La Universidad de Puerto Rico está en una encrucijada: continúa existiendo como una Universidad o perece en el intento. Hoy la Rectora del Recinto de Río Piedras emite una Resolución prohibiendo, sin límite, sin delimitar, sin parámetro alguno, cualquier actividad “de participación masiva” dentro del recinto, incluyendo “festivales, piquetes, marchas [y] mítines”. Sin olvidar que la puesta en vigor de esta limitación crasa a la libertad de expresión, le toca a los operativos de la Policía que ocupan al recinto en todas sus esquinas. La democracia puertorriqueña pasa hoy por uno de sus momentos críticos. Y la Universidad se juega hoy su lugar en esta frágil democracia. La Universidad es una flama. No es ni puede ser ni quedar pasiva; su naturaleza es no tener naturaleza. Su espíritu reflexivo y crítico anima y enciende a cualquier país que estime democrático. Los festivales, piquetes, marchas y mítines son aquí esenciales; son parte crucial de mecanismos mediante los cuales la Universidad materializa su aspiración crítica. Y si en algún momento éstos mecanismos son necesarios, ese momento es precisamente ahora. La barbaridad que constituye esta Resolución debe quedar inoperante, no por efecto de su derogación necesaria, sino por el peso de una Universidad viva.
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En la entrada ¿Patrón Legislativo?, invitamos a examinar la tendencia de la Legislatura contra proyectos comunitarios o entidades, como el Colegio de Abogados, que tradicionalmente se relacionan a fiscalizar asuntos públicos como los intereses en el funcionamiento del sistema de justicia, velar por los derechos civiles y los derechos de minoría y colectivos.
En esta entrada, Patrón Legislativo 2, ya cambiamos aún más el tono y es que nos empieza a preocupar, ya mucho más seriamente, lo que representan estos patrones legislativos. Aquí nos concentramos en uno de los focos de atención de la actual Legislatura: la Universidad de Puerto Rico. Creo que como mínimo a los que formamos parte de la comunidad universitaria, pero también a los que respetan a la Universidad de Puerto Rico como institución pública del país y al proyecto universitario -que tanto le sirve a este país-, les debe interesar (y más que interesar), que la Legislatura ha presentado un gran número de proyectos de ley dirigidos a pautar y dirigir las decisiones y procesos universitarios desde allí. Ya no se trata ni siquiera de hablar de ‘autonomía universitaria’ sino tal vez de simplemente sustituir completamente el proyecto universitario y decidirlo todo desde allí. Luego analizaremos algunos de los proyectos que nos generan mayor preocupación y sus implicaciones, pero por el momento no puedo sino servir de medio para que todos y todas nos enteremos de lo que está ocurriendo y de alguna manera provocar discusión profunda y responsable sobre esto, sobre todo con miras a atender seriamente lo que significan estos sucesos para la Universidad y el país en general. Aquí va la lista:
R C0544-Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación relacionada con el funcionamiento del programa académico del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva del Ejercito de los Estados Unidos de Norte América (R.O.T.C.), de la Universidad de Puerto Rico, determinar si esta Institución se propone abandonar o cerrar este Programa, la pérdida en fondos federales que conlleva esta determinación y si la Universidad de Puerto Rico, cuenta con los recursos necesarios para absorber dicha pérdida de fondos federales. Autor(es): Rep. Luis G. León Rodríguez
P. del S. 16-Presentado por la señora Nolasco Santiago-Para garantizar el acceso seguro a Profesores, Investigadores, Técnicos de Laboratorio y al personal de apoyo de las investigaciones de las distintas unidades de la Universidad de Puerto Rico, las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año, a las áreas de trabajo donde realizan sus proyectos, aún cuando acontecimientos naturales y/o humanos mantengan cerradas las facilidades y para otros fines.
P C0970 1/29/2009 Para enmendar el inciso (b) del Artículo 12 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de establecer que ni el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, ni el Claustro o la Facultad de cualquiera de los Recintos de la Universidad o de los Colegios Regionales, podrá usar u ocupar para fines residenciales, casas o apartamentos propiedad de la Universidad de Puerto Rico o cuya administración, operación o mantenimiento utilice fondos provenientes de la Universidad; y para otros fines.
