En entrevista publicada hoy por el NYT, el Juez Asociado del TSEU, John Paul Stevens, reflexionó sobre su trayectoria en ese foro. En el contexto de su rumorada renuncia, vale la pena leerla con un ojo a sus comentarios en torno a la función del juez en un sistema democrático:
One of the nice things about this job is that you don’t have to make those decisions. . . . Very often you think, in this particular spot I don’t have to be deciding the really hard case about what should be done. Which is one of the reasons why the function is really quite different from what people often assume.
Nada, que como sabemos del dicho al hecho siempre hay un buen trecho. Y que la ilusión de que la función judicial se ejerce desapasionadamente, sin pasar juicio sobre cuestiones de política pública, no es sólo un autoengaño boricua.
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En una columna reciente titulada, The “Devastating” Decision, Ronald Dworkin criticó la decisión del TSEU, Citizens United en la que ese foro revocó legislación que limitaba el dinero que corporaciones pueden gastar en campañas políticas. Los fundamentos de la opinión son pobres por demás; en particular porque se fundamenta en la idea de que las corporaciones (entidades jurídicas creadas por el Estado) tienen exactamente los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos. Nótese que no se argumentaba que las corporaciones (o los individuos organizados bajo esa estructura) no tienen derechos de primera enmienda; sino que la entidad jurídica no tiene los mismos derechos (y por lo tanto algunas limitaciones son permisibles) considerando que (a) éstas se organizan exclusivamente para maximizar ganancias y actúan sólo estratégicamente a ese fin, lo cual les distingue de seres humanos quienes tenemos preferencias variadas (incluyendo pero no limitándose a maximizar ganancias) y actuamos conforme a múltiples intereses que proyectamos en el debate público y a su diversidad discursiva y (b) muchas tienen un poder desmesurado para influenciar la esfera pública (con la unívoca perspectiva de acción estratégica y no deliberativa), entre otras cosas.
Vale la pena leer a Dworkin sobre el asunto. Aquí un aperitivo, pero les remito a sus comentarios:
The opinion announces and perpetuates a shallow, simplistic understanding of the First Amendment, one that actually undermines one of the most basic purposes of free speech, which is to protect democracy. The nerve of his argument—that corporations must be treated like real people under the First Amendment—is in my view preposterous. Corporations are legal fictions. They have no opinions of their own to contribute and no rights to participate with equal voice or vote in politics.
Lawrence Lessig, sin embargo, toca una nota de cautela cuando, acertadamente, nos advierte que el debate en torno a si las corporaciones tienen o no los mismos derechos, puede ser una distracción innecesaria. Después de todo, seres humanos más poderosos que corporaciones pueden tener una influencia desmesurada sobre los procesos políticos; ya sea por la influencia del dinero u otras herramientas de poder. El problema real no es tanto ese sino uno sobre el carácter de la democracia que vivimos y en torno a la vulnerabilidad del proceso político al dinero. Es decir, el problema es cuánto control vamos a permitir que intereses incumbentes tengan sobre el proceso político, el debate público, y sobre los elementos que entran (y se excluyen) en la consideración de asuntos vitales de política pública. Aquí la referencia, y una cita, de Lessig:
]]>Lots of people are talking about, how do we overturn Citizens United? But overturning Citizens United or getting back to the day before Citizens United is no solution to the problem. We already had a broken democracy before Citizens United came down. And I’m worried that there’s a lot of distraction around this issue, in Citizens United, because I don’t think the problem is corporate speech. I think the problem is corporate control. I don’t think the problem is lots of different diversity of perspectives or viewpoints in the context of political debate. It’s when that perspective or a particular powerful influence begins to be so powerful that you understand members of Congress are spending their time dancing to the tune that this powerful interest wants, rather than worrying about what their constituents want, because as members need to raise money or need to raise support for their campaigns, this becomes a debilitating distraction.
Dos controversias ante el Tribunal Supremo de los EEUU tendrían pronunciamientos sobre el alcance de la Primera Enmienda, libertad de expresión. El primero el caso, ya argumentado ante el Supremo, es el caso de Citizens United (caso del documental de Hillary Clinton, Hillary, the movie), que atañe al tema de las campañas eleccionarias.
