el entrono laboral público y privado, así como otros contextos muy particulares y específicos detallados en la ley.  Esto también se desprende de su Exposición de Motivos y del historial legislativo según discutido en vistas públicas.

En fin, el Artículo 26 sólo establece una regla interpretativa que va dirigida a asegurar que la política pública encarnada en “las disposiciones incluidas en” esa ley (disposiciones que en nada atienden el derecho de familia), no se vea frustrada por interpretaciones judiciales inconsistentes con el texto del P del S 238.  De hecho, los Tribunales de Puerto Rico actualmente se rigen por un principio de interpretación estatutaria muy similar el cual requiere que los jueces interpreten leyes sobre un mismo asunto (leyes in pari materia) de manera coherente.  El artículo 26 reitera este principio y establece un principio de interpretación muy claro en cuanto a la manera en que los jueces deben interpretar la interacción entre otras leyes cuyo asunto sea el mismo que el de “las disposiciones incluidas en” el P del S 238. Nuevamente, en la medida que el P del S 238 no versa sobre el derecho de familia, la llamada Cláusula de Supremacía no tiene relación alguna con el régimen matrimonial.

En este sentido, el proyecto es sumamente claro. Interpretar el texto del P del S 238 de modo que cause confusión en cuanto a su alcance, constituye exégesis desenfocada.

P de la S238.docx

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El distinguido colega Angel G. Hermida circula una propuesta para un nuevo Artículo V de la Constitución, sobre el Poder Judicial. Hace algún tiempo expuse la necesidad, políticamente urgente, de una enmienda constitucional “que nos permita reflexionar sobre una salida permanente” a la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, buscando “soluciones radicales que permitan comenzar de nuevo, con una plana de Juezas y Jueces capaces de ganar el respeto de la población puertorriqueña, y procesos de selección que garanticen a un Tribunal poblado por gente del más alto calibre y, sobre todo, sentido de justicia.” Hermida, quien por muchos años fue un destacado Juez Superior, da un paso al frente con una importante propuesta a estos fines. Debemos considerarla, pues es hora que tomemos en serio nuestra responsabilidad ciudadana con respecto a nuestras instituciones de administración de la justicia.

La propuesta se acompaña al pie de esta entrada, y le preceden las siguientes indicaciones del propio Hermida:

“Someto … el texto de mi propuesta para derogar el actual Artículo V de la Constitución de Puerto Rico, y adoptar un nuevo Artículo.

… Me gustaría recibir sugerencias en cuanto a cambios que pudieran mejorar mi propuesta. En particular, quisiera recibir ideas en cuanto a la composición del Comité Asesor de Nombramientos Judiciales (inciso (a) de la Sección 8).”

 En la sección de comentarios, incluyo algunas observaciones mías.

Borrador Nuevo Artículo V  Angel G. Hermida

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Ya habrá mucho que decir en este espacio sobre el proyecto de ley reciente que altera y reduce drásticamente la competencia del Tribunal Supremo. En este punto sólo presentamos la carta que hoy envía el Juez Asociado Luis Estrella al Gobernador sobre este asunto. Se destaca su llamado procesal:

“Lamentablemente, la Asamblea Legislativa no permitió que sectores importantes de nuestra sociedad hablaran previo a aprobar la medida. Tampoco se solicitó contar con el beneficio del insumo de todos los  jueces y juezas del Tribunal Supremo. A pesar de que la medida incidirá en los derechos de los obreros, grupos ambientales, el ejercicio de la profesión de los abogados y la ciudadanía en general, la Asamblea Legislativa no solicitó ponencias a representantes y entidades relacionadas. Por el contrario, al filo de la media noche se aprobó ayer en la Cámara de Representantes la medida que llegó ese mismo día ante ese cuerpo. Tampoco acogieron propuestas de enmiendas que contaban con el consenso del Juez Presidente y de una amplia mayoría de los Jueces Asociados. En el caso del Senado, ni siquiera esperaron por el insumo del Departamento de Justicia, única agencia de la Rama Ejecutiva a la cual se le solicitó memorial explicativo.”

