La Universidad de Puerto Rico está en una encrucijada: continúa existiendo como una Universidad o perece en el intento.  Hoy la Rectora del Recinto de Río Piedras emite una Resolución prohibiendo, sin límite, sin delimitar, sin parámetro alguno, cualquier actividad “de participación masiva” dentro del recinto, incluyendo “festivales, piquetes, marchas [y] mítines”.  Sin olvidar que la puesta en vigor de esta limitación crasa a la libertad de expresión, le toca a los operativos de la Policía que ocupan al recinto en todas sus esquinas.   La democracia puertorriqueña pasa hoy por uno de sus momentos críticos. Y la Universidad se juega hoy su lugar en esta frágil democracia. La Universidad es una flama. No es ni puede ser ni quedar pasiva; su naturaleza es no tener naturaleza. Su espíritu reflexivo y crítico anima y enciende a cualquier país que estime democrático. Los festivales, piquetes, marchas y mítines son aquí esenciales; son parte crucial de mecanismos mediante los cuales la Universidad materializa su aspiración crítica. Y si en algún momento éstos mecanismos son necesarios, ese momento es precisamente ahora. La barbaridad que constituye esta Resolución debe quedar inoperante, no por efecto de su derogación necesaria, sino por el peso de una Universidad viva.

ResoluciónUPRLibExp

Para los compañeros abogados y para algunos compañeros profesores de derecho, el problema de la huelga es uno de legalidad. Hace años, en el contexto de un debate sobre la política dapre no confrontación, se planteó en la Facultad de Derecho si cerrar los recintos era “legal o no”. Curiosamente–o más que eso, convenientemente– quienes plantearon la legalización del debate, lo hacían porque era más fácil contestar en la negativa. Con eso, como ha planteado elocuentemente Érika Fontánez, se “pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político”. Con la observación no planteo la irrelevancia del derecho para las cuestiones sociales y políticas. Después de todo, estas cosas dependen del contexto: habrá contextos en que lo legal domina; hay otros en que no (ya sea porque es imposible, por que es innecesario, porque es perjudicial).

Si le pago una amiga un trago, tal vez técnicamente ella me “debe” ese dinero, o me “debe” un trago, pues su patrimonio se habrá beneficiado por mi transferencia de dinero, convirtiéndome en acreedor. Pero sabemos que sería absurdo plantear las cosas de esa manera, si es que quiero mantener esa relación de amistad. Y aquí está el detalle: es la relación la que importa. Es este contexto de interacción social lo que le da cierto contenido normativo a lo que hacemos en ese espacio; y dependiendo de esos contextos lo legal puede o no tener alguna importancia. Quizás no es apropiado pagar un trago en el contexto de otro tipo de interacción social o relación. Y quizás, además de inapropiado, lo legal toma relevancia, como por ejemplo ofrecerle un cubata a un menor de 11 años.

Pues así es la Universidad y las relaciones que se dan en ella. Habrá contextos en que la legalidad domina; pero hay otros en que, francamente, referencia a lo legal es insuficiente y entorpecedor. Especialmente cuando se trata de un contexto social con aspiraciones democráticas, como es la Universidad, donde actualmente concurren dos fuerzas en constante conflicto. Por un lado, (a) reclamos de participación democrática (espontáneos, desorganizados, estructurados, organizados, o de cualquier clase) de diversos sectores (en armonía, contradictorios o disonantes) y, por otro lado, (b) reclamos para mantener un esquema de convivencia, actualmente toma forma “legal” (reglamento universitario, ley universitaria, etc), que es incapaz de dar cuenta de esas dinámicas participativas. El truco está en hacer que ese esquema de convivencia (b) no entorpezca (es más, que promueva y facilite) a (a), la participación.

