En un artículo del NYT ayer, se reseña que los clientes de poderosos bufetes de abogados en Estados Unidos se están revelando. Los abogados “in house” de las compañías acostumbradas a pagar cantidades altísimas por servicios legales, presionados por la situación económica, están más vigilantes con sus presupuestos lo cual obliga a los bufetes a tomar medidas. El impacto se sentirá, probablemente, en las estructuras de facturación por hora (moviéndose tal vez a tarifas fijas), en reducción de reclutamiento de asociados con promesa de escalar en la jerarquía de la institución, y en la subcontratación de personal no legal para realizar tareas –costosas y que requieren mucha inversión de horas– realizadas hasta ahora por asociados. Tal vez la presión se sentirá en el estilo litigioso que estira procesos interminablemente, drenando los presupuestos de clientes… eventualmente enajenándoles.

Siempre, desde que trabajé en un bufete cuando estudiaba derecho, estas prácticas de facturación me parecieron deshonestas. Y lo que siempre me sorprendió fue la naturalidad con que la cultura legal las asumía. Es como si se tratara de la única forma de ejercer la profesión. Bueno. Es la única forma de ejercer la profesión si se quiere sostener un modelo de negocio (el del bufete grande) que no es rentable: que debe generar suficiente para sufragar un operativo de recursos humanos ineficiente; y que paga beneficios extraordinarios y produce una riqueza increíble a los socios que están en el timón a costa del trabajo incesante de una base, bien compensada, pero cuya calidad de vida sufre. Nuestra realidad económica no puede costear un modelo como éste. Y, como en toda economía capitalista (salvo con los famosos “bailouts”), el negocio que no se ajusta (y compite de acuerdo a la demanda provista por las circunstancias económicas) desaparece.

Sencillamente, el modelo de integración vertical del bufete grande (que en PR son muy pocos) deja de ser rentable cuando los costos de su operación exigen un nivel de facturación que los clientes ya no están dispuestos a pagar. El dinosaurio tendrá que reinventarse. O, como dice un entrevistado en el artículo: “They may be able to extend the time in which to change. But change they will.”

Asimismo, el impacto lo sentirán los nuevos abogados y abogadas, recién graduados de las escuelas de derecho, para quienes llegar a estos bufetes representa, a veces, un fin último con la idea de subir en 8 o 10 años dentro de la estructura institucional hasta obtener el codiciado título de “partner”. No nos equivoquemos, este grupo de jóvenes abogados es parte de nuestro mejor talento y, luego de trabajar duro en la escuela y durante toda su carrera universitaria, aspiran a alcanzar las posiciones que mejor recompensen su labor. Pero con posibilidades más limitadas de entrar, con salarios tal vez más bajos, o con menos oportunidad de convertirse en socios… ¿cómo cambiarán las aspiraciones de estos abogados? ¿les veremos en bufetes más pequeños, con prácticas de facturación más sensatas? ¿Cómo impactará la situación económica la ética de facturación y las prácticas de litigio?

Añadiendo a lo anterior, pregunto, ¿cuál será el modelo del bufete en un futuro (¿presente?) donde las tecnologías de comunicación permiten coordinar tareas entre personas dispersas por cualquier parte del país (o del mundo)? ¿Será que la estructura masiva del bufete para sostener internamente todas las dimensiones del operativo legal ya no se justifica ante la realidad económica y las posibilidades tecnológicas? ¿Será que el bufete grande (en PR, grande es cera de 100 abogados, no tanto como en EEUU) dará paso al que ya existe por décadas: uno menos masivo, más pequeño, ágil, menos costoso de sostener? ¿Será que dará paso también a la contratación ad hoc de abogados especializados para temas y casos puntuales?

Sólo el tiempo dirá. Y veremos cómo, si de alguna forma, la ecología legal puertorriqueña se verá alterada de forma trascendental por nuestra cambiante y deprimente economía.

En una entrada previa advertía sobre el peligro de la falta de regulación de los mercados financieros y su efecto en el estado de la economía. En ese momento no hubiese podido anticipar la magnitud de la actual crisis financiera, la cual se ha convertido en una bola de nieve donde cada nuevo capítulo supera al anterior. Sobre el particular, en un Editorial publicado ayer por The New York Times, se cuestiona cuál debe ser la función legislativa en este asunto. Específicamente señala:

“Unfortunately, the systemic-risk regulator is more often presented, at least at this early stage of the regulatory reform effort, as an overarching and primary fix for the broken financial system. It is not. Congress must not substitute the quick fix for the hard work of regulatory reform. To do so would squander current public support for re-regulation and would ultimately leave the system vulnerable to a repeat of the same calamities that afflict it today.”