El Juez Asociado tiene toda la razón. Y es evidente que esta importante medida sólo puede aprobarse tras gozar de la discusión pública requerida para un asunto de esta naturaleza. Eso hay que cuestionarlo enérgicamente. El Juez Asociado, el señor Luis Estrella, tiene justificación en sus denuncias y hace muy bien en presentarlas oportunamente y con la seriedad que las emite. Sin embargo, resulta claro–y estoy seguro que le habrá pasado por la mente–  el Juez tiene un problema de legitimidad que pesa sobre su carta. Como hemos dicho antes, la legitimidad del cargo no viene automáticamente con el juramento… hay que ganársela.   Una y otra vez hemos apuntado en este espacio a la manera en que ese mismo Juez llegó a ocupar su cargo; bajo los mismísimos estilos antidemocráticos que con mucha justificación denuncia. Hasta publicamos un libro sobre el tema.  La legitimidad del ejercicio del poder judicial es un asunto fáctico que se desgasta o se cultiva con los actos. Y su posición está manchada con el pecado original de su nombramiento politizado.  Tal vez llegará un momento en que no lo concibamos así, ya sea porque sus actos habrán demostrado lo contrario o porque otros hechos validen su ejercicio del poder judicial…  Ojalá el Gobernador escuche sus palabras; y ojalá el Gobernador aprenda que el mensaje más poderoso de la carta no es su contenido, sino el aura deslegitimador que emana de la misiva.

Se aneja la referida carta y el P del S 367

Carta-al-Gobernador.pdf

P_del_S_367.pdf

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Microjusris publica en su página el video del conversatorio sobre adopción de parejas del mismo sexo celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana el pasado 25 de abril. Según descrito allí:

La actividad expuso las áreas de derecho que se reflejan en el caso A.A.R. Ex parte. Se analizó la decisión desde un perspectiva del Derecho de Familia y desde el Derecho Constitucional. También se hizo una explicación de los conceptos sexo y género, el concepto de familia, la ley de adopción con particular atención a los artículos 137 y 138.

De igual forma, se atendieron los temas de la separación de poderes, la función judicial, igual protección de las leyes, el discrimen por nacimiento, discrimen por razón de sexo y discrimen por razón de orientación sexual.

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La criminalización de la protesta o del activismo social es un tema importante de debate actual. Ello, porque contiene diversas ramificaciones relacionadas con los límites del Estado, los derechos colectivos y derechos individuales. Mientras que por un lado las organizaciones colectivas reclaman su derecho constitucional a la libre expresión, el Estado busca la manera de limitar o debilitar dichos actos de protesta mediante leyes que penalizan los mismos. Esto tiene como resultado la disminución de la participación de los ciudadanos en los espacios provistos por la Constitución para mantener viva la democracia, un temor de la ciudadanía a ocupar dichos espacios y la violación de derechos a los ciudadanos que retan estas prohibiciones.

Para abordar esta problemática y el papel de los abogadas y abogados en torno a ella, el Pro-Bono de Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, realizó el foro: La Criminalización de la Protesta y su Influencia en la Participación Ciudadana. Allí, varios ponentes manifestaron sus impresiones prácticas y teóricas sobre el tema, a la vez que brindaron distintas perspectivas de análisis del mismo.

En esta primera parte, les presentamos la ponencia del profesor Robinson Rodríguez. En la ponencia, de tipo anecdotal, el profesor narra los sucesos acontecidos antes, durante y después de ser arrestado por protestar pacíficamente la construcción de un parque eólico en Santa Isabel. Además aborda el papel que jugaron los abogados y abogadas que asumieron su representación. Este episodio de “Pensando el Derecho” fue producido por Zoán Dávila y está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. Música por _ghost, “bonobo business sample pack” disponible en http://ccmixter.org/files/_ghost/27403.

 *En la segunda parte de esta serie, “Pensando el Derecho” presentará la ponencia de la estudiante Lynmarie Rivera, quien aborda el contexto histórico y social de la criminalización de la protesta; y brinda el pie forzado para el análisis realizado por el profesor Luis Torres Asencio y la profesora Madeline Román. 

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14 de Octubre de 2009 (Yiyi Motors v. ELA, 2009 TSPR 159, Opinión de Conformidad del Juez Asociado Martínez Torres)

“La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este Tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional.”

