“Es impostergable adjudicar con la imparcialidad acostumbrada,
pero con eficiencia y sensibilidad hacia las víctimas del crimen.”
Juez Martínez Torres, Los Jueces ante el Crimen
(http://www.elnuevodia.com/voz-losjuecesanteelcrimen-1168791.html)

“Ahora, tenemos que añadir que la imparcialidad debe ser la piedra angular
que guíe nuestros razonamientos, sin importar quiénes son las partes
ni la empatía que sus planteamientos nos provoquen.”
-Juez Martínez Torres, Lozada v. AEE 2012 TSPR 50 en las págs. 50-51

Si un juez debe ser imparcial o nada, mejor que sea nada. “Nada” somos las personas. Es decir, difíciles de reducir a una sola característica o cualidad total y totalizante. Lo cierto es que somos nada de nacimiento y por ello, hemos podido ser una infinidad de cosas desde entonces. Como, por ejemplo, en extremo parcializados. Cosa que podemos evitar en ocasiones. Al momento de adjudicar una controversia, por ejemplo. La cual seguro requiere que adoptemos una infinidad de características y cualidades (sensibilidad, empatía etc) y que por tanto evitemos otras (intolerancia, protagonismo extremo etc). Al menos mientras atendemos la misma.

Y es que aunque una persona bien podría ser juez de carrera, la adjudicación no deja de ser eminentemente situacional. El juez o la jueza entra a dirimir una controversia. Resuelve. Sale. Aparece en otra. Cada cual única en su especial concreción de hechos y partes. Por ende, no se suman controversias a una línea ininterrumpida de adjudicación. Más bien, las adjudicaciones son cortes que hace el juez o jueza en la larga línea de controversias públicas y privadas en la vida de una comunidad. De ahí que el juzgador irrumpa en cada controversia de manera brutal para acabar con ella. Cosa que debe hacer siendo nada. Es decir, albergando la posibilidad de ser una infinidad de cosas (sensible, empático , cauteloso etc.) y evitando ser otras (intolerante, protagónico, en extremo parcializado etc).

La imparcialidad, por tanto, no es ni debe ser el punto de partida único y verdadero para la adjudicación. Al contrario, se adjudica desde la nada; desde la perspectiva del sujeto que repentinamente interviene en los asuntos de otros con la facultad de decidir y resolverlos. Para lo cual, dependiendo del caso, necesitará ser compasivo y/o atento y/o tolerante y/o sensible y/o cauteloso y/o imparcial etc. en distintos grados.

El juez o jueza parte simultáneamente de una multiplicidad de puntos para atender una controversia y cada controversia requiere de puntos de partida particulares a ella. Fungir como juez entonces implica la capacidad de entrar de momento en una situación, reconocerla y asumir las cualidades más apropiadas para atenderla. No se trata por tanto de cómo X o Y situación pueda ser vista por el adjudicador, sino de cómo cada controversia exige del adjudicador una mirada distinta; una forma de ver que surja del mismo caso a verse. Porque la adjudicación, a fin de cuentas, no constituye la forma de ser de los y las jueces. Es simplemente la forma principalísima en que intervienen con nosotros y nosotras en lo personal. La forma en que tocan y/o trastocan nuestros asuntos. En ocasiones con nuestra anuencia. En ocasiones en nuestra contra. Pero siempre en un momento. Y siempre brutal.

Yo por eso prefiero que sean nada, antes de ser imparcial. Porque ante la infinidad de cosas que mi caso personal podría requerir de ellos y ellas, seguro necesitaré que las sean todas en mayor o menor grado. Y nada más.

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Nuestro colega Hiram Meléndez Juarbe, escribe esta columna en la Revista 80grados que aborda el tema de la adjudicación de lo que hoy constituye la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Excelente columna que recomiendo, imperdible. Suscribo, además, su análisis. Aquí la transcribo en su totalidad. Salud!.