De una parte, resulta [al menos] curioso cómo una sociedad que gusta de regular cada detalle de la vida del que nada tiene, se resiste a regular al que todo tiene. De otra, llama la atención que el legislador actúa, se proyecta y se visualiza a sí mismo como un reparador de crisis que fustiga y adjudica culpas, y no como el arquitecto de una política pública coherente, comprensiva e inclusiva que facilite la gestión pública y privada, pero sin dejar de ser sensible a sus constituyentes. En ese sentido, el producto legislativo se convierte en la medicina que se toma para enfrentar la crisis, no en la vitamina que evita su ocurrencia.

El dilema sobre si el gobierno debe regular o no los mercados financieros y la actividad económica que estos generan, es tan antiguo como los mismos mercados. Los recientes sucesos en los principales centros financieros del mundo ponen de manifiesto que no se trata de un asunto ligero. La cuestión cobra mayor relevancia a menos de un mes de una elección presidencial en los Estados Unidos, cuyo resultado podría definir el camino que seguirá esa nación en las décadas venideras.

Con miedo a pecar de simplista, podemos decir que la crisis actual se produce cuando la burbuja del mercado de bienes raíces en Estados Unidos comienza a desinflarse y los precios de las viviendas comienzan a bajar, cosa que se creía imposible, o al menos improbable, hace varios años. Como consecuencia, los que ahora tienen una hipoteca de importe superior al valor de la vivienda se ven forzados a devolver las llaves, o peor aún, se las quitan, porque evidentemente no tienen –y nunca tuvieron– la capacidad de pago para asumir una deuda superior al valor real de la propiedad. Esto provoca un efecto en cadena en los mercados secundarios que se dedican a traficar enormes agregados de estos instrumentos hipotecarios. De repente, lo que se pensaba eran instrumentos financieros de poco riesgo (porque siempre presumimos que los inmuebles no deprecian, sino que aprecian) realmente no lo son, lo que ha puesto a la economía norteamericana en jaque. Entonces, el Estado hace su aparición en el tablero económico.

Con el agua al cuello, el Congreso de Estados Unidos intervino para prevenir la crisis generalizada de confianza que sembró el pánico entre los inversionistas: rescates de bancos y aseguradoras, cuasi-nacionalizaciones, extensión del seguro de depósito a los fondos de dinero, un salvavidas de $700 billones de dólares y otras medidas que vienen en camino. Sin duda, las acciones del Congreso van dirigidas a detener el desangramiento de los mercados, a la vez que alientan la confianza de los inversionistas.

Es muy pronto para especular si estos remedios jurídicos serán suficientes y cuál será el desenlace final de esta crisis. Lo cierto es que cuando los mercados financieros estornudan, los mortales nos salpicamos. Al final del día, en juego están nuestros planes de retiro, privados o públicos, la posibilidad de financiar la compra de una residencia, la capacidad para solicitar y obtener crédito, entre muchas otras cosas. Así de sencillo. Así de complicado. Y la interrogante recurre: ¿deben regularse los mercados financieros o debemos dejarlos al arbitrio de su suerte?

La intervención del Estado en las actuaciones de las personas naturales y jurídicas siempre ha sido motivo de discusión entre académicos y profesionales del Derecho. Las posturas más conservadoras sostienen que el Estado debe regular conceptos tan íntimos como la familia y el matrimonio, pero no debe intervenir en la regulación de los mercados financieros. Según éstos, cualquier deficiencia del mercado (“market failure”) será corregida por el propio mercado. De otra parte, un creciente número de voces claman por la regulación gubernamental de los mercados financieros. Detrás de esta postura, la noción de que el Estado tiene un interés legítimo en la salud de la economía nacional, toda vez que se trata de un bien colectivo. Entre extremos, toda una gama de argumentos intermedios.

En la ciudad de Nueva York transitan miles de taxis. Entre éstos, taxis “fantasmas” de personas que se dedican a mover pasajeros, pero no están autorizados ni regulados por el Estado. La diferencia en las destrezas entre uno y otro grupo es casi imperceptible al ojo humano. No obstante, aquellos que hemos tenido la necesidad de dicho servicio, nos sentimos inclinados a tomar uno de los regulados, por fundamentos que van desde lo racional a lo irracional. En el fondo, se trata de cierto confort emocional que nos ofrece el servicio regulado sobre aquél que no lo está.

Curiosamente, en una sociedad que peca de exceso de regulación, los mercados financieros y muchos de los instrumentos que allí se trafican siguen por la libre. Algunos dirán que esa es la esencia misma de las economías de mercado. Eso es cierto hasta que el Estado tiene que romper la alcancía para salvar al capitalismo. Se trata pues, de una regulación instantánea y a la medida. Probablemente, una intervención más rigurosa no será la panacea a los problemas económicos actuales. No obstante, contribuirá a la estabilidad de los mercados financieros, y más importante aún, a la confianza de los inversionistas, domésticos e internacionales. Después de todo, en materia de economía y de taxis, la percepción es parte de la realidad.