P C0997 1/30/2009 Para declarar los terrenos que comprenden la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico como Reserva Agrícola y Ecológica y así contribuir para el beneficio de las generaciones presentes y futuras de puertorriqueños la seguridad alimentaria que requiere nuestro país; la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno a la investigación y desarrollo agropecuario y ecológico de los terrenos comprendidos dentro de la Estación Experimental Agrícola; ordenar la promulgación y adopción de una Resolución de Zonificación Especial para proteger y conservar los terrenos para la investigación, producción y el desarrollo agropecuario y ecológico; prohibir la aprobación de consultas de ubicación, el otorgamiento de permisos de construcción o de uso en contravención con esta política pública; requerir la identificación de todos los terrenos con potencial agropecuario y para otros fines relacionados.
P C1183 2/16/2009 Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 100 de 27 de junio de 1956, según enmendada, a los efectos de autorizar a los departamentos, subdivisiones, agencias, juntas, comisiones, instrumentalidades o corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los municipios, las Corporaciones Especiales creadas por éstos y a los organismos intermunicipales establecidos al amparo de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado”, a contratar o a utilizar los servicios de cualquier persona que ocupe cualquier puesto en la Universidad de Puerto Rico, o en dependencias de ésta, y pagarle la debida compensación por los servicios adicionales que preste a dicho organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o municipios, las Corporaciones Especiales y los organismos intermunicipales antes citados, fuera de sus horas regulares de servicio en la Universidad, sin previo consentimiento escrito del Rector de la unidad institucional en la cual labora o del Presidente en el caso de empleados que laboran en la Administración Central de la Universidad y sin sujeción a lo dispuesto por el Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado; prohibirle a la Universidad de Puerto Rico, incluyendo todas sus unidades o dependencias, restringir, mediante reglamento o cualquier otro mecanismo o directriz interna, ni de cualquier otra forma reglamentar la contratación a la que se hace referencia en el Artículo 2 de la Ley Núm. 100 de 27 de junio de 1956, según enmendada, con el fin de imponer requisitos o procedimientos adicionales a lo establecido por esta Ley; hacer extensiva la eliminación de ese requisito de previa autorización a toda solicitud de consentimiento sometida a cualquier Rector o al Presidente en virtud de las disposiciones del Artículo 2 de la Ley Núm. 100 de 27 de junio de 1956, según enmendada, que estuvieren en curso con anterioridad a la enmienda a ese Artículo producto de la aprobación de esta Ley; y para otros fines relacionados.
P C1196 2/16/2009 Para establecer la Ley de los Sistemas Centrales de Información de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ser administrado por el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud, con la colaboración del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; establecer principios, funciones básicas; establecer estándares de confidencialidad y la protección de la privacidad; establecer una asignación inicial de fondos; y para otros fines.
P C1248 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 11(B) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre representación estudiantil alterna ante todos los diversos organismos institucionales en los cuales haya representación en propiedad.
P C1249 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 11(B) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la creación de un organismo que agrupa a los Consejos Generales de Estudiantes a nivel del sistema universitario.
P C1250 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 11(B) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la creación de Consejos de Estudiantes a nivel de departamentos.
P C1251 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 11(B) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la elección de los miembros de los Consejos de Estudiantes y la representación de las organizaciones estudiantiles.
P C1252 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como“Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso (e) que disponga sobre la participación estudiantil en la evaluación del personal docente.
P C1253 2/23/2009 Para enmendar el Artículo 8(A) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la representación estudiantil en las Juntas Administrativas.
P C1354 3/16/2009 Para equiparar a los pensionados de la Universidad de Puerto Rico con los pensionados del Sistema Central, Judicatura y Maestros mediante la concesión de un Bono de Verano anual de cien (100) dólares, comenzando en el verano de 2009; disponer que la Universidad de Puerto Rico pagará de recursos propios el costo de los aumentos aquí descritos para que los que fueron sus empleados antes de pensionarse; y para otros fines relacionados.
P C1355 3/16/2009 Para otorgar a los pensionados de la Universidad de Puerto Rico un aumento a mil quinientos (1,500)dólares en los Beneficios por Muerte comenzando en enero de 2010; disponer que la Universidad de Puerto Rico pagará de recursos propios el costo de los aumentos aquí descritos para que los que fueron sus empleados antes de pensionarse; y para otros fines relacionados.