Cómo leer al (nuevo) Tribunal Supremo

Por Hiram Meléndez Juarbe

Ya conocemos la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que, aunque no sienta precedente (por los jueces encontrarse igualmente divididos, con uno abstenido), sí nos anticipa la visión de mundo con que el Tribunal aborda ciertos problemas. Esther Vicente, quien participó de la redacción de la Ley 54, y en su cabildeo, sentenció lo siguiente sobre esta “Interpretación Discriminatoria y Odiosa”:

“La Ley Número 54 del 15 de agosto de 1989 se diseñó, se redactó, se defendió y se promulgó con el propósito expreso de proveer protección a la vida, a la seguridad y a la dignidad de las sobrevivientes de violencia en la relación de pareja. No se adoptó para proteger a la familia. Tanto es así que los remedios que provee garantizan el desalojo del agresor y su arresto inmediato, sacándolo así de la vida familiar que la conducta violenta ya ha destruido.

Al participar en la redacción y defensa del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 54 el movimiento de mujeres se aseguró de que se extendiera la protección de la Ley al mayor número posible de personas afectadas por este mal social. Por ello se definió específicamente la relación de pareja como aquella existente entre cónyuges, ex cónyuges, cohabitantes, ex cohabitantes, personas que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima y las que han procreado un hijo o una hija en común. Esta definición fue objeto de múltiples discusiones y fue acogida por los y las legisladoras tras convencerse de que el movimiento de mujeres no aceptaría una ley que limitara la protección a las parejas tradicionales.”

Así, sabemos que la determinación de los Jueces en la derecha del Tribunal es arbitraria y carece de rigor jurídico y analítico; es más bien producto de una interpretación sumamente creativa, inspirada en una visión de mundo donde la única relación válida y concebible es aquella que se da en una relación familiar tradicional. El texto de la ley no establece las distinciones que los Jueces de la Nueva Mayoría encuentran; y aún así las añaden. La ley explícitamente reconoce protección a personas en una “relación de pareja”, término muy amplio e incluyente que cobija una diversa gama de relaciones, incluyendo una relación entre personas “que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima”. Punto y se acabó. Claro, el lenguaje siempre permite todo tipo de triquiñuela interpretativa; pero hay un elemento de actitud que distingue (o debe distinguir) a los jueces de otros funcionarios públicos y que he señalado antes:

“La ley y la moral no están completamente separadas.El lenguaje y su ambigüedad, no lo permiten; la textura abierta del derecho, lo niega; que nos regimos por principios constitucionales y legales que trascienden reglitas de fácil aplicación, impiden el encajonamiento formalista. El derecho es político en muchos sentidos; es violento, organiza la fuerza, y depende de procesos políticos de arriba hacia abajo. Eso ni vale la pena negarlo. Pero el Rule of Law, aquella ficción frágil que nos ayuda a vivir en sociedad, aun cuando susceptible de cuestionamiento hasta con desobediencia,  exige a los jueces que, aunque no sean robots, tampoco olviden que son jueces, y muestren un grado mínimo de respeto por las reglas y especialmente por los principios y derechos constitucionales. Nada de lo escrito es nuevo, ni es un misterio escandaloso. Tampoco es algo que los jueces desconozcan.”

Lo único que debía hacer el Tribunal era aplicar las normas convencionales de interpretación estatutaria y la actitud prudencial de deferencia a la expresión de las Ramas políticas, cosa que ha demostrado en otras ocasiones.

Por ejemplo, en Domínguez Castro v. ELA, 2010 TSPR 11, el Tribunal Supremo (por voz del Juez Kolthoff, el mismo de la resolución en el caso de la Ley 54) se enfrentó a una impugnación de la Ley 7 (aquella que dio base a los despidos masivos y otras medidas extraordinarias) y, en lugar de escudriñar los reclamos del Estado que dieron base a las medidas de crisis fiscal y enmendar la Ley 7 mediante interpretaciones creativas, dio por buenas las determinaciones fácticas que sustentaron el “estado de emergencia” económica así como las respuestas a la crisis. Sencillamente, resolvió el Tribunal, “debemos darle alguna deferencia a la determinación de necesidad que éste hizo, por lo que no nos corresponde hacer una determinación de novo sobre la existencia de otras alternativas para la solución del problema”1. En síntesis, dice el Supremo, la Ley 7 es el producto de los procesos políticos, y políticamente debe atenderse. Los Tribunales ahí nada tienen que hacer; le toca a la población tirarse a la calle (o las urnas) si quiere buscar soluciones diferentes. En principio, estoy de acuerdo con esta metodología. Ausente una violación de derechos fundamentales (o cuando los mecanismos centrales al proceso político están rotos), los jueces deben autolimitarse, pues nos toca primordialmente a nosotros en la sociedad civil asegurarnos de que las políticas públicas sean justas y sensatas.