La paradoja de conjugar ambos ejes que a veces tiran en direcciones distintas es central a una democracia: combinar, por un lado, la libertad de la deliberación y dinámica participativa pluralista, con, por otro, las condiciones necesarias para hacer posible esas dinámicas por medio de unas “reglas de juego” que sirvan de plataforma a esa participación; condiciones que normalmente implican alguna restricción a esa libertad. Esta paradoja no tiene contestación clara y certera. Depende mucho de cuáles son las restricciones a la libertad participativa que se quieren imponer y si, en realidad, se tratan de restricciones que hacen posible las dinámicas de participación. Solamente aquellas restricciones que podamos decir son absolutamente necesarias para hacer posible la participación, deben prevalecer. No más. No menos.

Es en ese contexto universitario, donde coexisten estos reclamos de participación y las presiones para estructurarlas, que debemos plantearnos entonces ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer ante las huelgas, cierres y demás mecanismos de presión política? ¿Debemos preguntarnos, como hacen muchos, si son “legales”? La contestación, sugiero, es que la pregunta misma es inapropiada. Nuevamente hago aquí referencia al elocuente escrito de la profesora Fontánez que advierte sobre el efecto colonizador de estas preguntas simplistas sobre asuntos sociales complejos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente: Precisamente lo que está en juego en la versión de la democracia universitaria es la paradoja inestable que nos coloca en una zona gris entre la participación vigorosa y las “reglas de juego” que constituyen las condiciones necesarias para esa participación. Es necesariamente una zona gris que deberá atenderse caso a caso, internamente, desde los mismos participantes del proceso, y no desde estructuras enajenadas de los procesos participativos. Con toda humildad, me parece que si hay algún lugar en Puerto Rico con la inteligencia y capacidad necesaria para identificar los parámetros de esta paradoja, de estas zonas grises, es en el estudiantado, profesorado y comunidad en general de la UPR. Preguntarse si la huelga es legal o no, no aporta nada. Además, contestar directamente que es ilegal, socavaría el ejercicio absolutamente esencial de autonomía colectiva de decidir cómo estructurar las zonas grises por los propios participantes del proceso.

Hace poco se publicó un artículo en el periódico el Nuevo Día muy concienzudo que se hacía una pregunta muy distinta a la de la “legalidad de la huelga”. Se preguntó, en cambio, sobre “la legitimidad de la huelga”. (Ver también aquí). Creo que por aquí es mejor empezar. Si queremos evaluar si ciertas “reglas de juego”, ciertas restricciones a la participación, son necesarias para hacer posible la participación misma, entonces tenemos que preguntarnos primero: ¿cuáles son estos reglamos? ¿para qué? ¿qué es lo que está en juego? y, sobre todo, ¿son legítimos estos reclamos? Ello involucra un análisis de las razones públicas brindadas por los reclamantes (los estudiantes, profesores, etc) y las brindadas por los reclamados. Cuenta a favor de la legitimidad de los reclamos aquellos respaldados por razones debatidas, producto de participación deliberativa entre personas consideradas entre sí como iguales, con respeto (no meramente una cuestión numérica). Cuenta en contra de esa legitimidad las posturas que sólo vienen del poder, de la soberbia que el poder otorga, de la mera fuerza. La legitimidad de esta huelga tuvo, sin dudas, que ver con este conflicto entre razones y deliberación, por un lado, y poder y soberbia, por otro.

Por eso estoy de acuerdo con la columna aludida: “La legitimidad de la huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene mucho que ver con la actitud de esta administración universitaria sobre los dineros que le pertenecen a la Universidad.”

Así, tal vez es mejor plantearse, ¿es legítima la huelga, el paro, etc? Encaminarse a una contestación, requerirá un análisis del contexto universitario, de la legitimidad de los reclamos, y de si, en ese momento en particular considerando las particularidades de esos reclamos, el mecanismo de protesta en cuestión es necesario para las dinámicas de participación o si, en cambio, restringirlo es necesario para fomentar esa participación en ese momento. En todo caso, le tocaría a comunidad universitaria misma tomar esa decisión. Traer lo legal aquí sería desafortunado y, sobre todo, antidemocrático.