P C1356 3/16/2009 Para equiparar a los pensionados de la Universidad de Puerto Rico con los pensionados del Sistema Central, Judicatura y Maestros mediante la concesión de un Bono de Medicinas anual de cien (100) dólares comenzando en julio de 2010; disponer que la Universidad de Puerto Rico pagará de recursos propios el costo de los aumentos aquí descritos para que los que fueron sus empleados antes de pensionarse; y para otros fines relacionados.
P C1357 3/16/2009 Para equiparar a los pensionados de la Universidad de Puerto Rico con los pensionados del Sistema Central, Judicatura y Maestros, mediante la concesión de un Bono de Navidad de seiscientos (600) dólares, comenzando en diciembre de 2009; disponer que la Universidad de Puerto Rico pagará de recursos propios el costo de los aumentos aquí descritos para que los que fueron sus empleados antes de pensionarse; y para otros fines relacionados.
P S0030 1/2/2009 Para enmendar los subincisos 1 y 2 del Artículo 3, inciso (b), añadir un subinciso (6) al Artículo 3y enmendar los subincisos 1 y 2 al inciso (c) del Artículo 3, de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la composición de los miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.
P S0117 1/2/2009 Para autorizar la concesión del beneficio de becas para el pago de matrícula en cualquier institución pública de educación superior de Puerto Rico, a los hijos e hijas menores de veintiún (21) años de edad, que se encuentren cursando estudios post-secundarios, de guardias nacionales fallecidos en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones o estando franco de servicio le sobreviniera la muerte, siempre que cumplan con los requisitos de admisión y progreso académico de dichas instituciones; y para facultar al Comisionado de Seguridad Pública a adoptar la reglamentación necesaria en coordinación con la Universidad de Puerto Rico para poner en vigor esta Ley.
PC0245 1/2/2009 Para crear la Academia de Liderazgo para la Inclusión Escolar dirigida a directores(as), maestros(as), personal de apoyo, madres, padres y estudiantes adscrita al Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario (CIReC) del Instituto FILIUS de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
P C0252 1/2/2009 Para enmendar el inciso (b) del Artículo 13 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de eximir de los derechos de matrícula, cuotas estudiantiles, rentas, cargos, derechos de laboratorio y aquellos otros que así determine la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, a estudiantes que voluntariamente realicen tareas de lectores para otros estudiantes no videntes.
P C0255 1/2/2009 Para instruir a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico que establezca el primer Bachillerato en Estudios de Género en la Universidad de Puerto Rico.
P C0396 1/2/2009 Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, según enmendada, conocida comola “Ley de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro” a los fines de que los miembros que representen a la Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico ante la Comisión Permanente sean escogidos entre los miembros electos de esta Junta.
P C0410 1/2/2009 Para enmendar el apartado (15) del Inciso (e) y añadir el Inciso (g) al Artículo 3 de la Ley Núm. 1de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico” a los fines de que la creación de la Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico sea una independiente, disponer sobre la composición y elección de sus miembros, sobre las facultades de la Junta y de su Director Ejecutivo y sobre la responsabilidad de la Junta de Síndicos de la Universidad en lo relacionado al sistema de retiro y plan médico, y establecer disposiciones transicionales y de implantación de futuras reestructuraciones.
P C0749 1/14/2009 Para enmendar el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, según enmendada, que crea el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, adscrito a la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de incluir representación de los alcaldes en la Junta de Directores del Centro; y para disponer sobre sus reuniones.
P C0763 1/15/2009 Para enmendar el primer párrafo del sub-inciso (1); el sub-inciso (2) del inciso B; y los sub-incisos (1) y (2) del inciso C del Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a fin de adicionar seis (6) miembros a los miembros de los ciudadanos de la comunidad que actualmente componen la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y dos (2) profesores que tengan nombramiento permanente en el sistema universitario. De modo que en vez de ser diez (10) miembros los ciudadanos de la comunidad sean dieciséis (16) los que representen los intereses comunitarios y en vez de ser dos (2) profesores, serán cuatro (4) en dicha Junta de Síndicos para un total de veintiún miembros en dicha Junta.
