En una muy lamentable columna en el periódico El Nuevo Día, el colega y compañero Lcdo. Carlos Mondríguez Torres, criticó al presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y a la profesora, y autora en este blog, Érika Fontánez Torres, por asumir una postura crítica en torno a un incidente en que residentes de una urbanización privada solicitaron, y obtuvieron, la paralización por vía judicial de una actividad comercial que era, a la vez, convocada por una organización homosexual. La crítica, o más bien el cuestionamiento y llamado a la reflexión (¡por más de cinco minutos!), se da porque es en urbanizaciones privilegiadas cerradas, con servidumbres tolerantes sólo a actividades “residenciales”, que se recogen cantidades millonarias en contribuciones para el negocio más lucrativo del país, el negocio político; es en estos recintos de paz familiar, que las clases de estudiantes (de escuelas privadas, de derecho y medicina) celebran actividades en que recaudan miles de dólares tras cobrar por la admisión. Pero es sólo ante esta actividad por homosexuales y lesbianas que se activa la maquinaria judicial.
Ciertamente, los comentarios vertidos ponen el dedo en una llaga muy cruda. Una llaga de clase y discrimen que, aunque tratemos de tapar el cielo con la mano, sigue infectándose tras su descuido y falta de atención. Es una llaga que, queramos creerlo o no, ya está llena de pus. Me abstengo de abundar en ese detalle, porque hay otros temas urgentes que hemos tratado en este blog y que, por lo visto, son recurrentes. Me refiero a repetidos llamados por miembros de nuestra profesión para que los abogados nos abstengamos de cuestionar, criticar y, en el proceso, se alega, lacerar la imagen de los tribunales. La versión más reciente la presenta la columna de referencia al decir aquello que me resultó insólito, por no decir absurdo. Dice Mondríguez Torrez:
Los juristas, por disposición de los cánones de ética, debemos abstenernos de cuestionar en la prensa las actuaciones de los jueces, más aun cuando no las conocemos.
Con todo el respeto que se merece el compañero, esa aseveración es esféricamente errada: equivocada desde cualquier punto que se le mire. Los que colaboramos a este blog nos dedicamos, precisamente, a cuestionar, supervisar, comentar y, cuando es necesario, celebrar las actuaciones de los jueces (entre muchas otras cosas). Y para que no quepa duda, e independientemente de veladas intimidaciones con referencias huecas a los cánones de ética, lo seguiremos haciendo tan enérgicamente como nuestro derecho a la libertad de expresión lo permita. Derecho que, aunque nunca es absoluto, es muchísimo más amplio que lo sugerido por la crítica.
Estos intentos de censurar tras la amenaza de la sanción disciplinaria los puso de moda el propio Tribunal Supremo cuando le advirtió, aunque no sancionó, a un anterior Secretario de Justicia por expresar que en Puerto Rico existe una “doble vara” en la administración de la Justicia. En esa ocasión, reseñada en una entrada anterior, el Tribunal Supremo le “exhortó” al entonces Secretario “a propiciar debates jurídicos de la altura moral e intelectual que se espera de todo abogado, en los que la moderación y la prudencia son la mejor herramienta para evitar ataques injustificados que en el fragor del momento puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.” En ese momento, en este mismo blog (aquí y aquí) fuimos nosotros los que tuvimos que advertirle al Tribunal con todas nuestras fuerzas que ese comportamiento, el comportamiento de censura, es el que no se puede tolerar en una sociedad democrática.
Asimismo, este tema se ha traído a nuestro espacio de Comentarios. Especialmente en aquella ocasión en que el Tribunal Supremo demostró un pobre manejo de fuentes tras descansar en un folleto legal que los estudiantes asumen como una herramienta cruda para pasar (algunos) exámenes (los famosos “Emanuel”) y no como fuente para pautar el derecho del País. En aquel momento critiqué fuertemente al Tribunal y lo repito aquí:
[El] Emanuel se cita por una razón que debe ser completamente ajena a la práctica judicial: pura, simple y burda mediocridad….