En la Universidad, así como en otras instancias de nuestro entorno social, el discrimen por genero asoma su hocico y reproduce relaciones de poder impactando a la comunidad universitaria con un sesgo sexista que se percola en nuestra experiencia cotidiana. La experiencia académica y profesional lo refleja. En ocasiones es transparente, a veces se disfraza de burocracia y, a veces, ni nos damos cuenta… pero sigue estando ahí, mirándonos o abofeteándonos en la cara.

Este jueves, 26 de marzo, a las 7:00pm se celebrará en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el foro “Mujeres en la Universidad: Voces, Diversidad y Género“. Se trata de un conversatorio entre mujeres que han sido y son protagonistas de nuestra Universidad. Reflexionarán acerca de su trabajo universitario, sus triunfos y los obstáculos que el discrimen por género impone.

En mi entrada previa comentaba sobre el principio de la autonomía universitaria contenido en las leyes que dan origen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y su valor como pacto social entre el Estado y su Universidad. En el día de ayer, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), mediante la cual, entre otras cosas, quedó enmendada la Ley Número 2 de 20 de enero de 1966 a los fines de reducir y limitar la base presupuestaria sobre la cual opera la fórmula que calcula los fondos que son asignados al presupuesto de la Universidad.

La Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966 establece el método de financiamiento para la Universidad de Puerto Rico. A través de la referida legislación, se destina a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente. Así, en 1966, se fijó la manera en que el Estado le proveería los recursos a la Universidad de Puerto Rico para facilitar su funcionamiento y expansión.

La autonomía fiscal que la Ley 2 le concede a la Universidad de Puerto Rico ha constituido un elemento fundamental para asegurar y mantener la excelencia académica y el desarrollo de la agenda universitaria libre de las transacciones políticas que son propias de los procesos presupuestarios ordinarios. Y es que el esquema de las fórmulas presupuestarias (también usado para asignar recursos a la rama judicial y a los municipios) lo que pretende es evitar que los procesos presupuestarios (inherentemente políticos) sean usados para premiar o castigar a las instituciones, según se quiera en cada caso y momento histórico. De otra parte, al usar valores porcentuales y no absolutos, se garantiza que las instituciones que se benefician de este esquema puedan crecer en los tiempos de ‘vacas gordas’ y tengan que hacer ajustes fiscales en los tiempos de ‘vacas flacas’.

Ahora bien, el nuevo esquema cambia las reglas de juego. En síntesis, la enmienda aprobada ayer tiene dos elementos que inciden en el financiamiento de la Universidad.

Primero, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que están destinados al Fondo de Interés Apremiante. Es decir, la merma en los ingresos de la Universidad por este concepto equivaldrá al 9.60% de 2.75% del total de 7.00% del IVU.

Segundo, excluye del cómputo de la fórmula presupuestaria de la Universidad todos los recaudos que surjan de las imposiciones que establece la propia Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico. Si bien se trata de nuevos recaudos que no estaban previamente contabilizados en la base presupuestaria de la Universidad, el efecto práctico es que menoscaba el crecimiento natural de dicha base presupuestaria.

Es imposible precisar en estos momentos el alcance del impacto que la legislación aprobada ayer tendrá en las finanzas de la Universidad. Menos difícil resulta pensar que esta acción legislativa –perfectamente legítima desde un punto de vista estrictamente legal- es un duro golpe al principio de la autonomía fiscal de la Universidad que tan bien le ha servido a Puerto Rico durante cuarenta y tres años.

Hace unas semanas, Érika anunció la Vigésimo-primera Lección Inaugural del Recinto de Río Piedras de la UPR, ofrecida por el Dr. Efrén Rivera Ramos, pasado Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  No fue hasta hoy que pude leer la magnífica lección del Dr. Rivera, la cual hago disponible en esta entrada y me imagino estará circulando por la red muy pronto.

Reseñar esta ponencia haría un flaco servicio a la calidad de su prosa y sería un tanto imprudente intervenir con la experiencia de su lector si adelantara lo que Efrén nos plantea. Sí quiero, no obstante, reflexionar muy brevemente en torno a un planteamiento que es central, no sólo a los estudiantes y los demás miembros de la comunidad universitaria con quienes Efrén dialoga, sino a todos nosotros y nosotras… miembros de esta comunidad de gente que llamamos humanidad.

