Ya está disponible el vídeo de la ponencia “Políticas Públicas y Derecho Ambiental” de la compañera Érika Fontánez Torrez dictada el 29 de abril en la Fundación Luis Muñoz Marín. Nuestro agradecimiento a MicroJuris, en particular a Norenid Feliciano, por encargarse de todos los aspectos técnicos que hicieron posible la grabación, transmisión simultánea por internet y su edición.
Políticas Públicas y Derecho Ambiental from Microjuris Corp. on Vimeo.
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El poder de los jueces
Hace unas semanas leí una nota sobre el aniversario de la muerte de Adolfina Villanueva, víctima de un desahucio violento. En la conmemoración de este trágico suceso generalmente concentramos en ella, en su valentía para defender el techo de su familia. Pero concentremos ahora en otro personaje de esa historia: el del juez, no el juez particular que dictó esa orden de desahucio, me refiero a la figura de los jueces como individuos con suficiente poder sobre las vidas del resto. ¿De qué fuerza social legitimadora se nutre esa autoridad? ¿Cuáles deben ser los parámetros para su uso en una sociedad que aspira a una igualdad de derechos?
La nota periodística que conmemoraba el desahucio de Adolfina exponía: “El desahucio se completó a cabalidad, de acuerdo a la orden de un juez”. Entonces, si es a partir de la “orden de un juez”, habría que reflexionar sobre el poder que éstos tienen. Conviene (re)pensar en voz alta lo que conlleva darle poder y lo que debemos exigir de ellos.
Dos asuntos se imponen. El primero es que ese uso del poder tiene que venir acompañado de razones, de fundamentos válidos que nos permitan legitimar su autoridad. No basta con que los jueces “dicten orden” y ejerzan poder sobre el resto de sus iguales. No basta su autoridad si no fundamentan y explicitan sus razones. Ahora, esas justificaciones -para que sean reconocidas como válidas- tienen que fundamentarse en el racionamiento jurídico propio de un estado democrático de derecho. Por eso, las determinaciones de los jueces, sus órdenes, sentencias y opiniones tienen que justificarse, sobre todo, ante los ciudadanos a quienes afectan directamente. Los ciudadanos -sus iguales- deben conocer las razones de peso que llevan a los jueces a determinar un curso de acción.
El que la sociedad confíe en esta institución judicial depende en gran medida de que los jueces expliciten razones válidas y aceptables. De lo contrario, su poder desemboca en mera arbitrariedad y pierde autoridad.
Un segundo elemento sigue: las razones expuestas deben basarse en el rol de los jueces en la sociedad. No basta que expongan razones sino que éstas tienen que ajustarse a lo que hemos determinado propio para esta rama de gobierno.
En este sentido, habría que recordarles a los jueces que su poder se enmarca en un esquema en el que sirven de principales garantes de los derechos del resto de la sociedad, sobre todo de los derechos de los que están en desventaja y de las minorías.
El ejercicio del poder de los jueces tiene que estar fundamentado en razones que el sistema jurídico-político reconozca como válidas, nunca en racionamientos de otros sistemas sociales, como los político-partidistas; tampoco en el argumento de “la mayoría” cuando esas determinaciones de la mayoría se convierten en tiránicas y vulneran derechos fundamentales del resto. Lo contrario perjudica directamente a todos, aunque mucho más al ciudadano de a pie, al vulnerable, al desaventajado, sobre todo a los que no cuentan con acceso a medios para hacerse escuchar; pero todos nos vemos afectados por el uso injustificado del poder, más si ese poder crudo proviene de esta rama de gobierno. Por eso, el poder desnudo de los jueces no debe validarse socialmente, mucho menos en tanto coloca a los ciudadanos más vulnerables y a las minorías al margen del sistema de derechos.
Lo anterior parece muy básico, pero vale la pena repetirlo en voz alta. De lo contrario, estaríamos destinados a repetir eventos trágicos, a conformarnos con un sistema legal en que los jueces ejercen el poder arbitrariamente; nos habríamos normalizado a vivir en una sociedad en la que a lo máximo que se aspira es a decir: “se cumplió la orden del juez”, aún con tragedia, aún sin razones.
http://www.elnuevodia.com/columna/680001/
Aprovecho el reportaje reciente del periodista, y colega, Oscar Serrano titulado “Such is Life en el Supremo”, para echarle dos o tres leñitas al fuego. Hace un tiempo me propuse escribir unas líneas sobre la Opinión de Conformidad del Juez Asociado Martínez Torres en Yiyi Motors v. ELA, 2009 TSPR 159. Todavía tengo en turno un análisis más extenso, pues la Opinión me parece un tanto alarmante ya que apunta una visión preocupante de lo que constituye el poder judicial. Es una joyita para la historia: refleja la idea de que el peso del poder desnudo es el que manda en ese foro independiente de la razón, argumentos, deliberación y tal vez el derecho. Si es así, pues no es el Imperio de la Ley lo que rige en el Tribunal, sino el Imperio del Poder.