Lo que pasa es que el Tribunal es inconsistente en su respeto hacia los procesos políticos y el resultado legislativo de éstos. Y a veces por cosas que no tienen sentido jurídico, aunque sí podrá tener sentido político, ideológico o religioso. El ejemplo más elocuente es aquel caso en que la Nueva Mayoría decidió que los poderes políticos (la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo) no pueden privarle a los ex gobernadores de Puerto Rico el beneficio de tener escolta policiaca pagada por el Gobierno. La decisión es cosa de locos, pues sin fundamento jurídico razonable alguno, el Nuevo Tribunal se inventó la idea de que los ex gobernadores tienen un “derecho adquirido” a las escoltas que nunca podrá ser eliminado (¡pues es un derecho constitucional!); es decir un beneficio que “se encuentra definitivamente incorporado al patrimonio de una persona” y que está “protegido constitucionalmente frente a cualquier gestión gubernamental que pretenda intervenirlo”. La crisis económica fue tomada por buena y válida para justificar unas decisiones (Ley 7) pero no para otras (eliminar escoltas). Discutí esta espantosa opinión (así como sus nefastas posibles implicaciones futuras) en otra parte.

Entonces, la deferencia a las ramas políticas que figura prominentemente cuando se cuestiona la Ley 7, se desvanece cuando se cuestionan las escoltas (al punto de inventarse nuevos derechos económicos) y desaparece completamente cuando se enfrenta a la protección de víctimas en relaciones extramatrimoniales bajo el texto claro de la Ley 54.

Hay que preguntarse, pues, ¿qué actitud debemos esperar del Nuevo Tribunal Supremo? ¿Deferencia a las ramas políticas en aquellos asuntos de índole económica y social (cuando no se violen derechos constitucionales) o intervención e interpretaciones creativas de las leyes? Normalmente esta es una pregunta muy difícil para los estudiosos de cualquier sistema judicial; pues no admite contestación binaria. A lo sumo, uno puede aspirar a que los tribunales elaboren principios adjudicativos y filosóficos sobre la función de un tribunal en una democracia que a su vez nos permitan predecir su actitud hacia el proceso legislativo y, por tanto, su comportamiento en casos futuros. Lamentablemente, y tras observar el desempeño del Tribunal Supremo durante los últimos dos años, tengo que hacerme eco de las expresiones de Ronald Dworkin, realizadas tras evaluar el desempeño de la mayoría del Tribunal Supremo federal:

“It would be a mistake to suppose that this right-wing phalanx is guided in its zeal by some very conservative judicial or political ideology of principle. It seems guided by no judicial or political principle at all, but only by partisan, cultural, and perhaps religious allegiance. It urges judicial restraint and deference to legislatures when these bodies pass measures that political conservatives favor… But the right wing coalition abandons restraint when it strikes down legislation that conservatives oppose…”  Ronald Dworkin, The Supreme Court Phalanx 47-48 (2008)

Y así, tristemente, como la falange derechista descrita por ese jurista, es que debemos leer al Nuevo Tribunal Supremo de Puerto Rico. El poder desnudo manda en ese foro independiente de la razón, argumentos, deliberación y tal vez el derecho. Si es así, no es el Imperio de la Ley lo que rige en el Tribunal sino el Imperio del Poder. Sólo así se explican cosas como la inusitada (y jurídicamente equivocada) declaración de inconstitucionalidad de las colegiaciones compulsorias (como las del Colegio de Abogados, antes de dinamitarse); el agrandamiento goloso del Tribunal bajo fundamentos patentemente infantiles; el mini golpe de estado en el seno del Tribunal, al rearticular la disposición interna de casos para darle poder a la Nueva Mayoría, contrario a la práctica usual que le confería esa función al Juez Presidente; la famosa referencia de uno de sus jueces a la marea judicial, el resultado de las elecciones y lo que se supone hacen los jueces; la eliminación del derecho a emitir un voto en blanco (por protesta) en las papeletas, por el supuesto (y ficticio) efecto que ello puede tener en un plebiscito contra la fórmula de la estadidad; y, recientemente, la privación de protección bajo la Ley 54  a víctimas de violencia en relaciones extramaritales. Ninguna de estas decisiones eran necesarias, ni justificables bajo principios jurídicos razonables; sino justificables únicamente bajo fundamentos políticos (con “p” minúscula), ideológicos y religiosos. A la fuerza.

