Para los compañeros abogados y para algunos compañeros profesores de derecho, el problema de la huelga es uno de legalidad. Hace años, en el contexto de un debate sobre la política dapre no confrontación, se planteó en la Facultad de Derecho si cerrar los recintos era “legal o no”. Curiosamente–o más que eso, convenientemente– quienes plantearon la legalización del debate, lo hacían porque era más fácil contestar en la negativa. Con eso, como ha planteado elocuentemente Érika Fontánez, se “pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político”. Con la observación no planteo la irrelevancia del derecho para las cuestiones sociales y políticas. Después de todo, estas cosas dependen del contexto: habrá contextos en que lo legal domina; hay otros en que no (ya sea porque es imposible, por que es innecesario, porque es perjudicial).
Si le pago una amiga un trago, tal vez técnicamente ella me “debe” ese dinero, o me “debe” un trago, pues su patrimonio se habrá beneficiado por mi transferencia de dinero, convirtiéndome en acreedor. Pero sabemos que sería absurdo plantear las cosas de esa manera, si es que quiero mantener esa relación de amistad. Y aquí está el detalle: es la relación la que importa. Es este contexto de interacción social lo que le da cierto contenido normativo a lo que hacemos en ese espacio; y dependiendo de esos contextos lo legal puede o no tener alguna importancia. Quizás no es apropiado pagar un trago en el contexto de otro tipo de interacción social o relación. Y quizás, además de inapropiado, lo legal toma relevancia, como por ejemplo ofrecerle un cubata a un menor de 11 años.
Pues así es la Universidad y las relaciones que se dan en ella. Habrá contextos en que la legalidad domina; pero hay otros en que, francamente, referencia a lo legal es insuficiente y entorpecedor. Especialmente cuando se trata de un contexto social con aspiraciones democráticas, como es la Universidad, donde actualmente concurren dos fuerzas en constante conflicto. Por un lado, (a) reclamos de participación democrática (espontáneos, desorganizados, estructurados, organizados, o de cualquier clase) de diversos sectores (en armonía, contradictorios o disonantes) y, por otro lado, (b) reclamos para mantener un esquema de convivencia, actualmente toma forma “legal” (reglamento universitario, ley universitaria, etc), que es incapaz de dar cuenta de esas dinámicas participativas. El truco está en hacer que ese esquema de convivencia (b) no entorpezca (es más, que promueva y facilite) a (a), la participación.
La paradoja de conjugar ambos ejes que a veces tiran en direcciones distintas es central a una democracia: combinar, por un lado, la libertad de la deliberación y dinámica participativa pluralista, con, por otro, las condiciones necesarias para hacer posible esas dinámicas por medio de unas “reglas de juego” que sirvan de plataforma a esa participación; condiciones que normalmente implican alguna restricción a esa libertad. Esta paradoja no tiene contestación clara y certera. Depende mucho de cuáles son las restricciones a la libertad participativa que se quieren imponer y si, en realidad, se tratan de restricciones que hacen posible las dinámicas de participación. Solamente aquellas restricciones que podamos decir son absolutamente necesarias para hacer posible la participación, deben prevalecer. No más. No menos.
Es en ese contexto universitario, donde coexisten estos reclamos de participación y las presiones para estructurarlas, que debemos plantearnos entonces ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer ante las huelgas, cierres y demás mecanismos de presión política? ¿Debemos preguntarnos, como hacen muchos, si son “legales”? La contestación, sugiero, es que la pregunta misma es inapropiada. Nuevamente hago aquí referencia al elocuente escrito de la profesora Fontánez que advierte sobre el efecto colonizador de estas preguntas simplistas sobre asuntos sociales complejos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente: Precisamente lo que está en juego en la versión de la democracia universitaria es la paradoja inestable que nos coloca en una zona gris entre la participación vigorosa y las “reglas de juego” que constituyen las condiciones necesarias para esa participación. Es necesariamente una zona gris que deberá atenderse caso a caso, internamente, desde los mismos participantes del proceso, y no desde estructuras enajenadas de los procesos participativos. Con toda humildad, me parece que si hay algún lugar en Puerto Rico con la inteligencia y capacidad necesaria para identificar los parámetros de esta paradoja, de estas zonas grises, es en el estudiantado, profesorado y comunidad en general de la UPR. Preguntarse si la huelga es legal o no, no aporta nada. Además, contestar directamente que es ilegal, socavaría el ejercicio absolutamente esencial de autonomía colectiva de decidir cómo estructurar las zonas grises por los propios participantes del proceso.