El segundo, que se argumentara el 6 de octubre, trae una controversia enmarcada en los límites de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos que se pueden considerar tan ‘malignos’ que, se plantea, no deben contar con la protección de la Primera enmienda, asunto que no había llegado al Supremo desde 1982, cuando se planteó el tema de la pornografía infantil. Aquí se trata de una ley (1999) que provocó la convicción de un sujeto, Robert J. Stevens, que compilaba y vendía videos sobre peleas de perros. Grupos en defensa de los animales abogan por la prohibición de tales videos, pero organizaciones que defienden la libertad de expresión, que incluyen prensa, abogan por la protección aún en esos casos. En este caso el NYT presentó un alegato en apoyo a la protección de la Primera Enmienda.
Ambos casos presentan argumentos sobre el margen de amplitud de la libertad de expresión. Pendientes.
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13-JULIO-2009 | EFRÉN RIVERA RAMOS
CATEDRÁTICO DE DERECHO
Sonia Sotomayor ante el Senado
Sonia Sotomayor, nominada para ocupar un asiento en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, merece un proceso de confirmación justo que atienda lo medular: sus credenciales para el cargo.
El Senado debe fijarse en sus méritos: su formación académica; su experiencia profesional, incluida la judicial; su conocimiento del derecho; su capacidad analítica; su temperamento judicial, integridad y firmeza de carácter y si tiene o no la cautela necesaria para examinar con cuidado y rigor las controversias ante sí. También, por qué no, su filosofía judicial, es decir, qué piensa sobre la función judicial en el sistema en el que se desempeña y cuál es su acercamiento al proceso decisional.
No debería ese cuerpo, sin embargo, regodearse en algunos de los señalamientos vertidos por varios críticos de Sotomayor que sólo demuestran falta de rigor y de fundamentos sólidos para oponerse a su nombramiento.
Algunos de sus detractores, por ejemplo, le temen a su origen, a su experiencia de vida y a la conciencia que expresa de su identidad como mujer puertorriqueña y como integrante de una comunidad étnica y cultural minoritaria en los Estados Unidos. Lejos de descalificarla, esos atributos pueden potenciarla para enriquecer el proceso deliberativo de un tribunal colegiado que tiene la responsabilidad de pautar el derecho que rige la vida de los cientos de millones de personas de los perfiles más diversos que viven en ese país y aun de aquellas que, sin ser residentes, están sujetas a las actuaciones y prácticas de su gobierno.
Otros se han dedicado a sacar fuera de contexto alguna que otra frase suya de algún que otro discurso de los muchos que ha pronunciado durante su extensa carrera profesional. Se trata realmente de algún ruido y poquísimas nueces.
Una crítica reciente se refiere a la posibilidad de que durante su incumbencia en el cuerpo directivo del Puerto Rico Legal Defense and Education Fund, Sotomayor haya apoyado pleitos que alegaban discrimen por motivos étnicos y raciales. ¡Vaya argumento! Según eso nunca debió haberse confirmado a los jueces Thurgood Marshall y Ruth B. Ginsburg, adalides de la lucha jurídica contra el discrimen racial y por sexo, respectivamente, antes de acceder al máximo foro judicial estadounidense. Y ni se diga que los jueces conservadores John Roberts, Antonin Scalia y Clarence Thomas también tuvieron sus clientes favoritos en su momento.
Cierto revuelo ha habido en torno a la decisión reciente del Tribunal Supremo que revocó la determinación de un panel de jueces del que formó parte Sotomayor en un caso relacionado con el discrimen en el empleo. El panel había avalado la decisión de la ciudad de New Haven, Connecticut, de anular un examen de su departamento de bomberos que prácticamente cancelaba las posibilidades de ascenso de todos los candidatos de origen afroamericano y la mayor parte de los hispanos. Los titulares noticiosos daban la impresión de que Sotomayor había cometido algún error jurídico garrafal.
El mensaje desvalorizaba el hecho de que el Tribunal Supremo se dividió cinco a cuatro en ese caso. La opinión disidente que le habría dado la razón al panel que integró Sotomayor, la suscribió la jueza Ruth B. Ginsburg, con el concurso de los Jueces Stephen Breyer, David Souter y John Paul Stevens, juristas de cuya talla, capacidad y prestigio nadie puede dudar.
