En el día de hoy, el ex-presidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, publica una columna que, con los datos en la mano, desmonta cualquier argumento sobre la necesidad de aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo. Surge de esta información que todo intento para aumentar la composición en este momento representaría exclusivamente un asalto mayor a la integridad del Foro, a la independencia judicial, y conllevaría una mayor deslegitimación de este Tribunal. Cuando un Tribunal Supremo sin pudor sólo responde al flujo de la marea política ya sus miembros dejan de ser jueces… Jueces no son. ¿Qué son? yo no sé; pero jueces no.

Llevo un tiempo por escribir sobre este tema de la composición del Tribunal, la manera en que se resuelve sin razones ni justificaciones razonables (como escribió Érika ayer) (por ejemplo al distinguir, sin realmente distinguir, el “derecho adquirido” a una escolta de ex-gobernador de un derecho “no adquirido” de empleados públicos cesanteados por la Ley 7), y sobre las alternativas que tenemos ante oficiales públicos que se conciben Jueces y que —por ahora— se piensan intocables por los procesos políticos.  Pronto saco el tiempo.  De momento, sólo basta presentar aquí la columna del compañero Fontanet por su incalculable valor (sugiero se lea junto a la columna de Érika… son de un chango las dos alas). (El texto de la columna que sigue no se somete a la licencia Creative Commons que normalmente abriga a www.derechoalderecho.org. Se encuentra en http://www.elnuevodia.com/voces/680613/)

04-Marzo-2010

JULIO FONTANET

Interrogantes supremas

Todavía continúa el rumor de que unos pocos pretenden, atropelladamente, aumentar la composición de nuestro Tribunal Supremo de siete a nueve jueces. Tienen que ser unos pocos, ciertamente, porque hay que ser bien inescrupuloso para estar dispuesto, de la manera más burda y destemplada, a transformar el Supremo de una institución que adjudica controversias legales a un comité de acción política.

Para comprender la irracionalidad de esta maquinación insidiosa, de este nuevo intento de vulnerar nuestras instituciones, es imperativo dar respuestas a una serie de interrogantes.

1. Desde que la composición de siete jueces fue establecida de manera unánime por el mismo Tribunal en 1975, ¿ha habido intentos político-partidistas para aumentar el número de jueces?

Hubo dos intentos fallidos y fueron rechazados por el propio Tribunal y por el pueblo. En 1984, y ante la inminencia de que iba a ser electo un nuevo gobernador, hubo un movimiento para aumentar el número de jueces. Como no hubo unanimidad entre los propios jueces sobre la deseabilidad de ello, afortunadamente no prosperó. En 1994, se intentó enmendar la Constitución con dicha finalidad, pero también fue rechazado abrumadoramente por los electores en un referéndum.

2. Nombrar dos jueces adicionales, ¿aumentaría la productividad del Tribunal?

La respuesta es un rotundo no. Las decisiones en el Supremo se toman de manera colegiada, es decir, por mayoría de los siete jueces. No se trata de que los miembros del Tribunal puedan dividirse los casos y adjudicarlos por su cuenta. Al contrario, contar con dos jueces adicionales prolongaría la discusión de los casos, lo que provocaría, a su vez, una dilación innecesaria que afectaría negativamente el número de casos que se podrían atender en determinado periodo. El ejemplo más elocuente sobre esta realidad es el período 2005-2009, cuando el Tribunal pudo aumentar su productividad por contar con menos de siete jueces (entre cuatro y seis).

3. ¿Es costo-efectivo el aumento de jueces?

El sueldo de juez asociado del Tribunal Supremo es de $120,000 anualmente. A dicha cantidad hay que aumentarle -¡ojo, también de nuestro bolsillo!- los salarios de dos secretarias, de tres abogados (oficiales jurídicos), de alguaciles, oficinas, vehículos, teléfonos, el retiro, mobiliario de oficina, computadoras, gastos por la reproducción de todos los escritos para la litigación de casos para dos jueces adicionales, etc. En fin, una inversión que excedería los $2 millones de fondos públicos por juez.

4. ¿Cómo compara la composición de nuestro Tribunal con la de algunos estados?

En California, Nueva York y Florida hay siete jueces, teniendo esos estados una población de 36, 20 y 18 millones, respectivamente. Nosotros tenemos una población que no llega a 4 millones. Más aún: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Arizona, Indiana y Tennessee tienen sólo cinco jueces, a pesar de tener una población mayor que la nuestra.

5. ¿Se podría justificar un aumento en un futuro cercano?

Nuevamente, la contestación es un rotundo no. Debe estar claro que si el PPD gana las elecciones del 2012 sería igualmente inaceptab1e un aumento. Las razones descritas son necesariamente aplicables.

No hay justificación de clase alguna para la ampliación del Tribunal. Los estadistas deben estar contestes con el hecho de que la mayoría de los jueces son estadistas y que probablemente dicha composición permanecerá inalterada por muchísimos años, tomando en consideración que la edad para su retiro es a los 70 años.

Esa movida sólo puede estar motivada por ambiciones personales o, sencillamente, por el deseo de destruir nuestro sistema de justicia y convertirlo en un comité político de ciertos candidatos.

Las consecuencias de este curso de acción serían detrimentales para el País y lesionarían permanentemente la confianza del pueblo en sus tribunales. ¿Es eso, y los gastos que conllevaría, lo que necesitamos en estos momentos?