Ayer, el Gobernador de New Hampshire, frimó una ley para reconocer el matrimonio entre personas de mismo sexo en ese estado. Este es el sexto estado en Estados Unidos y en Nueva York, legislación aprobada por la Cámara, con el apoyo del Gobernador Patterson, aguarda discusión en el Senado. El Gobernador Lynch de New Hampshire, quien se opone personalmente a este matrimonio, da cátedra al reconocer que, por encima de sus preferencias, está el compromiso con una sociedad justa, donde se respete a todos los seres humanos por igual.  Así dijo: “Today, we are standing up for the liberties of same-sex couples by making clear that they will receive the same rights, responsibilities — and respect — under New Hampshire law”. Tal vez algo que nuestra clase política debe aprender.

Ya hemos hablado de eso, así que me abstengo por ahora. Sólo lo anoto aquí, para mantener la cuenta.

Ahora, por vía legislativa, Vermont aprobó el matrimonio entre personas de mismo sexo.  En dos entradas anteriores (1 y 2) me he referido a esta dinámica deliberativa que, en cierta forma, se ha desatado en un mundo post Lawrence v Texas.  Hay que notar el efecto Lawrence sobre el debate público. A pesar de que el Tribunal Supremo explícitamente esquivó el tema del matrimonio (y otros “beneficios sociales” como la adopción) y se limitó al asunto de la prohibición criminal a la sodomía (revocando a Bowers v. Hardwick), sin dudas estableció un nuevo punto de partida desde donde todo debate hoy se sostiene. Ya no es premisa legítima, como pudo haber sido bajo Bowers, concebir a parejas del mismo sexo como parias; criminales sin dignidad ni respeto. Hoy la premisa es otra. Y, aunque ello no se debe sólo a Lawrence, sin dudas hay algo de aquello que nos recordaba Bourdieu:  el poder de nombrar (lo legal y lo ilegal) ayuda a constituir nuestra realidad. El poder de Lawrence no está en lo que resolvió, sino en el mundo discursivo que ayudó a construir.

En una entrada anterior comenté sobre los procesos políticos y judiciales que, en una especie de conversación constitucional, promueven un debate acerca de los derechos civiles de parejas del mismo sexo. Mientras que el Tribunal Supremo de Iowa impulsa la conversación con firmeza en favor de principios básicos de igualdad y justicia–lo que seguramente generará reacciones políticas y judiciales (e intentos de enmiendas constitucionales como en California)–el resto del mundo observa cómo se desenvuelve una lucha que tanto se gana como se pierde pero que, significativamente, es una lucha que ocurre y se sostiene. Son instancias de debate y deliberación pública en que miles de personas se plantean elementos fundamentales a nuestra vida en comunidad.  Ciertamente hay muchas conversaciones que necesitamos y que no sostenemos como país (algunas de las cuales se ensayan en este blog), pero uno de los temas que a veces queda oscurecido entre el reguero de problemas, luchas y reclamos que compiten por la atención del público, es precisamente las condiciones de desigualdad que se perpetúan contra personas por razón de su orientación sexual.

Porque el menosprecio y el discrimen socava la dignidad de los miembros de la comunidad LGBT, no podemos sino unirnos a este reclamo de igualdad y fortalecer en Puerto Rico una discusión enérgica sobre este tema. Desde hace ya una década la Escuela de Derecho de la UPR contribuye a este proceso  pues desde entonces la Clínica de Asistencia Legal ofrece apoyo legal a personas que han sido discriminadas por razón de su orientación sexual.  Que haya mucho  camino que recorrer no impide que celebremos, como lo haremos este 30 de abril, la trayectoria de este esfuerzo. Felicito a la Clínica que pertenecí cuando fui estudiante, a los profesores que la han dirigido desde sus inicios y a todos los estudiantes que a través de los años se han preocupado por esta importante instancia de injusticia en nuestro país.

Luego que el Tribunal Supremo de California declarara que, bajo la constitución de este estado, toda persona tenía derecho a contraer matrimonio independiente del sexo de los contrayentes, la ciudadanía californiana aprobó por referendo una enmienda constitucional para proveer que el matrimonio sólo procederá entre personas de sexo opuesto.

Para los que proponemos que el matrimonio debe reconocerse a toda persona, este resultado electoral representa un golpe. Es muy fácil concluir que por contar con el cedazo popular, contrario a la decisión judicial, esta elección es supremamente legítima y, por ende, irrevocable por los tribunales (federales). La democracia, sin embargo, no siempre requiere obediencia ciega a los dictámenes de la mayoría. Fue la mayoría de la población norteamericana la que mantuvo por décadas a ciudadanos bajo un régimen de separación racial y fue esa misma mayoría la que en Puerto Rico aprobó leyes para amordazar la libertad de expresión cuando el movimiento nacionalista brillaba en la isla. La historia se desborda de instancias en que las mayorías abusan y atropellan.

Así, aun cuando la mayoría de la población dispone un mandato claro, estos mandatos deben sujetarse a los principios constitucionales que enmarcan su radio de acción. El respeto a la dignidad humana y el compromiso con la igualdad, así como el respeto a la diferencia, son instancias concretas de valores constitucionales que impiden a las mayorías tomar ciertas decisiones. Los derechos constitucionales son, precisamente, reclamos que tenemos frente al estado y frente a las mayorías pues sin ellos no podríamos instaurar un sistema respetuoso de los valores políticos (libertad, igualdad, dignidad) que sirven de premisa a todo el sistema. Los derechos constitucionales, entonces, impiden que destrocemos la zapata filosófica sobre la que se monta nuestra vida en comunidad.

Ahora bien, si el referendo en California enseña algo es que hay más de una forma de promover derecho transformador. No sólo a través de los tribunales se canalizan las conversaciones constitucionales. La ciudadanía por sí misma tiene formas para encausar sus propuestas, haciéndose responsables de los cambios sociales y partícipes del proceso político. Esta discusión no sólo es saludable, sino necesaria para desarrollar un sentido maduro de auto determinación política… para sentirnos capaces de forjar nuestro destino. El que los Californianos, como sostengo, se hayan equivocado no le resta al hecho de que el proceso político está abierto (en algunos lugares más que en otros) para que mantengamos una conversación seria sobre los asuntos políticos y constitucionales de nuestra era. Ahora bien, esta conversación no puede ni debe excluir a los tribunales pues, si hay una proposición básica a la que debemos estar alerta es que, los pueblos aunque sabios a veces atropellan; y es contra ese atropello que la constitución y los tribunales acuden.

Vamos a ver cómo continúa la conversación en otros lugares del planeta y cómo se involucran los grupos sociales, políticos y las diferentes instituciones del Estado. Lo importante es que la conversación continúe.