Y es que, con este Tribunal, como señala Dworkin, cuando sea relevante, cuando la ideología económica, religiosa y política esté en juego, emergerán transparentemente esas visiones. Simple y sencillamente. Así es que debemos leer al Nuevo Tribunal Supremo.

A los profesores de derecho nos encanta inventar supuestos hipotéticos a modo de experimentos mentales para probar el desempeño de principios y normas. Con esta descripción de la Nueva Mayoría que presento, probemos unos cuantos supuestos (lamentablemente, éstos tienen más de realidad que de ficción). Imaginemos que se impugnan en el Tribunal Supremo las leyes y el reglamento que se describen a continuación. Imaginemos, pues, que controversias como éstas llegan al Tribunal: ¿cómo resolverá?

1- Misioneros
Poca gente sabe que en el 2008 la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) aprobó un Reglamento del Cuerpo Interreligioso de Capellanes del Estado Libre Asociado.  Así, el Gobierno creó un grupo gubernamental religioso “supervisado” por OCAM con la misión de ofrecer “servicios voluntarios de consejería y cuidado pastoral en situaciones de emergencias, desastres naturales y crisis”, lo cual incluye “eventos o incidentes naturales, tecnológicos y/o terroristas, entre otros”. Asimismo, el Reglamento crea un “Cuerpo Rector de Capellanes” que será el “enlace que trabajará conjuntamente con las agencias del gobierno para canalizar los servicios” y que está compuesto por el Arzobispo de San Juan, el Presidente de la Fraternidad Pentecostal, el Obispo de la Iglesia Episcopal, el Presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, y líderes de la comunidad hebrea y musulmana, respectivamente. Este Cuerpo “establecerá política pública dirigida a ofrecer los servicios de Capellanía” en situaciones de emergencia. Su Director, claro está, debe ser un Ministro, Sacerdote o Rabino, y entre otros requisitos deberá ostentar “Endoso Eclesiástico”. Un capellán podrá ser parte del  “Cuerpo de Capellanes” siempre y cuando ostente un respaldo eclesiástico. Según el Reglamento, el Capellán es una “persona delegada y educada en el sacerdocio ministerial, comisionado por Dios, nombrado por entidades religiosas para colaborar y aconsejar en la solución de situaciones, problemas y necesidades de índole espiritual, social, psicológico y mental del ser humano…” Los estudiantes de la iupi tienen suerte que sólo le echaron encima a la fuerza de choque de la Policía, y que no activaron a la fuerza de choque moral que crea este reglamento. Ante una impugnación en los tribunales, ¿cómo resolverá el más alto foro?

2- El Día
Unos cuantos sí conocen que en Puerto Rico, la Ley número 102 de 1994, establece que el primero de septiembre de cada año será oficialmente reconocido como el “Día de la Biblia”, y que el Gobernador deberá emitir una proclama en la que “exhortará al pueblo puertorriqueño a organizar y auspiciar las actividades propias de esta celebración”. La Exposición de Motivos de la ley es una joyita:

“El pueblo y las denominaciones cristianas reconocen la importancia de las Escrituras como un modelo de valores y conducta humana. Sabemos que con este libro millones de personas alrededor del mundo han encontrado aliento, fortaleza y esperanza en cada situación.

Reconociendo nuestra realidad social, esta Asamblea Legislativa considera pertinente celebrar y dedicar a las Escrituras un día del año.”

Un representante de la Cámara anunció recientemente una propuesta para enmendar esta ley para requerir que “El Día” se celebre el primer domingo de septiembre. Obviamente, es ofensivo que el gran día no sea domingo.  Alguien decide llevar el caso al Tribunal Supremo, ¿cómo resolverá?