22 de abril de 2013 (In re: Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua, 2013 TSPR 46)

“Nótese que la participación de los empleados públicos, como parte del proceso amplio de discusión promovido por este Tribunal, no puede afectarse por cambios de administraciones de ramas ajenas al Tribunal Supremo. Mucho menos puede catalogarse esa encomienda en la Comisión Especial como una que sellevará a cabo mientras goce de la confianza de la Oficina del Procurador General.”

In re: Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua, 2013 TSPR 46)

* Enmendado el 9 de mayo de 2013 para reflejar que las expresiones del caso Yiyi Motors son del Juez Asociado Martínez Torres.

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La Coordinadora Paz para la Mujer, Inc., Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, se complace en invitarle a participar de la Primera Conferencia/Adiestramiento sobre Medios de Comunicación: “Cobertura Mediática y violencia de género”. La misma es libre de costo y se llevará a cabo el viernes, 3 de mayo de 2013, de 8:30 AM a 3:00 PM en el Centro para Puerto Rico, en Río Piedras.

Sobre la Actividad:

¿Qué nos motiva? Los medios de comunicación, más allá de ser corporaciones con fines diversos, tienen la responsabilidad de hacer visible los temas de violencia que afectan en particular a las mujeres y a su vez contribuir a la transformación social en cuanto a la educación, la socialización y el aprendizaje de modelos de comportamiento no violentos, no sexistas, ni opresores. Sin embargo, la cobertura mediática de asesinatos por violencia de género o feminicidios, agresiones sexuales, trata humana, entre otros temas, no ha sido la mejor. Hemos leído notas de prensa o reportajes recientes en donde se responsabiliza, directa o indirectamente, a las víctimas de sus propias agresiones, o visto imágenes cuyo propósito principal es apelar al morbo de incidentes violentos para vender.

Nuestro deber como Coalición de organizaciones que trabajan para las/los sobrevivientes de violencia de género es respaldar iniciativas que redunden en el bienestar de las participantes de nuestros programas. Es por ello que la Conferencia/Adiestramiento sobre Medios de Comunicación tiene como objetivo poner a la disposición nuestra pericia en el tema de la violencia de género además de generar alianzas entre la Coalición y profesionales de los medios de comunicación en la Isla; así como estudiantes de periodismo, relaciones públicas, publicidad, derecho, u otras disciplinas relacionadas a la comunicación pública.

En específico, proveeremos herramientas prácticas a la hora de reportar noticias, entrevistar sobrevivientes o las fuentes necesarias para completar un escrito; además de temas como la ética profesional, manejo de sensibilidad, estereotipos y mitos alrededor de la violencia sexual y de género. Por otro lado, nos acercaremos brevemente a este mismo tipo de redacción en escenarios jurídicos.

Las conferenciantes invitadas son la periodista, profesora y feminista Norma Valle Ferrer, experta en el tema de medios y género por más de 30 año; y la también periodista y Blogera, Firuzeh Shokooh Valle. Norma Valle Ferrer es catedrática recién retirada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y dirigió el programa de Estudios de las Mujeres de la UPR en Cayey. Firuzeh Shokooh Valle trabajó por varios años en los principales periódicos de Puerto Rico, recibió premios por reportajes con enfoque de género y actualmente termina su doctorado en investigación sobre la intersección de movimientos sociales como el feminismo y las tecnologías digitales. La actividad será moderada por Zoan Dávila Roldán, periodista y editora de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

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El pasado 20 de marzo, se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el libro Derecho al Derecho: Intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico.  En dicha presentación, moderada por la profesora Esther Vicente, intervinieron además los profesores Hiram Meléndez Juarbe, Luis Torres Asencio y la profesora Yanira Reyes Gil.

Esta presentación tuvo un giro especial, pues se enfocó en la adopción de la tecnología para adelantar la gestión jurídico-académica. Para abundar sobre este acápite, se unió a los catedráticos antes mencionados, el profesor Pedro Cabán Vales.  En esta novena edición de “Pensando el Derecho”, le presentamos esta conferencia.  Este episodio de “Pensando el Derecho” fue producido por Zoán Dávila y está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. Música por _ghost, “bonobo business sample pack” disponible en http://ccmixter.org/files/_ghost/27403.

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