Hace poco se publicó un artículo en el periódico el Nuevo Día muy concienzudo que se hacía una pregunta muy distinta a la de la “legalidad de la huelga”. Se preguntó, en cambio, sobre “la legitimidad de la huelga”. (Ver también aquí). Creo que por aquí es mejor empezar. Si queremos evaluar si ciertas “reglas de juego”, ciertas restricciones a la participación, son necesarias para hacer posible la participación misma, entonces tenemos que preguntarnos primero: ¿cuáles son estos reglamos? ¿para qué? ¿qué es lo que está en juego? y, sobre todo, ¿son legítimos estos reclamos? Ello involucra un análisis de las razones públicas brindadas por los reclamantes (los estudiantes, profesores, etc) y las brindadas por los reclamados. Cuenta a favor de la legitimidad de los reclamos aquellos respaldados por razones debatidas, producto de participación deliberativa entre personas consideradas entre sí como iguales, con respeto (no meramente una cuestión numérica). Cuenta en contra de esa legitimidad las posturas que sólo vienen del poder, de la soberbia que el poder otorga, de la mera fuerza. La legitimidad de esta huelga tuvo, sin dudas, que ver con este conflicto entre razones y deliberación, por un lado, y poder y soberbia, por otro.
Por eso estoy de acuerdo con la columna aludida: “La legitimidad de la huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene mucho que ver con la actitud de esta administración universitaria sobre los dineros que le pertenecen a la Universidad.”
Así, tal vez es mejor plantearse, ¿es legítima la huelga, el paro, etc? Encaminarse a una contestación, requerirá un análisis del contexto universitario, de la legitimidad de los reclamos, y de si, en ese momento en particular considerando las particularidades de esos reclamos, el mecanismo de protesta en cuestión es necesario para las dinámicas de participación o si, en cambio, restringirlo es necesario para fomentar esa participación en ese momento. En todo caso, le tocaría a comunidad universitaria misma tomar esa decisión. Traer lo legal aquí sería desafortunado y, sobre todo, antidemocrático.
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Ante la propuesta para enmendar la Ley de la Universidad con el fin de proveer el voto por correo en procesos estudiantiles y debilitar así las Asambleas, cabe recordar que democracia no es sólo el número de votos; es la discusión antes, durante, y después. El voto a distancia en aquellas instancias en que hay posibilidad de discusión y deliberación podría aniquilar las posibilidades de debate y promueve que el voto se ejerza sin el ejercicio previo de la reflexión. Quien reduce la democracia a votos teme a la discusión, probablemente porque no tiene razón. Después de todo es más fácil manipular a través de los medios al que vota, pues no tiene que salir de su casa y enfrentar argumentos contrarios.
Sobre esta limitante visión de democracia que refleja propuestas como éstas, dejo unos párrafos de Robert Post, actual decano de la Escuela de Derecho de Yale, en ocasión de una discusión sobre la relación entre la democracia y la igualdad.
Self-government is about the authorship of decisions, not about the making of decisions.
We can test this distinction by imagining a situation in which the people in their collective capacity decide issues, but in which individuals within the collectivity feel hopelessly alienated from these decisions. Suppose, for example, that in State X citizens are provided with interactive computer terminals that they are required to use in the morning to register their preferences about various issues. Each morning an agenda for decision (composed by an elected assembly) is presented on the terminal. The citizens of State X must decide what color clothes should be worn; what menu should be served for lunch and dinner; the boundaries of the attendance zones for the neighborhood school; whether a stop sign should be placed at a local intersection; and so on. Assume that citizens of State X can get from their computer whatever information they believe is relevant for their votes, including information about the likely views of other citizens.
Imagine, further, that State X has no public discourse. There are neither newspapers nor broadcast media. The state bans political parties and associations. It proscribes public demonstrations and prohibits individuals from publishing their views to other citizens. Each citizen must make up his or her mind in isolation. Decisions in State X, however, are made on the basis of the majority vote of the collectivity, and all individuals are henceforth required to comply: to wear blue, or to serve chicken for lunch, or to attend a particular school, or to stop at the local intersection. Individuals in State X feel completely alienated from these decisions. They do not identify with them and instead feel controlled and manipulated by the external force of the collectivity. Would we deem State X an example of a society that engages in self- determination? Although in State X the people retain their ability, “as a collectivity, to decide their own fate,” which is to say to make decisions by majority rule, I very much doubt that we would characterize State X as a democracy. We are much more likely to condemn it as a dystopian tyranny. Rousseau long ago diagnosed the reason for this condemnation: collective decisionmaking is merely oppressive unless there is some internal connection between the particular wills of individual citizens and the general will of the collectivity. Robert Post, “Democracy and Equality”, SELA 2004.