3- Aborto
Algunos grupos de derechos reproductivos ya están avisados de un proyecto de ley (P de la C. 3270) que, de aprobarse, obligaría a una menor que desee realizarse un aborto a consultar con un “profesional de la salud mental” quien le examinará para determinar si ella comprende el “impacto psicoemocional que puede surgir en un futuro ante la decisión tomada”. Si el profesional entiende que la menor no comprende ese impacto “que puede surgir en un futuro” éste tendrá que notificarle a sus padres. Bajo la jurisprudencia constitucional federal aplicable, esta legislación constituiría una carga indebida sobre el derecho fundamental de una mujer a obtener un aborto, pues la Constitución requiere que se le brinde oportunidad a la menor de solicitar autorización judicial en el caso que los padres le nieguen permiso, cosa que no provee el proyecto. De aprobarse esta ley, una mujer que quiera defender sus derechos constitucionales podrá impugnar la misma en Puerto Rico… ¿cómo resolverá el Tribunal Supremo?

Claro que no sabemos con certeza. Pero sabemos que en los dos años que lleva, el Nuevo Tribunal revela que tiene una pata que cojea. Y que, cuando importa, la visión de mundo personal de este bloque de jueces se impondrá sobre el derecho y los derechos.  Y no están solos. No muchos conocen que la decisión sobre la Ley 54 lo que hace es confirmar al Tribunal Apelativo en una opinión de un panel compuesto por, entre otros, un Juez que ha hecho pública su definición de la Justicia; la cual, sospecho, otros miembros de la judicatura boricua comparten. La señalo aquí para que, cuando vuelva a sacar su hocico, no nos coja desprevenidos:

“Justicia no es otra cosa que obedecer a Dios. ¿Tú quieres tener justicia en tu vida? Obedece al Señor… Esta es una de las cosas que los abogados, los jueces y los legisladores y los estudiantes y todo el que quiera meterse en el campo de las leyes debe empezar a meterse en esa realidad viva que es un Dios de poder… Esta es la definición de justicia que da la Biblia: ‘Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como él nos ha mandado’. Ahora, obedecer a Dios es tener Justicia.”

Juez del Tribunal Apelativo, Jorge Lucas Escribano, Los Enemigos de la Cruz (00:8:15)

Amén.

* Gracias a Jorge Irizarry, por la idea para esta columna.

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Aprovecho el reportaje reciente del periodista, y colega, Oscar Serrano titulado “Such is Life en el Supremo”, para echarle dos o tres leñitas al fuego. Hace un tiempo me propuse escribir unas líneas sobre la Opinión de Conformidad del Juez Asociado Martínez Torres en Yiyi Motors v. ELA, 2009 TSPR 159. Todavía tengo en turno un análisis más extenso, pues la Opinión me parece un tanto alarmante ya que apunta una visión preocupante de lo que constituye el poder judicial. Es una joyita para la historia: refleja la idea de que el peso del poder desnudo es el que manda en ese foro independiente de la razón, argumentos, deliberación y tal vez el derecho. Si es así, pues no es el Imperio de la Ley lo que rige en el Tribunal, sino el Imperio del Poder.

Y hay una gran diferencia (o debería haberla), si es que se aspira a alguna distinción entre el ejercicio del poder judicial y el ejercicio del poder político. Cito los párrafos que han causado consternación entre juristas de toda clase. Las expresiones se dan en el contexto de una lista de instancias repetidas en que el Juez Presidente ha mostrado preocupación con las decisiones del “Nuevo Tribunal”:

Que quede claro que el señor  Juez Presidente tiene el derecho de discrepar de la visión mayoritaria. Soy el primero en defender ese derecho y más aun, el derecho incuestionable del señor Juez Presidente a expresar esa disidencia de la forma y en el momento que él lo entienda necesario. Después de todo, la disidencia fuerte y vigorosa es saludable para el desarrollo del derecho en un foro colegiado como éste.

Sin embargo, eso no significa que yo deba permanecer callado. Precisamente porque conozco el alcance de mis facultades como integrante de este Tribunal, me veo igualmente obligado a responder de manera respetuosa y firme, al empleo más reciente de la hipérbole y las visiones apocalípticas para demonizar, caricaturizar y deformar las decisiones de este Tribunal con los argumentos ficticios que postulan que este Tribunal resuelve de espaldas al derecho y en contra de nuestro Pueblo. Infundir esos miedos no es gracioso, ni siquiera ante la cercanía del Día de Halloween.

La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este Tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Desmerecer ese proceso democrático no le hace bien a Puerto Rico.