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En mi entrada previa comentaba sobre el principio de la autonomía universitaria contenido en las leyes que dan origen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y su valor como pacto social entre el Estado y su Universidad. En el día de ayer, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), mediante la cual, entre otras cosas, quedó enmendada la Ley Número 2 de 20 de enero de 1966 a los fines de reducir y limitar la base presupuestaria sobre la cual opera la fórmula que calcula los fondos que son asignados al presupuesto de la Universidad.
La Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 establece el método de financiamiento para la Universidad de Puerto Rico. A través de la referida legislación, se destina a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente. Así, en 1966, se fijó la manera en que el Estado le proveería los recursos a la Universidad de Puerto Rico para facilitar su funcionamiento y expansión.
La autonomía fiscal que la Ley 2 le concede a la Universidad de Puerto Rico ha constituido un elemento fundamental para asegurar y mantener la excelencia académica y el desarrollo de la agenda universitaria libre de las transacciones políticas que son propias de los procesos presupuestarios ordinarios. Y es que el esquema de las fórmulas presupuestarias (también usado para asignar recursos a la rama judicial y a los municipios) lo que pretende es evitar que los procesos presupuestarios (inherentemente políticos) sean usados para premiar o castigar a las instituciones, según se quiera en cada caso y momento histórico. De otra parte, al usar valores porcentuales y no absolutos, se garantiza que las instituciones que se benefician de este esquema puedan crecer en los tiempos de ‘vacas gordas’ y tengan que hacer ajustes fiscales en los tiempos de ‘vacas flacas’.
Ahora bien, el nuevo esquema cambia las reglas de juego. En síntesis, la enmienda aprobada ayer tiene dos elementos que inciden en el financiamiento de la Universidad.
Primero, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que están destinados al Fondo de Interés Apremiante. Es decir, la merma en los ingresos de la Universidad por este concepto equivaldrá al 9.60% de 2.75% del total de 7.00% del IVU.
Segundo, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad todos los recaudos que surjan de las imposiciones que establece la propia Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico. Si bien se trata de nuevos recaudos que no estaban previamente contabilizados en la base presupuestaria de la Universidad, el efecto práctico es que menoscaba el crecimiento natural de dicha base presupuestaria.
Es imposible precisar en estos momentos el alcance del impacto que la legislación aprobada ayer tendrá en las finanzas de la Universidad. Menos difícil resulta pensar que esta acción legislativa –perfectamente legítima desde un punto de vista estrictamente legal- es un duro golpe al principio de la autonomía fiscal de la Universidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico durante cuarenta y tres años.
]]>Comienza un nuevo año y con éste una nueva Asamblea Legislativa. Entre los proyectos que he podido revisar, destaca de manera particular el P. del S. 30, mediante el cual se pretende aumentar de 13 a 31 el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Merece varios comentarios.
Primero, el más obvio. En tiempos de estrechez económica y ante el reiterado mensaje del Ejecutivo de buscar un Gobierno más pequeño, el Legislador presenta un proyecto para duplicar el tamaño de una estructura pública, sin identificar las fuentes que financiarán ese incremento monumental de un organismo directivo que no presta un servicio directo a la comunidad. Más sentido tendría, por ejemplo, una legislación que redujera el número de sus miembros de 13 a 11.
Segundo, como cuestión de administración pública, una Junta de 31 miembros es algo cerca de inmanejable. Lejos de facilitar la gestión pública, la complica.
Tercero, este asunto no ha sido evaluado ni recomendado por ninguno de los múltiples organismos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha sido recomendado por ninguno de los organismos llamados a auditar la Universidad. Como cuestión de hecho, es contrario a todos los estudios, recomendacioes y esfuerzos de los últimos años, dirigidos todos a reducir la burocracia y el gasto operacional de la Universidad. En cualquier caso, en deferencia a la comunidad universitaria, un cambio de esta naturaleza tiene que surgir de la propia Universidad como una recomendación al Legislador, no a la inversa.
Las Leyes Número 1 y 2 de 20 de enero de 1966 establecen la estructura orgánica de la Universidad de Puerto Rico, fundamentadas ambas en el principio de no intervención política en los asuntos universitarios. Estas leyes implican un pacto social mediante el cual el Estado le reconoce a la Universidad un amplio margen de autonomía administrativa y fiscal. Ese pacto social no es perfecto, pero ha funcionado muy bien para Puerto Rico. Procede entonces fortalecerlo, no debilitarlo.
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