En mi entrada previa comentaba sobre el principio de la autonomía universitaria contenido en las leyes que dan origen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y su valor como pacto social entre el Estado y su Universidad. En el día de ayer, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), mediante la cual, entre otras cosas, quedó enmendada la Ley Número 2 de 20 de enero de 1966 a los fines de reducir y limitar la base presupuestaria sobre la cual opera la fórmula que calcula los fondos que son asignados al presupuesto de la Universidad.
La Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 establece el método de financiamiento para la Universidad de Puerto Rico. A través de la referida legislación, se destina a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente. Así, en 1966, se fijó la manera en que el Estado le proveería los recursos a la Universidad de Puerto Rico para facilitar su funcionamiento y expansión.
La autonomía fiscal que la Ley 2 le concede a la Universidad de Puerto Rico ha constituido un elemento fundamental para asegurar y mantener la excelencia académica y el desarrollo de la agenda universitaria libre de las transacciones políticas que son propias de los procesos presupuestarios ordinarios. Y es que el esquema de las fórmulas presupuestarias (también usado para asignar recursos a la rama judicial y a los municipios) lo que pretende es evitar que los procesos presupuestarios (inherentemente políticos) sean usados para premiar o castigar a las instituciones, según se quiera en cada caso y momento histórico. De otra parte, al usar valores porcentuales y no absolutos, se garantiza que las instituciones que se benefician de este esquema puedan crecer en los tiempos de ‘vacas gordas’ y tengan que hacer ajustes fiscales en los tiempos de ‘vacas flacas’.
Ahora bien, el nuevo esquema cambia las reglas de juego. En síntesis, la enmienda aprobada ayer tiene dos elementos que inciden en el financiamiento de la Universidad.
Primero, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que están destinados al Fondo de Interés Apremiante. Es decir, la merma en los ingresos de la Universidad por este concepto equivaldrá al 9.60% de 2.75% del total de 7.00% del IVU.
Segundo, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad todos los recaudos que surjan de las imposiciones que establece la propia Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico. Si bien se trata de nuevos recaudos que no estaban previamente contabilizados en la base presupuestaria de la Universidad, el efecto práctico es que menoscaba el crecimiento natural de dicha base presupuestaria.
Es imposible precisar en estos momentos el alcance del impacto que la legislación aprobada ayer tendrá en las finanzas de la Universidad. Menos difícil resulta pensar que esta acción legislativa –perfectamente legítima desde un punto de vista estrictamente legal- es un duro golpe al principio de la autonomía fiscal de la Universidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico durante cuarenta y tres años.
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