Debe quedar claro, que cambios en la composición de los Tribunales en efecto a veces reflejan cambios de filosofías adjudicativas, ideologías imperantes y demás.  El entonces Juez Asociado Rebollo López, en ocasiones se vio frustrado con lo que el entendía eran transformaciones producto de un “Nuevo Tribunal”. Cito dos ejemplos:

Rebollo en Berberena v Echegoyen, 128 DPR 864 (1991)
“La historia se encargará de juzgar la conducta y actuación judicial mayoritaria de este ‘nuevo’ Tribunal. Nos atrevemos a pronosticar que el dictamen no será muy elogioso y favorable a menos que prontamente se realice que el compromiso que se contrajo al juramentar el cargo lo fue únicamente con la justicia, la verdad y lo que es correcto en derecho.”

Rebollo en Pueblo v Rivera Colón, 128 DPR 672 (1991)
“La posición que en dicho entonces asumimos –y que hoy personalmente ratificamos–curiosamente fue endosada en aquel entonces por dos de los integrantes del Tribunal que hoy suscriben, de manera entusiasta, la posición contraria. Ello no es la primera vez que ocurre en el ‘nuevo’ Tribunal; posiblemente no sea la última. Dicha situación no debe sorprender a nadie; después de todo, los integrantes de este Tribunal también tienen derecho a cometer ‘errores de juventud’.”

Una cosa es un cambio en filosofía (y por ende alteración en la norma de derecho) identificando las razones para ello–a lo cual no sólo otros jueces, sino también los ciudadanos, tienen el deber de objetar si así lo estimamos. Pero otra cosa muy distinta es decir, “como ganamos, perdiste; como perdiste, hacemos lo que queramos”. Es equivalente a decir, “resolvemos, porque sí” o “no se queje mucho, o al menos no me hable duro, porque nosotros ganamos las elecciones”. Si es esto lo que se desprende de esta Opinión, pues implicaría que su autor no comprende la función judicial.  En el derecho las razones importan; importan y mucho. Las justificaciones demuestran al menos un esfuerzo por resolver conforme al derecho establecido por los procesos políticos, y no por minorías no electas, o conforme a derechos constitucionales consagrados para proteger a individuos contra las mayorías.  Si no hay buenas razones, si las opiniones no se sostienen bajo un criterio al menos de razonabilidad,  entonces lo que impera es el “porque sí”, o peor, el “porque ganamos”. Y si la población percibe el ejercicio del poder judicial así, como uno sólo revestido de poder desnudo, y no de razones justificadas entonces se sientan las bases para su deslegitimación autoinflgida. Luego, digo yo, será muy tarde para preocuparse por la estabilidad de (y respeto a) la Rama Judicial cuando abogados, profesores y otros la desmenuzamos.

Si esto es lo que impera en este incidente (y en la actitud de la Mayoría), no lo sé. Es difícil determinar. Pero es lo que parece y, a juzgar por las opiniones de cuatro profesores de derecho entrevistados por el periodista Serrano, esta es la impresión generalizada. Halloween no da razón para usar togas como disfraz. Son togas de verdad, que requieren un poder revestido de razón y deliberación.

Todo lo anterior como preámbulo al excelente reportaje de Oscar Serrano que, nuevamente, cito en esta entrada. (Observo, además, el señalamiento del profesor Carlos Ramos –que adelantamos en este blog– a los efectos de que hay ciertas doctrinas  (como la de los derechos adquiridos) que aunque inofensivas de primera impresión, tienen el potencial de convertirse en garantes a largo plazo de intereses económicos configurados por contratos gubernamentales, como las APP). Felicito a Oscar por su valiosa gestión periodística.

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Obama dijo que sería su candidata sería “compassionate”. Eso asustó. Luego nominó a una latina. Eso embarró. Algo aprendimos de su proceso de confirmación: Por su sangre africana o indígena, tal parece que la visión del latino para la élite política de EEUU es la de un ser esencialmente apasionado, incapaz de actuar y pensar racionalmente. Un hot-blodded, salsa-dancing animal. Razón y pasión, clásicamente yuxtapuestas. Entonces, hubo que contrarrestar: sus credenciales hablaron por sí solas: montaña de diplomas.  Pero no fue suficiente. Sotomayor se convirtió en puritita razón. Una científica de lo jurídico, mezclando las fórmulas tomadas de los libros de leyes: un cubito de USCA, otro de precedente y tres cucharadas de Federal Reporter. Y ya. De eso se trata ser juez. Fidelidad a la ley (salvo cuando tienen que decirme qué rayos quiere decir “debido proceso de ley”, “libertad de expresión” e “igual protección de las leyes”… sin hablar de “intimidad”).