Además, como ya se ha dicho, el referido panel no hizo sino aplicar los precedentes vigentes en su Circuito y, en todo caso, quienes adoptaron un nuevo criterio de decisión para las situaciones planteadas en ese litigio fueron los cinco jueces que suscribieron la opinión mayoritaria del Supremo.
Nuevamente, se observa en algunos de los críticos de Sotomayor la ausencia del rigor intelectual que a ella parece sobrarle. Por justicia a la nominada y en ánimo de preservar la seriedad y la integridad del proceso de confirmación, ni la comisión que examina su nombramiento ni el Senado en pleno deberían incurrir en el mismo vicio.
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El rol de un(a) juez(a) se traduce, según el Juez Roberts, juez presidente del Tribunal Supremo de los EEUU, a ser un árbitro:
“Judges are like umpires,” Judge Roberts declared in the opening remarks to his own confirmation hearings. “Umpires don’t make the rules; they apply them. The role of an umpire and a judge is critical. They make sure everybody plays by the rules. But it is a limited role.”
Tomo la cita de un artículo del NYT en que se discute si puede o no decirse que el rol de los jueces es equivalente al de un árbitro de baseball. Pero la metáfora, que no es nueva, fue utilizada, también por la jueza Vélez, directora de la Oficina de Administración de Tribunales en la entrevista que colgamos ayer (aunque creo que con otro propósito e indirectamente): ”El juez, que es abogado y técnico del derecho…”; “La ciudadanía debe tener un juzgador que “cante las bolas” sencillamente como las ve”.
¿Qué creen? Dejo por aquí el artículo ‘Umpires v. Judges’.
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Ayer, el Tribunal Supremo de los EEUU acogió la petición de certiorari en el caso Stop the Beach Renourishment, Inc. v. Florida Department of Environmental Protection, No. 08-1151. En ese caso se debate el reclamo de propietarios que colindan con lo que llamaríamos aquí los bienes de dominio público marítimo-terrestre de que se les compense ‘justa compensación’ propietaria en los casos que -como en este- el gobierno ha decidido -mediante ley- revitalizar y sanear la línea de costa y el acceso al espacio público costero. El Tribunal Supremo de Florida concluyó que la legislación que permitía la restauración de la costa a favor del espacio público no constituyó en ese caso una incautación (taking) y por lo tanto, los propietarios colindantes no tendrían derecho a compensación. Esta es la decisión que estará ahora ante el Supremo y que luego de 2005, con Kelo y un nuevo Tribunal (posiblemente con Sotomayor ahí), nos daría una idea de cómo la nueva corte atiende el asunto de las incautaciones. Aprovechemos la discusión. Esto fue lo que en una conferencia en Berkeley en el 2001 dijo la hoy nominada al Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor:
“I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life”.
La frase la han utilizado sectores conservadores que se oponen a su nombramiento y que presentan dos argumentos para su oposición: (1) la acusan de racismo a la inversa; (2) alegan que Obama ha traido de vuelta la guerra de las políticas identitarias cuando debió haber nombrado a alguien ‘post racial’.
El asesor de Obama dijo:
“Yes, I think he thinks there’s value in having a Supreme Court that has a diversity of experience and diversity of points of view,” Mr. Axelrod said of the president, “but that was not the principal criteria that he applied. The principal criteria he applied was, is the person an excellent judge?”
El editorial del NYT de hoy dice:
“The first Hispanic nominee to the court is being called racist. She is being attacked as not smart enough, as too abrasive (a description often applied to women who speak their minds in public life). There have even been reports that critics have taken aim at her taste for Puerto Rican food.
It is time to elevate the discussion to where it belongs: the Constitution and the role of the judiciary”.
Valga pensar y discutir los temas subyacentes aquí: (1) el tema de las identidades y si es un tema relevante en el nombramiento y conformación de una institución como el Tribunal Supremo. De ahí se deriva si lo esbozado por Sotomayor representa un problema o no para su desempeño como Jueza del Supremo y si su comentario es racismo a la inversa; (2) También derivado de ahí, si es posible (y deseable?) una Jueza post-racial como la requieren los conservadores.
Todo esto, tomando en cuenta, claro está, el contexto de la sociedad norteamericana y que de los 110 que han servido en el Tribunal Supremo, solo 4 no han sido hombres blancos.
Ahí lo dejo. El reportaje de hoy en el NYT.
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