Enmendado 8 de Junio:
Se aneja el texto íntegro del proyecto de ley.
En un giro aún más preocupante, el mismo no se limita a las Asambleas estudiantiles, sino que provee para el voto a distancia y secreto en los Senados Académicos, Junta Universitaria, Junta Administrativa y en los Consejos de Estudiantes. Es decir, que en toda instancia de deliberación se instauran mecanismos para impedir o dificultar precisamente lo que hace posible esa deliberación: el enfrentamiento con las posturas e ideas ante consideración. Hay que tomar postura: o se le tiene miedo a los votos sin discusión, o a la discusión con o sin votos. En una democracia, hay mucho que temer al voto sin discusión, y mucho que ganar con la discusión independientemente de los votos.
]]>Bajo la premisa de que “[e]stamos abocados a la tarea de pensar el universo físico y social desde protocolos específicos del sistema de la ciencia, las artes y la filosofía y esta producción de conocimiento requiere de un contexto reflexivo que no puede estar sujeto a criterios utilitarios o de rentalibilidad”, profesores del sistema universitario de la UPR, así como de otras instituciones, hemos suscrito la Declaración por una Universidad Democrática de Excelencia Académica.
Aunque este espacio normalmente lo dedicamos a asuntos jurídicos, ese quehacer está inspirado en nuestra preocupación por las condiciones para una sociedad justa y democrática, tanto en el derecho como en las múltiples instancias sociales donde estas condiciones se deben manifestar, incluyendo la Universidad.
El documento será actualizado periódicamente según se sumen firmas y puedes acceder a la versión más reciente en https://sites.google.com/site/profesoresporunaunivdem/documento
Colocamos aquí su texto íntegro.
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Anoche fue la presentación del libro de nuestro querido profesor José Julián Álvarez González (JJ!) Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con Estados Unidos – Casos y Materiales. Fue un magno evento. La presentación estuvo a cargo del profesor emeritus de Derecho Constitucional David Helfeld y del juez del tribunal federal Juan Torruellas. La sala del Colegio de Abogados de Puerto Rico estuvo llena a capacidad de amigos y amigas, abogados, juristas, jueces y estudiantes. Era palpable la gran alegría y orgullo que todos y todas tenemos por la publicación de este libro.
Se trata de un gran libro, intenso y abarcador, se destaca por su rigurosa inclusión del Derecho constitucional puertorriqueño y estadounidense en el marco de nuestro ordenamiento constitucional, con comentarios sobre la casuística de todos los temas relativos a esta rama del Derecho y a las relaciones constitucionales de PR y EEUU, una edición impecable de los textos obligados que todo y toda jurista debe leer. Además, destacan los índices temarios y de la jurisprudencia y las tablas espectaculares!. Es un libro de rigor, producto de un trabajo académico de primera, de un trabajo y disciplina espectacular como el que hemos constatado y observado por años por parte del profesor Álvarez González.
En lo que a mi concierne, la publicación de este libro me ha provocado una alegría inmensa, no solo porque veo el fruto de un trabajo dedicado y riguroso de quien fuen mi profesor, a quien admiro y respeto por su dedicación como tal, sino también porque creo que nuestro país se merece un libro de Derecho constitucional como el que nos ha dado el profesor Álvarez González. Este libro, que todas y todos debemos tener, es una pieza indispensable en nuestro trabajo como abogados y abogadas y como académicos del Derecho, pero es, sobre todo, para Puerto Rico, un gran herramienta para nuestra democracia. Habremos de usarla. Muchas felicidades José Julián!.