Me refiero a aquella parte en que Efrén nos recuerda la relación estrecha entre la libertad y lo posible.

Hablar de lo posible, nos dice, es hablar de aquello que “puede ser” pero que no es hoy o no ha sido nunca. Tal vez lo que “puede ser”  no es hoy porque no hay condiciones (o alguna vez las hubo pero ya no más), o no ha sido porque aun queriendo que sea nos lo han impedido o lo hemos impedido nosotros mismos. Pero es posible. Cabe preguntar, sin embargo, ¿en qué sentido hablamos de lo que es posible? ¿nos referimos a lo que nos es posible hoy, lo que nos es posible mañana? ¿podemos (o debemos) pensar en lo que es posible para nosotros solamente, o lo que “puede ser” para otros tanto hoy como en el futuro? Me parece claro que no estamos hablando de lo posible en un sentido práctico, realista puro y duro (es decir, lo que podemos en efecto alcanzar y realizar ahora mismo extendiendo la mano). Más bien, creo, hablamos de lo que es posible en términos de lo que “puede ser” o de lo que podría ser si imaginamos el universo de posibilidades tanto en nuestro entorno inmediato, como el distante. Lo posible, así concebido, es también (o mejor, es con más urgencia) lo imposible… aquello que no podemos alcanzar en términos prácticos, pero que podemos imaginar y que se encuentra en el horizonte de posibilidades. ¿Podemos, sin embargo, pensar en lo que es posible para otros también?

Esto nos lleva al tema de la libertad. Nos plantea Efrén: la libertad “radica en hacer realidad lo posible”. Lo cual conecta con una visión muy profunda de la dignidad humana. Nosotros, seres humanos con autonomía, tenemos el potencial de definir nuestro futuro; nuestro destino. En ese proceso, definimos nuestro horizonte de posibilidades. Definimos lo que “puede ser” y escogemos cuán amplio y variado es el menú de lo posible. Nuestra libertad entonces, entre otras cosas, nos involucra en procesos de definición personal: definición de las opciones que tendremos en el camino así como la definición en torno a cuál(es) de esos caminos tomar. Ello, por tanto, nos debe alertar de aquellos esfuerzos externos de definición. De esfuerzos (colectivos e individuales que son, hasta cierto punto, inevitables al vivir en comunidad) por otras personas de definir a nuestro nombre, tanto lo que es posible como qué de aquello posible debemos realizar. Asimismo, y tal vez más importante, nos debe alertar de la tendencia que aveces nos ocupa a nosotros mismos de querer definir por otros lo que les es (o debe ser) posible. Así que, aunque nada nos impide imaginar lo posible para nosotros y para otros, debemos tener mucho cuidado de no definir por otros y a nombre de otros lo que nos parece posible para nosotros. En cambio, tal vez, debemos crear condiciones para que otros puedan imaginar por sí mismos lo posible.

La invitación que nos lanza Efrén es, por tanto, a que asumamos nuestra libertad de forma tan amplia como las posibilidades que podemos imaginar. Para la Universidad, potenciar la libertad de lo posible implica retos muy concretos y visión de largo plazo. Para las instituciones de nuestro país, implica crear condiciones para que los puertorriqueños y puertorriqueñas podamos, en efecto, imaginar diversos mundos posibles. Para nosotros y nosotras, implica comenzar a imaginar.

La Facultad de Estudios Generales y el Recinto de Río Piedras de la UPR invita a la Vigésimo-primera Lección Inaugural (Año Académico 2008-2009):

La Universidad y lo posible

Dr. Efrén Rivera Ramos, catedrático de la UPR

Fecha: miércoles, 22 de octubre de 2008
Hora: 10:00 a.m. – 12:00 md.
Lugar: Anfiteatro #1, Facultad de Educación

Lea la Lección Inaugural Aquí.