El problema aquí es que la mediocridad (escondida detrás del señor Steven Emanuel) aborrece el razonamiento y cancela de entrada la discusión y deliberación. Pensar da mucho trabajo y el uso de formularios mágicos como el Emanuel ahorra ese esfuerzo. Por eso la mediocridad fomenta la vagancia, y la vagancia nos hace olvidar cómo pensar, tornándonos parásitos de la ignorancia.
Luego que algunos lectores se mostraran ofendidos por esta crítica tan elemental, y sugirieran que no estaba cobijada por la libertad de expresión y sujeta a sanciones disciplinarias, tuve esto que decir (lo cual copio aquí con alguna edición contextual):
Muchos … comentarios se refieren a la manera en que se conduce la critica al Tribunal, y sobre ello hemos discutido también la importancia de mantener una discusión vigorosa del desempeño, no sólo del Tribunal Supremo, sino de todas las instituciones políticas de Puerto Rico. Sí, dije política (no político-partidista, que a veces se confunde). La Judicial es una de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico y como alegada garante del imperio de la ley se debe sujetar al proceso político de crítica ciudadana. También comenté algo acerca de eso aquí y cito algo que Érika escribió en ocasión del episodio de la Doble Vara llamando atención al hecho de que, precisamente porque se trata de funcionarios no electos, la vigilancia al Tribunal es apremiante.
La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.
Lo anterior me lleva a resaltar un asunto vinculado a la crítica al Tribunal: las referencias repetidas a sanciones disciplinarias. Francamente me causa mucha tristeza e indignación conocer que colegas de esta comunidad jurídica han aceptado la autocensura como punto de partida para el debate sobre nuestras instituciones. Me preocupa además que ello tenga el efecto de atemperar la crítica de miembros de esta comunidad a sus instituciones, en particular la judicial. Para que quede claro y miembros de este foro no se sientan coartados, en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño. El día que eso ocurra, sencillamente estaríamos en otro Puerto Rico. La legitimidad e imagen de la institución es, hasta cierto punto, secundaria en cuanto a la libertad de expresión concierne. No nos toca a nosotros rehabilitar la imagen de instituciones desgastadas si éstas no ponen de su parte. El respeto y la confianza de la ciudadanía no es gratis, se lo ganan las instituciones a base de su desempeño. El único requisito de deliberación pública es, claro está, el de discusión razonada y seria, de manera que cada cual esté dispuesto a defender sus posturas con argumentos que pueda explicar.
Creo que vale la pena repetir el corazón del planteamiento y la discrepancia fundamental con la columna reseñada: en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño.
Si la crítica sobre los asuntos públicos y gubernamentales hiere la sensibilidad de la Rama Judicial, pues sólo podría concluir, con mucha sorpresa y lástima, que se trata de una institución hipersensible e insegura de lo que hace. Su razón, apego a la ley, a la justicia y a los derechos humanos, es la mejor defensa que tiene esa Rama; es lo que le hace ganar el respeto de la población. Si hace bien ese trabajo, no tiene que preocuparse por su imagen y legitimidad. Después de todo, suficiente poder tiene; creo que puede defenderse solita.
Se alega en la columna que esta actitud crítica ciudadana albergada por la tradición vigorosa de libertad de expresión “no es … lo que debe enseñarse a estudiantes que aspiran a convertirse en juristas”. Se equivoca. Se equivoca mucho. Somos precisamente los juristas los que no callamos y los que identificamos, dentro de la madeja de rebuscadas leyes y doctrinas, los puntos de fisura; allí donde la ley y la justicia se apartan. Es allí donde apremia la intervención de los abogados, tanto en los alegatos judiciales formales como en la esfera pública más amplia.
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Esto lo escribí en ocasión de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo en el caso In Re Sánchez Ramos emitida el 31 de julio de 2008 el mismo día de la famosa opinión del caso Paseo Caribe.