Pero hay más! Una asiste a estos eventos contenta porque sabe la alegría que significa el acto, pero siempre están esas ocasiones especiales que hacen que una sienta aún más alegría porque surgen cosas que le llenan de orgullo y sirven de ejemplo y energía para los y las que estamos en la audiencia. Y es que al pronunciar sus palabras de agradecimiento luego de la presentación del libro, el profesor decidió que quería dedicarle el libro a una persona más que no figuraba en la dedicatoria del libro y con esta dedicatoria nos reivindicó a todos y todas los que en estos días sentimos que faltan voces que defiendan nuestras instituciones. El profesor, en un acto de gran constitucionalista, asumió la voz de todos y todas y vinculó el nacimiento, desarrollo y publicación de este libro con la defensa firme y vigorosa que tenemos que dar todos y todas por nuestra gran, querida e indispensable institución: La Universidad de Puerto Rico. Les dejo aquí con parte de las palabras del profesor José Julián Álvarez González. salud! (gracias JJ!):
“En la dedicatoria y en el prefacio olvidé reconocer a otra persona enormemente importante en mi vida. Mi relación con esa persona es desde la cuna, literalmente, pues por poco nazco en un laboratorio de química en el Colegio de Mayagüez. Pero esa relación ha sido más intensa en los últimos 28 años. Esa persona tiene 106 años y ha sido figura central en los acontecimientos del país. Sin esa persona, esta obra, y la de tantos otros colegas universitarios, habría sido imposible. Soy afortunado porque hago lo que me gusta y quien me brindó y me continúa brindando la oportunidad de hacerlo es esa persona. Esa persona es . . . la Universidad de Puerto Rico.
Jamás podrá exagerarse la importancia de la Universidad en ofrecer los espacios, el tiempo, los recursos y las oportunidades para el estudio, para la reflexión y, por qué no reconocerlo, hasta para la equivocación. Como este es un libro de casos, quisiera leer unos párrafos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dedicó en 1982 a la propia idea de la Universidad y a su importancia en toda sociedad moderna. Dijo en parte:
La esencia y razón histórica de [la universidad es] la libertad de discusión….
[L]as universidades fueron desde temprano baluarte de libertad. La queja constante de que deseaban mezclarse con todos los asuntos importantes es una prueba de su influencia coercitiva sobre las arbitrariedades del rey y de los prelados. Solamente a ellas se concedía cierta libertad para expresar su opinión. [S]ólo ese ambiente de libertad y abstracción sustancial de la presión oficial podía producir las figuras que como Bacon, Dante, Petrarca, Wicliffe, Huss y Copérnico engendraron el espíritu moderno.
[P]ara que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata … de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia.
Hasta aquí la cita, que tal vez sirva para recordarnos cosas que a veces se olvidan, o peor aún, se reprimen o ni siquiera se conocen.
La Universidad de Puerto Rico tiene muchos defectos, como los universitarios no nos cansamos de repetir. Los universitarios también los tenemos, aunque de eso quizás no digamos tanto como debíamos. Después de todo, la Universidad también es reflejo del país. Pero el espacio de libertad que representa la Universidad, con todos sus defectos estructurales, operacionales y de quienes en ella laboramos, es esencial para el país. Si se recorta ese espacio, si se desdeña la labor que allí se realiza, si se permite que algún negocio educativo privado la mire con ojos codiciosos y aspire a arrebatarle algunos de sus recursos, se le hace un flaco servicio al país. Los que hemos estudiado en ella y luego hemos acudido a otras instituciones universitarias del extranjero, podemos dar fe del valor de la educación que en ella recibimos. Fortalezcamos ese instrumento centenario que muy bien le ha servido al país, para que pueda servirle aún mejor.
Nadie reclama para la institución universitaria el papel destacado en la operación diaria del gobierno que, como evoca el Tribunal Supremo, una vez desempeñó. El reclamo es mucho más modesto, pero igualmente importante. Si sería intolerable la participación constante de la Universidad en la operación diaria del gobierno, otro tanto puede decirse de la participación constante del Estado en el gobierno de la Universidad. La Universidad no es una agencia de gobierno más. Mucho menos debe ser un botín electoral o, como se le llama ahora, un banquete.
Le siguió el aplauso y la ovación de todos los y las presentes.
Pero, a juzgar por acontecimientos recientes, tal parece que se supone que los universitarios deberemos una vez más ejercitar la proverbial cortesía puertorriqueña y desearles “buen provecho” a los comensales potenciales que ya corren desbocados hacia el buffet. Para eso, que perdonen la descortesía, pero conmigo no cuenten”.