Y hay una gran diferencia (o debería haberla), si es que se aspira a alguna distinción entre el ejercicio del poder judicial y el ejercicio del poder político. Cito los párrafos que han causado consternación entre juristas de toda clase. Las expresiones se dan en el contexto de una lista de instancias repetidas en que el Juez Presidente ha mostrado preocupación con las decisiones del “Nuevo Tribunal”:
Que quede claro que el señor Juez Presidente tiene el derecho de discrepar de la visión mayoritaria. Soy el primero en defender ese derecho y más aun, el derecho incuestionable del señor Juez Presidente a expresar esa disidencia de la forma y en el momento que él lo entienda necesario. Después de todo, la disidencia fuerte y vigorosa es saludable para el desarrollo del derecho en un foro colegiado como éste.
Sin embargo, eso no significa que yo deba permanecer callado. Precisamente porque conozco el alcance de mis facultades como integrante de este Tribunal, me veo igualmente obligado a responder de manera respetuosa y firme, al empleo más reciente de la hipérbole y las visiones apocalípticas para demonizar, caricaturizar y deformar las decisiones de este Tribunal con los argumentos ficticios que postulan que este Tribunal resuelve de espaldas al derecho y en contra de nuestro Pueblo. Infundir esos miedos no es gracioso, ni siquiera ante la cercanía del Día de Halloween.
La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este Tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Desmerecer ese proceso democrático no le hace bien a Puerto Rico.
Debe quedar claro, que cambios en la composición de los Tribunales en efecto a veces reflejan cambios de filosofías adjudicativas, ideologías imperantes y demás. El entonces Juez Asociado Rebollo López, en ocasiones se vio frustrado con lo que el entendía eran transformaciones producto de un “Nuevo Tribunal”. Cito dos ejemplos:
Rebollo en Berberena v Echegoyen, 128 DPR 864 (1991)
“La historia se encargará de juzgar la conducta y actuación judicial mayoritaria de este ‘nuevo’ Tribunal. Nos atrevemos a pronosticar que el dictamen no será muy elogioso y favorable a menos que prontamente se realice que el compromiso que se contrajo al juramentar el cargo lo fue únicamente con la justicia, la verdad y lo que es correcto en derecho.”Rebollo en Pueblo v Rivera Colón, 128 DPR 672 (1991)
“La posición que en dicho entonces asumimos –y que hoy personalmente ratificamos–curiosamente fue endosada en aquel entonces por dos de los integrantes del Tribunal que hoy suscriben, de manera entusiasta, la posición contraria. Ello no es la primera vez que ocurre en el ‘nuevo’ Tribunal; posiblemente no sea la última. Dicha situación no debe sorprender a nadie; después de todo, los integrantes de este Tribunal también tienen derecho a cometer ‘errores de juventud’.”
Una cosa es un cambio en filosofía (y por ende alteración en la norma de derecho) identificando las razones para ello–a lo cual no sólo otros jueces, sino también los ciudadanos, tienen el deber de objetar si así lo estimamos. Pero otra cosa muy distinta es decir, “como ganamos, perdiste; como perdiste, hacemos lo que queramos”. Es equivalente a decir, “resolvemos, porque sí” o “no se queje mucho, o al menos no me hable duro, porque nosotros ganamos las elecciones”. Si es esto lo que se desprende de esta Opinión, pues implicaría que su autor no comprende la función judicial. En el derecho las razones importan; importan y mucho. Las justificaciones demuestran al menos un esfuerzo por resolver conforme al derecho establecido por los procesos políticos, y no por minorías no electas, o conforme a derechos constitucionales consagrados para proteger a individuos contra las mayorías. Si no hay buenas razones, si las opiniones no se sostienen bajo un criterio al menos de razonabilidad, entonces lo que impera es el “porque sí”, o peor, el “porque ganamos”. Y si la población percibe el ejercicio del poder judicial así, como uno sólo revestido de poder desnudo, y no de razones justificadas entonces se sientan las bases para su deslegitimación autoinflgida. Luego, digo yo, será muy tarde para preocuparse por la estabilidad de (y respeto a) la Rama Judicial cuando abogados, profesores y otros la desmenuzamos.
Si esto es lo que impera en este incidente (y en la actitud de la Mayoría), no lo sé. Es difícil determinar. Pero es lo que parece y, a juzgar por las opiniones de cuatro profesores de derecho entrevistados por el periodista Serrano, esta es la impresión generalizada. Halloween no da razón para usar togas como disfraz. Son togas de verdad, que requieren un poder revestido de razón y deliberación.
Todo lo anterior como preámbulo al excelente reportaje de Oscar Serrano que, nuevamente, cito en esta entrada. (Observo, además, el señalamiento del profesor Carlos Ramos –que adelantamos en este blog– a los efectos de que hay ciertas doctrinas (como la de los derechos adquiridos) que aunque inofensivas de primera impresión, tienen el potencial de convertirse en garantes a largo plazo de intereses económicos configurados por contratos gubernamentales, como las APP). Felicito a Oscar por su valiosa gestión periodística.
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