Sobre la crítica al Tribunal Supremo y la libertad de expresión
Antes de emitir mi análisis crítico sobre la Opinión del Tribunal Supremo en el caso Paseo Caribe, me gustaría hacer hincapié en un elemento vital que presenta el contexto de este caso -junto a otra opinión del Tribunal emitida el mismo día- para nuestras libertades como individuos y como sociedad. Se trata de la importancia de poder criticar y emitir juicios libremente sobre nuestras instituciones y sus determinaciones. Se trata de uno de los pilares básicos de nuestra organización social, política y jurídica: la libertad de expresión y la posibilidad de generar libremente crítica al Estado.
En particular, el caso Paseo Caribe y la opinión emitida por el Tribunal Supremo, nos da la oportunidad para enfatizar y hacernos hiper-conscientes de la importancia de tomar en cuenta a la Rama Judicial como la tercera de las ramas de gobierno y que como tal, debe estar sujeta al escrutinio y a una crítica amplia del pueblo. Me refiero a la importancia de que la ciudadanía siga de cerca, de forma vigilante y fiscalizadora las determinaciones del Tribunal Supremo, no sólo ésta, sino tantas otras en su amplia gama de temas y determinaciones relativas a todos los quehaceres sociales. Después de todo, se trata de una Rama más de nuestro gobierno. Pero es una Rama, por cierto y sobre todo, que no cuenta con los instrumentos de fiscalización que cuentan las otras dos, pues los funcionarios de esta Rama, es decir, los jueces y juezas que allí están, no son electos y como tal, su fiscalización es aún más difícil. Los Jueces y Juezas, funcionarios no electos, son los que determinan la forma en que en nuestra sociedad se interpretan las leyes, se resuelven los “casos y controversias” que nos afectan a todos, y sobre todo, se interpreta nuestra Constitución. Están ahí, en ese rol, hasta que cumplen la edad de 70 años y tienen en sus manos el destino del estado de derecho en nuestra sociedad. Por eso, incluso más que a las otras dos ramas de gobierno, debemos prestarle mucha atención y mirar de cerca quienes son, cómo deciden, cuáles son sus líneas de adjudicación sobre temas tan diversos como el medioambiente, la familia, los derechos de acusados, los derechos de consumidores, los derechos de las mujeres, la propiedad y los derechos individuales y colectivos en general, entre otros. Asimismo, es importante identificar cómo éstos ven su rol como jueces y qué visiones del Derecho adoptan a la hora de decidir los casos. Esto trasciende el debate tradicional de si son de un partido o de otro, y resulta de mucha importancia para el futuro. Precisamente ahora cuando se avecina un proceso de nominación para tres de sus vacantes, el pueblo debe estar atento a las líneas que adoptan estos jueces y juezas y contestarse cuáles son sus perfiles en estos temas. Además, los abogados y abogadas tenemos la responsabilidad de servir de traductores jurídicos para el resto del país.
Pero para todo esto es indispensable que contemos con protecciones amplias a nuestro derecho a la libertad de expresión, que sea posible, sin vigilancia ni trabas, poder emitir y comunicar libremente todos esos aspectos y juicios críticos y criticar amplia y libremente al sistema judicial. En estos días se nos presenta este tema muy solapadamente, por eso creo que es vital que podamos reconocer este aspecto y discutirlo abiertamente. El mismo día en que se emitió la Opinión del caso Paseo Caribe, el Tribunal emitió una Opinión en el caso In Re Sánchez Ramos, caso en el que se cuestionaban las expresiones del Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, por decir que en nuestro sistema de justicia existe una doble vara que trata de manera desigual a ciertos ciudadanos. Aunque el Tribunal desestima la querella contra Sánchez Ramos, emitió una Opinión en la que pone en tela de juicio y cuestiona “lo apropiado” de las expresiones del Secretario. De hecho, el Tribunal emitió un regaño al Secretario por sus expresiones. Más aún, el Tribunal le lanza a los abogados y abogadas del país una advertencia a manera de recordatorio: “le recordamos a todos los abogados, incluyendo al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su deber -como celosos custodios de la imagen de la justicia- de observar una conducta que se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales”. El Tribunal señala “la moderación y la prudencia” como herramientas para lo que llama “ataques injustificados” por parte de los abogados y alude a la obligación de un “respeto hacia los tribunales” y “desalentar y evitar ataques injustificados contra los jueces” para “la buena marcha de los procedimientos judiciales y la confianza que el público deposita en ellos”.