Sabemos que es toda una ficción aquella que nos habla del rule of law, el imperio de la ley. Pero una ficción necesaria y compleja que da carne a nuestras aspiraciones de autonomía colectiva. Actuamos sobre la base de que entendidos jurídicos, democráticamente aprobados y constitucionalmente limitados, rigen nuestra vida y no las preferencias personales de un fulano o fulana. Cierto o no como cuestión empírica, es importante como cuestión normativa: hace una diferencia cuando un sistema y sus operadores se diseñan y operan bajo esas premisas.  Claro, habría que hablar de derechos constitucionales que limitan el ejercicio de la autonomía colectiva, pero bueno, por ahora no. Pero reconocer la ficción, no implica que los seres humanos encargados de poner en vigor la ley, dejen de ser humanos. De lo contrario, mi MacBook sería una gran jueza y le costaría muy poco al erario (sin alguaciles que le hagan la compra).

La cibernética del proceso de confirmación de la ahora Jueza Asociada del TSEU, Sonia Sotomayor, fue impresionante. Sí, cibernética, que nada tiene que ver con internet (aunque nuestra cultura popular y nosotros mismos así lo vinculamos por error), es el “estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas”. La esencialización de la Sotomayor como latina, le robotizó. Más hubiese beneficiado una discusión franca sobre los temas importantes: el poder ejecutivo, aborto, derechos de parejas del mismo sexo, igualdad, etcétera. Pero sabemos que eso no es posible bajo condiciones actuales: hoy la gente confunde la segunda y la primera enmienda, y piensan de verdad que es legítimo “let your gun do the talking”.  A veces las acciones dicen mucho más que las palabras…

Volviendo a iSotomarobot, no hace mucho (2002) el Juez Asociado del TSEU Scalia enfatizó que los jueces no pueden imponer una visión moral, por encima de la ley. Derecho y moral, totalmente separadas. Si tanto les incomoda el contenido moral de la ley, dijo, pueden renunciar (¡ojalá, Scalia!). Dijo:

I pause here to emphasize the point that in my view the choice for the    judge who believes the death penalty to be immoral is resignation, rather than simply ignoring duly enacted, constitutional laws and sabotaging death penalty  cases. He has, after all, taken an oath to apply the laws and has been given no power to supplant them with rules of his own. Of course if he feels    strongly enough he can go beyond mere resignation and lead a political campaign to abolish the death penalty—and if that fails, lead a revolution. But rewrite the laws he cannot do.

Al Juez Escribano jamás se le ocurriría plantearse la renuncia cuando en su retrato oficial como Juez posa con una biblia, o cuando define a la Justicia sencillamente como “seguir a Dios”. Tanto Escribano como Scalia son susceptibles de caricaturización y, en un sentido, representan extremos absurdos en un espectro. La ley y la moral no están completamente separadas. El lenguaje y su ambigüedad, no lo permiten; la textura abierta del derecho, lo niega; que nos regimos por principios constitucionales y legales que trascienden reglitas de fácil aplicación, impiden el encajonamiento formalista. El derecho es político en muchos sentidos;  es violento, organiza la fuerza, y depende de procesos políticos de arriba hacia abajo. Eso ni vale la pena negarlo. Pero el Rule of Law, aquella ficción frágil que nos ayuda a vivir en sociedad, aun cuando susceptible de cuestionamiento hasta con desobediencia,  exige a los jueces que, aunque no sean robots, tampoco olviden que son jueces, y muestren un grado mínimo de respeto por las reglas y especialmente por los principios y derechos constitucionales.  Nada de lo escrito es nuevo, ni es un misterio escandaloso. Tampoco es algo que los jueces desconozcan. Pero es mejor ser honestos y, en lugar de vivir bajo el velo de una ilusión de imparcialidad objetiva absoluta, reconocer que la búsqueda permanente de ese balance entre principios políticos y la aplicación de la ley es constante invariable en una democracia.

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