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En mi entrada previa comentaba sobre el principio de la autonomía universitaria contenido en las leyes que dan origen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y su valor como pacto social entre el Estado y su Universidad. En el día de ayer, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), mediante la cual, entre otras cosas, quedó enmendada la Ley Número 2 de 20 de enero de 1966 a los fines de reducir y limitar la base presupuestaria sobre la cual opera la fórmula que calcula los fondos que son asignados al presupuesto de la Universidad.
La Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 establece el método de financiamiento para la Universidad de Puerto Rico. A través de la referida legislación, se destina a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente. Así, en 1966, se fijó la manera en que el Estado le proveería los recursos a la Universidad de Puerto Rico para facilitar su funcionamiento y expansión.
La autonomía fiscal que la Ley 2 le concede a la Universidad de Puerto Rico ha constituido un elemento fundamental para asegurar y mantener la excelencia académica y el desarrollo de la agenda universitaria libre de las transacciones políticas que son propias de los procesos presupuestarios ordinarios. Y es que el esquema de las fórmulas presupuestarias (también usado para asignar recursos a la rama judicial y a los municipios) lo que pretende es evitar que los procesos presupuestarios (inherentemente políticos) sean usados para premiar o castigar a las instituciones, según se quiera en cada caso y momento histórico. De otra parte, al usar valores porcentuales y no absolutos, se garantiza que las instituciones que se benefician de este esquema puedan crecer en los tiempos de ‘vacas gordas’ y tengan que hacer ajustes fiscales en los tiempos de ‘vacas flacas’.
Ahora bien, el nuevo esquema cambia las reglas de juego. En síntesis, la enmienda aprobada ayer tiene dos elementos que inciden en el financiamiento de la Universidad.
Primero, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que están destinados al Fondo de Interés Apremiante. Es decir, la merma en los ingresos de la Universidad por este concepto equivaldrá al 9.60% de 2.75% del total de 7.00% del IVU.
Segundo, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad todos los recaudos que surjan de las imposiciones que establece la propia Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico. Si bien se trata de nuevos recaudos que no estaban previamente contabilizados en la base presupuestaria de la Universidad, el efecto práctico es que menoscaba el crecimiento natural de dicha base presupuestaria.
Es imposible precisar en estos momentos el alcance del impacto que la legislación aprobada ayer tendrá en las finanzas de la Universidad. Menos difícil resulta pensar que esta acción legislativa –perfectamente legítima desde un punto de vista estrictamente legal- es un duro golpe al principio de la autonomía fiscal de la Universidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico durante cuarenta y tres años.
]]>Comienza un nuevo año y con éste una nueva Asamblea Legislativa. Entre los proyectos que he podido revisar, destaca de manera particular el P. del S. 30, mediante el cual se pretende aumentar de 13 a 31 el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Merece varios comentarios.
Primero, el más obvio. En tiempos de estrechez económica y ante el reiterado mensaje del Ejecutivo de buscar un Gobierno más pequeño, el Legislador presenta un proyecto para duplicar el tamaño de una estructura pública, sin identificar las fuentes que financiarán ese incremento monumental de un organismo directivo que no presta un servicio directo a la comunidad. Más sentido tendría, por ejemplo, una legislación que redujera el número de sus miembros de 13 a 11.
Segundo, como cuestión de administración pública, una Junta de 31 miembros es algo cerca de inmanejable. Lejos de facilitar la gestión pública, la complica.
Tercero, este asunto no ha sido evaluado ni recomendado por ninguno de los múltiples organismos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha sido recomendado por ninguno de los organismos llamados a auditar la Universidad. Como cuestión de hecho, es contrario a todos los estudios, recomendacioes y esfuerzos de los últimos años, dirigidos todos a reducir la burocracia y el gasto operacional de la Universidad. En cualquier caso, en deferencia a la comunidad universitaria, un cambio de esta naturaleza tiene que surgir de la propia Universidad como una recomendación al Legislador, no a la inversa.
Las Leyes Número 1 y 2 de 20 de enero de 1966 establecen la estructura orgánica de la Universidad de Puerto Rico, fundamentadas ambas en el principio de no intervención política en los asuntos universitarios. Estas leyes implican un pacto social mediante el cual el Estado le reconoce a la Universidad un amplio margen de autonomía administrativa y fiscal. Ese pacto social no es perfecto, pero ha funcionado muy bien para Puerto Rico. Procede entonces fortalecerlo, no debilitarlo.
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