Creo firmemente en que, no sólo los abogados y abogadas, sino todos los puertorriqueños (as) debemos propiciar que en nuestro país, los debates en la esfera pública, la discusión y la deliberación -tanto en los medios como en todas nuestras instituciones- alcancen un mejor y más significativo panorama de respeto y debate sustantivo. Las medidas que se adopten para esto, sin embargo, no deben ir dirigidas, so pena de faltar al “mayor respeto” a las instituciones, a coartar uno de los objetivos principales de la libertad de expresión, que es el cuestionamiento y fiscalización por parte de la ciudadanía de esas mismas instituciones. Todo lo contrario, el criterio en una sociedad que siga los principios democráticos debe ir dirigido a fomentar la mayor libertad posible para precisamente criticar esas instituciones haciendo uso de las garantías de libertad de expresión. Mientras más restricciones y limitaciones le pongamos a ese ejercicio, mientras más haya quien tenga la exclusividad de vigilar y controlar expresiones, más control y abuso de poder existirá de parte de unos pocos sobre las libertades individuales y colectivas del resto, y más estará en riesgo nuestro sistema democrático.
La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.
Ahora bien, me temo que la mera advertencia hecha a los abogados y abogadas, que también son ciudadanos, sobre lo “apropiado” o “ejemplarizante” o no de una expresión crítica contra una institución de gobierno (sobre todo si la institución a la que se critica es la misma que decide qué es apropiado), es una forma de control de las libertades de expresión y como tal, una forma de inhibir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades, sean éstos abogados o no. Son precisamente los abogados y las abogadas los que tienen el deber de informar al resto del país sobre los debates jurídicos y alertar sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Las restricciones en este ámbito son una forma sutil, pero muy efectiva, de evitar que los abogados -y los ciudadanos en general- emitan juicio sobre lo que el Estado y sus ramas de gobierno hacen o dejan de hacer. Ciertamente, el peso social que acarreamos con una restricción y limitación de la libertad de expresión es un peso demasiado oneroso que no debemos cargar, mucho más oneroso para la sociedad que aquél que alegadamente pueda tener el querer proteger la confianza y respeto a ciegas y sin más hacia una institución de gobierno. Por eso, este contexto en que surge esta Opinión de Paseo Caribe creo que es un contexto rico para que maduremos como sociedad e incluir en nuestra agenda una mirada más cercana a esta institución que parece querer tener la confianza del pueblo a ciegas. Es importante que hurguemos sus razonamientos de una manera crítica, que pensemos sobre sus argumentos y que sigamos de una manera inteligente y crítica el desarrollo de las adjudicaciones de este Tribunal, en todos los temas y facetas de nuestra vida. También es vital que hagamos crítica a los procesos judiciales y podamos evaluar y criticar libremente el sistema de justicia. Ese deber es también parte del deber principalísimo de los abogados y las abogadas en una sociedad democrática. Asimismo, todos tenemos socialmente ese derecho y esa responsabilidad. Sólo así podemos contrarrestar el peso que significa que como pueblo no tengamos control directo sobre la composición y el poder que tiene esta institución sobre muchas facetas de nuestra vida. Nuestras instituciones están llamadas a no desalentar y sí a propiciar este proceso. Es un ejercicio de sana democracia. Debemos aprovecharlo conscientes de su significado.
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